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José Luis López Bulla Referéndum para qué
José Luis López Bulla



Pedro López Provencio


En este lugar del suroeste de Europa se viene discutiendo sobre la titularidad de la soberanía. Para unos reside en el conjunto del pueblo español, tal como establece la Constitución del 78, y para otros está o debe estar dividida entre las distintas naciones que cohabitan la península Ibérica. O sea, se discute sobre si la soberanía es una o es trina en el ámbito del Estado español. Asombra el interés que despierta.


Al parecer, y con independencia de la historia, la cultura, la lengua, la geografía, etc., una Nación existe cuando así lo siente un numeroso grupo de personas que habitan un territorio determinado. O sea, la Nación es un producto de la imaginación coincidente en una colectividad de personas que forma una sociedad determinada. En ésta sociedad pueden coexistir una o varias culturas, diferentes lenguas, con alguna dominante o no, historias compartidas o no, etc. Hay naciones que se proclaman milenarias y las que cuentan con poco más de un siglo. Y pueden llegar a coexistir una dentro de otra como, por ejemplo, la Nación Apache dentro de la USA.


En este noreste de la Península Ibérica, hay gente que cree pertenecer a la nación catalana, hay quien siente que pertenece a la española y hay quien piensa que puede llegar a integrarse en la europea. Se puede tener vínculos con una sola nación y es posible sentirse concernido por varias.


Según el Tratado de Maastricht de 1992, es europea toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La Constitución del 78 delega en la ley qué cosa es ser español. Y según el Estatuto de Autonomía de 2006 es catalán el español que tiene su vecindad administrativa en Cataluña. Sin embargo, y a pesar de esto, hay algunos españoles que ni se sienten ni desean serlo, algunos catalanes que tienen ideas muy distintas de qué es ser catalán y otros que se sienten tan catalanes como españoles. Lo de europeo, de momento, no se percibe con igual pasión.


Para las personas como yo, que anhelamos la imaginación al poder, esto es prodigioso. Que se agrupe la gente, por su instinto gregario y el deseo de pertenencia, parece muy positivo. Lo malo es cuando intereses bastardos lo aprovechan para crear enfrentamiento entre gentes utilizando su vinculación nacional. Casi siempre con el objeto de distraer al personal y evitar que se fijen en otros asuntos que más pueden afectarles. O, como ha sucedido varias veces en la historia, que lleguen a matarse en guerras por intereses que no les son propios, en beneficio de los que los incitan al enfrentamiento.


Otra cosa distinta es el Estado. En la actualidad éste se concibe como una forma de organización jurídica de la sociedad, que suele propugnar, como valores superiores, la libertad, la justicia y la igualdad, amparando asimismo el pluralismo político. Ejerce los poderes legislativo, de ejecución y jurisdiccional.  Y se conforma mediante un conjunto de instituciones, que tienen el poder de regular la vida comunitaria en un territorio determinado y, además, es reconocido por la comunidad internacional como sujeto de derecho internacional. Para garantizar su soberanía puede disponer de una moneda, de unas fronteras y de unas fuerzas armadas.



El Estado actúa mediante la Administración Pública integrada por funcionarios, condición a la que se debe acceder a través del mérito, la capacidad y la publicidad. Ésta es quien ostenta la personalidad jurídica necesaria para ejercer sus funciones. En su cúspide de sitúa el Gobierno, con legitimación democrática. Ha de servir con objetividad los intereses generales, actuar de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Y así como los particulares pueden hacer todo lo que las leyes no prohíben, la Administración Pública solo puede hacer lo que las leyes le asignan o permiten expresamente.


En España existen varias Administraciones Públicas. Tantas como gobiernos, central, autonómicos y locales. Cada una con su personalidad jurídica diferenciada para el cumplimiento de las competencias asignadas, exclusivas, compartidas y/o concurrentes.


Hoy el Estado, en nuestro continente, ya no es lo que era. Sus poderes y funciones están extremadamente distribuidos. Unos hacia la comunidad europea y otros hacia las comunidades autónomas. De tal manera que la política monetaria y, en buena parte, la financiera reside en Bruselas. Las fuerzas armadas se han internacionalizado con la OTAN. Y las fronteras, aunque con retrocesos en lo que respecta a las personas, han desaparecido en el territorio europeo. Funciones tan importantes como la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales, la policía y la seguridad, algunos transportes, etc., pertenecen a las comunidades autónomas.


Como consecuencia de esta complicadísima distribución organizativa y de poder, es lógico que surjan controversias y disfunciones que precisarían, en nuestro país, de mejores y auténticos organismos de relación y coordinación. Que los distintos actores actúen regidos por los principios de la buena fe y la diligencia de un buen padre (o madre) de familia. Así como una mejora de la financiación que atienda a principios de suficiencia, ordinalidad y relación entre la titularidad de la recaudación tributaria y los servicios que presta y a que van destinados los recursos.


Así las cosas, gran parte de los nacionalistas catalanes, enarbolando una lista de agravios, vienen reclamando la secesión exprés de Catalunya, obviando el ordenamiento jurídico vigente. Teniendo en cuenta ese deseo, gentes mayoritariamente de izquierdas, con buena voluntad y atendiendo a criterios democráticos, reclaman un referéndum a fin de conocer, con precisión, si existe una voluntad suficientemente mayoritaria o no, coincidente con los deseos secesionistas. Ello a pesar de que, en todas las elecciones legales, los que postulan la independencia, han quedado siempre en minoría de votos.


No obstante es lógico que los que desean la secesión procuren las acciones que les encaminen a ello. Los que no deseamos la secesión no tenemos por qué procurarlas, aunque podamos acceder en base al principio democrático.


La contradicción se establece cuando los que quieren la secesión no quieren el referéndum, porque ya han optado por otros medios, y los que no quieren la secesión van reclamando el referéndum. Lo que resulta perfectamente incongruente. A no ser que se trate de juego trileros que pretenden estar “en misa y repicando”.



Siempre hemos sido la gente sencilla y los trabajadores los que hemos pagado, con creces, los enfrentamientos nacionalistas a los que nos impulsan los poderosos prometiéndonos la Arcadia feliz.



Un sueño de armonía y de paz, un Estado deseado en el que se podrá vivir en equilibrio con la naturaleza, un lugar en donde no existirá el desarraigo. Durante más de dos mil años, mientras la guerra triunfa y el poder bendice sus sangrientas empresas, nunca han faltado voces mercenarias que mantuvieran viva esa perpetua llamada bucólica a la simplicidad, ese mensaje de una fácil felicidad.



Ante el empecinamiento y el aislamiento del gobierno de la Generalitat, que Dios nos coja confesados.



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