La contratación en Francia de trabajadores temporales venidos de otros países de la Unión Europea está regulada por la directiva 96/71 sobre el desplazamiento de trabajadores temporales y por la directiva de servicios (llamada Bolkestein 2). Estos trabajadores deben beneficiarse del derecho francés en materia de remuneración y de condiciones de trabajo (salario, primas e indemnizaciones previstas por el convenio colectivo aplicable, o en su defecto el salario mínimo interprofesional (SMIC) ; vacaciones pagadas, horario laboral…) Lo que resulta muy teórico ya que la mayoría no habla francés, no conoce sus derechos y son reclutados por las agencias de trabajo locales de sus países.

Sin embargo,  siguen afiliados a la Seguridad Social de sus países de origen. Es decir, muy a menudo, una protección menor y con menores costes ; un chollo para los patronos franceses, que pueden de esta manera hacer bajar el coste del trabajo y poner a competir a los trabajadores. Además, los términos imprecisos de la directiva de servicios, revisable cada tres años, y la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia (sentencias Laval y Viking) preparan el terreno al dumping social integral querido, en nombre de la libre competencia, por la primera directiva Bolkestein.

Es decir, los trabajadores de Europa del Sur y del Este “desplazados” en toda la Unión en las condiciones de sus “países de origen”. Y una igualación a la baja para todos. En Suecia, apoyándose en la jurisprudencia europea, el gobierno ha hecho aprobar una nueva ley que limita el derecho de huelga, a pesar de estar reconocido en la Constitución : la huelga solo puede ser declarada por motivos vinculados al convenio colectivo de la empresa.