HOMENAJE A BRUNO TRENTIN (1)

LA LIBERTAD COMO APUESTA DEL CONFLICTO SOCIAL[i]
Nota preliminar. Por estas fechas, hace tres años, moría Bruno Trentin. Durante unos días volveremos a editar algunos de sus escritos más representativos. Es un sencillo homenaje a su figura.
Bruno Trentin
La libertad ha sido la apuesta en la historia del llamado conflicto distributivo. Es este dato (la rediscusión de la remuneración del trabajo, mediante la acción colectiva organizada y la respuesta del indivisible principio de autoridad, como prerrogativa del derecho de propiedad) lo que no han comprendido no sólo enteras generaciones de filántropos sino también muchos observadores y actores sociales y reformadores. Todos ellos pensaron que la mejor distribución de la renta, a través de algún “resarcimiento” externo al centro de trabajo, era lo mejor, aunque a cambio de negar las libertades primordiales como posible respuesta a las decisiones de quien dispone tanto de la autoridad como del monopolio de la formación y del conocimiento[ii].
Verdaderamente, ya en los orígenes del conflicto social organizado, el movimiento obrero y los legisladores (primero liberales y después socialistas) buscaron, ante todo, redefinir y ampliar los derechos de ciudadanía de los trabajadores subordinados. Las leyes sobre el trabajo nocturno, sobre el trabajo de las mujeres y los niños, el reconocimiento del derecho de coalición (el sindicato) y de huelga… hasta la conquista gradual del sufragio universal, han contribuido de manera determinante a extender los espacios de libertad en las sociedades modernas. Y, con esta, también han contribuido los derechos de ciudadanía de los trabajadores (ante todo, en el diálogo con el Gobierno) como, por ejemplo, el derecho a la instrucción pública y a la protección en caso de desempleo y enfermedad que, de alguna manera, han reequilibrado los términos del conflicto social en los mismos centros de trabajo. Aunque sin oscurecer el principio de propiedad-autoridad que, en el interior de la empresa, regulaba las formas de prestación del trabajo asalariado.
Estos datos --y, más en general, la expansión de la democracia y de los poderes reconocidos a los ciudadanos fuera de los centros de trabajo-- han construido la historia y las conquistas del movimiento obrero con más fuerza que la reducción substancial de las desigualdades, no sólo entre propietarios sino entre los que detentan la autoridad en cualquier tipo de empresa y el trabajo subordinado.
Entre estas conquistas, (la difusión en la Europa occidental de los sistemas de welfare, entendidas originariamente, al menos en Inglaterra, como instrumentos de un desarrollo más general y como “vía” al pleno empleo) representaron en el tejido de nuestras sociedades un medio fundamental de expansión de la democracia, rompiendo todos los obstáculos que pudieran impedir la plena participación de todos los ciudadanos en la escuela, en la asistencia sanitaria, en la seguridad social o en el caso de los accidentes laborales. Ello explica a las claras por qué los fautores de los poderes indivisos del mercado y de la empresa, en la fase actual, hayan hecho de este fundamental instrumento de la democracia el blanco principal de sus ataques al ordenamiento democrático. La idea es clara: sustituir los servicios públicos de carácter universal por el mercado, restableciendo de esa manera las primitivas desigualdades.
Pero, a pesar de los grandes progresos de la democracia y de los “espacios de libertad”, conquistados por la sociedad civil y frente al Estado, la empresa moderna (no me limito a usar el término capitalista) permanece substancialmente cerrada a toda forma de democracia y a todo espacio de libertad. La conquista de importantes derechos de los trabajadores, que se ponen en entredicho de manera recurrente, no parece incidir sustancialmente en la autoridad de la empresa. Ello se concreta en campos decisivos como los derechos a la información, el conocimiento y la igualdad de oportunidades entre los sujetos y los géneros del mundo del trabajo. Vamos a ver si nos entendemos: un gobierno eficiente de la empresa (de cualquier tipo de empresa, también las cooperativas) que sea compatible con algunas libertades fundamentales de la persona --por ejemplo, el derecho a la información y al conocimiento-- constituye un problema de dimensiones reales.
Este problema había sido eliminado por las teorías de la autogestión y, más en general, por las teorías socialistas que creían haber resuelto el nudo del poder, de la dignidad y la libertad de las personas mediante la socialización de los medios de producción, con la fábrica socialista. Con la ilusión de que la fábrica socialista o, incluso, la de tipo autogestionada habría representado el fin no sólo de la expropiación de la plusvalía sino de la mismísima relación de opresión, y no como sin embargo sucede con su exasperación: con el conflicto “estatalizado” entre el manager del partido-estado o, en su caso, el Consejo de autogestión y los propietarios “formales” de la empresa.
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[i] Traducción y Notas de José Luis López Bulla
[ii] Robert Castel en La metamorfosis del trabajo asalariado. Paidós. 
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