HUELGA DE JUECES, HUELGA PARA LOS CIUDADANOS

SALVEM LA UPEC - aportacions

Qui som

Revistes digitals

>> Vols rebre informació de la UPEC a casa?

Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Ya sé que en las próximas horas se dirá que esta huelga de jueces espor nuestras condiciones salariales y de tiempo de trabajo. Razón no faltaría para ello, si se tiene en cuenta que el pasado año cobramos una cuarta parte menos de retribuciones que cuatro años atrás. O se dirá también que nuestro régimen de permisos retribuidos se ha reducido en forma muy significativa. Y permítanme que constate que nuestro sistema de permisos era muy amplio, ciertamente. Pero les recuerdo que esas quilométricas declaraciones que aparecen en la prensa de imputados en sábados y domingos se recuperaban por esa vía. Que nuestros juzgados están colapsados y que muchos compañeros utilizaban dichos permisos para poner sentencias (lo que no es nada más que tiempo de trabajo) Que los constantes cambios legales requieren una actividad imprescindible de puesta al día que en el fragor de juicios resulta imposible. Y que hay muchos jueces que, por las peculiaridades del cuerpo y del modelo de promoción, trabajan en un sitio de España y tienen la familia en otro muy distante.

Pero no. La huelga de jueces y secretarios del miércoles día 20 de febrero no se ha convocado por nuestras condiciones de trabajo. Bien al contrario, vean ustedes la convocatoria de la huelga y podrán comprobar como para nada se habla de esas reivindicaciones “laborales”: http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/jueces-y-fiscales-convocan-huelga/20130205191556087793.html

Verán ustedes: si repasan la actividad legislativa y de puesta a disposición de medios materiales de las Administraciones públicas podrán comprobar fácilmente como el Poder Judicial ha sido siempre el pariente pobre. La oficina judicial nunca ha dispuesto de medios presupuestarios suficientes, si se compara, por ejemplo, con los distintos parlamentos o, sin ir más lejos, con la Agencia Tributaria. El número de empleados públicos con que se ha contado ha sido siempre insuficiente o precario. Los medios informáticos, ridículos: yo mismo, sin ir más lejos, hasta hace poco más de un año al llegar al Tribunal y poner en marcha el ordenador tenía que esperar más de veinte minutos para conectarme a la red (hagan los cálculos por días y número de jueces y verán las miles de horas perdidas) Hoy por hoy la oficina judicial “sin papeles”, informatizada, es una quimera. Tenemos un modelo de juzgados del siglo XIX, totalmente alejado de las necesidades de nuestra sociedad. Y aunque es cierto que en los últimos años se ha avanzado en un diseño alternativo (nuevo papel de los secretario judiciales, tribunales de instancia, servicios comunes, etc, lo que se denomina la “nueva oficina judicial) la crisis se ha llevado por delante cualquier iniciativa de reforma. Y todo ello no lo pagamos sólo los profesionales: esencialmente, quién lo sufre son los justiciables, es decir, los ciudadanos.

Se afirma en la convocatoria de huelga: “En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad”. Y eso en un período en que la crisis, la corrupción, los desahucios, los despidos y los concursos empresariales se han incrementado exponencialmente.

La respuesta del actual Gobierno –como ya apuntaba su predecesor- es conocida. En primer lugar, profundizar en los recortes en la oficina judicial (no renovación de contratos temporales del personal administrativo, congelación de nuevas convocatorias de secretarios y jueces, etc) Y, especialmente, en dicha línea, eliminar los llamados jueces sustitutos, es decir, las personas contratadas precariamente en forma temporalque venían a cubrir los vacíos de jueces (bajas, excedencias, formación…) De esta manera, una plantilla aproximada de 4.500 jueces en toda España (3.500 titulares y 1000 sustitutos) se ha visto reducida de golpe y porrazo en más de un veinte por ciento. Ahora, si un compañero cae enfermo será el titular de otro juzgado u otro miembro del titular quién deberá hacerse cargo de su trabajo (es decir, tendrá que dar respuesta a sus actuaciones y a las de los del juzgado de al lado).

Pero, por otro lado, la otra tendencia del Gobierno ha sido también clara: reducir el número de asuntos que llegan a los tribunales a través de la imposición de tasas judiciales (que resultan intranscendentes para los ricos y las grandes empresas, pero son impeditivas para los ciudadanos normales, los pensionistas, buena parte de los trabajadores y pequeños empresarios y los colectivos más desfavorecidos) o la privatización de determinadas actividades judiciales (como el registro civil) Todo ello acompañado de una política altamente restrictiva en materia de justicia gratuita, lo que conlleva que muchos ciudadanos que quieren reclamar sus derechos judicialmente se encuentren con múltiples dificultades. Añádanle a todo ellos otras medidas colaterales: la preocupante reforma del Código Penal (cada vez más riguroso con las protestas callejeras o la inmigración, sin que prácticamente nada se regule sobre la corrupción o los delitos de cuello blanco) o el mantenimiento a ultranza de las capacidades de indulto del Gobierno estatal –con los resultados conocidos- que deja en papel mojado la labor jurisdiccional.

Y, por último, la guinda del pastel es una remodelación del sistema gubernativo del Poder Judicial, consistente en devolver al Ministerio de Justicia buena parte de las atribuciones que hasta ahora tenía el órgano de gobierno de los jueces, un mecanismo de elección altamente discutible (que va a privilegiar a determinados niveles judiciales) y un modelo de gestión no profesionalizado, que va a suponer que la mayor parte de los vocales del CGPJ no estén liberados de sus funciones jurisdiccionales (esto es, van a tener que seguir siendo titulares de un juzgado o miembros de un Tribunal y viajar, cuando toque, a Madrid a discutir cuestiones gubernativas… mientras el resto de compañeros van a tener que cubrir esas ausencias)

En plata: nos hallamos ante una oficina judicial totalmente colapsada, sin que se pongan los medios para su modernización –pese a que están en el papel-, con una reducción alarmante de medios, una disminución significativa de la plantilla efectiva de jueces, una pérdida notoria de la independencia judicial y un retroceso preocupante del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.

Como se puede comprobar –y contra lo que seguro se afirmará desde diversas instancias- la huelga de jueces, secretarios judiciales y otros operadores jurídicos no es corporativa. La huelga es para los ciudadanos. Porque quién debe tener más interés en ella no somos los que lo haremos, sino los ciudadanos y ciudadanas pobres y libres sobre los que se erige la noción de democracia. Ellos son los primeros interesados en que la Justicia funcione. Porque los otros, los corruptos y los opulentos, tiene el interés contrario: cuando más tarde la tramitación de un asunto judicial, cuantos menos medios cuente los jueces, mejor para ellos.

Eso es lo que está en juego el próximo miércoles.

Font: José Luis López Bulla