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TC, que se cumpla la Ley

En democracia, las leyes son las reglas del juego y están para respetarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir. En un Estado de Derecho es totalmente anómalo tener que exigir el respeto a las leyes. No se trata de cambiar las reglas, Sr. Rajoy, se trata sólo de que se cumplan. Cuando el president Montilla exige la renovación del Tribunal Constitucional, no está haciendo otra cosa que exigir el cumplimiento de la ley. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para ser exactos. Sólo así se puede resolver la anómala situación en la que se encuentran, sin ser responsables de ello, cuatro Magistrados del Alto Tribunal; sólo así se puede cubrir la vacante que mantiene incompleto el Tribunal tras la defunción del Magistrado García Calvo.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece en su artículo 16.3 que “la designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres”. Actualmente cuatro de los Magistrados del Tribunal Constitucional han visto prorrogado su mandato legal por más de dos años. Entre ellos el vicepresidente Guillermo Jiménez, designado nuevo ponente de la Sentencia que ha de resolver sobre el recurso presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, acordado entre el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales, votado por éstas y refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. A esta situación anómala del Tribunal cabe añadir la recusación del Magistrado Pérez Tremps que se ha visto privado de participar en las deliberaciones y votaciones acerca del Estatut. Hoy, la situación del Tribunal se me antoja insostenible, y a partir de noviembre, cuando venza el mandato de otros cuatro Magistrados, no será fácil encontrar adjetivos para calificarla.

¿A quién beneficia esta situación precaria del Tribunal Constitucional? ¿Quién es el principal responsable de su bloqueo? No cabe duda alguna: el Partido Popular. El PP está siguiendo una estrategia muy clara: si el Tribunal no dicta una Sentencia que avale su recurso, ni habrá Sentencia, ni el Tribunal podrá ser renovado. No es de extrañar que alguien sostenga que estamos asistiendo a un verdadero secuestro del Alto Tribunal, siendo los Magistrados rehenes del bloqueo impuesto por el PP.

No acaba aquí la ingerencia del PP en la labor de instituciones que deben actuar con plena independencia. El PP está demostrando también su capacidad de bloquear la labor de jueces y Tribunales cuando éstos investigan asuntos que puedan perjudicarle. ¿Piensa alguien que el acoso que sufre el juez Baltasar Garzón es ajeno a su investigación del caso Gürtel? Pensar otra cosa sería tanto como atribuir un poder del que Falange y Manos Limpias carecen. ¿Qué explicación cabe dar a la especial dificultad del Consejo General del Poder Judicial para nombrar Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana? La derecha española no ha tenido históricamente mucho apego a las instituciones democráticas. Y hoy parece que sólo es capaz de respetarlas cuando obran a su dictado. Y en esta tesitura no cabe ni silencio ni pasividad ni aún menos complacencia.