PLANTAN a Boi Ruiz parlamentarios y defensores salud. Foto:MAREA BLANCA

Foto MAREA BLANCA en el moment del PLANTE

Que gozada ver como Marta Ribas Frías iniciaba el justísimo memorial de quejas y aceraba los reproches al Conseller antidemócrata Boi Ruiz, y cómo Isabel Vallets, a continuación, anunciaba en nombre de su grupo no volver a la Comissió de Salut hasta que no se respetara la voluntad de los defensores de la sanidad de Lleida contra la desmembración del Consorci… Basta con decir que se han quedado CiU, ERC… y Marina Geli, que se quejaba con cierto resquemor de que nadie la había avisado de la PLANTADA… Bueno es lógico, la gente de la Marea Blanca que también estaba en la sala y han salido con las diputadas y diputados dignos, no tienen demasiados motivos para confiar en ella… Las razones, para no improvisarñas, las saco de una parte de mi texto en ReaccionaDos. Aunque empieza por los desmadres sanitarios de Valencia y Madrid, no se tarda en llegar a los de Catalunya, conectados entre otros, por la consultora PWC que ahora quiere contratar la Iglesia española para “mejorar cuentas e imagen”… De hecho, Marina Geli, una de las buenas clientas de Price Watherhouse, fue la gran apostol del REpago en toda España que convenció a Lasquetty cuando la también socialista Trinidad Jiménez se negó a la medida.

Si les interesa el tema, pueden encontrar en ReaccionaDos muchos argumentos sobre privatizaciones y malvivir, y también este par de epígrafes:

La mercantilización de la sanidad y sus caballos de Troya

En junio del 2012 se publicaba la noticia de que la consultora PwC estaba asesorando ‘en la sombra’ a la Conselleria de Sanitat valenciana en el cambio de modelo que pretendían dar a sus políticas. Las “novedades” implicaban profundizar la colaboración público-privada y abrir ‘diálogos competitivos’ con empresas privadas. Unas semanas antes, en el mes de abril, la PwC había dado a conocer un decálogo sobre los cambios a su parecer imprescindibles. En el mismo habían colaborado expertos con los que se puede confeccionar un pequeño almanaque de Gotha de la privatización de la sanidad. Así, junto al director de Innovación de Capio, Rai Belenes figura Ana Pastor (PP) y Julián García Vargas (PSOE), el exconseller de la Sanidad valenciana en tiempos de Camps, Manuel Cervera -posteriormente imputado en el caso Gurtel, y que consiguió durante su mandato que la Comunidad Valenciana tuviera la menor ratio de todo el Estado en camas hospitalarias y la mayor en listas de espera- el director general de Ribera Salud, Alberto de Rosa, el conseller de Salud de Catalunya, Boi Ruiz, y el titular de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty . Sus planes provocaron las grandes mareas blancas de Madrid que aún perduran en defensa de la sanidad pública. Cuando Lasquetty fue finalmente desautorizado por los Tribunales, Ignacio González “aceptó” su dimisión.
Como medidas recaudatorias, Lasquetty copió de Boi Ruiz el euro por medicamento e impulsó sus planes estrella: la externalización de servicios en los hospitales públicos, la privatización de la atención sanitaria en seis de los siete hospitales de gestión privada construidos en los últimos años y del 10 % de los centros de salud de la región, y la transformación del Hospital de la Princesa y del Carlos IIIl : el primero sería un centro especializado en personas mayores y el segundo (donde se desmontaron servicios especializados que tuvieron que recomponerse a toda prisa y mal para atender a los misioneros enfermos de ébola) un hospital de estancia media. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad consideró una aberración sanitaria el cierre del centro de referencia estatal para alertas epidémicas y acusó al Ministerio de Ana Mato de estar importando“ lo que era el primer caso de ébola en el Estado español y en Europa”. CAS Madrid creía que se estaba sometiendo a un riesgo absolutamente injustificado a las trabajadoras y trabajadores del Hospital Carlos III y en general a toda la población.

En los orígenes de todo el disparate encontramos, como en tantos desvaríos austericidas de la Comunidad Madrileña, a su “lideresa”. En el año 2008, cuando Esperanza Aguirre era su Presidenta, decidió eliminar la Dirección General de Salud Pública y el Instituto de Salud Pública. Y todavía no hemos pagado todas sus consecuencias.

Sin embargo, los planes privatizadores siguen vigentes. Según PwC sigue siendo preciso flexibilizar los elementos más negativos del sistema público, entre los que destaca “la existencia de plazas en propiedad, la extrema rigidez para la adaptación de los horarios y las dedicaciones a las necesidades asistenciales, un sistema disciplinario ineficaz y, sobre todo, las limitaciones para la diferenciación y el reconocimiento del mérito individual y colectivo”. Y para asesorar sobre las medidas recomendadas, no dudaban en tomar prestadas otras identidades, como por ejemplo la del National Health Service (NHS). Aunque no siempre conseguían mantener el disfraz: la Plataforma Salvemos Telemadrid denunció a finales del mes de julio de 2013 que una supuesta visita oficial del NHS a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid era, en realidad, otra visita más de la PwC.

Catalunya, en la vanguardia de las innovaciones peligrosas para la salud

En la introducción de esos caballos de Troya en nuestra sanidad pública no hay que olvidar el papel pionero de Catalunya , que ya se distinguió por “innovar” en el sector mucho antes del vergonzoso caso del euro por medicamento. Catalunya fue la primera en “explorar” los supuestos beneficios de la “colaboración” público-privada y llevar la mercantilización de la sanidad a terrenos hasta entonces inexplorados… casi siempre con el asesoramiento de la PwC. Más allá de los conciertos, fundaciones y ex ternalizaciones, al uso, encontramos las primeras menciones sobre los beneficios de la venta de información médica de los ciudadanos en varios documentos publicados por TicSalut. Esta fundación que se creó en 2006 con financiación totalmente pública a instancias de la consellera Marina Geli (PSC) se abrió dos años más tarde al sector privado. Entre las nuevas empresas que forman el “Consejo de Empresas de la Fundación TicSalut” destacan algunas farmacéuticas (Baxter, Esteve, Roche), consultoras (Applus, PWC, Deloitte), empresas tecnológicas (Telefónica, IBM, Indra) y proveedores varios (El Corte Inglés, Agfa, Linde Healthcare). Es curioso lo poco que sabemos sobre cómo se desarrolla el programa cuyos objetivos fundamentales parecían ser la Tarjeta Sanitaria, la Historia Clínica Digital y la Receta Electrónica. Sin embargo, en uno de los más llamativos nos encontramos de nuevo a la PwC. Se trata del Programa VISC+ -destinado en exclusiva a las empresas privadas- para la comercialización de los servicios que ofrece un proyecto basado en que nuestra historia sanitaria pueda venderse en Catalunya a farmacéuticas, aseguradoras, empresas de tecnología sanitaria, prestadores de servicios sanitarios privados, o en las empresas de recursos humanos. Sin nuestra autorización y sin que nosotros siquiera lo sepamos.
No puede concluirse este apartado sin hacer mención al atentado más grave a nuestra salud y al sistema sanitario: el real decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 870.000 personas de un día para otro. Se justificó en la necesidad de reducir el déficit y dos años después Ana Mato cifra el ahorro (por demostrar) en más de 5.000 millones de euros. Un “ahorro” dudoso desde el punto de vista legal ya que el Tribunal Constitucional ha cuestionado en dos ocasiones la exclusión de personas enfermas de la atención sanitaria. En cambio, para Médicos del Mundo y la plataforma Yo SÍ Sanidad Universal, las repercusiones del decreto en términos de vidas humanas han sido carísimas, con las muerte evitables de Alpha Pam, Soledad Torrico y Jeanneth Beltrán