Pues aquí tienen una muestra de lo que sucede en Portugal con la aplicación de los criterios de gestión empresarial privada de los que alardea el conseller de sanitat Boi Ruiz, y que ha impulsado a manifestarse a personas ya jubiladas que ven seriamente afectados sus derechos en salud. Forges nos da en esta viñeta unas soluciones que quizás podrían ser menos traumáticas que la suerte que corren las personas jubiladas o en paro en Portugal, donde se empieza a imponer el gran dogma de la gestión privada: si tienes dinero, puedes comprar. Si no lo tienes, te quedas sin poder ir al médico, sin el posible remedio... sin salud. Difícilmente se puede ser más curel y cobarde. Y después de sonreir con Forges, sigan si quieren escuchando lo que opina Miren Etxezarreta sobre los servicios y bienes públicos y lean la noticia tal como la cuenta Avante.
La medida alcanza a los cónyuges e hijos menos dependientes tanto en el caso de personas paradas como pensionistas. Para que los pensionistas pueda seguir beneficiándose del régimen especial en el pago de los medicamentos tendrán que desmostran que la suma de los ingresos de todos quienes forman el agregado familiar, dividida por el número de personas, no sobrepasa los 14 salarios mínimos anuales (6790 euros).
Esta medida, aprobada por el Partido Socialista con el beneplácito del PSD, fue denunciada por la Confederação Nacional dos Reformados Pensionistas e Idosos (MURPI), ya que agravará considerablemente la situación económica y social de más de 600 mil pensionistas y personas en el paro.
«La fórmula que ha buscado el gobierno para definir los ingresos de cada persona pensionista o en el paro no es más que una artimaña para cazar a los ciudadanos y ciudadanas más necesitados y hacer que en ellos incida el pago de unas tasas de las que estaban exentos con toda justicia por su precsaria condición social o de salud», explican desde la organización MURPI.
También la central sindical mayoritaria, CGTP-IN, acuso al Gobierno de reducir la universalidad de los derechos de los portugueses, para beneficiar los intereses de los grupos económicos. «El acceso al medicamento no puede verse limitado por motivos de capacidad financiera de las personas que los necesitan, ya que se trata de un bien esencial», defiende la Intersindical, que no está de acuerdo con la «caridad misérrima» de que «sólo los muy pobres tengan acceso a determinados apoyos y prestaciones».
El Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) culpabiliza al Ejecutivo del PS de que está acabando con los servicios públicos. «Los aumentos de los precios de bienes y servicios se suceden día tras día, y con ellos aumentan y se acentúan las desigualdades sociales, agravando las dificuldades económicas y sociales en que hoy ya viven muchos miles de familias portuguesas», y el MUSP, pide a la ciudadanía y a los trabajadors y trabajadoras en paricular que de forma activa y organizada «manifiesten su protesta e indignación, exigiendo ptrp tumbo político que garantice sus derechos e intereses».
Pueden seguir leyendo en Avante...