Jutges per a la Democràcia a Catalunya observa con creciente preocupación el recorte de dinero público en derechos esenciales, como la sanidad, la enseñanza y la justicia. Queremos recordar que el Estatuto de Autonomía de Catalunya reconoce el derecho de nuestros ciudadanos a acceder a estos derechos básicos en condiciones de igualdad, gratuidad y calidad.
Difícilmente se puede considerar que existe una democracia avanzada y un Estado social y democrático de derecho cuando los poderes públicos no garantizan que todas las personas tienen reconocida la posibilidad de desarrollar todo su potencial a través de la educación sin discriminaciones por razón de su renta, pueden disfrutar de un nivel básico de salud suficiente con independencia de sus ingresos y pueden acceder a una justicia rápida y eficaz. Somos conscientes que vivimos unos momentos económicos muy difíciles –sin que las clases populares sean responsables- Y es obvio que la dicha situación nos obliga a todos a ajustarnos el cinturón. No obstante, en ningún momento las limitaciones que esto comporta pueden significar una reducción de los mencionados derechos mínimos de ciudadanía, si no se quiere hipotecar el futuro de las nuevas generaciones, del propio país y de los valores cívicos que hemos conquistado con el esfuerzo de múltiples generaciones que han conformado nuestra idiosincrasia como nación.
¿Qué futuro se quiere construir cuando se recorta en un elemento tanto básico para la más mínima igualdad futura como la enseñanza, castigando el sector público al qué concurren los sectores con menos ingresos? ¿Qué país se quiere construir sobre el sufrimiento de las personas enfermas que ven aplazadas intervenciones quirúrgicas con los costes personales que esto compuerta? Qué nación mínimamente civilizada puede dilatar la solución de los conflictos judiciales por falta de personal? Y es esto especialmente significativo cuando, en paralelo, estamos asistiendo a una contrarreforma fiscal en la qué se dejan de grabar meras transmisiones patrimoniales de las rentas altas y cuando se opta para no hacer pagar más a quienes más tiene.
La solución de los actuales problemas no pasa para hacer más ricos a los ricos, sino por la solidaridad de los más favorecidos respete los que no lo son. Entretanto, el actual gobierno de Catalunya nada dice del hecho que múltiples empresas de enseñanza o de sanidad –que se lucran realizando derechos esenciales- continúen incrementando sus ingresos a cargo de las aportaciones de los ciudadanos y del dinero público. Vivimos unos momentos en los qué, en definitiva, aquello que está en juego es si el futuro es de los ciudadanos o de instituciones financieras y empresariales que nadie ha votado.
Por eso, dado que somos servidores públicos en un ámbito tan determinante como la justicia, nuestra asociación ha decidido dar público apoyo a la convocatoria de movilización ciudadana del próximo día 14 de mayo.
18 de abril de 2011. Los coordinadores