En homenaje a Ada Colau y Manuela Carmena, recupero estos párrafos de mi capítulo en ReaccionaDos para que las plazas lleguen a los Ayuntamientos y se puedan commemorar con cambios reales los cuatro años del 15-M:

“Margaret Thatcher ya tiene una plaza en Madrid. En su inauguración rivalizaron por conseguir el primer plano Ana Botella y Esperanza Aguirre. Su admirada dama de hierro había abierto camino a las políticas neoliberales con la privatización de la vivienda pública. Thatcher no escondía su objetivo: se trataba de encontrar nuevos campos para la acumulación de capital y convertir en mercancía todos los bienes y servicios públicos que el capital privado pudiese gestionar. Uno de los más fáciles y políticamente menos costosos, era en el Reino Unido de la época, el de la vivienda.

Pero no siempre copiar a Margareth Tatcher es oportuno ni sale a cuenta. Ana Botella anunció en el año 2012 que no construiría más vivienda pública cuando había más de 13.000 familias madrileñas a la espera de un piso protegido. Y decidió seguir aplicando el programa thatcheriano cuando todo el Estado se agitaba en una tormenta de desahucios y la gente de a pie se organizaba con nuevas maneras e iniciativas para defenderse. Así, mientras La Pah abría las noticias con su activismo contra los desahucios, el Ayuntamiento de Madrid decidía liquidar su paquete de viviendas sociales junto con la Empresa Municipal de la Vivienda. Justificó su necesidad una auditoría confidencial -que a estas alturas ya atribuirán a la PwC- y a la que tuvo acceso El País. La auditora consideraba a la empresa municipal “no operativamente viable” y recomendaba, entre otras medidas, vender pisos de alquiler para obtener liquidez a corto plazo Naturalmente, los auditores multimasterizados de PwC no tenían por qué saber historia, ni entender la distinta –y fundamental- naturaleza de los bienes y servicios públicos en relación con los bienes llamados “de mercado”. La función social de la vivienda era un sinsentido para Margareth Tatcher, y carece de contrapartida contable para los auditores de PwC.

Una venta de remate al fondo buitre Blackstone salvó de momento a la EMVS, pero salió carísima en términos económicos y sociales. Las 1.860 viviendas (ubicadas en Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde) tenían un valor contable de 162 millones pero se colocaron por 128,5 millones, es decir, con un descuento del 20%. La EMVS reconoce unas pérdidas asociadas de 30,6 millones y dos millones más en comisiones. Sin embargo, unos meses después vendió otras 163 viviendas, la mayoría habitadas, en Villa de Vallecas, 90 viviendas vacías en Vicálvaro y 82 viviendas, también habitadas en su mayor parte, en Usera. Ana Botella demostró, de nuevo, que no sabe hacer las cosas: en agosto del 2014 un juzgado de Madrid abrió diligencias previas por la venta a Blackstone de pisos en Madrid a 67.000 euros, mientras se negaba la posibilidad de los inquilinos a acceder a la propiedad de su hogar por el mismo precio y se incrementaban los desahucios.

Ada Colau con La Pah defendía soluciones como la dación en pago para saldar las deudas hipotecarias, la paralización de los desahucios y el alquiler social, mientras Ana Botella sigue poniendo en venta vivienda pública de alquiler. Desde el año 2008 La Pah ha conseguido evitar más de 1.000 desahucios (aunque se sigan produciendo casi 200 desahucios al día en todo el Estado). Sus soluciones al problema de la vivienda están contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentaba en febrero del 2013 en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de 1,4 millones de firmantes. El PP, sin embargo, aprobó una nueva Ley Hipotecaria que se resiste a superar la caspa de los tiempos de Isabel II. Una Ley tan sesgada hacia la banca que en julio del 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la condenó por vulnerar los derechos humanos y ser contraria al artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales y a la Directiva 93/13 en materia de consumidores. Es la segunda vez que instancias jurídicas europeas se pronuncian contra la ley, y en esta ocasión señalan además que no suspender el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es contrario al derecho comunitario. Pero no importa. Los desahucios siguen, e impulsan nuevas acciones solidarias. Por ejemplo, con lo que se conoce como Obra Social de la Pah, se han ocupado edificios de sucursales bancarias para forzar negociaciones con los bancos desahuciadores, y propiedades del “banco malo” (SAREB) para alojar familias desahuciadas.

No puede cerrarse el círculo vicioso porque se alimentan nuevas burbujas especulativas y proyectos fallidos o por quebrar con presuntos mafiosos, tanto en Madrid como en Catalunya. El proyecto Barcelona-World de CIU presagia nuevos y peligrosos desatinos confiado como está a Enrique Bañuelos el Sheldon Adelson de Artur Mas. Pero en lugar de prevenir, mejor tropezar con la testuz, las veces que sea, en la misma piedra….”