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PSOE, IU y Podemos responden a las preguntas en materia económica (1)
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| Tres economistas de reconocido prestigio en la izquierda, Manuel de | |
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| PREGUNTA Bruno Estrada López, [Fundación 1º de Mayo]: La creciente desregulación de los mercados financieros vivida en los países occidentales desde los años ochenta dio lugar a lo que se conoce como financiarización de la economía, cuyos efectos han sido: 1) un fuerte crecimiento de la desigualdad por un crecimiento mayor de las rentas del capital y 2) la creación de una enorme burbuja financiero-inmobiliaria, cuyo estallido dio lugar a la actual crisis. Los últimos informes del FMI han reconocido los riesgos que entraña para numerosas economías la creciente volatilidad de los flujos de capitales cortoplacistas y ha abogado por una mayor control de los flujos de capitales extranjeros, incluso llegando a ofrecer su asesoramiento a varios países latinoamericanos para controlar dichos flujos, ¿qué medidas debería tomar un próximo gobierno progresista en España en este sentido? Manuel de La financiarización de la economía es en efecto un fenómeno que ha surgido en los últimos 40 años, al albur de la globalización económica, las tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo las liberalizaciones y desregulaciones promovidas por la ideología neoliberal. El resultado ha sido más inestabilidad económica y mayor frecuencia de crisis financieras, al tiempo que se ha incrementando de una manera muy pronunciada la desigualdad del ingreso y el endeudamiento de las familias y empresas. El crecimiento exponencial del sector financiero internacional se ha llevado a cabo sin una coordinación efectiva de las políticas económicas nacionales y supranacionales, sin una robusta arquitectura financiera mundial y desde luego, sin una regulación internacional adecuada de los nuevos productos financieros. En los últimos años se han producido algunos avances notables en este sentido, liderados por el impulso inicial del G20, como la creación del Consejo de Estabilidad Financiera, la aprobación del acuerdo de Basilea III sobre ratios prudenciales de capital, o el reforzamiento del FMI en su labor de prevención y monitoreo (surveillance). También a nivel de Sin embargo, aún reconociendo los avances, pensamos que muchísimo más debe hacerse a nivel internacional y europeo en aspectos como: la separación legal entre banca de inversión y banca comercial; supresión definitiva de los paraísos fiscales, verdaderos agujeros negros del sistema financiero internacional; la estricta regulación y control de los productos derivados, de los fondos de alto riesgo y del sistema financiero en la sombra; de los sistemas de incentivos y salarios de los ejecutivos; los mercados OTC; o las agencias de calificación entre otras. También sería conveniente permitir a los países recuperar instrumentos como los controles temporales de capitales para contrarrestar el efecto contagio entre economías. Alberto Garzón (IU): Aunque sería lo ideal, prohibir la libre circulación de los capitales es una medida muy drástica que generaría una sobreRreacción en los mercados financieros (generación de un mercado ilegal paralelo al oficial y masiva respuesta crítica de la élite económica y financiera). Islandia y Chipre pudieron hacerlo de forma relativamente satisfactoria porque se trata de economías muy pequeñas (entre las dos no llegan ni a un millón y medio de ciudadanos), por lo que el impacto en el mercado internacional fue reducido. En una economía tan grande como la española el efecto sería muy drástico y perjudicial. El poder de la élite financiera es inmenso, y hay que tenerlo muy en cuenta: antes de plantarle batalla abiertamente necesitamos reducir su poder. Tenemos que ser más inteligentes. Un movimiento mucho más eficaz, rápido y fácil que la prohibición de estos movimientos es el de reducir los incentivos a que se materialicen; es decir, establecer impuestos nuevos sobre las transferencias financieras y aumentar otros ya existentes. De esta forma logramos reducir el poder de las élites económicas y financieras, reducir el riesgo de desestabilización financiera y aumentar la recaudación. En primer lugar, deberíamos establecer la conocida “tasa Tobin” (impuesto a las transacciones financieras) tanto a nivel nacional (ya lo han hecho varios países en determinados períodos, como Suecia o Reino Unido) como –preferiblemente- a nivel europeo (se está trabajando en ello en el Parlamento Europeo aunque no sólo a ritmos lentos –se prevé que entre en vigor en 2016- sino con un alcance limitado, pues sólo se pretende gravar las acciones y derivados de acciones –dejando de lado multitud de activos como las divisas que conforman uno de los mercados que más dinero mueven en el globo-. En segundo lugar, se trata de reducir la cantidad de dinero que la élite utiliza en los mercados financieros con impuestos sobre la riqueza, limitación de las SICAV y de las entidades de tenencia de valores extranjeros, aumento del tipo de la renta del ahorro, así como de las ganancias patrimoniales especulativas. Sólo deberíamos prohibir operaciones verdaderamente peligrosas, mal vistas por la sociedad, y de volumen no muy cuantioso como las operaciones en corto contra la deuda pública. Nacho Álvarez (Podemos): Uno de los principales problemas que ha presentado la economía mundial en estas últimas décadas ha sido efectivamente la liberalización generalizada de los flujos de capitales. Los supuestos efectos positivos que tradicionalmente se asocian a esta liberalización –la llegada de financiación externa para los países que lo precisan– no siempre se han producido. Sin embargo, lo que sí se ha producido son los efectos negativos asociados a esta libertad de flujos (y frente a los que ya habían advertido numerosos economistas): abruptas salidas de capitales de numerosas economías, recurrentes crisis cambiarias, acumulación de burbujas bursátiles, crediticias e inmobiliarias y, como consecuencia, fuertes crisis económicas. Hemos vivido, en definitiva, una inestabilidad financiera a lo largo de las últimas décadas como no se había visto en ninguna otra época del capitalismo (“Efecto Tequila” en México en 1994, crisis del sudeste asiático en 1997, crisis financiera rusa en 1998, crisis financiera en Brasil en 1999, crisis del Nasdaq en 2000, crisis financiera de Argentina y Turquía en 2001 y, finalmente, crisis financiera de EEUU en 2008 y crisis del euro en 2010). En el marco de la zona euro, con el actual diseño de Precisamente por ello también dicho diseño institucional impide la aplicación unilateral de los controles de capitales –con notorias excepciones, como los controles impuestos en Chipre durante más de un año–. Un gobierno progresista en el marco de los países periféricos de Además, y a diferencia de lo que hicieron los gobiernos españoles durante el periodo previo a la crisis, el gobierno debería tomar medidas que canalizasen los flujos de capitales entrantes hacia el desarrollo de un nuevo modelo productivo, y no a consolidar un patrón de desarrollo ya fracasado centrado en servicios de limitada calidad, de baja productividad y bajos salarios. Bruno Estrada López [Fundación 1º de Mayo]: Hay un debate abierto en la sociedad española sobre la necesidad de reestructuración de la deuda pública para poder desarrollar políticas económicas eficaces que tengan como objetivo la creación de empleo y la defensa del Estado del bienestar, dado el creciente peso de los gastos por los intereses de la deuda pública emitida en los presupuestos públicos ¿Qué opinión tiene al respecto? Manuel de Nos preocupa mucho el incremento exponencial de la deuda pública en España en estos años. Desde que gobierna el Partido Popular ha crecido en casi 30 puntos del PIB, y también la deuda exterior neta, que lo ha hecho en unos 8 puntos. Ambas están ya prácticamente en el 100%, lo que convierte a Rajoy en el campeón del endeudamiento. Es evidente que un nivel de endeudamiento público tan elevado será una rémora para el crecimiento futuro y eso nos preocupa mucho. El PSOE no plantea, ni planteará nunca la posibilidad de una restructuración unilateral de la deuda pública. A nuestro juicio sería una solución nefasta, que implicaría salidas masivas de capital, aumento exponencial de la prima de riesgo y podría llevar incluso a una salida del Euro. Lo que si nos parece es que este debate debe llevarse al terreno europeo, y buscar acuerdos en el marco de Alberto Garzón (IU): Es directamente un robo para la ciudadanía que la mayoría de partidas del presupuesto público del Estado hayan disminuido considerablemente a la vez que la dedicada a la deuda pública se haya incrementado en más de un 30% desde 2011. Si se sigue priorizando el pago de la deuda al gasto social no habrá ninguna posibilidad de recuperación económica en el país. Por un lado, es necesario hacer una auditoría ciudadana de la deuda. Primero, por una cuestión democrática, y es que la sociedad española tiene el derecho a conocer cómo se ha generado la deuda. Segundo, porque existe legislación y jurisprudencia internacional que recogen mecanismos para declarar en función de su origen parte de la deuda como ilegítima, si el préstamo o las condiciones vinculadas a la obtención del préstamo violan la soberanía y los derechos humanos. Y para el caso de España es claro, porque el aumento descomunal de la deuda pública desde que comenzó la crisis proviene de dos mecanismos: de la socialización de la deuda privada de bancos y de grandes empresas (como el rescate a las autopistas) emprendido por los gobiernos de Zapatero y Rajoy y de los efectos de la crisis económica (fundamentalmente por la disminución de los ingresos públicos). A esto se ha sumado la especulación que las entidades bancarias han hecho con los propios bonos del Estado con el beneplácito del BCE elevando considerablemente los intereses. Por otro lado, hay que buscar los mecanismos para reducir la deuda pública. Para ello, se pueden emprender medidas como monetizar la deuda (es decir, que el Estado se financie directamente del BCE, como lo hace la banca privada), restructurar la deuda o hacer directamente quitas. La gran mayoría de los títulos de deuda pública (por encima del 90%) están en manos de entidades financieras tanto españolas como extranjeras. El deber de cualquier Gobierno es ponerse del lado de los intereses de su población y no del lado de los acreedores financieros privados, que además son los que han generado esta situación. Si nos remontamos a la historia reciente podemos ver que la gran mayoría de veces que se da una crisis de deuda acaba ocurriendo un impago o restructuración de la deuda, y ahí tenemos el ejemplo de Grecia. La cuestión es qué forma de impago se negocia para no someterse a las exigencias de la parte acreedora que sólo está interesada en sacar los mayores beneficios posibles. Es decir, de lo que se trata es de construir una correlación de fuerzas favorable a los intereses de la gran mayoría para negociar con los acreedores, y para ello es importante construir alianzas con otros países del sur como Portugal, Grecia o Italia. Nacho Álvarez (Podemos): La deuda pública constituye en este momento una enorme losa sobre las posibilidades para desarrollar una política económica alternativa en España. Por eso una reestructuración ordenada de esta deuda resultaría eficaz para salir de la crisis: permitiría liberar recursos para desarrollar una estrategia de expansión del Estado del Bienestar, de desmercantilización de los servicios sociales y de creación de empleo. La reestructuración de la deuda pública es una cuestión de eficiencia económica: en el marco del euro, la economía española difícilmente podrá retornar a una senda de crecimiento estable y transformar su modelo productivo si no libera para tales fines recursos que ahora son transferidos desde los Presupuestos Generales del Estado a los tenedores de deuda (es decir, a las instituciones bancarias y financieras, principalmente). Hasta que esta dinámica no se interrumpa la deuda pública seguirá aumentando o, en su defecto, deberán generarse importantes superávit fiscales primarios destinados a ir cancelándola. Es decir, que los esfuerzos fiscales que se hagan para incrementar los ingresos públicos no se podrán destinar a satisfacer niveles crecientes de bienestar social, sino que seguirán siendo transferidos a los tenedores de deuda, ya sea bajo la forma de intereses o vía cancelación del principal a su vencimiento. Recuérdese que el Pacto Fiscal establece un techo de deuda del 60% del PIB, y la economía española en este momento alcanza ya el 100%. Lo ideal lógicamente es que esta reestructuración de la deuda en la zona euro tomase una forma supranacional y cooperativa. Existen precedentes históricos en Europa que deben ser tomados en cuenta, que evidencian que las estrategias cooperativas resultan finalmente beneficiosas para todos los países. Así, la reestructuración de la deuda alemana que tuvo lugar en el Tratado de Londres de 1953 –la más importante, por el montante negociado, que ha tenido lugar en el siglo XX– acordó que Alemania sólo devolvería al resto de países europeos aproximadamente la mitad de la deuda contraída. Esta devolución se hizo además a partir de un determinado umbral de crecimiento de sus exportaciones. Es decir, se supeditó el pago de la deuda a la recuperación económica. A lo largo de los últimos años diversas propuestas de mutualización de la deuda se han puesto sobre la mesa para resolver el problema de las deudas soberanas en la zona euro. Es el caso de los eurobonos, o la posible articulación de un fondo de amortización de la deuda con cargo al BCE (el llamado plan PADRE). No obstante ninguna de estas propuestas parece haber sido realmente considerada por Tomado de | |
Font:
José Luis López Bulla
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