En otro de sus reportajes imprescindibles, Jessica Mouzo Quintans recoge las declaraciones de la Coordinadora de entidades del SAP Muntanya, integrada en la PDS y formada por 12 asociaciones vecinales y sindicatos sobre derivaciones de enfermos de la pública a la sanidad privada. Según la propia dirección del hospital, desde principios de año ya suman 575 las intervenciones con tiempo límite de espera que se “traspasaron” al Hospital del Sagrat Cor, de titularidad privada, lo que significa un 12% de la lista de espera en artroscopias (20 pacientes), otro 20% de las intervenciones de rodilla (unas 90), más un 10,5% de las de juanetes (15 operaciones) y finalmente un total de 450 cataratas (que corresponden al 21% de la lista de espera de esta patología). Ya ven ustedes, intervenciones no especialmente complicadas, de las que la sanidad privada agradece. Por ello, el médico Josep Martí, ex director asistencial del Vall d’Hebron y miembro de la Coordinadora del SAP Muntanya, y uno de los redactores del Manifiesto por el derecho a decidir nuestra salud y el sistema sanitario de Catalunya, afirma que “estamos asistiendo a una privatización encubierta por la vía de los hechos”.

También la Junta de Personal del Hospital de Bellvitge denuncia la desaparición de “unos mil pacientes de la lista de espera” entre junio y julio. “No puede ser que se deriven operaciones a otros centros cuando Bellvitge tiene capacidad para asumirlo. Que doten de recursos y presupuesto a este hospital público en vez de mandarlos a la privada”, explicó la delegada de Metges de Catalunya, Teresa Fuentelsaz.

Pero así impone también Boi Ruiz la privatización, que quiere manener lo más oculta posible, y que una mayoría parlamentaria esta semana, gracias al pacto PSC-ERC, no se atrevió a condenar. Tiene sentido, pues, lo que ha escrito Carlos Jimenez Villarejo, ex-fiscal anticorrupción, en el blog de Dempeus y que en parte transcribo aquí. Jimenez Villarejo opina, con su solidaridad y apoyo a los pacientes, usuarios y familiares de la sanidad pública y en concreto de Bellvitge, que no se trata de hechos nuevos, sino “la consecuencia, esta vez ante una ejemplar rebeldía ciudadana, de las políticas neoliberales y, por tanto, de reducción y privatización de la sanidad publica, como lo han acreditado las actuaciones de colectivos sanitarios y de Cafeambllet. Ya meses antes, Boi Ruiz y su equipo directivo fueron denunciados ante la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia,por muchas razones. La principal, la imposicion arbitraria e injusta,en favor de sus intereses privados-de donde procedían-de una privación a los ciudadanos de un derecho cívico fundamental, como es el derecho a la salud. Denuncias que fueron rechazadas. La impunidad que les otorgó el carpetazo a dichas denuncias ha estimulado su respuesta actual, que está llevando los hospitales, por imposicion de los políticos irresponsables,a “denegar la asistencia sanitaria” a muchos pacientes, otra forma de delito que equivale a acentuar el desamparo y desasistencia clínica de los mismos.”

Jimenez Villarejo, que ayer fue personalmente a manifestar su solidaridad con la #rebeliónBellvitge sugiere que más que reprobaciones destinadas a no salir adelante, es tiempo de superar las estrechas vias parlamentarias y formular “una querella criminal contra esos responsables del hundimiento de la sanidad pública en Cataluña”, como la que hace tiempo planteó ICV, por fraude fiscal, contra Emilio Botín y todo su equipo del Grupo Santander. En opinión de Carlos Jimenez Villarejo, el “estado actual de la sanidad publica exige a la izquierda respuestas más duras y más comprometidas. Lo demás, una vez que pasan los primeros momentos, se convierte en superfluo. Los ciudadanos y, sobre todo, los pacientes de Catalunya no lo merecen. Está en juego su salud y su dignidad, antes que promesas controladas, que no se olvide, por la derecha nacionalista.”

Y vistos los últimos “descubrimientos” sobre cuentas en Suiza de quien lideró durante tantos años esta derecha nacionalista (y que tanto persiguió a Carlos Jimenez Villarejo por hacer bien su trabajo en la Fiscalía) las recomendaciones de quien salió elegido eurodiputado por PODEMOS cobran (si es que hacía falta) mayor sentido.