Torno a abordar el tema Garzón i memòria històrica. Aprofito per dir que, de tot plegat, allò que hauria de quedar clar és que els qui defensem la potestat del Jutge Garzón per investigar els crims del franquisme no ho fem per una filia especial cap al jutge, sinó per una clara voluntat que es faci la investigació esmentada. És molt allò que está en joc. Per tot plegat, i després d ela pregunta que vaig fer fa uns dies a la Comissió Europea, avui n'he fet una altra al Consell de la UE, i especialment al President, Von Rompuy, per tal que es posicioni en relació a la querella interposada cap al Jutge Garzón, i a les valoracions que n'han fet, també, organitzacions com Human Righst Watch.

Pregunta de Raül Romeva en relación al Posicionamiento de Herman van Rompuy sobre el procesamiento del juez Garzón

El pasado 22 de abril Human Rights Watch instó al presidente del Consejo de la Unión Europea, Herman van Rompuy, y los Estados miembros de la UE a expresar su preocupación ante el eventual procesamiento y suspensión del juez español Baltasar Garzón por investigar los abusos cometidos durante la dictadura franquista.

Según el derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos un acceso equitativo y efectivo a la justicia, así como recursos efectivos —incluido el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada— con posterioridad al abuso. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España en 1977 —con anterioridad a la adopción de la Ley de Amnistía— dispone específicamente que los gobiernos tienen la obligación “de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades… hayan sido violados [pueda] interponer un recurso efectivo”.

Human Rights le recordó al Consejo que en 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad. Asimismo, en 2009, el Comité contra la Tortura recomendó que España debería “asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía” y alentó a España a “continuar intensificando sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, siempre que sea posible”.

¿Qué opinión tiene el Consejo sobre el procesamiento del juez Baltasar Garzón?

¿Considera el Consejo que el Derecho Internacional avala plenamente cualquier iniciativa de investigación de crímenes como desapariciones forzosas?

¿Por qué el Consejo no ha dado respuesta a la petición de Human Rights Watch?