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EL GROSERO ATAQUE A LA FUNCIÓN PÚBLICA
Pio Galli in memoriam
Concuerdo al 120% con lo dicho ayer aquí mismo por el editor, propietario, redactor y director del blog al respecto de funcionarios y demás. Quiero añadir, primero para evitar suspicacias, que soy funcionario (de carrera como apuntan los textos legales, es decir por la gracia de oposiciones libres) desde el primer año 80; segundo, que ni yo, ni otros funcionarios aprobaron ni las leyes, ni las regulaciones de lo que se ha dado en llamar función pública. Eso correspondió en su día al congreso de los diputados, al senado y a los parlamentos autonómicos, plenos locales y otros organismos competentes en la materia. Para decirlo claro, los políticos, los partidos que hoy substancian dudas sobre la capacidad o la necesidad de estos trabajadores públicos fueron quienes crearon y mantienen el sistema. Es bueno decirlo y repetirlo para evitar patologías culpabilizadoras, las hipocresías o directamente las mentiras con que en estos tiempos nos regalan ciertos portavoces políticos, patronales, periodísticos a sueldo y la cofradía de Gilipollescentes sin Fronteras.
De todos modos, mi intención es explicar otra cosa. ¿Qué significa el empleo público? Para matizar las abundantes opiniones desinformadas o expresamente desinformadoras, el empleo público no es sólo aquel que está contratado directamente por la administración como trabajador, laboral o funcionario. Lo es también el trabajador que depende de la contratación pública, probablemente más abundante que el primero. Me refiero a servicios públicos concertados (salud, educación, servicios sociales) o servicios públicos contratados, limpieza, residuos, mantenimientos de infraestructuras o edificaciones, tecnología y mil cosas más. Por no citar la abundante contratación inversora, casi en su totalidad realizada por empresas privadas.
La forma más simple de medir ese conjunto es utilizar el porcentaje de gasto público respecto al PIB total. En la Europa de nuestros sueños (o de algunos) los países más resistentes a la crisis, más evolucionados socialmente y más adelantados tecnológicamente están por encima del 50%. Por lo que, el porcentaje de empleo generado por las administraciones estará en torno a este mismo porcentaje, con ligeras variaciones en torno a productividad, nivel salarial, etc.
Cuando la administración reduce gastos, siempre afecta al empleo directo, sean sus propios trabajadores, sean los trabajadores de las empresas privadas vinculadas a la actividad pública. Existe además un escalón añadido, las empresas que trabajan para las que tienen contratos públicos, en un mecanismo encadenado de una enorme trascendencia económica y, obviamente, laboral.
En España, ese porcentaje está por debajo del 40%, a una distancia sideral de la media europea y la de los países más desarrollados. En Catalunya, la cosa está aún peor, es la comunidad con menos gasto público por capita y muy por debajo de la media española.
¿Es este un modelo de futuro para el país? Yo no lo pienso así. Los servicios públicos, la incentivación pública de la economía es una herramienta fundamental para lograr una economía en desarrollo, un equilibrio social y un nivel de bienestar adecuado para los ciudadanos. Cosa que está aún lejos de conseguirse.
El debate, si es tal, que hoy día ocupa la prensa sobre la necesidad de funcionarios, de apretarse el cinturón, de pagar o no el sueldo correspondiente, de rebajar horarios, de despedir eventuales, etc. es simplemente la traducción en hechos del modelo social ultra liberal que quiere despojarnos de lo público y que pasemos para todo por caja del Corte Ingles, o al menos los que tengan suficientes para ello.
Ese benemérito presidente de la patronal española, el Sr. Rosell, asiduo combatiente en pro del desfuncionariado del país (un ignorante de las leyes por lo que se ve) es un ejemplo de los verdaderos males económicos, es el presidente de la patronal sin haber creado nunca una empresa digna de tal nombre y por ende sin haber generado un solo puesto de trabajo. Es simplemente un funcionario de los empresarios, como lo fue el anterior del anterior. En medio, la patronal española estuvo en manos de un presunto delincuente social, cierre de empresas, evasión de capitales, etc. Si tales son las características de quienes generan más del 60% del PIB, dios nos coja confesados y emigrados.
Lluis Casas, en huelga de celo.
De todos modos, mi intención es explicar otra cosa. ¿Qué significa el empleo público? Para matizar las abundantes opiniones desinformadas o expresamente desinformadoras, el empleo público no es sólo aquel que está contratado directamente por la administración como trabajador, laboral o funcionario. Lo es también el trabajador que depende de la contratación pública, probablemente más abundante que el primero. Me refiero a servicios públicos concertados (salud, educación, servicios sociales) o servicios públicos contratados, limpieza, residuos, mantenimientos de infraestructuras o edificaciones, tecnología y mil cosas más. Por no citar la abundante contratación inversora, casi en su totalidad realizada por empresas privadas.
La forma más simple de medir ese conjunto es utilizar el porcentaje de gasto público respecto al PIB total. En la Europa de nuestros sueños (o de algunos) los países más resistentes a la crisis, más evolucionados socialmente y más adelantados tecnológicamente están por encima del 50%. Por lo que, el porcentaje de empleo generado por las administraciones estará en torno a este mismo porcentaje, con ligeras variaciones en torno a productividad, nivel salarial, etc.
Cuando la administración reduce gastos, siempre afecta al empleo directo, sean sus propios trabajadores, sean los trabajadores de las empresas privadas vinculadas a la actividad pública. Existe además un escalón añadido, las empresas que trabajan para las que tienen contratos públicos, en un mecanismo encadenado de una enorme trascendencia económica y, obviamente, laboral.
En España, ese porcentaje está por debajo del 40%, a una distancia sideral de la media europea y la de los países más desarrollados. En Catalunya, la cosa está aún peor, es la comunidad con menos gasto público por capita y muy por debajo de la media española.
¿Es este un modelo de futuro para el país? Yo no lo pienso así. Los servicios públicos, la incentivación pública de la economía es una herramienta fundamental para lograr una economía en desarrollo, un equilibrio social y un nivel de bienestar adecuado para los ciudadanos. Cosa que está aún lejos de conseguirse.
El debate, si es tal, que hoy día ocupa la prensa sobre la necesidad de funcionarios, de apretarse el cinturón, de pagar o no el sueldo correspondiente, de rebajar horarios, de despedir eventuales, etc. es simplemente la traducción en hechos del modelo social ultra liberal que quiere despojarnos de lo público y que pasemos para todo por caja del Corte Ingles, o al menos los que tengan suficientes para ello.
Ese benemérito presidente de la patronal española, el Sr. Rosell, asiduo combatiente en pro del desfuncionariado del país (un ignorante de las leyes por lo que se ve) es un ejemplo de los verdaderos males económicos, es el presidente de la patronal sin haber creado nunca una empresa digna de tal nombre y por ende sin haber generado un solo puesto de trabajo. Es simplemente un funcionario de los empresarios, como lo fue el anterior del anterior. En medio, la patronal española estuvo en manos de un presunto delincuente social, cierre de empresas, evasión de capitales, etc. Si tales son las características de quienes generan más del 60% del PIB, dios nos coja confesados y emigrados.
Lluis Casas, en huelga de celo.
Font:
José Luis López Bulla
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