EFECTIVAMENTE, UNA AGRESIÓN ESTA REFORMA LABORAL

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Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado de lo Socialdel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

“La reforma laboral será muy agresiva”, dijoen un foro internacional un ministro español. La verdad es que el uso de estaúltima palabra me sorprendió cuando la oí. Según el DRAE, en castellano eltérmino tiene varias acepciones, a saber: “Dicho de una persona o de unanimal: Que tiende a la violencia”, o “Propenso a faltar al respeto, aofender o a provocar a los demás” o “Que implica provocación o ataque”.Ya sé que en inglés –idioma en el que hablaba nuestro preboste- “agressive”se puede entender también en el lenguaje de los negocios como “enérgico”o “intenso”. Pero visto lo publicado en el BOE del sábado 11 de febrerocreo que nuestro alto funcionario estaba hablando en español cañí: cualquierade de las acepciones expuestas por el DRAE es aplicable al R Decreto-Ley3/2012, de 2 de febrero.

Nos hallamos, en efecto, ante la reforma másprofunda de nuestro modelo de relaciones laborales desde hace casi veinte años–en concreto, desde la llamada reforma laboral de 1994-. Y, precisamente por latrascendencia de los cambios, llama mucho la atención que en este caso se hayaroto una de las reglas no escritas del pacto welfariano: que las modificacionesde modelo se discuten previamente, antes de elevarse a rango de Ley entre losagentes sociales y el Ejecutivo. Es cierto que el actual gobierno había urgidoa patronal y sindicatos desde antes de su toma de posesión para queconsensuaran cambios normativos. Pero quiero llamar la atención sobre elcarácter estrictamente bilateral de esos contactos: el Ejecutivo –y ésa es ladiferencia- nunca se mojó en el tema.Y no es ésa una cuestión baladí: no es lo mismo que un gobierno diga a losempresarios y los sindicatos: “quiero cambiar el mercado de trabajo en estesentido, negociémoslo entre todos”; o que diga: “pacten ustedes lo que quieran,si no llegan a un pacto –o, incluso, aunque lo hagan como ha sido el caso, almenos en ámbitos de negociación colectiva- yo impondré mi modelo a través delrodillo de mi mayoría absoluta”. Esto último no es negociar en formatripartita: es un simple Diktat que convierte a los agentes sociales en simplesamanuenses. Una práctica autoritaria, alejada de nuestro modelo constitucional.

Desde ese punto de vista, el hecho de publicar enel BOE un sábado una reforma de este calado y recibir a los agentes sociales ellunes siguiente para ver qué piensan me parece –al margen de los contenidos delR Decreto-Ley- lo más escandaloso de este proceso. Se trata de una ruptura entoda regla, de las reglas del juego de poderes que conforman el modelo deEstado Social y Democrático de Derecho. Y es una práctica que llamapoderosamente la atención si se tiene en cuenta que una semana antes se habíapublicado el R Decreto-Ley 2/2012, sobre el saneamiento del sector financiero;norma ésta que –como se desprende varias informaciones de prensa- sí había sidomás o menos hablada y consensuada con los principales Bancos y Cajas de Ahorro–sobre todo, con una de estas últimas, según las malas lenguas-. ¿Por qué seconsensúan con las entidades financieras las normas que les afectan y no sehace mismo con patronal y sindicatos? Que yo sepa, las primeras no están contempladasen el Título Preliminar de nuestra Constitución, a diferencia de los agentessociales.

Y no me valen las famosas excusas de urgencia porla delicada situación económica de este país. Primero, porque la técnicalegislativa del R Decreto-Ley 3/2012 es bastante buena, pese a la complejidadde la modificación –es decir, no se improvisó: hace tiempo que estabaredactado-. Y, segundo, porque de las crisis no se sale sólo con cambiosnormativos, sino especialmente con consensos: o todos los ciudadanos ven claroun horizonte de mejora, o difícilmente se les puede pedir que se esfuercen yhagan renuncias de derechos. Si el futuro que se diseña es peor que elanterior, ¿para qué se esforzar los trabajadores en alcanzarlo? Pues bien, lamarginación de los sindicatos en la conformación del nuevo marco normativodetermina, a la postre, la de los asalariados. Su alejamiento y ajenidad delmarco regulador de las relaciones laborales.

Ciertamente las empresas son los principalesinstrumentos de generación de riqueza real en nuestra sociedad –aunque es ésauna obviedad que debería haberse recordado en plena orgía especulativa haceunos años- Pero las empresas no son nada sin sus trabajadores. La riqueza deverdad –no la derivada de la usura y la codicia- se crea sobre el trabajo, comola experiencia humana pone de manifiesto en todas sus etapas históricas y modosde producción.

Por tanto, regular el mercado de trabajo a favor delos empresarios dejando la salida de la crisis únicamente al “espírituemprendedor” es un error de calado. Se puede tener muchos ciudadanos con dichoespíritu, pero sin el esfuerzo de los trabajadores no se saldrá de la crisis.De ahí que, más que nunca, cualquier cambio en las relaciones laborales ha deser compensado. Porque en ese ámbito rige el principio de suma cero: lo que enun cambio normativo pierden unos, lo ganan otros. Y eso es precisamente lo que se deriva del RDecreto-Ley 3/2012. Se trata, ni más ni menos, que de plasmar en el BOE lasreivindicaciones históricas de la patronal. Sin prácticamente contrapartidaspara los trabajadores. Y la justificación de ello es la necesidad de crearempleo.

Quizás sea porque me estoy haciendo mayor. Perotengo en demasiadas ocasiones la impresión de que el discurso dominante en lapolítica –en diestra y, ¡ay!, una parte significativa de la siniestra-, losmedia y una buena porción de la ciudadanía se asemeja al de un sectario queobtenga fondos haciendo de trilero en las Ramblas barcelonesas.

Lo de “sectario” viene por la imposibilidad materialde discutir los mantras sagrados que devienen verdades absolutas por sureiteración expositiva (“lo privado funciona mejor”, “bajar impuestoes bueno para la economía”, “menos Estado y menos regulación, etc.)Y la asimilación a la figura del trilero porque todos sabemos que el juego estátrucado: lo que se dice no es, en realidad, lo que se pretende. La última“ratio” de las políticas económicas y sociales actuales (la reversión de rentasen relación al modelo welfariano, favoreciendo a las clases opulentas, comoafirmaba el maestro Josep Fontana en sus reflexiones “Más allá de la crisis”publicadas en este blog hace unos días) se oculta formalmente, aunque todo elmundo sabe cuál es su objeto (1). La aplicación de los dogmas ha llevado a unaevidente realidad: el incremento de la desigualdad en la distribución de rentasentre los ciudadanos, no sólo en los países “ricos”, también a escalaplanetaria (el famoso uno por ciento, que se ha enriquecido con elneoliberalismo) Es decir la corrupción de la noción de democracia integral –porla limitación del concepto únicamente a su vertiente libertaria- que surge dePlatón y Aristóteles y conforma las Constituciones modernas. La causa última dela actual crisis –más allá de las diversas manifestaciones en los distintospaíses- reside en esas políticas de desigualdad. Sin embargo, se sigueprofundizando impúdicamente en ellas, cómo si a un enfermo de cáncer de pulmónse le recomendara continuar fumando.

Pero es que, además, la experiencia de casi treintaaños de reformas laborales pone en evidencia lo evidente: las leyes no creanempleo. En este período de tiempo hemos asistido a experimentos legislativosvariados –fomento de la contratación temporal, fomento de la contratación atiempo parcial, contratos de fomento de la contratación indefinida, etc- Yninguno de esos cambios ha sido útil para crear empleo.

En la Exposición de Motivos del R Decreto-Ley 13/2012 se afirma,con claridad que en España se “ha destruido más empleo, y más rápidamente, quelas principales economías europeas” –lo que es indudablemente cierto- paraseñalar, a continuación, la causa: “La crisis económica ha puesto en evidenciala insostenibilidad del modelo laboral español. Los problemas del mercado detrabajo lejos de ser coyunturales son estructurales, afectan a los fundamentosmismos de nuestro modelo sociolaboral y requieren una reforma de envergadura”.Es decir, los trileros sectarios establecen el diagnóstico que el parodesmesurado que por aquí campa es causa de las tutelas del Derecho del Trabajo.¿No será que nuestra diferencia con otros países reside en el erróneo abandonode la producción en sectores con más valor añadido y la suicida apuesta casiúnica por la construcción? ¿No será que si uno ha jugado la carta de un modeloproductivo basado en la burbuja inmobiliaria, cuando ésta revienta el impactosobre el empleo es extraordinario?

Es la situación económica y social y elmodelo productivo la que determina la creación de empleo, no las leyes. Comobien ejemplarifica mi amigo Manolo Luque: ¿Cómo se explica que con la mismanormativa en Euskadi el desempleo no llegue al doce por ciento? ¿No será porquéallí no se ha desmantelado el sector industrial con el mismo afán que en otrosterritorios, con un fuerte entramado de pequeñas empresas? A lo que cabráañadir que los países septentrionales europeos tienen un índice de desempleomucho menor, pese a que los trabajadores y los sindicatos ostentan mayorestuteles, competencias e intervencionismos. La triste singularidad de nuestropaís no es de problemas estructurales del mercado de trabajo, sino de modeloproductivo. Pero eso es algo de lo que los trileros sectariosno quieren oír hablar.

En esa tesitura el empleo se convierte en la granexcusa de la nueva y significada reversión de poderes en la empresa y en lasociedad, entronizando el poder del empresario (y, por ende, de los poderosos),capidisminuyendo las competencias de las personas asalariadas y ninguneando alos sindicatos. Porque de lo que se trata, de verdad, no es crear empleo. Todossabemos dónde está la bolita: en el cubilete que esconde la reversión del pactode rentas del Welfare; por tanto, proseguir en la senda de la desigualdad. Yqué mejor momento para dar un golpe de timón que en medio de una enorme crisissistémica, con un sindicato débil por el incremento del paro y su constantedeslegitimación mediática y con una izquierda desarbolada y carente de la másmínima propuesta alternativa.

Esa es la lógica del R Decreto-Ley 3/2012 y no, elempleo. Y aunque reiteradamente su Exposición de Motivos reclame que se tratede un cambio normativo equilibrado en el que ganan trabajadores y empresarios,la simple lectura del contenido de dicha norma pone en evidencia su fin último:dotar de mayores poderes a los empleadores, incrementar la desigualdadcontractual entre las partes y reducir el papel de los mecanismos compensadoresde la desigualdad, significativamente la negociación colectiva y el sindicato.

Pero reitero: eso nada tiene que ver con la crisisy el empleo, sino con el intento de reversión del modelo welfariano que seplasma en nuestra Constitución (cada vez más alejada de su espíritu original,ahora que contiene referencias a la austeridad). No está de más recordar quebuena parte de las medidas ahora adoptadas eran bandera reivindicativa depatronal y de sectores académicos y mediáticos en la época de las vacas gordas.Y que el modelo al que se acusa de rígido no fue óbice para un exponencialcrecimiento del empleo –eso sí: basado en la construcción y actividades anexas-,que exigió mano de obra barata, esencialmente foránea.

Pero es inútil intentar hablar racionalmente consectarios. En el BOE del pasado sábado se recogen las viejas reivindicacionesde la patronal: se consagra el fin de la intervención administrativa en losdespidos colectivos y en las suspensiones contractuales y de reducción dejornada, se veta a los jueces el control finalista de dichas medidas, seabarata el despido para todos, se suprimen los salarios de tramitación, seimpone un concepto de flexibilidad unidireccional y autoritario, se permite ladisponibilidad por el empresario de lo pactado en convenio colectivo y sepermite el descuelgue universal del contenido del convenio y ya no sólorespecto al salario. Y se añaden otras medidas que no habían sido reclamadas:así, se permite que las ETT actúen como agencias de colocación, se crea unnuevo contrato que permite al empresario –además de percibir incentivosfiscales de hasta 3000 euros y embolsarse el cincuenta por ciento de laprestación de desempleo que percibía el trabajador contratado- despedir como sifuera un período de prueba –es decir, sin indemnización, ni control judicial-durante el primer año, ser permite realizar contratos de aprendizaje con lamisma persona para distintas profesiones, se permite que los trabajadores atiempo parcial puedan hacer horas extraordinarias, etc.

Sin duda, el sueño húmedo de un neoliberal. Endefinitiva, la ruptura del ya precario equilibrio de fuerzas entre empresariosy trabajadores y la capidisminución del poder del sindicato y del convenio. Con todo, eso no es lo peor. Lo peor es que, comoha pasado con todas las reformas impuestas anteriores, cuando de aquí pocosaños se ponga en evidencia que esta reforma no ha servido para crear empleo,querrán más. ¿Por qué no, ya puestos, prohibir los sindicatos y la negociacióncolectiva?... ¿es qué no alteran la libre competencia, como afirmaban losliberales decimonónicos?

Y mientras la democracia se degrada, la izquierdasigue en sus trece. Unos, haciendo congresos cuyo eje central era la elecciónde un líder y no de renovación de ideas. Otros, confiando en la instauración dela III República.Y los de más a la izquierda reclamando la defensa del Estado del Bienestar delque abominaban hasta hace pocos días.

¿Por qué no habré nacido yo sueco?