BOLIVIA 2011. Habla Isidor Boix

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Aproximación sindical a la cuestión indígena
allí donde opera la industria petrolera

Con ocasión de la reunión en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) del Pleno de la Red Sindical Latinoamérica-España del 26 al 28 de septiembre 2011, he tenido la oportunidad de conversar con los responsables de las relaciones con Comunidades Indígenas de Repsol-Bolivia y de acercarme al “Campo Margarita”, la principal zona donde opera Repsol en este país, y ahí con dirigentes indígenas de la APG-IG, y participar en una reunión entre ambos. Antes, tuve ya ocasión de establecer un primer contacto con la realidad indígena en Colombia y luego en Perú, en relación con las actividades extractivas de Repsol en ambos países1 y su repercusión con las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Por otra parte, en mi calidad de “experto externo” para la que me propuso IntermonOxfam, pude seguir el estudio que Repsol encargó a una consultora en relación con tal problemática en sus actividades industriales en Perú y Bolivia.

Esta estancia en Bolivia coincidió con la movilización, indígena primero y general después, contra el proyecto de construcción de una carretera que atravesara el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la violenta represión policial, el enfrentamiento entre indígenas y campesinos cocaleros, y la sacudida que ha provocado al proyecto político que llevó al poder al Presidente Evo Morales. Uno de los elementos de este conflicto es
precisamente el tema de la “consulta previa”, de aplicación en IPNIS al igual que a las zonas donde operan las industrias extractivas. El viaje desde Santa Cruz hasta el Campo Margarita en una avioneta de 6 plazas constituyó una interesante experiencia sobrevolando unos 700 km de campos, valles y cordilleras de Bolivia.

1.- Repsol en “Campo Margarita”

El “Campo Margarita” está en la zona de Caipipendi, departamento de Tarija, al Sur de Bolivia, cerca de la frontera con Argentina. Es la principal zona de actividad industrial de Repsol en Bolivia y en ella explora, y ha empezado a explotar, yacimientos de gas y de hidrocarburos líquidos. Repsol es el operador de la sociedad que desarrolla estas acciones, con una proporción de capital del 37,5% de Repsol, otro 37,5% de British Gas Corporation (BG) y un 25% de Pan American Energy (PAE). Presente en Bolivia desde 1994, Repsol comenzó su actividad industrial de exploración en esta zona hace ya más de 10 años. Después de diversas operaciones societarias, la actual situación deriva de las negociaciones y acuerdo con el Gobierno de Evo Morales tras la “nacionalización” de los recursos naturales. En virtud de este acuerdo, Repsol invierte y opera en este campo y vende los hidrocarburos extraídos a la empresa pública boliviana YPFB que los transporta y comercializa. Las dos fases del actual proyecto suponen unas inversiones por parte de Repsol de 1.500 millones de $ USA. En estos momentos la producción diaria es de unos 3 millones de m3 de gas y de casi 5.000 barriles de líquidos. La perspectiva es alcanzar una producción de gas de 14 millones de m3 diarios, lo que convertiría este campo en el principal productor del gas exportado por Bolivia a Argentina. En este momento en Repsol-Bolivia trabajan unas 3.500 personas, 208 (la mayoría en las oficinas de Santa Cruz) en plantilla de Repsol, y el resto (la mayoría en “campo”) como “indirectos”, es decir en contratas y subcontratas (“tercerizados” en la denominación latinoamericana). De éstos, más de 2.000 están en Campo Margarita y de ellos la mitad aproximadamente son indígenas de las comunidades de la zona (guaranís) y la otra mitad “criollos”, situados éstos en los pueblos de la zona. Antes de referirme a las reuniones realizadas en mi visita a Campo Margarita conviene señalar dos referencias esenciales: el Acuerdo suscrito por la APG-IG con Repsol el 29 de diciembre de 2010 y la Sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia de 25 de octubre 2010 y de notificación formal el 12 de abril 2011. Como puede verse, se trata de referencias muy recientes y de gran actualidad por sus contenidos.

2.- El acuerdo de Repsol con la APG-IG

Desde 1997 existía una situación de conflicto en la zona de Caipipendi, donde viven 36 Comunidades Indígenas de la etnia guaraní, organizadas (como luego se explica) en la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG-IG). La negociación formal se inició en julio 2010, asesoradas las Comunidades Indígenas por el Equipo Nizkor, y no por casualidad coincidiendo con el nuevo impulso que dio Repsol a su política en relación con las Comunidades Indígenas y en cuyo proceso debe inscribirse la norma interna de la compañía al respecto, así como la acción de la sociedad civil, particularmente a través de IntermonOxfam, y la propia acción sindical proyectada en el Grupo de Trabajo sindical-empresarial sobre RSC constituido en Repsol. La APG-IG enunció en un comunicado del 15 de marzo de 2011 los elementos esenciales de este acuerdo por el que se produce el reconocimiento jurídico de la APG-IG así como de sus usos y costumbres indígenas, para abordar la problemática de la repercusión de la actividad industrial en su vida. Por el Acuerdo, denominado “Acuerdo de Amistad y Cooperación entre la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu y Repsol YPF E&P Bolivia SA” se constituye además un “Fondo de Inversión Itika Guasu” dotado por parte de Repsol con 14,8 millones de $ USA para 10 años, administrado por un “Consejo de Sabios” representado por Never Barrientos, Presidente de la APG-IG. De este Fondo se indican sus objetivos principales: salud, educación y vivienda.

En las reuniones y encuentros de estos días pude comprobar cómo se está ya trabajando en la aplicación del acuerdo. Debe subrayarse que esta Acuerdo es el primero de estas características suscrito por Repsol, también el primero en Bolivia, tanto en el ámbito de las petroleras privadas como de la YPFB pública. Y el primero del mundo, como se puso de manifiesto en la propia reunión de la Red
Sindical por parte de la ICEM.

3.- La Sentencia del Tribunal Constitucional 2003/2010-R

Lo primero a destacar de esta Sentencia, resumida en el comunicado de la APG-IG (que puede consultarse en http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/apg29.html), es que se trata de la resolución de una demanda presentada contra la APG-IG por la entidad pública boliviana “Servicio Departamental de Caminos” (SEDECA). El Tribunal Constitucional dio la razón a los indígenas en cuestiones clave, como son los derechos “de consulta” y de “propiedad”. Recojo literalmente algunos de los contenidos de la Sentencia: “…(cuando no hay consulta previa) …en dichos casos los pueblos tienen la potestad de vetar el proyecto, en los demás casos cuando la consulta se desarrolle de buena fe, con métodos e nformación apropiada, los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la elaboración de los proyectos…” “… el derecho al consentimiento previo … cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto … La Corte considera que la diferencia entre ‘consulta’ y ‘consentimiento’ en este contexto requiere de mayor análisis”

Precisamente la falta de “consulta previa” en el proyecto de la carretera que atraviesa el TIPNIS es lo que ha enconado el actual conflicto en el país, con el lógico argumento indígena, a partir de esa Sentencia, de que mientras no se dé dicha consulta previa tienen derecho de veto sobre el mismo. “En cuanto a los recursos naturales, el artículo 403 de la Constitución reconoce la integridad
del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios de explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios”

Como conclusión del comentario de esta Sentencia del TC, la APG-IG exige a la empresa pública boliviana YPFB Transportes que la respete en cuanto al derecho de consulta previa en relación con el conflicto derivado del transporte a través de su territorio.

4.- De las entrevistas y reuniones, separadas y conjuntas, con la dirección de Repsol y los dirigentes indígenas de la APG-IG

Algunos de las informaciones o valoraciones están incorporadas ya en los puntos anteriores. En el curso de mi visita a Campo Margarita pude conversar separadamente con dirigentes de la empresa y de la APG-IG y, también, participar en la reunión mensual entre ambas direcciones y que se desarrolla alternativamente en la sede central indígena, situada en la localidad de Entre Ríos, y en las oficinas de Repsol en el Campo, lo que al mismo tiempo supone el interesante derecho de los dirigentes de la APG-IG de ver de cerca las actividades industriales.

En la medida que no detecté ninguna contradicción (aunque sí algunas ampliaciones y matices) entre las reuniones separadas y conjunta, señalo a continuación los elementos que me parecieron de mayor interés, complementarios de los puntos anteriores. Quiero subrayar en primer lugar que la reunión conjunta apunta a un positivo desarrollo del “Acuerdo de Amistad y Cooperación”. Por otra parte constituye en mi opinión una expresión concreta de lo que tanto los indígenas de Colombia como de Perú denominaban “Plan de Vida”, sin que ahí hayan podido avanzar demasiadas propuestas concretas al respecto porque en muchos casos ni siquiera comenzó una auténtica “consulta previa”, aunque sí diversas iniciativas de “acción social” (que más bien podrían calificarse de unilateral y escasamente útil beneficencia) y que muchas veces enmascaran esta carencia.

Éstas son las notas al respecto:

En la zona que representa y organiza la APG-IG viven 36 comunidades, cada una de ellas constituida por 20 a 30 familias, con total de unas 5.000 personas.

De éstas solamente hay una que ha planteado su voluntad de asilamiento voluntario. Su nombre es Tentaiape (“última morada”) y está situada a unos 150 km del centro de la actual actividad industrial, el “Campo Margarita”.

Las demás tienen una estrecha relación entre sí, con Bolivia e incluso con el mundo. El 70% de los hombres de las 35 restantes trabajan en las instalaciones de Repsol en la zona. El Presidente de la APG-IG, Never Barrientos, estudió medicina en Bolivia y realizó estudios jurídicos en Bélgica apoyado por el Equipo Nizkor.

La actividad del 30% que prefiere no participar en actividades industriales se dedica a la agricultura, a la pesca y a la ganadería, menos a la caza.

Los principales alimentos de las Comunidades son el maíz (de importante cultivo en la zona) y el pescado, abundante en sus guas. El consumo de carne es menor.

Se ha producido un problema de disminución del caudal de agua como consecuencia de su utilización industrial, pero parece que no se plantean problemas de contaminación. La ganadería ha mermado en un 20 % aproximadamente, pero la caza se ha reducido a la mitad.

Los problemas prioritarios son el agua, la salud y, en tercer lugar la electricidad.

El comité de seguimiento discutió el desarrollo de algunas iniciativas ya previstas para traer más agua y el inicio de un proyecto para la electrificación. En relación con este último se examinó la posible utilización del mismo gas que se extrae, pero ello plantea por lo visto problemas complejos por el tipo de contrato en vigor y la obligación de venta a la YPFB boliviana que lo comercializa. La alternativa de diesel es evidentemente más costosa y aparentemente absurda.

Se empiezan a organizar actividades de artesanía en cuyo desarrollo se aplican proyectos concretos en el marco del Acuerdo y los medios del Fondo de Inversión creado.

De los algo más de 1.000 hombres de las Comunidades Indígenas que trabajan en el proyecto, tienen contrato “permanente” (indefinido) unos 200 (tareas de seguridad, mantenimiento, catering, …) y el resto de duración determinada establecida hasta el final de las diversas tareas que desarrollan en el proyecto. No se produce rotación de trabajadores para un mismo puesto de trabajo. Todos, permanentes y de duración determinada, tienen contratos con empresas de contratas y subcontratas. No se han planteado estar en nómina de Repsol.

El régimen de trabajo en el “Campo” supone 2 semanas de actividad, con alojamiento en barracones (“campamentos”) para ello habilitados en las proximidades de la zona industrial, con medidas de seguridad en su entorno, y otras dos semanas en sus domicilios. El salario mínimo en Bolivia hoy es del orden de 70 €uros mensuales. En Santa Cruz el salario mínimo real se sitúa en torno a los 140 € mensuales. En el Campo Margarita el salario de la mayoría de los “tercerizados” (indígenas y criollos) es del orden de 350 € mensuales.

Repsol tiene asignado a una empresa privada el control de la aplicación de las normas laborales de los trabajadores tercerizados. Éstos trabajadores tienen formas de organización. que pueden considerarse sindicales, pero aislados de la estructura sindical boliviana. Ha habido algunos conflictos laborales en relación esencialmente con el salario y algunas formas de huelga, pero en estos momentos la APG-IG no se plantea problemas en relación con las condiciones de trabajo.

No detecté interés, ni entre los indígenas ni entre los sindicalistas bolivianos, para establecer una relación entre ambas formas de organización y representación.

Se organizan planes de formación profesional para que puedan seguir trabajando en actividades similares en la zona al terminar las actuales actividades de puesta en marcha del proyecto. En opinión de la APG-IG, las perspectivas de empleo industrial en la zona para colectivo es, en estos momentos, de unos 30 años.

Se examinó en la reunión conjunta un proyecto para organizar un sistema de lavandería (que hoy se realiza fuera) para la ropa de trabajo y para la de las familias. El proyecto consiste en crear una cooperativa con medios del Fondo de Inversión, gestionada por la F-IG, lo que supondrá trabajo en las instalaciones y además en el sistema de transporte.

Junto con actividades de artesanía, hay un proyecto para desarrollar en 4 comunidades la explotación y venta de miel, partiendo de la riqueza de la flora del lugar y su traducción en mieles de calidad.

Los indígenas tienen la sensación de que el Estado no existe para ellos en sentido protector, sí como potencial agresor. Ello explica además la radicalidad con que plantean el tema de la consulta revia y el permanente intento de transformar la “consulta previa” en consentimiento previo”. Asumen sin embargo que los derechos del Convenio 169 de la OIT no supone un derecho de veto generalizado (aunque se remiten más bien a la Sentencia comentada del TC boliviano). Manifestaron su solidaridad con la marcha del TIPNIS.

En relación con los problemas de seguridad y de gestión local (con el fenómeno de corrupción, …), se manifestaba en la reunión conjunta una preocupación de cómo gestionarlo en los núcleos de población más importantes. En éstos aproximadamente la mitad de la población es indígena y la otra “criolla”, pero mientras que a los primeros la APG-IG los organiza y representa, los otros carecen de instituciones eficaces, lo que genera además tensiones entre ambas comunidades. Los capitanes indígenas contraponen su afirmada “conciencia colectiva” con el “individualismo” de los “criollos”.

La señalada ausencia del Estado se expresa esencialmente en el tema de la seguridad, aunque tienen escuelas en prácticamente todas las comunidades en las que se enseña en español y en guaraní. Los dirigentes indígenas que más intervinieron en la reunión conjunta con la empresa hablaban un perfecto español.

La sanidad estatal (“científica” decían) es bastante precaria, se están apoyando, y van a acentuarlo, en los servicios médicos de Repsol, señalando que en los últimos tiempos 4.000 de las 5.000 personas de sus comunidades han tenido algún tipo de atención médica de este tipo. Se están planteando una “clínica móvil”.

Su objetivo es desarrollar su medicina tradicional y establecer algunas formas de conexión con la “científica”. Se plantean también como acceder a la cirugía.

En la reunión conjunta se abordaron temas relacionados con algunas actividades industriales complementarias, como la extracción de áridos de una cantera a cielo abierto, en relación con la cual han impugnado la actuación de la empresa que la gestiona y han planteado modificaciones en el cobro (se trata de una propiedad indígena) y/o de multa por lo hasta ahora realizado.

En relación con el transporte discutieron el problema de una “servidumbre” a considerar y respetar. Esta cuestión plantea además que ello supondrá para una nueva comunidad (ahora
hay ya 4) la necesidad de considerarla como de “influencia directa” del proyecto, es decir las más afectadas y sobre las que se realiza una atención preferente.

En relación con los diversos proyectos indicados en esta reunión y otros en marcha, tienen previsto llevarlos a la Asamblea General de la APG-IG de noviembre para su aprobación.

En la reunión conjunta se abordó lo pactado en el “Acuerdo de amistad y cooperación” sobre una auditoría amplia, que incluya toda la historia industrial de la zona, sobre el impacto ambiental del proyecto. Repsol ha facilitado a la APG-IG una relación de 10 posibles empresas auditoras. De entre ellas la APG-IG elegirá a 3, y con esas tres se abrirá el concurso para su asignación definitiva.

Se revisó también el funcionamiento de la interlocución regular entre los “operadores sociales” de Repsol y los portavoces (“capitanes”) de las Comunidades.

La estructura representativa de la APG-IG se basa en la asamblea y el consenso a todos los niveles, con debate y decisión anual. Empieza por las familias y la agrupación de éstas en 3 zonas. Cada familia tiene un “capitán” y en las zonas hay un “capitán” y un “directorio”. El conjunto de zonas, por el mismo procedimiento, designan al Presidente de la APG-IG y a su Directorio, éstos por 2 años. En las asambleas a todos los niveles las decisiones se
toman después de debatir los temas, de presentarse los candidatos y propuestas, de examinar su actuación en el periodo transcurrido, y ello, comentan, va eliminando posibles alternativas, hasta que queda una sola propuesta. No tienen procedimiento de votación. Tampoco piensan que este sistema deba variar en el futuro.

La APG.IG asume la especificidad de su situación aún única en relación con este Acuerdo y su desarrollo. Entienden que el punto de partida decisivo fue el “reconocimiento jurídico”, por parte de Repsol, de su personalidad y de sus “usos y costumbres”. No tuve
ocasión de comentar con ellos cómo piensan que tales usos y costumbres evolucionarán a partir de la experiencia que están viviendo.

Subrayan que su experiencia debe ser un “modelo” para las demás petroleras y otras industria extractivas, pero señalan la hostilidad hacia el mismo por parte de las empresas públicas del país e incluso de las instancias sociales y políticas hoy dominantes en Bolivia. En las pocas horas que permanecí en Campo Margarita no llegué a hacerme una idea más concreta sobre si todo lo indicado, proyectos en marcha e iniciativas concretas, obedece a un
plan de acción previsto a más largo plazo por parte de Repsol y de la APG-IG. Constituyen en todo caso una referencia esencial para su posible elaboración. Son al mismo tiempo de suficiente interés para intentar ordenarlo en estas páginas y servir de referencia para acciones de futuro, aquí y también en otros ámbitos.

Existe evidentemente una asignatura pendiente, como es la necesaria implicación sindical, supranacional y de cada país, para que desde el desarrollo de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y desde las experiencias concretas que a partir del mismo se desarrollen, se vayan estableciendo unas líneas claras de la imprescindible aproximación a esta temática desde el sindicalismo organizado, particularmente desde el sindicalismo en las multinacionales extractivas que operan en zonas donde viven Comunidades Indígenas, desarrollando una estrategia y acción sindicales al respecto.