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José Luis López Bulla PRIVATIZANDO, QUE ES GERUNDIO
José Luis López Bulla

Todos los indicios apuntan a que el govern català se orienta a privatizar 18 instituciones sanitarias, una parte considerable de la red de ambulancias y un conjunto de laboratorios de investigación.  El informe de PWC es claro (1). Sin embargo, el metalenguaje del consejo del ramo, Boi Ruiz (durante años presidente de la patronal catalana de la sanidad privada) no sólo lo niega sino que afirma bombásticamente que él no ha encargado informe alguno. En tiempos normales, sin embargo, lo sensato hubiera sido que nosotros no trabajáramos sobre sospechas sino sobre datos. Pero vivimos tiempos de la más rotunda anormalidad: las más altas instituciones españolas andan en juzgados, y cada día que pasa recuerda los viejos nomeolvides, «más que ayer y  menos que mañana».

¿Hay algún alma de cántaro que una consultoría de alto coturno que emita un dictamen sin que ninguna autoridad se lo pida? Y que, por supuesto, apoquine la factura ipso facto. No nos creemos a Boi Ruiz porque su palabra está tan devaluada como la del resto de los jerarcas –ya sean mesetarios o periféricos--  que en este mundo han sido, son y nos empeñaremos que no lo sean en adelante.

Ahora bien, el problema de fondo no es la credibilidad de la palabra del gobierno de la Generalitat. Elproblema es otro, a saber: que podría llevar a cabo la gigantesca privatización sin una oposición política y de masas capaz de frenarla. Artur Más y sus proveedores han estructurado hábilmente un diseño que, refugiándose en los agravios de ayer y de hoy contra el pueblo de Catalunya, intenta anestesiar a la ciudadanía bajo el lema del dret a decidir [derecho a decidir]  y que ésta se olvide de los problema y dé carta blanca –o acepte resignada--  la operación neoliberal. Aproximadamente es la «revolución pasiva» de la que habló con tanta perspicacia Antonio Gramsci.

Esa organización consciente de la distracción se da, precisamente, cuando el partido más influyente de la coalición nacionalista, Convergència Democràtica de Catalunya, se encuentra en una serie de problemas de padre y muy señor mío: la sede central embargada y la  hipotética imputación de su secretario general, Oriol Pujol i Ferrusola, por el caso de las ITV.   

La sociedad civil organizada catalana debe ponerse en pié. Incluso los que defienden «estructuras propias de Estado». Porque, ¿qué estructuras propias de Estado son éstas, que se orientan a la privatización de lo público?



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