Lo cuenta hoy El Pais, pero lo sabíamos desde hace ya varios días… En concreto, los periodicos ya  habían recogido  la invitación de Mas-Colell –¡y nada menos que en el Cercle d’Economia!– a que el sector privado ocupara el sector público. El gobierno de CiU, con Boi Ruiz como maestro de ceremonias,  planea trocear la sanidad pública para abrirla al capital privado, lesionando derechos humanos básicos y colocándose, en equilibrio muy precario, en los umbrales del delito.

En el diario Público del sábado, 1 de octubre, en catalán, podían leerse una columna en la que se nos informaba que la crisis y los recortes están provocando en poco tiempo una “contracción” (¡malditos eufemismos!) de los servicios públicos. Ante eso, el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, había hecho un llamamiento al sector privado a ocupar el espacio que los “ajustes” dejan en el sector público. Nos recordaba la columna (sin firmar) que el Govern de CiU ya se manifestó a favor de que la población opte por acudir a mútuas privadas en lugar de seguir confiando en los servicios que presta la sanidad pública, pero el conseller d’economia considera que este “reemplazo” se puede aplicar a todos los sectores. “Me gustaría que tomaseis la iniciativa: ahora está muy claro que desde el sector público no se podrán atender grandes proyectos de rentabilidad económica y social”… estas fueron algunas de sus afirmaciones ante el Cercle d’Economia. Y más adelante añadió: “Esto no significa que el sector público y la Generalitat no tengan ningún papel, sino que el sector privado aproveche los espacios de los que la Administración se retirará“. Para dejarlo más claro, Mas-Colell dijo al calibrar el impacto de los recortes que “entiendo que haya quejas. Pero si todos contribuimos (añado yo a modo de ejemplo: el Govern privatizando, el sector privado aprovechando la coyuntura y la ciudadanía intentando la difícil tarea de apretarse el cinturón mientras se baja los pantalones) podremos salir antes de la situación y llegar a otras de equilibrios mayores”.  Y seguía añadiendo de mi cosecha que lo que no decía el Conseller es todo lo que nuestra generación habrá dejado en el camino de dignidad, bienestar, empleo y seguridad, y lo poco que quedará para las generaciones venideras si se cae en la trampa de perseguir los imposibles “equilibrios” del neoliberalismo.

Pues siguiendo la pista de la banda de buitres, hoy sí firman Lluís Pellicer y Ferran Balsells en El Pais que la Generalitat “planea dar el mayor vuelco en la gestión de la sanidad pública dado hasta la fecha por cualquier Administración pública en España. Con la premisa de que el modelo actual se ha quedado obsoleto, el Gobierno catalán estudia trocear toda la estructura sanitaria que gestiona ocho grandes hospitales, 286 centros de salud y un centenar de otros equipamientos en una veintena de empresas públicas que deberán someterse a las reglas del mercado. El objetivo es flexibilizar la gestión, lograr que las nuevas empresas tengan beneficios, dar entrada al capital privado e incentivar que los trabajadores se conviertan ellos mismos en empresarios del sector”, y concluyen que “este plan supone el fin del Instituto Catalán de la Salud (ICS), tal y como ha existido en las últimas décadas”.

Al parecer, el Gobierno de CiU planea desvincularse totalmente de la gestión de cualquier nivel de su sanidad pública. Y no es de extrañar. Boi Ruiz es el Conseller de la sanidad privada y sigue velando por los objetivos de la Patronal a la que servia en su alto cargo anterior,  cuando ahora su salario no procedía de los Presupuestos Generales del Estado (es decir, de nuestros impuestos), y no había entrado todavía en las puertas giratorias que comunican con tanta alegría — para los privilegiados– lo privado con lo público, lo colectivo, lo que es de todos.

De hecho, el ICS, desde la óptica neoliberal y parodiando una frase que se ha hecho demasiado popular con la crisis, es “demasiado importante para ser público”:  es un bocado demasiado apetecible para que la sanidad privada se ande con remilgos, ya que cuenta en la actualidad con un presupuesto anual de 2.892 millones de euros y una plantilla de 41.673 trabajadores.  Reúne todos los atractivos para su privatización, pero hay que estar alerta y entender que pueden sufrir la misma amenaza todos los servicios públicos:  los que son capaces de dar algún rendimiento, porque la avaricia del beneficio se antepone a los derechos de la ciudadanía, aunque con ello quede sin acceso a la sanidad o de medios de subsistencia una parte importante de la población, como ya sucede en Grecia... Y corren peligro los servicios que no son rentables porque quienes tienen más dinero no están dispuestos a pagar los impuestos imprescindibles para financiarlos… y los políticos en el poder no sirven los intereses del 99% de la población, sino que son los fieles mayordomos del 1% que está en la cima.  Si no lo evitamos, volvemos a los tiempos en los que la salud era un privilegio, una mercancía para quienes podían comprarla, y los sistemas de caridad o beneficencia más  la doble o triple responsabilidad acrecentada de las mujeres, suplirán de nuevo, con mayor intensidad,  las tensiones inaguantables de un sistema injusto y corrupto en el que los Mas-Collell y Boi Ruiz de turno ejercen su función de verdugos de los derechos de la ciudadanía.

Estoy totalmente de acuerdo con Jiménez Villarejo cuando afirma:  “La violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si así fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que “impidan” a los ciudadanos “el ejercicio de derechos cívicos”, en un precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección mas intensa como es la penal. Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual significación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, está justificado advertir que una política sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.”