El amigo Fernando Comas, autor del blog Pharmacoserias a quien pronto podremos oír en Barcelona en una Jornada contra el Repago que está co-organizando Dempeus per la salut pública, me manda este texto de Héctor Abad Faciolince publicado en la edición digital de El Espectador.com. Seguramente Fernando estaba seguro que la historia me conmovería, como así ha sido. Pero no es eso lo que cuenta. Lo que importa es que desvela el tremendo impacto que puede llegar a tener la falta de servicios públicos que garanticen equidad, seguridad e igualdad de oportunidades (en este caso, poder asistir a la escuela sin representar una carga económica  para la familia).

La necesidad de que todas las personas puedan tener acceso a los servicios públicos fundamentales debería formar parte de nuestro acervo cultural y nuestros valores sociales; y la razón (nuestra razón individual y colectiva) debería entender con toda facilidad que debe existir  un sector público potente que asegure   --por el bien de la democracia-- una mejor distribución de la renta y  el derecho universal a la salud y la enseñanza,  fundamentando en firme  la igualdad de oportunidades... Si así fuera, no sería necesario tener que leer o difundir artículos como el que siguen, simplemente porque los hechos que narra no se producirían.

Que las conquistas en enseñanza y salud se incorporaran a lo que se denomina "Estado del Bienestar" no es casual: el terrible MALESTAR social que implica su ausencia, su recorte (especialmente en tiempos de crisis) o su pérdida se refleja, desgraciadamente, en textos como éste:

La historia es triste y muy simple. Sucedió hace 15 días en Bogotá. Ángelo González, un niño de 13 años, buen estudiante, tranquilo, alegre, para no tener que pagar el pasaje del Transmilenio, intentó colarse en el sistema saltando la barrera por un lugar prohibido. En ese momento llegaba el bus, que lo arrolló.

Su cuerpo quedó aprisionado debajo de las llantas, muerto. La falta fue del niño, no del conductor. Pero la falta del niño debe matizarse mucho cuando se piensa en lo que quería hacer: ahorrarle 1.600 pesos a su familia. Tres días después de la muerte trágica del hijo, su padre, Jorge González, enfermo de culpa y dolor, apuntó una pistola contra su pecho y disparó.

Si yo tuviera 13 años y viera que en mi casa hacen mucho esfuerzo para pagarme el pasaje del bus, intentaría colarme. Si yo fuera padre y un bus aplastara a mi único hijo porque él intentó ahorrarse el pasaje, que quizá yo le di refunfuñando por el alto costo del transporte, me darían ganas de matarme. Estoy de acuerdo con Ángelo y con Jorge: los dos hicieron algo que no es absurdo sino muy comprensible. Su historia me conmueve y lo único que espero es que esa tragedia sirva de algo.

Si Colombia creyera de verdad que la educación de todos los jóvenes —ricos y pobres— es fundamental para nuestro desarrollo, y para el pleno desarrollo de cada ser humano, tomaría una medida que no es impracticable para el presupuesto nacional: los estudiantes, todos los estudiantes matriculados en cualquier institución, entre los 5 y los 25 años, deberían tener subsidiado por el Gobierno su transporte. Estar matriculado debería equivaler a tener el transporte público pagado.

Echen números: si uno se gana 600 mil pesos mensuales y es padre de familia, la cuenta del transporte público para un hijo estudiante es la siguiente: 3.200 pesos diarios por cinco días a la semana: 16 mil. Por cuatro semanas: 64.000. Si tiene tres hijos (como era el caso de la familia González) en solo pasajes se van 192 mil pesos, y eso contando solo dos viajes al día y ninguno el fin de semana. Si los padres también toman el bus, la cifra sube hasta 320 mil pesos. Esta es una familia colombiana corriente: tres hijos, padre y madre, salario mínimo. Si un tercio del salario mínimo se va en el transporte de los hijos, si más de la mitad del salario mínimo se va en el transporte de la familia, es imposible sobrevivir. Es como si una familia que gana 6 millones de pesos al mes se gastara en el solo transporte 3 millones: sería desesperante, imposible de aguantar.

¿Cómo financiar el transporte a los estudiantes? No soy político ni legislador ni economista. Pero creo que costaría menos de lo que nos gastamos en balas de fusil, en corbetas, aviones de guerra y helicópteros artillados. Menos de lo que se roban los paramilitares metidos en las empresas de salud. Hemos crecido con la mentira de que Colombia es un país muy pobre. No es tan pobre. Es un país saqueado por los ladrones y por los corruptos. Cuando haya un gobierno nuevo que no robe y que esté interesado en la educación, cosas como esta que propongo se podrían hacer. Tenemos con qué.

En estos días, conversando con un campesino que ordeña vacas a 9 kilómetros de la cabecera municipal, éste me dijo que, aunque era gratis, él no podía mandar a sus dos niñas a la escuela. ¿Por qué? Porque la cuenta no le daba: 8 mil pesos diarios, por 20 días al mes, son 160 mil pesos. Como trabaja por horas, gana menos del mínimo. Las niñas no se pueden ir a pie. Tiene un buen motivo para no mandarlas. El Estado tiene que asumir al menos parte de este costo de la educación: el transporte. ¿Cómo? Sacándonos a los ciudadanos más pudientes, a través de impuestos, el dinero para pagarlo. Los estudiantes, todos, deben tener asegurado algún transporte público subsidiado. Es un mínimo acto de justicia social. Indispensable. Para que niños de 13 años no se vuelvan a matar por ahorrarse el pasaje; para que padres de 53 años no se suiciden por la pena moral.

* Héctor Abad Faciolince

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