Naturalment, us recomano la seva lectura completa, i em limito a reproduir la part del seu text que coincideix plenament amb la Declaració aprovada el dia 10 contra el Co-Repagament, a Barcelona, amb la participació de moltes organitzacions socials, investigadors i experts en sanitat i salut.
Diu Miguel Jara, entre altres coses:
(...)
A falta de mayor concreción sobre el asunto, son varias las posibilidades que se barajan: Introducción de un ticket moderador -2 o 3 euros- para ser atendido por el médico de cabecera o pediatra; cobro de una tasa en Urgencias si el médico que presta asistencia considera que el motivo “no es urgente”; cobro de un porcentaje mínimo en farmacia a los pensionistas –en torno a un 10 %, como los pacientes crónicos- o en base a una escala, según el nivel de renta; o no cubrir ciertas prestaciones sanitarias (eficaces, pero de alto coste). Para recibirlas se debería pagar aparte o suscribir una póliza de seguro con una empresa privada (como actualmente la salud bucodental o la podología).
Desde distintos colectivos sanitarios se están llevando a cabo movilizaciones contra el copago. Para Angels Martínez, portavoz de Dempeus per la Salut Pública:
“Hay evidencia de que las distintas fórmulas de copago reducen sin discriminar tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, y que tienden a afectar la salud y la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos”.
Esta organización ha impulsado un manifiesto, que también ha firmado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en el que plantea que cualquier medida que signifique una barrera económica, por pequeña que sea, que suponga un desembolso para el acceso a los servicios de salud es perjudicial, regresiva e injusta en la medida que expulsa de un sistema universal o pone trabas a su acceso precisamente a los personas con las rentas menores o mínimas.
“El pago o copago de la atención a los problemas de salud puede no ser asumible o bien representar una importante carga para las personas de los grupos más desfavorecidos. Este es un aspecto fundamental a tener en cuenta desde la perspectiva de la equidad. Las distintas formas de copago existentes o en discusión pueden generar dificultades de acceso económico que acaban determinando desigualdades sociales en salud”, se afirma en dicho documento.
Los colectivos sanitarios que están en contra de la implantación del copago entienden que los ingresos fiscales deben sostener todo el gasto sanitario actual y su desarrollo.
“Conviene una revisión a fondo tanto de nuestra fiscalidad mejorando su carácter redistributivo, como el aumentar la financiación de unos servicios de sanidad probadamente eficientes a pesar de que están por debajo de la media europea”, argumentan (...).
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La referència al BMJ és: BMJ 2010;340:c3063
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I un text fundacional el podeu trobar aquí, en el bloc de Toni Barbarà