Artículo publicado en la Revista

La ya cansina discusión sobre el copago encubre de hecho una privatización de los servicios públicos de sanidad y un “adelgazamiento” de la responsabilidad pública en un tema clave para la equidad y la disminución de desigualdades, y tiene lugar, además, cuando desde la OMS se está hablando de todo lo contrario, de “incluir la salud en todas las políticas” dándole un papel de primer orden en la agenda de lo público. En la propia OMS se encuentra abundante bibliografía que denuncia la amenaza que para la equidad suponen medidas de ese tipo. Los “ahorros” sociales que puede suponer el hecho de que realmente desincentive algunas visitas no del todo necesarias no compensan en manera alguna el riesgo personal y social en que se incurre por la barrera clasista y económica que supone el copago. (Camprubí, 2010) La documentación contrastada y la evidencia científica demuestran que, en sus distintas fórmulas, el copago reduce siempre, sin discriminar, tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, afectando a la salud en general y a la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos. En este sentido, la OMS debería recuperar su independencia, imponiendo sus criterios en todos los temas relacionados con la salud a las demás organizaciones internacionales que aplastan a la inmensa mayoría de la población bajo el dictado de las patentes y el supuesto “librecomercio” (OMC) o las finanzas (FMI.

Justificaciones que sonrojan

En España, además, esta discusión aparece día sí y otro también en los medios de comunicación, siempre desde una supuesta “imparcialidad” que acaba por propugnar de forma injustificada la necesidad del “copago”, y en estas última semanas acompañando para mayor sonrojo el decreto de congelación de pensiones, disminución de salarios y plantillas del funcionariado…. Toda una amplia ofensiva, que en la Unión Europea abarca diferentes frentes y modalidades, y con los que se pretende acabar con los últimos vestigios de un pacto social europeo surgido de la II GM en una correlación de fuerzas que se olvida demasiado a menudo, suplantándolo por un “modo de vida americano” que no es otra cosa que el “modo de explotación” americano, con derechos sólo para los ricos, y salud para quien se la puede pagar. No debe olvidarse que la crisis se usa también, de manera oportunista, no sólo para incrementar en mayor grado la regresiva redistribución de la renta entre los factores de producción (trabajo y capital), sino para debilitar también las resistencias sindicales y las defensas de las organizaciones sociales.

En ese sentido, todo ataque al sistema público de salud, y la propuesta del copago en particular, es especialmente lesiva para mujeres y las personas inmigrantes en dos sentidos: porque supone confiar los “flecos” del ajuste en lo cotidiano a la aparentemente infinita capacidad de asumir trabajos y tensiones de las mujeres (lo cual se está demostrando que ya está llegando a un límite) y por otro lado porque tal como se plantea por parte de los sectores más reaccionarios de la población la disputa social por unos servicios públicos que se hacen más escasos por la crisis, despierta y da aliento a una xenofobia que puede causar graves problemas de convivencia, en especial en las comunidades con menores recursos. Pero no acaba aquí el campo donde el copago vierte su cizaña y pretende crear enemigos inexistentes: también las personas jubiladas y las que padecen enfermedades crónicas son objetivo de las falsas críticas y “rencores” entre personas usuarias, ayudando a escudar y eludir responsabilidades a la todopoderosa industria farmacéutica y a la administración pública que no se atreve a hacerle frente.
El copago supone, por tanto, todo un despliegue de prepotencia con las personas más débiles bajo el supuesto amparo de argumentos “técnicos”, y con la involuntaria complicidad de una parte de las personas usuarias del sistema que sufren las amenazas de insostenibilidad, listas de espera abusivas… y de parte del personal médico absolutamente desbordado de trabajo que se apunta a esta falsa solución como mal menor, cuando su carga excesiva de trabajo se debe a la falta crónica de profesionales y es responsabilidad de la Administración, no de los pacientes.

Asumir derechos

La única manera de resolver en equidad el mayor gasto sanitario consiste en asumir (por derecho humano y de ciudadanía) que todas las personas que residen en un país –al margen de su legalización formal-- deben tener pleno derecho a la atención sanitaria. Para ello, el Ministerio de Sanidad y las autoridades autonómicas correspondientes deben disponer en los Presupuestos las partidas suficientes en base a un sistema fiscal que cumpla una función realmente redistributiva. España está todavía muy por debajo del gasto sanitario medio de los países de la UE y es absurdo hablar de copagos (que de hecho significan repagos) cuando desde los Presupuestos queda mucho trecho todavía para alcanzar la media europea (por no hablar de la racionalización del gasto, contención de las transferencias al sector privado, etc.)

Por el lado del gasto, la experiencia nos demuestra que las privatizaciones en la salud, los conciertos con el sector privado, la entrega al sector farmacéutico, la no existencia o deficiencias en investigación y formación desde el sector público, encarecen de manera desmesurada e incontrolada el gasto sanitario, al tiempo que son responsables de una peor atención sanitaria que llega, en muchos casos, a suponer graves riesgos para la salud de las personas atendidas. En atenciones a la salud toda intervención necesaria que se demore o se haga de forma incorrecta acabará pasando factura, irremisible y a veces irreversiblemente, tanto en términos de salud como económicos y sociales.

Desde la organización ciudadana Dempeus per la Salut Pública afirmamos, en primer lugar, que la salud es un derecho y no una mercancía, y no podemos aceptar por tanto medidas como el copago que van en un sentido totalmente distinto, poniendo un precio sesgado social y económicamente al valor real del sistema público de salud. Desde Dempeus pensamos que sería precisa una racionalización en positivo y progresivo de este sistema “mixto” de sanidad, pero en sentido contrario al que se preconiza y que está suponiendo, de hecho, la parasitación del sistema público para lucro del privado. Creemos, entre otras medidas, que es necesaria la inclusión de un sistema de prevención asequible, público, y muy pegado al terreno y a las necesidades reales, y el acompañamiento de la atención médica, la formación de personal profesional y la investigación en base a la realidad sanitaria y la aparición de nuevas enfermedades, muchas de ellas provocadas por la insalubridad del sistema económico y el agravamiento del medio ambiente.

A nivel mucho más concreto, aumentaría la viabilidad del servicio público de salud la desaparición de las Mutuas Patronales que entorpecen y añaden opacidad al sistema (al tiempo que manejan criterios de altas y bajas –se apliquen o no-- que responden más a la rentabilidad empresarial que a la necesaria recuperación de la persona enferma). En concreto, Muface y Mugeju representan el mayor de los sinsentidos en la medida que las personas funcionarias, sólo por opción explícita, pueden utilizar los servicios públicos. Y entre las medidas de nueva creación, debería urgirse la de un sector público potente en la producción, indicación prescriptora y suministro de productos farmacéuticos u otras variables terapéuticas.
En ese sentido, nos parece fundamental que la sociedad sea cada día más consciente de que el copago es de hecho un REpago que sólo beneficia a la industria privada de la sanidad, y conozca la Declaración que se aprobó el pasado día 10 de Junio en Barcelona bajo los auspicios de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública y Dempeus per la Salut Pública:

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Declaración de Barcelona: No al Co-Repago, por la Equidad y la Salud Pública

En estos momentos en que el gobierno de España ha impulsado un plan de austeridad con congelación de las pensiones, rebaja de las políticas sociales, recorte de sueldos al funcionariado y demás trabajadores y trabajadoras del sector público, con la intención de alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 entre otras medidas restrictivas contra las clases trabajadoras, han vuelto a surgir con más fuerza las voces favorables a la privatización de empresas y servicios públicos y a favor del copago en la sanidad pública.
Las personas y organizaciones reunidas hoy, 10 de junio del 2010 en Barcelona, en esta Jornada Contra el Co-Repagament: per l'equitat i la salut pública, nos pronunciamos de manera resuelta y decidida contra el copago y cualquier otra medida que implique un desembolso adicional directo de la ciudadanía para acceder a los servicios públicos de salud, o de manera indirecta mediante fórmulas de desgravación fiscal por contratación de seguros sanitarios privados, por los siguientes motivos:

1) Cualquier medida que signifique una barrera económica, por pequeña que sea, que suponga un desembolso para poder acceder a los servicios de salud es perjudicial, regresiva e injusta en la medida que expulsa de un sistema universal --o pone trabas a su acceso-- a las personas con las rentas menores o mínimas. El pago o copago por la atención a los problemas de salud puede no ser asumible o bien representar una importante carga para las personas que pertenecen a los grupos más desfavorecidos. Éste es un aspecto fundamental a tener en cuenta desde la perspectiva de la equidad. Las distintas formas de copago existentes o en discusión pueden generar dificultades de acceso económico que acaban determinando desigualdades sociales en salud. Existe bibliografía significativa que recoge las experiencias en todo el mundo y da cuenta, además, de los estrepitosos fracasos de este tipo de medidas.

2) Supone una discriminación adicional e injusta para las personas con mayores problemas de salud como son las ancianas, las que padecen enfermedades crónicas, y aquéllas que soportan cualquier tipo de discapacidades, las que están en espera de diagnóstico o tratamiento, o para las familias con más niños/as y gente mayor bajo su responsabilidad.

3) Las menores rentas salariales de España, el bajo nivel de la mayoría de pensiones y su propuesta de congelación incrementan la inequidad del copago sin que esta medida, compleja y burocrática, resuelva el déficit de financiación.

4) La insuficiente presión fiscal en España en relación a los países de la U.E. y el deterioro de su progresividad de los últimos años no puede justificar una medida que va en el sentido de hacer pagar proporcionalmente más por los servicios públicos a los que menos tienen, agravando las desigualdades. Unos servicios públicos que ya de por sí son escasos en relación a los de los quince países más ricos de la UE.

5) Entendemos que los ingresos fiscales deben sostener todo el gasto sanitario actual y su desarrollo, que sería una medida antisocial introducir medidas lesivas como su REpago, en especial en tiempos de crisis, y que conviene una revisión a fondo de nuestra fiscalidad mejorando su carácter redistributivo y aumentando la financiación de unos servicios de sanidad probadamente eficientes a pesar de que están por debajo de la media europea.

6) Si se aprobaran desgravaciones fiscales por el hecho de contratar cualquier tipo de seguro sanitario privado individual, entendemos que supondría una desviación (por no ingreso) de dinero público a la sanidad privada, debilitando la sanidad pública y favoreciendo únicamente a los que pueden pagarse un seguro sanitario privado.

7) Frente a argumentos que justifican el copago como un mecanismo de contención del gasto, la propia OMS suministra abundante evidencia científica en el sentido de que el copago es un instrumento débil y no efectivo para mejorar la eficiencia y contener los costes sanitarios.

8) El copago puede reducir el uso de los servicios preventivos, especialmente entre los grupos más vulnerables, lo que a largo plazo conduce a unos mayores costes sanitarios y a un deterioro general del estado de salud de la población.

9) Hay evidencia de que las distintas fórmulas de copago reducen sin discriminar tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, y que tienden a afectar la salud y la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos.

10) Los argumentos de promoción del copago como medida de corresponsabilización por parte de la ciudadanía incluyen dos falacias, en la medida que responsabilizan a la ciudadanía y no a las autoridades sanitarias de las deficiencias existentes. Dichas deficiencias no las debe pagar la ciudadanía, y mucho menos si se mantienen para preservar, como ocurre de forma injustificada, determinados intereses económicos.

Por todo ello, las personas y organizaciones presentes nos comprometemos a difundir los argumentos y evidencias contra el copago, a sumar esfuerzos con todas las personas y entidades que perciban estas medidas como socialmente injustas, a oponernos por todos los medios democráticos a la implantación de estas propuestas entendidas como un auténtico impuesto sobre la enfermedad y que castigan más a las personas más necesitadas, y a denunciar y negar nuestro apoyo a quienes intenten introducirlas en nuestra sociedad.

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Artículo publicado originalmente en la Revista Pueblos.

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