Un artículo de La Jornada está levantando ampollas entre la sociedad mexicana y muestra la desagradable cara de la misoginia y la prepotencia hacia mujeres humildes. Antes de seguir leyendo, tengan en cuenta el siguiente dato: según la ley en vigor, en el estado de Guanajuato el aborto se castiga hasta con tres años de cárcel y puede concederse la libertad bajo fianza. Como algunos legisladores deben considerar que el Código es demasiado blando, se ha condenado a seis mujeres que abortaron de manera involuntaria, a causa de su desnutrición, por "homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación", a penas de más de 25 años de cárcel.

La realidad es que en Guanajuato se ha desencadenado una lucha desigual contra unas pobres mujeres, inventándose unos cargos que no se corresponden con la realidad, pero además, según cuenta La Jornada, se les ha prohíbido también hablar con la prensa al tomar cartas en el asunto dos diputadas que se encadenaron en protesta, y cuando las Naciones Unidas ya habían decido enviar a México a la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, que viene a tomar nota del caso y abogar en favor de las jóvenes campesinas.

La monstruosa violencia que en algunas zonas de México se infringe y tolera hacia sus mujeres merece una acción mucho más enérgica de las instituciones internacionales.  La sinrazón misógina mexicana no queda en los límites de la tristemente famosa Ciudad Juarez. Entre los muchos comentarios que ha suscitado la noticia se afirma: "Parece que abusar de la fragilidad de nuestra población indígena se ha convertido en una afición para practicar un racismo descarado e hipócrita por parte de ciertos panistas con poder(Guanajuato y Querétaro). Este caso debe recorrer el mundo porque es un atropello descarado a los derechos humanos".

Sobre Guanajuato, en concreto, otro ciudadano opina que todas estas irregularidades se dan porque "!la gente de su sierra es la más pobre de México, hay hambruna y los niños andan descalzos y no van a la escuela. Las autoridades guanajuatenses son las más injustas y abusan de su poder".

Tampoco, al parecer, la ayuda legal que puedan tener las mujeres acusadas es nada efectiva: "les quitan el dinero y les hacen vender todos sus animales. Es claro que estas mujeres son inocentes, las autoridades les hacen firmar lo que ellos quieren y las amenazan. Esas mujeres campesinas ni siquiera saben leer ni escribir". mientras otra ciudadana mexicana expresa su indignación ante esa injusticia (una más, contra mujeres humildes mexicanas) y se pregunta ¿cómo hemos abandonado a estas mujeres, durante años?

Uno de los comentarios destaca el papel que jugaron los médicos que acusaron a dichas mujeres y el sistema judicial que busca el delito por el cual puede condenar de forma desmedida basados en una ideología que rezuma un odio patológico y fanático hacia esas pobres mujeres. Lo insólito de la acusación, el atraso de la Ley, la tergiversación del código para que las condenas resulten escandalosamente largas han hecho que muchas personas que comentan la noticia recuerden otros países donde se condena a las peores penas a las mujeres, como la de morir lapidadas, llegando a afirmar que "no debe espantar la lapidación cuando los fundamentalistas mexicanos matan lentamente de forma igualmente bárbara...". Por eso no es extraño que otra persona reclame para las pobres mujeres condenadas una portada de la revista TIME, como la que denunció en una foto de gran impacto que a una mujer musulmana le habían amputado la nariz y las orejas....

Finalmente, desde Punts de Vista nos sumamos a la petición que expresaba otra ciudadana mexicana por la inmediata liberación de esas seis mujeres, compartiendo su pronunciamiento por un Estado Laico y moderno, por un Estado de derecho que garantice los derechos humanos de todas las mujeres, sin que se penalice el aborto.

En la foto, las legisladoras perredistas Leticia Quezada y Claudia Elena Águila, durante la protesta. Foto Carlos García

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