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LOS MERCADOS CASTIGAN A LA UNIÓN EUROPEA
José María Zufiaur
La prima de riesgo de los “países periféricos” de la zona euro se ha disparado de nuevo hasta sus niveles más altos como consecuencia de la reacción de los mercados a las medidas adoptadas los pasados 28 y 29 de octubre por el Consejo Europeo. En realidad, las condiciones impuestas por Alemania para el pacto alcanzado suponían una invitación a ello.
Cuatro han sido las medidas debatidas en dicho Consejo. De un lado, endurecer en gran medida la disciplina establecida en el Pacto de Estabilidad (y de Crecimiento, que completa de manera totalmente retórica su nombre). Se establecen, a tal efecto, requisitos para que los Gobiernos nacionales consulten a la Comisión y al Consejo de ministros de la UE los presupuestos nacionales antes de que vayan a sus respectivos Parlamentos. También la obligación de que aquellos incluyan en la propuesta presupuestaria las recomendaciones que les indiquen las instituciones comunitarias.
Además, se establece un proceso sancionador más rápido y semiautomático. No sólo tendrán que comprometerse a reducir el déficit por debajo del 3% sino también, si la deuda excede del 60% del PIB, serán sometidos a un procedimiento de “déficit excesivo” y la tendrán que reducir a un ritmo de un 20% anual hasta llegar al umbral predeterminado. A tal efecto se establecerán medidas y sanciones preventivas y coercitivas que pueden ir desde la exigencia de depósitos, sin intereses o con intereses, hasta multas. Incluso, para los países de la zona euro, se pretende llegar a desposeer a los Estados miembros de su derecho de voto en el Consejo si no cumplen las orientaciones establecidas. Las sanciones se establecerán por una “mayoría inversa”: no hace falta que el Consejo las apruebe, solamente que una mayoría del mismo no se oponga a ellas. Para los países que no pertenezcan a la zona euro también se prevé que, si no se atienen a los criterios de disciplina presupuestaria, puedan ser desprovistos de las aportaciones de los fondos estructurales.
La exigencia alemana
Exigida por Alemania, la segunda medida del paquete de gobernanza económica y social consiste en crear un mecanismo permanente de resolución de las crisis que sustituya al Fondo de Estabilidad Financiera Europea y al Mecanismo de Estabilidad Financiera Europea, creados en mayo de este año y que caducan a mediados de 2013.
La tercera propuesta, también demanda por la Sra. Merkel, está en estudio. Y consiste en la idea de crear un marco que permita, si algunos países llegan a ese extremo, el impago de la deuda y la reestructuración-renegociación de la misma. Implicando en ese procedimiento a los acreedores, es decir a los bancos. Propuesta contra la que ha reaccionado de manera virulenta el Presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet.
En fin, la cuarta pata de la gobernanza económica europea, derivada del la Agenda 2020, la conforma un conjunto de reformas radicales que afectan a las pensiones, el mercado de trabajo, los salarios y la negociación colectiva, las prestaciones de desempleo, las políticas activas de empleo y la política social (básicamente, la educación-formación y la lucha contra la pobreza y la exclusión social).
¿Qué valoración se puede hacer de este paquete de medidas sobre las que se quiere articular la gobernanza económica y social europea? Desde luego, tras la existencia de una moneda única y la creación del Banco Central Europeo resultaba imprescindible el establecimiento de mecanismos de gobierno económico de la UE, especialmente de la zona euro. La crisis ha puesto dramáticamente en evidencia su necesidad.
La CES opina
Pero, como ha señalado la Confederación Europea de Sindicatos (CES), tal gobernanza debería basarse en dos principios: 1) que los Estados evitaran recurrir al dumping salarial y social como alternativa a la devaluación monetaria; 2) que la gobernanza sirviera para potenciar una expansión común y coordinada de la demanda ya que está demostrado que, de esa manera, la UE crece el doble que cuando los Estados actúan aisladamente.
En lugar de ello, las propuestas de la Comisión y del Consejo están concebidas para promover una contracción coordinada de la demanda (que es lo que menos necesita la situación actual). Y para proseguir las políticas no cooperativas que han caracterizado a la Estrategia de Lisboa, cada Estado es dejado a su suerte y obligado a tratar de salir de la crisis a expensas de los otros.
Este diseño de gobernanza europea ha surgido del pacto entre Merkel y Sarkozy. Con el apoyo de Cameron, a cambio de que el presupuesto comunitario en lugar de crecer para el próximo ejercicio el 6% sólo crezca el 2,9% (concesión realizada al Reino Unido pese a que este país está exento de las medidas y sanciones del pacto, como consecuencia del protocolo 15 del Tratado de Lisboa).
Además de recesivo, tal diseño no aborda los déficits que viene arrastrando la construcción europea. Está desprovisto de un proyecto y una finalidad política clara y profundiza en dos características históricas del Pacto de Estabilidad: el bajo crecimiento del conjunto de la UE en relación con otras áreas del mundo y el enorme aumento de las desigualdades que se ha producido en Europa en las últimas décadas.
El empleo debe ser prioritario
El pacto de gobernanza económica y social no tiene tampoco en cuenta otros bienes públicos europeos que no sean los de la estabilidad monetaria. El objetivo de la expansión del crecimiento, la alimentación de la demanda y la creación de empleo brilla por su ausencia. Se mantiene la negativa a transferir poderes significativos a la UE en materia fiscal y presupuestaria (el presupuesto comunitario es del 1%, frente al 24% del presupuesto federal estadounidense). No se habilitan recursos propios ni se aprueba capacidad de endeudamiento europeo. Tampoco se ponen en marcha los bonos europeos o la imposición a las transacciones financieras. Ni se plantean cuestiones esenciales para el desarrollo económico de la Unión como la energía, la innovación, la política industrial, la de transporte. O un enfoque orientado hacia un cambio de modelo productivo sostenible.
Tal y como está planteado, la austeridad fiscal, la austeridad salarial y la austeridad social se combinan, en el sistema de gobernanza económica y social europea, para alimentar una nueva recesión económica. Eso sí, con los estabilizadores económicos de la protección social profundamente debilitados.
En opinión de la CES, la Comisión y el Consejo pretenden, con tal modelo de gobernanza, hacer pagar enteramente los costes de la crisis a los trabajadores. Poniendo, a tal efecto, en causa todas las instituciones que sustentan la seguridad económica y social de los trabajadores: los salarios, la estabilidad del empleo, las prestaciones de desempleo, las pensiones de jubilación.
Dificultades y contradicciones
Más allá de sus contenido, el proyecto de gobernanza económica y social europea plantea algunas dificultades y contradicciones que le serán difíciles de superar.
En primer lugar, el método de supervisión presupuestaria, denominado “semestre europeo”, parece mucho más teórico que posible de aplicar en la práctica.
En segundo lugar, la exigencia alemana de que los mecanismos de rescate permanentes -a falta de hacer conseguido que las sanciones monetarias y políticas fueran automáticas- se incorporen al Tratado de Lisboa por la vía de una legislación derivada sin que tenga que ser refrendados por los Parlamentos nacionales (o, en su caso, vía referendos) no parece fácil de conciliar. Y si se abre la caja de Pandora de la reforma del Tratado – tras 8 años de parálisis para aprobar el Tratado de Lisboa – la dinámica política a que dé lugar puede hacer temblar los cimientos de la UE.
Y, en tercer lugar, la exigencia alemana de establecer un mecanismo para que algunos Estados miembros se puedan declarar en quiebra y puedan renegociar la deuda con sus acreedores resulta contradictoria con la idea de establecer un mecanismo permanente de rescate. O hay solidaridad y rescate o si se deja la vía libre para que sean los mercados los que impongan sus primas de riesgo diferenciadas, las consecuencias serán dos: primero, se lanza un mensaje de que es imposible establecer una zona monetaria realmente integrada. Segundo, se desvaloriza y se vacía de credibilidad el mecanismo de rescate, incitando a los mercados a que actúen contra los Estados más vulnerables.
Apenas diez días más tarde de la reunión del Consejo Europeo, es lo que está sucediendo: los mercados se han lanzado contra Irlanda, Grecia, Portugal y España. Y acechan a Italia.
¿Pero no decía nuestro Gobierno que esto se había acabado con la reforma laboral y con la promesa de dar un tajo sin precedentes al sistema de pensiones?
José María Zufiaur
Este artículo ha sido publicado en La factoría (su revista amiga)
Cuatro han sido las medidas debatidas en dicho Consejo. De un lado, endurecer en gran medida la disciplina establecida en el Pacto de Estabilidad (y de Crecimiento, que completa de manera totalmente retórica su nombre). Se establecen, a tal efecto, requisitos para que los Gobiernos nacionales consulten a la Comisión y al Consejo de ministros de la UE los presupuestos nacionales antes de que vayan a sus respectivos Parlamentos. También la obligación de que aquellos incluyan en la propuesta presupuestaria las recomendaciones que les indiquen las instituciones comunitarias.
Además, se establece un proceso sancionador más rápido y semiautomático. No sólo tendrán que comprometerse a reducir el déficit por debajo del 3% sino también, si la deuda excede del 60% del PIB, serán sometidos a un procedimiento de “déficit excesivo” y la tendrán que reducir a un ritmo de un 20% anual hasta llegar al umbral predeterminado. A tal efecto se establecerán medidas y sanciones preventivas y coercitivas que pueden ir desde la exigencia de depósitos, sin intereses o con intereses, hasta multas. Incluso, para los países de la zona euro, se pretende llegar a desposeer a los Estados miembros de su derecho de voto en el Consejo si no cumplen las orientaciones establecidas. Las sanciones se establecerán por una “mayoría inversa”: no hace falta que el Consejo las apruebe, solamente que una mayoría del mismo no se oponga a ellas. Para los países que no pertenezcan a la zona euro también se prevé que, si no se atienen a los criterios de disciplina presupuestaria, puedan ser desprovistos de las aportaciones de los fondos estructurales.
La exigencia alemana
Exigida por Alemania, la segunda medida del paquete de gobernanza económica y social consiste en crear un mecanismo permanente de resolución de las crisis que sustituya al Fondo de Estabilidad Financiera Europea y al Mecanismo de Estabilidad Financiera Europea, creados en mayo de este año y que caducan a mediados de 2013.
La tercera propuesta, también demanda por la Sra. Merkel, está en estudio. Y consiste en la idea de crear un marco que permita, si algunos países llegan a ese extremo, el impago de la deuda y la reestructuración-renegociación de la misma. Implicando en ese procedimiento a los acreedores, es decir a los bancos. Propuesta contra la que ha reaccionado de manera virulenta el Presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet.
En fin, la cuarta pata de la gobernanza económica europea, derivada del la Agenda 2020, la conforma un conjunto de reformas radicales que afectan a las pensiones, el mercado de trabajo, los salarios y la negociación colectiva, las prestaciones de desempleo, las políticas activas de empleo y la política social (básicamente, la educación-formación y la lucha contra la pobreza y la exclusión social).
¿Qué valoración se puede hacer de este paquete de medidas sobre las que se quiere articular la gobernanza económica y social europea? Desde luego, tras la existencia de una moneda única y la creación del Banco Central Europeo resultaba imprescindible el establecimiento de mecanismos de gobierno económico de la UE, especialmente de la zona euro. La crisis ha puesto dramáticamente en evidencia su necesidad.
La CES opina
Pero, como ha señalado la Confederación Europea de Sindicatos (CES), tal gobernanza debería basarse en dos principios: 1) que los Estados evitaran recurrir al dumping salarial y social como alternativa a la devaluación monetaria; 2) que la gobernanza sirviera para potenciar una expansión común y coordinada de la demanda ya que está demostrado que, de esa manera, la UE crece el doble que cuando los Estados actúan aisladamente.
En lugar de ello, las propuestas de la Comisión y del Consejo están concebidas para promover una contracción coordinada de la demanda (que es lo que menos necesita la situación actual). Y para proseguir las políticas no cooperativas que han caracterizado a la Estrategia de Lisboa, cada Estado es dejado a su suerte y obligado a tratar de salir de la crisis a expensas de los otros.
Este diseño de gobernanza europea ha surgido del pacto entre Merkel y Sarkozy. Con el apoyo de Cameron, a cambio de que el presupuesto comunitario en lugar de crecer para el próximo ejercicio el 6% sólo crezca el 2,9% (concesión realizada al Reino Unido pese a que este país está exento de las medidas y sanciones del pacto, como consecuencia del protocolo 15 del Tratado de Lisboa).
Además de recesivo, tal diseño no aborda los déficits que viene arrastrando la construcción europea. Está desprovisto de un proyecto y una finalidad política clara y profundiza en dos características históricas del Pacto de Estabilidad: el bajo crecimiento del conjunto de la UE en relación con otras áreas del mundo y el enorme aumento de las desigualdades que se ha producido en Europa en las últimas décadas.
El empleo debe ser prioritario
El pacto de gobernanza económica y social no tiene tampoco en cuenta otros bienes públicos europeos que no sean los de la estabilidad monetaria. El objetivo de la expansión del crecimiento, la alimentación de la demanda y la creación de empleo brilla por su ausencia. Se mantiene la negativa a transferir poderes significativos a la UE en materia fiscal y presupuestaria (el presupuesto comunitario es del 1%, frente al 24% del presupuesto federal estadounidense). No se habilitan recursos propios ni se aprueba capacidad de endeudamiento europeo. Tampoco se ponen en marcha los bonos europeos o la imposición a las transacciones financieras. Ni se plantean cuestiones esenciales para el desarrollo económico de la Unión como la energía, la innovación, la política industrial, la de transporte. O un enfoque orientado hacia un cambio de modelo productivo sostenible.
Tal y como está planteado, la austeridad fiscal, la austeridad salarial y la austeridad social se combinan, en el sistema de gobernanza económica y social europea, para alimentar una nueva recesión económica. Eso sí, con los estabilizadores económicos de la protección social profundamente debilitados.
En opinión de la CES, la Comisión y el Consejo pretenden, con tal modelo de gobernanza, hacer pagar enteramente los costes de la crisis a los trabajadores. Poniendo, a tal efecto, en causa todas las instituciones que sustentan la seguridad económica y social de los trabajadores: los salarios, la estabilidad del empleo, las prestaciones de desempleo, las pensiones de jubilación.
Dificultades y contradicciones
Más allá de sus contenido, el proyecto de gobernanza económica y social europea plantea algunas dificultades y contradicciones que le serán difíciles de superar.
En primer lugar, el método de supervisión presupuestaria, denominado “semestre europeo”, parece mucho más teórico que posible de aplicar en la práctica.
En segundo lugar, la exigencia alemana de que los mecanismos de rescate permanentes -a falta de hacer conseguido que las sanciones monetarias y políticas fueran automáticas- se incorporen al Tratado de Lisboa por la vía de una legislación derivada sin que tenga que ser refrendados por los Parlamentos nacionales (o, en su caso, vía referendos) no parece fácil de conciliar. Y si se abre la caja de Pandora de la reforma del Tratado – tras 8 años de parálisis para aprobar el Tratado de Lisboa – la dinámica política a que dé lugar puede hacer temblar los cimientos de la UE.
Y, en tercer lugar, la exigencia alemana de establecer un mecanismo para que algunos Estados miembros se puedan declarar en quiebra y puedan renegociar la deuda con sus acreedores resulta contradictoria con la idea de establecer un mecanismo permanente de rescate. O hay solidaridad y rescate o si se deja la vía libre para que sean los mercados los que impongan sus primas de riesgo diferenciadas, las consecuencias serán dos: primero, se lanza un mensaje de que es imposible establecer una zona monetaria realmente integrada. Segundo, se desvaloriza y se vacía de credibilidad el mecanismo de rescate, incitando a los mercados a que actúen contra los Estados más vulnerables.
Apenas diez días más tarde de la reunión del Consejo Europeo, es lo que está sucediendo: los mercados se han lanzado contra Irlanda, Grecia, Portugal y España. Y acechan a Italia.
¿Pero no decía nuestro Gobierno que esto se había acabado con la reforma laboral y con la promesa de dar un tajo sin precedentes al sistema de pensiones?
José María Zufiaur
Este artículo ha sido publicado en La factoría (su revista amiga)
Font:
José Luis López Bulla
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