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NOTAS DE URGENCIA DESPUÉS DE LA HUELGA GENERAL DEL 14-N: ¿TRATA EL RÉGIMEN DE SUCEDERSE A SÍ MISMO?
La erosión en la legitimidad del sistema político vigente en el Reino de España, convertido en instrumento de gestión del pago de la deuda y gestor de las políticas neoliberales de ajuste estructural, dio durante los últimos meses un salto cualitativo. El 25S y 11-S abrieron un escenario de desestabilización del régimen, que es también la culminación política de dos años de movilización contra las políticas de ajuste que priorizan el rescate a los bancos y el pago de la deuda a los derechos y conquistas sociales, pilares del régimen constitucional de 1978.
La Huelga General del 14N muestra los límites actuales de la contestación social, incapaz en esta ocasión de articular las fuerzas para ir más allá de una impugnación total, pero que hace insostenible una continuidad sin más de la política actual. Al no quedar en un primer plano la posibilidad de una ruptura democrática, las élites pueden intentar un cambio político en clave de recomposición para ganar tiempo y margen de maniobra. Podemos encontrarnos ante un escenario en que el PP sea capaz de sucederse a sí mismo al frente del gobierno, liderando un nuevo rumbo político en que se reconozca implícitamente un fin de etapa. El pilar de la nueva política estatal se asentaría en un cierre de filas ante una situación de excepción, planteando la necesidad de una unidad nacional alegando que en tales condiciones se podría afrontar la negociación ante la Troika y la gestión del conflicto social. En el núcleo del planteamiento estaría seguir evitando el fantasma del rescate a la griega y apuntarse el tanto del relajamiento del ritmo de las políticas de ajuste.
Las conversaciones entre PP y PSOE a propósito de los desahucios, las declaraciones de la CE en el sentido de que no se exigirán nuevas medidas de ajuste al Reino de España y las del FMI en el sentido de la necesidad de promover el crecimiento, muestran el camino de lo que puede ser la nueva política. Esta pasaría por promover acuerdos sobre los grandes temas políticos, incluso ofreciendo un pacto de gobierno de unidad nacional. El discurso se articularía gracias a la complicidad de las grandes corporaciones mediáticas, en una lógica en la que los partidos queden en un segundo plano y aliviar los síntomas del sufrimiento provocado por las medidas de dumping social. La derecha catalana se prestaría con toda probabilidad a ofrecer tácitamente apoyo al programa para la restauración del orden, mientras escenifica el desarrollo del conflicto nacional. Tal política exigiría además recuperar el papel de interlocución social de las organizaciones sindicales, a las que tratarían de atraer con concesiones menores. Se trataría, en definitiva, de un giro lampedusiano para aparentar la vigencia del pacto social mientras se protege una reestructuración del sector privado, en la que juega un papel fundamental la privatización del activos públicos.
¿Se abrirá sobre la base de victorias parciales un periodo de consolidación de los procesos de recomposición popular en marcha? ¿Será posible la articulación nacional, estatal y europea de estos? La ruptura del pacto de clases de posguerra es histórica y la única posibilidad de variar la correlación de fuerzas en favor de las clases populares es vertebrando una alianza rupturista que emerja de los procesos de movilización en marcha. Urge ver hasta qué punto el plan anunciado por las centrales sindicales conecta con este proyecto.
Luis Juberías y Edgar Manjarín
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