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EL 29 S, UNA MOVILIZACIÓN IMPRESCINDIBLE
La historia nos ha enseñado que las crisis económicas no tienen su causa ni su solución en las regulaciones del mercado de trabajo. En todo caso, la relación es inversa, es el mercado de trabajo el que acaba reflejando algunas de las consecuencias y efectos de las crisis. Especialmente en forma de destrucción de ocupación y de su precarización.
En la actual crisis, esta lección de la historia reciente se hace aún más evidente. Sus causas -y por lo tanto también las respuestas que es preciso dar- se tienen que buscar en la caída en picado de los sectores que propiciaron una "burbuja de empleo", en los problemas de liquidez y financiación de las empresas, en el col lapso del sistema financiero y en la carencia de confianza de las empresas y, como consecuencia de todo, también de los consumidores. Sin olvidar los efectos que la crisis ha provocado en un tejido productivo con grandes debilidades estructurales, pero que sorprendentemente se ignoran deliberadamente en el momento de diseñar las estrategias de salida. Por lo tanto, es necesario determinar, en primer lugar, que no estamos ante una crisis producida por la regulación laboral, lo que no quiere decir que no sean necesarios cambios en el mercado laboral.
En este sentido, no podemos pasar por alto que la crisis afecta Estados muy diversos, con regulaciones laborales diferentes, del mismo modo que también hay que subrayar que no ha habido cambios sustanciales en la regulación laboral vigente en los momentos de expansión y, que por eso, no parece lógico pensar que esta misma regulación laboral sea ahora la causante de la crisis.
En relación, pero, al mayor impacto que ha tenido en España en términos de destrucción de ocupación, que, contra toda lógica, algunos imputan a las disfunciones del mercado de trabajo, conviene recordar que las causas no están en la regulación legal de las relaciones laborales, sino que son una consecuencia inexorable de la evolución del modelo productivo español y su mercado de trabajo en los últimos años. Efectivamente, la crisis en España tiene componentes específicos. A la crisis económica internacional se le une el estallido de la burbuja inmobiliaria y un modelo productivo basado en sectores muy vulnerables a las coyunturas económicas. Nuestro modelo productivo es capaz de generar mucha ocupación en momentos de expansión (industrias de uso de mano de obra intensiva), pero también destruye a la misma o a mayor velocidad en momentos de recesión.
Entre 1995 y 2007 nuestra población activa creció en 7,5 millones de personas y la ocupada en 8 millones. La crisis ha destruido 2 millones de puestos de trabajo, de los cuales cerca del 50% han estado en la construcción. Se mantiene, pues, un incremento de la población ocupada de seis millones de personas en relación a 1995. Pero la burbuja de empleo generada durante el "boom" ha provocado un incremento artificial y acelerado de la población activa que a corto plazo es de difícil absorción. No hay capacidad de crear ocupación en esta cantidad, ni en los sectores que históricamente han sustentado la creación de ocupación, ni en los que los tendrían que sustituir como motor de la economía en un nuevo modelo productivo.
Por eso, cuando el 2008 empezaron a hacerse evidentes los estragos que la quiebra del sistema financiero internacional generaba en nuestro país se pusieron de relieve también buena parte de las limitaciones del modelo de crecimiento y desarrollo de los últimos años. Éramos conscientes que la crisis económica en que nos instalábamos podía tener varias lecturas, desde la oportunidad para hacer cambios a la excusa para recortar derechos. Desgraciadamente la dinámica de gestión de la crisis por parte de los gobernantes nos ha llevado a la segunda de las posibilidades. Hemos pasado de una primera fase de gestión de la crisis donde se primaron algunos criterios sociales -ayudas directas a sectores industriales, planes de inversión municipal para crear ocupación, subsidio de 420 € para las personas paradas que agotan la protección de paro, etc.- a una segunda en la que la lógica de la reducción de costes sociales y laborales ha impregnado todas las actuaciones -planes de ajuste presupuestario, propuesta de reforma de la seguridad social, reforma laboral…-.
Es la instalación por parte del gobierno en la lógica del recorte de derechos sociales y laborales lo que contextualiza la convocatoria por el movimiento sindical de la huelga general del 29 de septiembre. La reforma laboral, que se hace sin acuerdo previo con los agentes sujetos de su aplicación -empresarios y sindicatos- y sin debate social suficiente, al utilizar la vía de Real Decreto Ley y el trámite de urgencia parlamentaria, representa la agresión a los derechos laborales más fuerte que se ha realizado en nuestro país en los últimos años. La reforma laboral se inscribe en la lógica de que el problema de las empresas para ser competitivas radica en los costes laborales. Obvia las enormes limitaciones estructurales que dificultan la capacidad de innovación en procesos y producto y de adaptación a los cambios, que tienen su clave en la capacitación y conocimiento profesionales, en la estabilidad y vinculación laboral al proyecto empresarial y en la introducción de mecanismos de flexibilidad interna pactada para adaptarse a los cambios en el entorno de la empresa. Esta reforma laboral no es la solución al problema de nuestras empresas, sino que agravará los conflictos en su seno al aumentar la incertidumbre e inseguridad de los trabajadores y trabajadoras.
Pero más allá de los contenidos estrictos de la reforma laboral que reclaman el rechazo sindical y justifican sobradamente la huelga general, es el ataque a un modelo social determinado lo que enmarca su convocatoria. Las políticas de ajuste presupuestario que afectan las políticas sociales y el gasto e inversión públicas, el cuestionamiento sistemático de la viabilidad del sistema de seguridad social y la reforma laboral, dan cuerpo a la voluntad de desmontar un modelo social que en los últimos años nos quería aproximar a un horizonte de Estado de bienestar que en nuestro país todavía no había logrado el nivel de desarrollo de los países de nuestro entorno europeo.
El Estado de bienestar del siglo XXI
La premisa ideológica que se utiliza es considerar que el coste de mantener el Estado de bienestar es un gasto, que grava la actividad económica general al retirar dinero de circulación a través de la vía impositiva, el cual no puede dedicarse en consecuencia a una inversión productiva que permita incrementar la tasa de ganancia de apropiación privada, que en su momento se reinvertiría, formando un círculo virtuoso que alimentaría el crecimiento económico sin límites. A pesar de que es innecesario intentar profundizar en el desmontaje de este argumentario ideológico, vale la pena recordar que la dinámica de crecimiento económico de las últimas décadas tiene su base en el crecimiento de la economía especulativa y no la productiva; es decir, el dinero, los beneficios se han generado por el encadenamiento de operaciones financieras sin bases reales.
Nosotros, al contrario, creemos que el coste del Estado de bienestar tiene que ser considerado como una inversión y no un gasto. Una inversión necesaria, precisamente, para mantener los actuales niveles de crecimiento económico y desarrollo social, a partir de reforzar los elementos materiales que permiten incorporar al proceso productivo la máxima potencia creadora de riqueza de las fuerzas productivas hoy existentes. Calificación, investigación e innovación son los elementos motores que hacen que la economía productiva tenga la capacidad de generar la riqueza que se deriva del valor añadido que las personas con su trabajo aportan a los procesos de transformación productiva o de prestación de servicios.
Y estos elementos necesitan unas bases materiales para desarrollarse, que se derivan necesariamente de un marco de Estado de bienestar, los pilares básicos del cual, educación, salud y protección social, generan la cohesión social necesaria para que arraiguen las inversiones productivas y se desarrollen las capacidades, los conocimientos y las innovaciones tecnológicas en todo su potencial.
Es en este marco y bajo esta concepción donde es posible formular la posibilidad de adaptar el Estado de bienestar al siglo XXI. Mantener el actual modelo social compuerta necesariamente una reflexión sobre el papel que el sistema fiscal tiene que jugar en nuestra sociedad, como la contribución impositiva de las personas físicas y jurídicas de una sociedad construyen un presupuesto suficiente para hacer unas políticas públicas que mantengan unos niveles adecuados de cohesión social, alimenten el desarrollo del conocimiento y la innovación y orienten la actividad productiva en términos de equilibrio y eficiencia. Es en este sentido que las reformas que precisa el modelo de Estado de bienestar están más en la organización de la prestación de los servicios públicos, para hacerlos más eficientes, más adecuados a las necesidades cambiantes de una sociedad que vive en el cambio constante, que no en su disminución e individualización vía desgravación fiscal y mercantilización.
Descentralización, participación, autonomía de gestión y evaluación tienen que ser reformas a un modelo de prestación de servicios que hoy puede no ser bastante eficiente para dar respuestas adecuadas a las demandas concretas de la diversidad social existente. Pero estas son reformas contradictorias con aquellas que se plantean la disminución de la contribución fiscal al nivel mínimo necesario para garantizar la asistencia social de los más necesitados, mientras el resto con la disponibilidad generada por la rebaja impositiva “comprará” aquellos servicios sociales, educación, salud, asistencia social, que se habrán mercantilizado previamente.
Reformar para recortar derechos
Claramente, la propuesta de reforma laboral que plantea el gobierno se sitúa también en una lógica de recorte de derechos laborales, que no compartimos, pero, además, se enmarca también en la misma lógica del desmantelamiento del actual modelo de Estado de bienestar, recortando derechos sociales mediante la mercantilización de su provisión (que necesita para ser efectiva de la previa desvalorización y descalificación de su provisión pública). La reforma laboral contiene tres lógicas convergentes que afectan a los costes, a los poderes y a las protecciones.
La primera, que facilita y abarata el despido a través de la generalización del despido por causas objetivas de difícil demostración práctica, con un coste de 20 días, de los cual 8 pueden ser subvencionados por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), dejando un coste indemnizatorio neto para el empresario de 12 días lo que, en buena lógica, será un incentivo muy grande para despedir por un empresariado acostumbrado a hacerlo con costes de 45 días por año trabajado sin tener que justificarlo documentalmente.
La segunda, que aumenta el poder de decisión unilateral del empresario o empresaria, porque le da mayor capacidad de definir las causas objetivas para despedir, le facilita la modificación de las condiciones laborales y el descuelgue salarial de los convenios. Esto deja al trabajador en una situación de mayor incertidumbre e inseguridad en el trabajo que no ayudará en nada a su implicación en procesos de innovación; más bien al contrario, favorecerá actitudes de sumisión que en poco o nada se avienen con las necesidades de una empresa moderna.
Y, finalmente, la tercera que disminuye las tutelas jurídicas y sindicales de los derechos de los trabajadores, debilitando la negociación colectiva, e introduce las agencias privadas de colocación con afán de lucro como mecanismo de intermediación en el mercado de trabajo previa renuncia expresa a la mejora de los servicios públicos de empleo. Todo ello, deja a los trabajadores con menores protecciones que tendrán como consecuencia una tendencia a la aceptación de condiciones de trabajo poco adecuados con las necesidades de modernización de nuestras empresas.
Estas lógicas que orienta la reforma nos conducen a un mercado de trabajo aún más precario y dualizado. Lejos de ser una reforma que apueste por la estabilidad laboral como elemento incentivador para incorporar conocimiento y capacidad de innovación en las empresas, la reforma incrementará la temporalidad como forma de entrada al mercado de trabajo, así como la rotación al facilitar las posibilidades de despedir. La reforma también introduce una cultura culpabilizadora del trabajador que ejerce sus derechos, cuando introduce mayores cautelas en el cobro de la prestación de paro o cuando regula de forma más estricta los días de absentismo como causa para la rescisión de contrato. Con estos ingredientes parece claro que la reforma más allá de ser inútil para lograr las necesidades de modernizar las empresas, para hacerlas más competitivas con unas relaciones laborales que faciliten la incorporación de conocimiento, innovación y adaptabilidad, es injusta porque desequilibra los poderes ya desiguales de los sujetos que actúan en la empresa. Además, será una fuente de conflicto permanente en el día a día, puesto que la supresión de tutelas, garantías y protecciones aumentará, sin duda, las tensiones en la gestión de las relaciones laborales.
Hacia la Huelga general
Así las cosas parece obvio la necesidad de organizar una respuesta a estos planteamientos. Una respuesta que ponga sobre la mesa el rechazo a las políticas de recortes de derechos sociales y laborales, que reclame la retirada de una reforma laboral enormemente injusta con los trabajadores y trabajadoras, además de innecesaria e inútil y contraproducente para las necesidades de las empresas y la sociedad.
La huelga general del 29 de septiembre es la respuesta necesaria a esta situación, la cual tiene que permitir visualizar el sentimiento social mayoritario de rechazo a estas propuestas de reformas para salir de la crisis y tiene que permitir también poner sobre la mesa que las cosas se pueden hacer de otro modo. Es esto lo que da sentido al enorme trabajo que estamos desarrollando de manera unitaria CCOO y UGT para explicar las razones de la huelga general pero también sumar adhesiones más allá de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, en las asociaciones ciudadanas, en las organizaciones vecinales, en el mundo universitario y de la cultura, en las organizaciones no gubernamentales, en la sociedad organizada, porque, en definitiva, de la respuesta masiva de la sociedad se podrá leer la voluntad de abordar el futuro del país desde la consolidación y profundización de un modelo social determinado.
Y ciertamente, después del 29S llega el 30 de septiembre, octubre y el resto de días de un calendario que tendremos que encarar con la fuerza lograda por el seguimiento de la huelga. Abrir un espacio de negociación con el gobierno, un espacio que se rompió fruto de las enormes presiones ejercidas por los diferentes grupos de intereses y en especial de los propios grupos financieros, que después de ser rescatados con fondos públicos del posible derrumbamiento han exigido profundizar en las políticas que están en las bases teóricas de un modelo de crecimiento que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo, y de los sectores menos dinámicos del empresariado representado por la cúpula dirigente de la CEOE.
Y abrir la negociación pasa por deshacer buena parte de las agresiones impuestas por las actuales reformas y políticas de ajuste presupuestario y recuperar las bases para una negociación global y en profundidad sobre el mercado de trabajo que necesitamos, donde el protagonismo se tiene que situar en el acuerdo de empresarios y sindicatos para gestar un modelo de negociación colectiva que equilibre poderes, que restituya derechos y que sitúe los elementos de flexibilidad interna pactada que prime la estabilidad y vinculación laboral y la viabilidad de futuro de las empresas.
El 29 S, con la CES por el modelo social europeo
Pero la huelga general del 29 de septiembre también es la concreción, en nuestra realidad, de la convocatoria de movilización que para el mismo día ha realizado la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Este día tienen que confluir diferentes movilizaciones, desde manifestaciones, como las previstas en Italia, Francia, Grecia y Portugal, paros como el del sector público en Alemania o la gran marcha hasta Bruselas para exigir un cambio en las políticas de la UE y exigir que estas se orienten a promover un crecimiento económico sin recortes de derechos laborales y sociales, un crecimiento comprometido con la consolidación y profundización del modelo social europeo, que tan útil se ha mostrado para las personas y para la propia economía.
La CES convoca para dejar claro que hay otras políticas para abordar la crisis económica y que las que hoy se orientan desde los gobiernos de los distintos países y desde la propia UE, rompen el consenso político que impulsó su creación y ha garantizado, hasta ahora, su desarrollo. Es decir, al fin y al cabo, por lo mismo que el sindicalismo catalán y español hemos convocado esta huelga general.
Un Pacto de Estado, la mejor herramienta
Por todo ello, después del 29S hay que recuperar la propuesta de Pacto de Estado por la economía, la competitividad y la cohesión social que hace ya casi dos años que CCOO presentamos al gobierno y a la sociedad. Un pacto que tendría que situar con claridad qué modelo social queremos y qué compromisos sociales estamos dispuestos a asumir colectivamente. Un pacto que proponga las reformas estructurales necesarias, que no encontramos en la continuada demanda de recortes de gasto o de derechos, sino en reformas y propuestas de más calado como son, entre otras, la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, en términos de flexibilización de sus contenidos y plazos de concreción; la de la reconstrucción de la estructura fiscal del Estado, en el sentido de recuperar la suficiencia y progresividad en la recaudación de impuestos; la de la regulación estricta del sector financiero que introduzca controles para garantizar la solvencia del sistema, incorpore compromisos con la economía productiva y grave la especulativa; la educativa y universitaria, que comprometa recursos públicos para su calidad y garantice la adecuación del alumnado a las exigencias derivadas de los cambios sociales; la energética, que aumente la independencia del exterior en la producción y la calidad del suministro en la distribución, con el objetivo de acometer a corto plazo una economía baja en emisiones de carbono; la del desarrollo de nuevas infraestructuras, que a la vez que dotan de mayor competitividad la economía, favorecen el cambio del modelo de movilidad del conjunto de la ciudadanía, etc.
Sabemos que no será fácil reabrir el espacio de negociación. Somos conscientes que las formaciones políticas se mueven a golpe de encuesta electoral y que en su irresponsabilidad todas miran cómo evoluciona la crisis para conseguir sus objetivos de mantenerse o llegar al poder, lo que hace difícilmente imaginable que haya voluntad de sacrificar estos intereses y estrategias de parte en beneficio del interés general. No obstante, hay que insistir en que para afrontar la crisis, sus efectos más negativos en términos de destrucción de empleo y de tejido productivo, y establecer las bases de un nuevo patrón de crecimiento que garantice mayor riqueza y su reparto equitativo, garantizando la cohesión social, se requiere el esfuerzo del conjunto de la sociedad, vehiculado a través de una negociación y compromiso sincero en el cual se impliquen, con capacidad de liderazgo, Gobierno, partidos políticos, patronal y sindicatos.
En un Estado fuertemente descentralizado como el español, las CCAA, que en estos años han asumido importantes competencias en todos los órdenes, tendrán que jugar también un papel activo. El Gobierno central tendrá que coordinar las medidas que por su parte ya están adoptando con las que se puedan acordar en el ámbito estatal. El esfuerzo y generosidad que pedimos será capital en estos momentos para abordar medidas equilibradas en la lógica de combinar reducción de gastos y búsqueda de nuevos ingresos que permitan combatir el déficit preservando las políticas sociales.
Así las cosas, sólo la explicitación de un sentimiento social muy mayoritario puede hacer cambiar la situación. En este sentido, la huelga general del 29S se convierte en un momento clave de nuestra historia reciente. Por el contrario, la no reversión de las medidas regresivas, la no apertura de marcos de diálogo y negociación, nos aboca a un horizonte de conflictividad social importante. En las empresas, por las dificultades de aplicación pacífica de una reforma injusta, y en la sociedad, por el debilitamiento de unos marcos de cohesión social basados en unos mínimos de protección que garanticen la convivencia en épocas de crisis.
En cualquier caso, la responsabilidad sindical está en ser capaces de organizar y gestionar el conflicto sin instalarnos en él de manera permanente, sino dándole salida en forma de avance de derechos y garantías para los trabajadores y trabajadoras, en primer lugar, y para la ciudadanía, en general, después. Este es nuestro compromiso con las clases populares del país y es en esta dirección que queremos canalizar toda la energía de transformación social que, sin duda, generará la huelga general del cercano 29S.
Joan Carles Gallego y Herrera. Secretario General de CCOO de Catalunya.
En la actual crisis, esta lección de la historia reciente se hace aún más evidente. Sus causas -y por lo tanto también las respuestas que es preciso dar- se tienen que buscar en la caída en picado de los sectores que propiciaron una "burbuja de empleo", en los problemas de liquidez y financiación de las empresas, en el col lapso del sistema financiero y en la carencia de confianza de las empresas y, como consecuencia de todo, también de los consumidores. Sin olvidar los efectos que la crisis ha provocado en un tejido productivo con grandes debilidades estructurales, pero que sorprendentemente se ignoran deliberadamente en el momento de diseñar las estrategias de salida. Por lo tanto, es necesario determinar, en primer lugar, que no estamos ante una crisis producida por la regulación laboral, lo que no quiere decir que no sean necesarios cambios en el mercado laboral.
En este sentido, no podemos pasar por alto que la crisis afecta Estados muy diversos, con regulaciones laborales diferentes, del mismo modo que también hay que subrayar que no ha habido cambios sustanciales en la regulación laboral vigente en los momentos de expansión y, que por eso, no parece lógico pensar que esta misma regulación laboral sea ahora la causante de la crisis.
En relación, pero, al mayor impacto que ha tenido en España en términos de destrucción de ocupación, que, contra toda lógica, algunos imputan a las disfunciones del mercado de trabajo, conviene recordar que las causas no están en la regulación legal de las relaciones laborales, sino que son una consecuencia inexorable de la evolución del modelo productivo español y su mercado de trabajo en los últimos años. Efectivamente, la crisis en España tiene componentes específicos. A la crisis económica internacional se le une el estallido de la burbuja inmobiliaria y un modelo productivo basado en sectores muy vulnerables a las coyunturas económicas. Nuestro modelo productivo es capaz de generar mucha ocupación en momentos de expansión (industrias de uso de mano de obra intensiva), pero también destruye a la misma o a mayor velocidad en momentos de recesión.
Entre 1995 y 2007 nuestra población activa creció en 7,5 millones de personas y la ocupada en 8 millones. La crisis ha destruido 2 millones de puestos de trabajo, de los cuales cerca del 50% han estado en la construcción. Se mantiene, pues, un incremento de la población ocupada de seis millones de personas en relación a 1995. Pero la burbuja de empleo generada durante el "boom" ha provocado un incremento artificial y acelerado de la población activa que a corto plazo es de difícil absorción. No hay capacidad de crear ocupación en esta cantidad, ni en los sectores que históricamente han sustentado la creación de ocupación, ni en los que los tendrían que sustituir como motor de la economía en un nuevo modelo productivo.
Por eso, cuando el 2008 empezaron a hacerse evidentes los estragos que la quiebra del sistema financiero internacional generaba en nuestro país se pusieron de relieve también buena parte de las limitaciones del modelo de crecimiento y desarrollo de los últimos años. Éramos conscientes que la crisis económica en que nos instalábamos podía tener varias lecturas, desde la oportunidad para hacer cambios a la excusa para recortar derechos. Desgraciadamente la dinámica de gestión de la crisis por parte de los gobernantes nos ha llevado a la segunda de las posibilidades. Hemos pasado de una primera fase de gestión de la crisis donde se primaron algunos criterios sociales -ayudas directas a sectores industriales, planes de inversión municipal para crear ocupación, subsidio de 420 € para las personas paradas que agotan la protección de paro, etc.- a una segunda en la que la lógica de la reducción de costes sociales y laborales ha impregnado todas las actuaciones -planes de ajuste presupuestario, propuesta de reforma de la seguridad social, reforma laboral…-.
Es la instalación por parte del gobierno en la lógica del recorte de derechos sociales y laborales lo que contextualiza la convocatoria por el movimiento sindical de la huelga general del 29 de septiembre. La reforma laboral, que se hace sin acuerdo previo con los agentes sujetos de su aplicación -empresarios y sindicatos- y sin debate social suficiente, al utilizar la vía de Real Decreto Ley y el trámite de urgencia parlamentaria, representa la agresión a los derechos laborales más fuerte que se ha realizado en nuestro país en los últimos años. La reforma laboral se inscribe en la lógica de que el problema de las empresas para ser competitivas radica en los costes laborales. Obvia las enormes limitaciones estructurales que dificultan la capacidad de innovación en procesos y producto y de adaptación a los cambios, que tienen su clave en la capacitación y conocimiento profesionales, en la estabilidad y vinculación laboral al proyecto empresarial y en la introducción de mecanismos de flexibilidad interna pactada para adaptarse a los cambios en el entorno de la empresa. Esta reforma laboral no es la solución al problema de nuestras empresas, sino que agravará los conflictos en su seno al aumentar la incertidumbre e inseguridad de los trabajadores y trabajadoras.
Pero más allá de los contenidos estrictos de la reforma laboral que reclaman el rechazo sindical y justifican sobradamente la huelga general, es el ataque a un modelo social determinado lo que enmarca su convocatoria. Las políticas de ajuste presupuestario que afectan las políticas sociales y el gasto e inversión públicas, el cuestionamiento sistemático de la viabilidad del sistema de seguridad social y la reforma laboral, dan cuerpo a la voluntad de desmontar un modelo social que en los últimos años nos quería aproximar a un horizonte de Estado de bienestar que en nuestro país todavía no había logrado el nivel de desarrollo de los países de nuestro entorno europeo.
El Estado de bienestar del siglo XXI
La premisa ideológica que se utiliza es considerar que el coste de mantener el Estado de bienestar es un gasto, que grava la actividad económica general al retirar dinero de circulación a través de la vía impositiva, el cual no puede dedicarse en consecuencia a una inversión productiva que permita incrementar la tasa de ganancia de apropiación privada, que en su momento se reinvertiría, formando un círculo virtuoso que alimentaría el crecimiento económico sin límites. A pesar de que es innecesario intentar profundizar en el desmontaje de este argumentario ideológico, vale la pena recordar que la dinámica de crecimiento económico de las últimas décadas tiene su base en el crecimiento de la economía especulativa y no la productiva; es decir, el dinero, los beneficios se han generado por el encadenamiento de operaciones financieras sin bases reales.
Nosotros, al contrario, creemos que el coste del Estado de bienestar tiene que ser considerado como una inversión y no un gasto. Una inversión necesaria, precisamente, para mantener los actuales niveles de crecimiento económico y desarrollo social, a partir de reforzar los elementos materiales que permiten incorporar al proceso productivo la máxima potencia creadora de riqueza de las fuerzas productivas hoy existentes. Calificación, investigación e innovación son los elementos motores que hacen que la economía productiva tenga la capacidad de generar la riqueza que se deriva del valor añadido que las personas con su trabajo aportan a los procesos de transformación productiva o de prestación de servicios.
Y estos elementos necesitan unas bases materiales para desarrollarse, que se derivan necesariamente de un marco de Estado de bienestar, los pilares básicos del cual, educación, salud y protección social, generan la cohesión social necesaria para que arraiguen las inversiones productivas y se desarrollen las capacidades, los conocimientos y las innovaciones tecnológicas en todo su potencial.
Es en este marco y bajo esta concepción donde es posible formular la posibilidad de adaptar el Estado de bienestar al siglo XXI. Mantener el actual modelo social compuerta necesariamente una reflexión sobre el papel que el sistema fiscal tiene que jugar en nuestra sociedad, como la contribución impositiva de las personas físicas y jurídicas de una sociedad construyen un presupuesto suficiente para hacer unas políticas públicas que mantengan unos niveles adecuados de cohesión social, alimenten el desarrollo del conocimiento y la innovación y orienten la actividad productiva en términos de equilibrio y eficiencia. Es en este sentido que las reformas que precisa el modelo de Estado de bienestar están más en la organización de la prestación de los servicios públicos, para hacerlos más eficientes, más adecuados a las necesidades cambiantes de una sociedad que vive en el cambio constante, que no en su disminución e individualización vía desgravación fiscal y mercantilización.
Descentralización, participación, autonomía de gestión y evaluación tienen que ser reformas a un modelo de prestación de servicios que hoy puede no ser bastante eficiente para dar respuestas adecuadas a las demandas concretas de la diversidad social existente. Pero estas son reformas contradictorias con aquellas que se plantean la disminución de la contribución fiscal al nivel mínimo necesario para garantizar la asistencia social de los más necesitados, mientras el resto con la disponibilidad generada por la rebaja impositiva “comprará” aquellos servicios sociales, educación, salud, asistencia social, que se habrán mercantilizado previamente.
Reformar para recortar derechos
Claramente, la propuesta de reforma laboral que plantea el gobierno se sitúa también en una lógica de recorte de derechos laborales, que no compartimos, pero, además, se enmarca también en la misma lógica del desmantelamiento del actual modelo de Estado de bienestar, recortando derechos sociales mediante la mercantilización de su provisión (que necesita para ser efectiva de la previa desvalorización y descalificación de su provisión pública). La reforma laboral contiene tres lógicas convergentes que afectan a los costes, a los poderes y a las protecciones.
La primera, que facilita y abarata el despido a través de la generalización del despido por causas objetivas de difícil demostración práctica, con un coste de 20 días, de los cual 8 pueden ser subvencionados por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), dejando un coste indemnizatorio neto para el empresario de 12 días lo que, en buena lógica, será un incentivo muy grande para despedir por un empresariado acostumbrado a hacerlo con costes de 45 días por año trabajado sin tener que justificarlo documentalmente.
La segunda, que aumenta el poder de decisión unilateral del empresario o empresaria, porque le da mayor capacidad de definir las causas objetivas para despedir, le facilita la modificación de las condiciones laborales y el descuelgue salarial de los convenios. Esto deja al trabajador en una situación de mayor incertidumbre e inseguridad en el trabajo que no ayudará en nada a su implicación en procesos de innovación; más bien al contrario, favorecerá actitudes de sumisión que en poco o nada se avienen con las necesidades de una empresa moderna.
Y, finalmente, la tercera que disminuye las tutelas jurídicas y sindicales de los derechos de los trabajadores, debilitando la negociación colectiva, e introduce las agencias privadas de colocación con afán de lucro como mecanismo de intermediación en el mercado de trabajo previa renuncia expresa a la mejora de los servicios públicos de empleo. Todo ello, deja a los trabajadores con menores protecciones que tendrán como consecuencia una tendencia a la aceptación de condiciones de trabajo poco adecuados con las necesidades de modernización de nuestras empresas.
Estas lógicas que orienta la reforma nos conducen a un mercado de trabajo aún más precario y dualizado. Lejos de ser una reforma que apueste por la estabilidad laboral como elemento incentivador para incorporar conocimiento y capacidad de innovación en las empresas, la reforma incrementará la temporalidad como forma de entrada al mercado de trabajo, así como la rotación al facilitar las posibilidades de despedir. La reforma también introduce una cultura culpabilizadora del trabajador que ejerce sus derechos, cuando introduce mayores cautelas en el cobro de la prestación de paro o cuando regula de forma más estricta los días de absentismo como causa para la rescisión de contrato. Con estos ingredientes parece claro que la reforma más allá de ser inútil para lograr las necesidades de modernizar las empresas, para hacerlas más competitivas con unas relaciones laborales que faciliten la incorporación de conocimiento, innovación y adaptabilidad, es injusta porque desequilibra los poderes ya desiguales de los sujetos que actúan en la empresa. Además, será una fuente de conflicto permanente en el día a día, puesto que la supresión de tutelas, garantías y protecciones aumentará, sin duda, las tensiones en la gestión de las relaciones laborales.
Hacia la Huelga general
Así las cosas parece obvio la necesidad de organizar una respuesta a estos planteamientos. Una respuesta que ponga sobre la mesa el rechazo a las políticas de recortes de derechos sociales y laborales, que reclame la retirada de una reforma laboral enormemente injusta con los trabajadores y trabajadoras, además de innecesaria e inútil y contraproducente para las necesidades de las empresas y la sociedad.
La huelga general del 29 de septiembre es la respuesta necesaria a esta situación, la cual tiene que permitir visualizar el sentimiento social mayoritario de rechazo a estas propuestas de reformas para salir de la crisis y tiene que permitir también poner sobre la mesa que las cosas se pueden hacer de otro modo. Es esto lo que da sentido al enorme trabajo que estamos desarrollando de manera unitaria CCOO y UGT para explicar las razones de la huelga general pero también sumar adhesiones más allá de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, en las asociaciones ciudadanas, en las organizaciones vecinales, en el mundo universitario y de la cultura, en las organizaciones no gubernamentales, en la sociedad organizada, porque, en definitiva, de la respuesta masiva de la sociedad se podrá leer la voluntad de abordar el futuro del país desde la consolidación y profundización de un modelo social determinado.
Y ciertamente, después del 29S llega el 30 de septiembre, octubre y el resto de días de un calendario que tendremos que encarar con la fuerza lograda por el seguimiento de la huelga. Abrir un espacio de negociación con el gobierno, un espacio que se rompió fruto de las enormes presiones ejercidas por los diferentes grupos de intereses y en especial de los propios grupos financieros, que después de ser rescatados con fondos públicos del posible derrumbamiento han exigido profundizar en las políticas que están en las bases teóricas de un modelo de crecimiento que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo, y de los sectores menos dinámicos del empresariado representado por la cúpula dirigente de la CEOE.
Y abrir la negociación pasa por deshacer buena parte de las agresiones impuestas por las actuales reformas y políticas de ajuste presupuestario y recuperar las bases para una negociación global y en profundidad sobre el mercado de trabajo que necesitamos, donde el protagonismo se tiene que situar en el acuerdo de empresarios y sindicatos para gestar un modelo de negociación colectiva que equilibre poderes, que restituya derechos y que sitúe los elementos de flexibilidad interna pactada que prime la estabilidad y vinculación laboral y la viabilidad de futuro de las empresas.
El 29 S, con la CES por el modelo social europeo
Pero la huelga general del 29 de septiembre también es la concreción, en nuestra realidad, de la convocatoria de movilización que para el mismo día ha realizado la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Este día tienen que confluir diferentes movilizaciones, desde manifestaciones, como las previstas en Italia, Francia, Grecia y Portugal, paros como el del sector público en Alemania o la gran marcha hasta Bruselas para exigir un cambio en las políticas de la UE y exigir que estas se orienten a promover un crecimiento económico sin recortes de derechos laborales y sociales, un crecimiento comprometido con la consolidación y profundización del modelo social europeo, que tan útil se ha mostrado para las personas y para la propia economía.
La CES convoca para dejar claro que hay otras políticas para abordar la crisis económica y que las que hoy se orientan desde los gobiernos de los distintos países y desde la propia UE, rompen el consenso político que impulsó su creación y ha garantizado, hasta ahora, su desarrollo. Es decir, al fin y al cabo, por lo mismo que el sindicalismo catalán y español hemos convocado esta huelga general.
Un Pacto de Estado, la mejor herramienta
Por todo ello, después del 29S hay que recuperar la propuesta de Pacto de Estado por la economía, la competitividad y la cohesión social que hace ya casi dos años que CCOO presentamos al gobierno y a la sociedad. Un pacto que tendría que situar con claridad qué modelo social queremos y qué compromisos sociales estamos dispuestos a asumir colectivamente. Un pacto que proponga las reformas estructurales necesarias, que no encontramos en la continuada demanda de recortes de gasto o de derechos, sino en reformas y propuestas de más calado como son, entre otras, la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, en términos de flexibilización de sus contenidos y plazos de concreción; la de la reconstrucción de la estructura fiscal del Estado, en el sentido de recuperar la suficiencia y progresividad en la recaudación de impuestos; la de la regulación estricta del sector financiero que introduzca controles para garantizar la solvencia del sistema, incorpore compromisos con la economía productiva y grave la especulativa; la educativa y universitaria, que comprometa recursos públicos para su calidad y garantice la adecuación del alumnado a las exigencias derivadas de los cambios sociales; la energética, que aumente la independencia del exterior en la producción y la calidad del suministro en la distribución, con el objetivo de acometer a corto plazo una economía baja en emisiones de carbono; la del desarrollo de nuevas infraestructuras, que a la vez que dotan de mayor competitividad la economía, favorecen el cambio del modelo de movilidad del conjunto de la ciudadanía, etc.
Sabemos que no será fácil reabrir el espacio de negociación. Somos conscientes que las formaciones políticas se mueven a golpe de encuesta electoral y que en su irresponsabilidad todas miran cómo evoluciona la crisis para conseguir sus objetivos de mantenerse o llegar al poder, lo que hace difícilmente imaginable que haya voluntad de sacrificar estos intereses y estrategias de parte en beneficio del interés general. No obstante, hay que insistir en que para afrontar la crisis, sus efectos más negativos en términos de destrucción de empleo y de tejido productivo, y establecer las bases de un nuevo patrón de crecimiento que garantice mayor riqueza y su reparto equitativo, garantizando la cohesión social, se requiere el esfuerzo del conjunto de la sociedad, vehiculado a través de una negociación y compromiso sincero en el cual se impliquen, con capacidad de liderazgo, Gobierno, partidos políticos, patronal y sindicatos.
En un Estado fuertemente descentralizado como el español, las CCAA, que en estos años han asumido importantes competencias en todos los órdenes, tendrán que jugar también un papel activo. El Gobierno central tendrá que coordinar las medidas que por su parte ya están adoptando con las que se puedan acordar en el ámbito estatal. El esfuerzo y generosidad que pedimos será capital en estos momentos para abordar medidas equilibradas en la lógica de combinar reducción de gastos y búsqueda de nuevos ingresos que permitan combatir el déficit preservando las políticas sociales.
Así las cosas, sólo la explicitación de un sentimiento social muy mayoritario puede hacer cambiar la situación. En este sentido, la huelga general del 29S se convierte en un momento clave de nuestra historia reciente. Por el contrario, la no reversión de las medidas regresivas, la no apertura de marcos de diálogo y negociación, nos aboca a un horizonte de conflictividad social importante. En las empresas, por las dificultades de aplicación pacífica de una reforma injusta, y en la sociedad, por el debilitamiento de unos marcos de cohesión social basados en unos mínimos de protección que garanticen la convivencia en épocas de crisis.
En cualquier caso, la responsabilidad sindical está en ser capaces de organizar y gestionar el conflicto sin instalarnos en él de manera permanente, sino dándole salida en forma de avance de derechos y garantías para los trabajadores y trabajadoras, en primer lugar, y para la ciudadanía, en general, después. Este es nuestro compromiso con las clases populares del país y es en esta dirección que queremos canalizar toda la energía de transformación social que, sin duda, generará la huelga general del cercano 29S.
Joan Carles Gallego y Herrera. Secretario General de CCOO de Catalunya.
Font:
José Luis López Bulla
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