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OPINAN LOS INSPECTORES DE TRABAJO
Nota editorial. Aunque el presente documento tenía como objetivo solidarizarse con la huelga general, lo publicamos por su evidente interés y porque no tuvo en su momento la debida difusión. Se del documento que elaboraron los Inspectores de Trabajo de la UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo).
1. La crisis económica actual, que se ha manifestado inicialmente como financiera y que rápidamente ha tenido graves efectos en la actividad económica y en el empleo, tiene una dimensión internacional como consecuencia del proceso de globalización de la economía..
La cada vez mayor interdependencia de las economías nacionales se ha producido, sin embargo, en ausencia de mecanismos políticos y económicos de control eficaces, tanto a nivel de los Estados como internacionalmente.
Esta ausencia de regulación, en la línea del pensamiento y las políticas neoliberales impuestas en el ciclo anterior a la crisis, ha permitido que las prácticas especulativas se hayan extendido, colocando a la economía productiva en un lugar subsidiario respecto al capital financiero.
De esta forma, lo que empezó como crisis de solvencia de las instituciones financieras por causa de sus prácticas especulativas y desordenadas y que exigió el socorro inmediato de los fondos públicos, se manifiesta ahora en crisis de crecimiento y en retroceso de las condiciones de vida de los ciudadanos.
2. Pese a las expectativas iniciales, los instrumentos de salida de la crisis no se están centrando en resolver los problemas que la originaron, es decir, el exceso de poder y la ausencia de regulación del capital internacional. Debería haberse promovido la concertación de los Estados para establecer mayores y más eficaces controles de las operaciones financieras internacionales (desde la desaparición de los paraísos fiscales hasta el establecimiento de tasas que eviten las transacciones especulativas). Deberían diseñarse políticas comunes que permitan impulsar en cada Estado la actividad económica, hacer frente a las nuevas necesidades de asistencia social y desarrollar instrumentos fiscales y de control propios que fortalezcan la economía productiva.
Muy al contrario, se imponen con renovada fuerza a nivel internacional, y en particular en el seno de la UE, políticas neoliberales que sólo permitirán la recomposición del beneficio de quienes provocaron la crisis y no la superación de sus causas. Así, se coloca en primer término el control del déficit público, adelgazando aún más a los Estados, con una doble intención: cuanto más pequeño, menos controles puede establecer el poder público sobre las condiciones de actuación de los poderes económicos privados y, cuanto menos pueda gastar en atención social, más rápidamente pasará al sector privado el negocio de la salud, de la educación, de la dependencia o de las prestaciones sociales, que quedarán en manos de las compañías aseguradoras, del sector financiero o de los fondos de inversión, es decir, de los mismos cuyas prácticas están en el origen de la crisis. Ya tenemos una amplia experiencia de cómo el abuso de la concertación de actividades sanitarias y de educación no sólo acaba siendo más gravosa económicamente para el sector público, sino que, además, sus resultados de calidad resultan claramente inferiores a las prestaciones públicas: Catalunya es el mejor ejemplo.3. Los gobiernos de nuestro entorno han aceptado que la única salida de la crisis pasa, como siempre, por una nueva y masiva transferencia de renta de los trabajadores, de la mayoría de los ciudadanos, a quienes acumulan el poder financiero, pero que ahora tienen problemas de liquidez o de solvencia. Por eso, junto al apoyo público a las entidades financieras con problemas, se toman medidas que no tienen que ver con el origen ni con el carácter de la crisis, sino que, aprovechando la debilidad social que la crisis provoca, pretenden situar un marco más favorable a los intereses del poder económico en el momento de la recuperación. En realidad, lo que exigen “los mercados” es un menor papel del Estado en la regulación y vigilancia de las actividades económicas y en la redistribución de rentas. Es decir, un retroceso en el control democrático, concentrando el poder de decisión en quienes nos han llevado a esta situación y reduciendo la capacidad de intervención del poder público, que es quien representa a los ciudadanos. 4. En este contexto se producen las medidas que está tomando nuestro Gobierno. La reducción de los salarios de los funcionarios y, lo que es más grave, la reducción del empleo público, no sólo son medidas injustas, sino que avanzan en la dirección del desprestigio de lo público ante el conjunto de los ciudadanos. La congelación de las pensiones no responde a necesidades de nuestro sistema de seguridad social, que es de los más sanos y solventes de nuestro entorno, sino a las necesidades del sistema financiero de forzar a los trabajadores a participar en fondos de pensiones, cuya gestión ha producido pérdidas importantes en el marco de la crisis. La privatización de las Cajas de Ahorro no responde tampoco a sus propias necesidades sino a las presiones del sector privado que quiere evitar cualquier competencia en el futuro.
Y, finalmente, la reforma laboral, que no responde a las necesidades de nuestro sistema productivo. La enorme flexibilidad de nuestra legislación ha permitido un rapidísimo descenso del empleo en nuestro país por dos vías principales: la rescisión de los contratos temporales y los despidos improcedentes individuales pactados. Además, las rescisiones y suspensiones de contratos colectivas han sido masivas y sin apenas conflictividad, lo que demuestra que el problema no es en absoluto de rigidez.
Al contrario, el problema principal de nuestro mercado laboral sigue siendo la extensión de la temporalidad no justificada, que provoca déficits en la formación y dificultades en la organización de las empresas. Y si algún elemento de rigidez hay que abordar es en el interno de las empresas, para adaptar las condiciones concretas a la realidad cambiante. Pero ello, que ha de resolverse desarrollando la negociación y el acuerdo con los representantes de los trabajadores, no para sustituir el marco de negociación de ámbito superior, si existe, sino en articulación con él.
Sin embargo, la reforma laboral propuesta sólo pretende abaratar el coste laboral, introducir al sector privado en el ámbito de la inserción laboral y desnaturalizar la negociación colectiva. Nuestro objetivo no puede ser competir a base de bajos salarios, precarización y desregulación con países de reciente desarrollo, sino de defender los avances del Estado de bienestar, adecuando lo necesario para conseguir mayor estabilidad en el empleo y unas condiciones de trabajo más flexibles mediante mayor participación de los trabajadores y sus representantes, ampliando el ejercicio de la democracia en el ámbito de la empresa.5. Es posible otra política. No se trata de debilitar la representación de los trabajadores, sino de permitir el fortalecimiento de los sindicatos. No se trata de enfrentar a los trabajadores entre sí: a los funcionarios con el resto, a los que tienen empleo estable con los eventuales o los parados, a las mujeres con los hombres, a los inmigrantes con los nacionales. No se trata de que el sector público se bata en retirada y renuncie a sus obligaciones. Somos conscientes de las dificultades de poner en prácticas políticas aisladas en un solo país en un mundo tan interconectado como el actual. Pero podemos exigir la concertación de los Gobiernos, en particular en la UE, para garantizar que la crisis se salde con más democracia y no con más poder para los que lo tienen, con mayores elementos de redistribución y no con mayor concentración de beneficios. Y sabemos que eso sólo es posible si la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los trabajadores dejamos oír nuestra voz y ejercemos el peso democrático que nos corresponde. Por todo ello creemos que es necesaria la participación en la jornada europea de acción que la Confederación Europea de Sindicatos ha convocado para el próximo 29 de septiembre y que los sindicatos españoles organizan en nuestro país.
La cada vez mayor interdependencia de las economías nacionales se ha producido, sin embargo, en ausencia de mecanismos políticos y económicos de control eficaces, tanto a nivel de los Estados como internacionalmente.
Esta ausencia de regulación, en la línea del pensamiento y las políticas neoliberales impuestas en el ciclo anterior a la crisis, ha permitido que las prácticas especulativas se hayan extendido, colocando a la economía productiva en un lugar subsidiario respecto al capital financiero.
De esta forma, lo que empezó como crisis de solvencia de las instituciones financieras por causa de sus prácticas especulativas y desordenadas y que exigió el socorro inmediato de los fondos públicos, se manifiesta ahora en crisis de crecimiento y en retroceso de las condiciones de vida de los ciudadanos.
2. Pese a las expectativas iniciales, los instrumentos de salida de la crisis no se están centrando en resolver los problemas que la originaron, es decir, el exceso de poder y la ausencia de regulación del capital internacional. Debería haberse promovido la concertación de los Estados para establecer mayores y más eficaces controles de las operaciones financieras internacionales (desde la desaparición de los paraísos fiscales hasta el establecimiento de tasas que eviten las transacciones especulativas). Deberían diseñarse políticas comunes que permitan impulsar en cada Estado la actividad económica, hacer frente a las nuevas necesidades de asistencia social y desarrollar instrumentos fiscales y de control propios que fortalezcan la economía productiva.
Muy al contrario, se imponen con renovada fuerza a nivel internacional, y en particular en el seno de la UE, políticas neoliberales que sólo permitirán la recomposición del beneficio de quienes provocaron la crisis y no la superación de sus causas. Así, se coloca en primer término el control del déficit público, adelgazando aún más a los Estados, con una doble intención: cuanto más pequeño, menos controles puede establecer el poder público sobre las condiciones de actuación de los poderes económicos privados y, cuanto menos pueda gastar en atención social, más rápidamente pasará al sector privado el negocio de la salud, de la educación, de la dependencia o de las prestaciones sociales, que quedarán en manos de las compañías aseguradoras, del sector financiero o de los fondos de inversión, es decir, de los mismos cuyas prácticas están en el origen de la crisis. Ya tenemos una amplia experiencia de cómo el abuso de la concertación de actividades sanitarias y de educación no sólo acaba siendo más gravosa económicamente para el sector público, sino que, además, sus resultados de calidad resultan claramente inferiores a las prestaciones públicas: Catalunya es el mejor ejemplo.3. Los gobiernos de nuestro entorno han aceptado que la única salida de la crisis pasa, como siempre, por una nueva y masiva transferencia de renta de los trabajadores, de la mayoría de los ciudadanos, a quienes acumulan el poder financiero, pero que ahora tienen problemas de liquidez o de solvencia. Por eso, junto al apoyo público a las entidades financieras con problemas, se toman medidas que no tienen que ver con el origen ni con el carácter de la crisis, sino que, aprovechando la debilidad social que la crisis provoca, pretenden situar un marco más favorable a los intereses del poder económico en el momento de la recuperación. En realidad, lo que exigen “los mercados” es un menor papel del Estado en la regulación y vigilancia de las actividades económicas y en la redistribución de rentas. Es decir, un retroceso en el control democrático, concentrando el poder de decisión en quienes nos han llevado a esta situación y reduciendo la capacidad de intervención del poder público, que es quien representa a los ciudadanos. 4. En este contexto se producen las medidas que está tomando nuestro Gobierno. La reducción de los salarios de los funcionarios y, lo que es más grave, la reducción del empleo público, no sólo son medidas injustas, sino que avanzan en la dirección del desprestigio de lo público ante el conjunto de los ciudadanos. La congelación de las pensiones no responde a necesidades de nuestro sistema de seguridad social, que es de los más sanos y solventes de nuestro entorno, sino a las necesidades del sistema financiero de forzar a los trabajadores a participar en fondos de pensiones, cuya gestión ha producido pérdidas importantes en el marco de la crisis. La privatización de las Cajas de Ahorro no responde tampoco a sus propias necesidades sino a las presiones del sector privado que quiere evitar cualquier competencia en el futuro.
Y, finalmente, la reforma laboral, que no responde a las necesidades de nuestro sistema productivo. La enorme flexibilidad de nuestra legislación ha permitido un rapidísimo descenso del empleo en nuestro país por dos vías principales: la rescisión de los contratos temporales y los despidos improcedentes individuales pactados. Además, las rescisiones y suspensiones de contratos colectivas han sido masivas y sin apenas conflictividad, lo que demuestra que el problema no es en absoluto de rigidez.
Al contrario, el problema principal de nuestro mercado laboral sigue siendo la extensión de la temporalidad no justificada, que provoca déficits en la formación y dificultades en la organización de las empresas. Y si algún elemento de rigidez hay que abordar es en el interno de las empresas, para adaptar las condiciones concretas a la realidad cambiante. Pero ello, que ha de resolverse desarrollando la negociación y el acuerdo con los representantes de los trabajadores, no para sustituir el marco de negociación de ámbito superior, si existe, sino en articulación con él.
Sin embargo, la reforma laboral propuesta sólo pretende abaratar el coste laboral, introducir al sector privado en el ámbito de la inserción laboral y desnaturalizar la negociación colectiva. Nuestro objetivo no puede ser competir a base de bajos salarios, precarización y desregulación con países de reciente desarrollo, sino de defender los avances del Estado de bienestar, adecuando lo necesario para conseguir mayor estabilidad en el empleo y unas condiciones de trabajo más flexibles mediante mayor participación de los trabajadores y sus representantes, ampliando el ejercicio de la democracia en el ámbito de la empresa.5. Es posible otra política. No se trata de debilitar la representación de los trabajadores, sino de permitir el fortalecimiento de los sindicatos. No se trata de enfrentar a los trabajadores entre sí: a los funcionarios con el resto, a los que tienen empleo estable con los eventuales o los parados, a las mujeres con los hombres, a los inmigrantes con los nacionales. No se trata de que el sector público se bata en retirada y renuncie a sus obligaciones. Somos conscientes de las dificultades de poner en prácticas políticas aisladas en un solo país en un mundo tan interconectado como el actual. Pero podemos exigir la concertación de los Gobiernos, en particular en la UE, para garantizar que la crisis se salde con más democracia y no con más poder para los que lo tienen, con mayores elementos de redistribución y no con mayor concentración de beneficios. Y sabemos que eso sólo es posible si la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los trabajadores dejamos oír nuestra voz y ejercemos el peso democrático que nos corresponde. Por todo ello creemos que es necesaria la participación en la jornada europea de acción que la Confederación Europea de Sindicatos ha convocado para el próximo 29 de septiembre y que los sindicatos españoles organizan en nuestro país.
Font:
José Luis López Bulla
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