«El portavoz económico de IU en el Congreso, Alberto Garzón, cree que aquellos miembros de su formación que formaban parte de consejos de administración de cajas de ahorro y que comulgaban con las prácticas "caciquistas", las políticas especuladoras y los elevados sueldos de sus directivos, deberían ser sancionados en los tribunales», se afirma en el digital Diario progresista. Comparto el planteamiento.
Por lo general, hasta la presente la crítica de los partidos a la corrupción tenía un solo sentido: eran implacables con la del adversario y timoratos –o rotundamente silentes— con la de sus parciales. Esta ha sido una actitud que viene desde tiempos antiguos: de hecho al mismísimo Perícles le sacaron los colores, aunque no estoy en condiciones de saber si con razón o sin ella.
Digamos que admitiendo que un determinado partido (o asociación) no es necesariamente responsable de la corrupción de uno de sus miembros o cualquiera de sus estructuras pero si, callando, mira para otro lado es, responsable de su silencio encubridor. De manera que Alberto Garzón, ajeno al estrabismo político, pone en este caso el dedo en la llaga. Es como si nos dijera este joven diputado que la cuestión moral empieza en autoexigencia moral de la propia organización (partido, sindicato, asociación…).
Por lo demás, tengo para mí que partidos y sindicatos deberían reconsiderar algunas de sus «relaciones institucionales», al menos en las corporaciones financieras, ese avispero que ha sido una fuente de problemas. Bankia no ha sido una excepción.