En la entrada anterior, LA HUELGA DE PEAJES EN LAS AUTOPISTAS CATALANAS, hacía una somera referencia al comportamiento del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña con relación al mencionado conflicto. De hecho, para decirlo sin perifollos, podríamos convenir en que se trata de una perturbación –de otra más— de lo dejà vu. Porque, efectivamente, esta es la enésima vez que las autoridades decretan unos servicios mínimos que, posteriormente recurridos, acaban siendo desautorizados enérgicamente por los Tribunales. Eso sí, por lo general con algunos años de retraso. Se podría decir que con eso contaban las autoridades del Departamento de Trabajo que, en estas cuestiones, han actuado por lo general de manera indistinta a cómo actuaron los anteriores gobiernos en manos de la derecha.


Y no será por las sucesivas advertencias y observaciones del sindicalismo confederal a las autoridades. El efecto cerumen –del que nos alertó Jacques Derrida en su día— ha vuelto a funcionar. Sí, el efecto cerumen: no querer oír a quien habla. Acompañado por el efecto visera: no querer ver a quien te mira, y de paso provaricar (atención, he dicho provaricar, no lo que te parece haber leído), esto es, hacer las cosas mal a queriendas y sabiendas.


Esta provaricación (no he dicho prevaricación) se explica por: tener conocimiento de lo que en estos casos, más o menos similares, han dejado sentado los tribunales; saber a ciencia cierta que los peajes de las autopistas no son servicios esenciales de la comunidad; tener cumplida información que los servicios mínimos intentan ser un mecanismo tuitivo de los usuarios y no de las empresas. De ahí que, en buena lid, sea exigible que el Departamento de Trabajo de la Generalitat justifique en qué dogmática jurídica se ha apoyado para elaborar un decreto tan desajustado a derecho.


Por lo demás, al cerumen y la visera se han juntado el efecto contagio. En primer lugar, la tolerancia del derecho de huelga en clave de fastidio como, en estas situaciones, siempre actuó la derecha. Es como si el poder tuviera un carácter ontológico al margen de las orientaciones de izquierda o derecha. En segundo lugar, parece como si también la izquierda, cuando está en el gobierno, concibiera el Derecho del Trabajo –el más eurocéntrico de todos los derechos, según Aris Accornero— como otro de los cascotes del siglo XX que debe ser desplazado labilmente hacia el territorio del iusprivatismo. Y en tercer lugar, el acercamiento de quienes han elaborado el decreto al error de los revisionistas que, según Umberto Romagnoli, creen “creer que definitivamente han clausurado una búsqueda secular solamente porque entienden que el derecho (incluso el del trabajo) no puede ser ya algo más y distinto de la reproducción de un orden natural preexistente fuera de él; que debe tener una vocación gregaria y al servicio de la economía; que su racionalidad empírica debe ser indicio más de docilidad que de inteligencia pragmática”.


Postdata. Sesudos académicos vendrán cuando llegue el día de las elecciones para explicar las razones de los niveles de abstención. Esperemos a que nos den sus razones. De entrada, un servidor se atreve a dar una explicación chusquera: de mica en mica s´omple la pica. ¿Estáis en lo que es? En la foto de arriba, el profesor Héctor Barbagelata se hace cruces ante tales contagios.