Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 11 de julio de 2013

Este artículo analiza críticamente los dos libros que Preston ha escrito recientemente, uno sobre el Rey de España y el otro sobre Santiago Carrillo. En estos libros idealiza al monarca y demoniza a Carrillo. Carrillo fue un personaje de muchas sombras pero también de muchas luces que no aparecen en la biografía de Preston.

Por fin he leído el libro de Paul Preston sobre Santiago Carrillo. Antes de escribir mi opinión sobre el libro siento la necesidad de explicar mi relación con cada uno de ellos. No conozco personalmente a Paul Preston. Conozco su obra, que he utilizado en ocasiones en mi docencia. Si que conocí a Santiago Carrillo.

Comencemos por Paul Preston. Él es, sin lugar a dudas, el hispanista británico que ha escrito con mayor detalle lo ocurrido en España durante la mal llamada Guerra Civil. Su condición de historiador extranjero le dio acceso a fuentes de información vetadas a historiadores españoles. Y esta condición de extranjero le dio también una libertad y seguridad que no tuvieron, y continúan no teniendo, los historiadores españoles. Todo lo que digo no desmerece el gran valor de su trabajo. Pero es importante subrayar y explicar porqué los historiadores que han estudiado con mayor detalle aquel conflicto civil han sido predominantemente extranjeros. Todavía hoy, jóvenes historiadores en España tienen que ir con cuidado con lo que analizan y cómo lo hacen, temerosos de su futuro profesional. No olvidemos que todavía hoy, en España, se ha llevado a los tribunales a un periodista por describir al partido fascista, la Falange, como co-responsable del genocidio contra el pueblo español.

Dicho lo dicho, quiero pues subrayar que las fuerzas democráticas les deben a estos historiadores extranjeros, y muy en especial, a Paul Preston, un voto de gracias. Habiendo aclarado esto, creo que es justo también añadir algunos comentarios sobre el trabajo de Paul Preston, con la esperanza de que los historiadores españoles rellenen algunas páginas vacías de aquella historia contada y hábilmente narrada por Preston. En realidad, la historiografía de Preston es bastante tradicional, fijándose en los grandes personajes y en los grandes eventos. Se me dirá que ello es común en la historiografía actual. Pero que ello sea común no quiere decir que sea suficiente. La mejor historia que he leído de la intervención militar estadounidense en la II Guerra Mundial ha sido la descrita por el escritor estadounidense Studs Terkel, que narra la historia de aquel conflicto desde el punto de vista de los soldados que la realizaron y de la gente normal y corriente que la sufrió. Son precisamente estos desconocidos los que hacen la historia. En este aspecto, he aprendido más de lo que fue la mal llamada Guerra Civil (y la dictadura que la siguió) de la experiencia contada por mis padres y familiares de aquella contienda (todos ellos vencidos en aquella guerra y represaliados por la dictadura) que de los libros de historia. Sería de desear que a la historia formal, enormemente valiosa, de los personajes se le añadiera la historia de la gente llana que la hace. Y de ahí la importancia de que sean españoles, basados en la historia real, de las distintas naciones y pueblos que contiene España, los que escriban también esta otra historia. Hacerlo añadiría el enorme valor de estudiar a los agentes y su contexto, que es lo que le falta a Preston en su análisis de Carrillo.

Lo cual me lleva a la segunda observación sobre Preston: su limitada sensibilidad en la biografía hacia este contexto, lo cual explica lo que puede definirse como su oportunismo. Preston escribió recientemente un libro (Juan Carlos, el Rey de un Pueblo) sobre el Monarca en el que idealizó la figura del Rey, presentando una de las biografías más positivas que se han escrito sobre este personaje. Es sorprendente que el mismo autor del libro El Holocausto Español sea tan positivo hacia el sucesor y defensor del responsable de dicho holocausto. Es más, el libro tiene no solo datos erróneos, sino también silencios significativos.

Pero meses más tarde Paul Preston escribió un libro sobre Carrillo que es, desde la primera a la última página, la demonización de esta figura comunista, presentándolo como enormemente ambicioso y capaz de traicionar a todos sus amigos a fin de alcanzar el puesto de máximo poder. Y el libro es la mera narrativa de “traiciones” a sus amigos y compañeros del Partido Comunista. El contraste entre la biografía del Rey y la de Carrillo no puede ser más acentuado. Queda claro en el libro sobre Carrillo que el autor lo detesta, estereotipando la figura de un dirigente comunista que, típicamente, no se detendrá ante nada para conseguir su poder personal.

Para las generaciones que perdieron la Guerra y para las que sufrimos la represión y la transición nos cuesta aceptar esta doble imagen que presenta Preston sobre el Rey y sobre Santiago Carrillo. Parece obvio que el Rey fue enormemente ambicioso, que traicionó a sus amigos y parientes, todo con el objetivo de mantener su poder, habiendo dirigido una transición claramente inmodélica que nos llevó a una democracia muy incompleta, con escasísima conciencia social, con una resistencia al reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español, y a un enorme subdesarrollo social, cultural y político. Por mera objetividad, Preston debería haber sido mucho más crítico con la figura del Rey. Y lo mismo en cuanto a Carrillo, aunque al revés. Carrillo tuvo sombras, pero también luces que no aparecen en este libro.

La demonización de Santiago Carrillo

Conocí a Santiago Carrillo a través de Manolo Azcárate, la persona encargada dentro del PCE de relaciones internacionales, con el cual colaboré, entre otros eventos, en preparar la visita de Carrillo a EEUU, la primera visita que un dirigente eurocomunista hizo a Washington. Manolo Azcárate fue una de las personas que conocí en la resistencia antifranquista que me impresionó más, por su integridad, compromiso, percepción de lo que necesitaba España, honestidad y coraje. Y fue Manolo quien me pidió que les ayudara a organizar la visita de Santiago Carrillo a EEUU, lo cual hice. Estando en EEUU ayudé tanto al Partido Comunista como al Socialista, durante y después de la clandestinidad. Fue a partir de entonces, del encargo de Manolo, que conocí a Santiago Carrillo, con el cual establecí una relación de amistad que quedó deteriorada cuando critiqué la transición (escrita por primera vez en Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país), mostrando que distó mucho de ser modélica, lo cual desagradó profundamente a Santiago Carrillo y a sus colaboradores.

Santiago Carrillo no fue el demonio que Preston describe. Preston le acusa incluso de servilismo ante el poder, y de ser un oportunista en extremo carente de principios. No estoy de acuerdo con ello, al menos en la parte que yo vi y viví. Estuve presente en la entrevista que tuvo con la dirección del Departamento de Estado de EEUU, actuando, a petición de Carrillo, como su traductor. Y puedo dar fe que, frente al Departamento de EEUU, fue igual de crítico con la política del gobierno federal que con la de la Unión Soviética, sabiendo de antemano que los funcionarios del gobierno federal no esperaban ni deseaban una crítica de él.

Estos y otros hechos que algún día explicaré no encajan con la visión que transmite Preston. Carrillo tenía defectos, y graves, siendo su falta de cultura democrática uno de ellos. Pero, a pesar de mis desacuerdos, Carrillo hizo lo que creía mejor para la clase trabajadora española, anteponiendo ello a todo lo demás. Se puede criticar su estrategia en la transición: yo lo he hecho. Pero él y el partido que lideró han hecho mucho, mucho más por la democracia que el Rey de España, al revés de lo que Preston, en un rechazable oportunismo, declaró.

Ver las luchas internas dentro de la dirección del Partido Comunista como mera lucha por el poder personal, sin analizar el contexto, es profundamente erróneo. Yo simpatice con la postura de Manuel Azcárate en la disputa que llevó a su rotura. Pero no puede interpretarse aquella lucha como una lucha para conseguir más poder o para aferrarse al sillón. Y un tanto igual en su lucha con Jorge Semprun. En realidad, la enorme decepción de Semprun como Ministro de Cultura (es extraordinaria la falta de sensibilidad de Semprun como Ministro hacia la necesidad de recuperar la memoria histórica –por muchos libros que hubiera escrito antes-) era previsible y explicaría en parte los encontronazos que tuvieron Carrillo y él.

Pero la historia de Carrillo no puede ser la lista de “traiciones”. La historia de Carrillo es, repito, con sus luces y sombras, la historia del Partido Comunista, que es mucho más interesante que la historia que ha preparado Preston. Es más, los actos personales de Carrillo deben entenderse dentro del contexto que lo configuró. Y en este contexto hubiera sido más interesante analizar la relación de Carrillo con los militantes del Partido Comunista, que como ha ocurrido en la mayoría de los países bajo dictaduras fascistas o fascistoides, han sido siempre los individuos con mayor dedicación y compromiso en la lucha contra tales dictaduras. Esta dedicación, heroica en la gran mayoría de casos, les hace también vulnerables a su posible manipulación. Y aunque hubo mucho de ello, también es cierto que para muchos militantes de PCE Carrillo fue el que articuló bien su lucha y sus compromisos. De todo esto, que es lo que hubiera hecho su biografía interesante, Preston no dice nada. ¡Qué lástima!

Ver artículo en PDF

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 9 de julio de 2013

Este artículo analiza las características del régimen dictatorial de España existente del año 1939 al año 1978. Subraya la naturaleza fascista de aquella dictadura que implantó una cultura elementos de la cual todavía perviven en la cultura conservadora dominante del país.

La dictadura que el golpe militar de 1936 estableció en España, que gobernó España desde 1939 hasta 1978, se define fuera de España como una dictadura fascista. Cuando el Sr. Samaranch, delegado de deportes durante aquella dictadura, y más tarde Presidente del Comité Olímpico, visitó Atlanta en EEUU para inaugurar los Juegos Olímpicos que tomaron lugar en aquella ciudad, la nota biográfica que el The New York Times publicó de él lo presentó como Director General de Deportes del régimen fascista liderado por el General Franco. Y así en Gran Bretaña y Suecia (entre otros muchos países) donde también viví y trabajé por largos periodos de mi vida. Solo en España se conoce aquel régimen como la dictadura franquista, término ampliamente utilizado no solo por las derechas sino incluso también (sorprendentemente) por las izquierdas. La causa de definir aquel régimen de esta manera se debe a un proyecto conservador altamente exitoso que tenía por objeto presentarlo como un régimen caudillista, autoritario, liderado por un general, que limitaba la expresión de libertades sin intentar, sin embargo, cambiar la sociedad e imponer una ideología totalizante a la población. Los que intentaban hacer esto último eran los regímenes totalitarios, tales como los regímenes comunistas. Estos eran no solo autoritarios sino también totalitarios pues promovían el comunismo, que es una ideología totalizante que quería establecer una nueva cultura, ideología y manera de pensar diferente y opuesta a la de un sistema democrático, laico y republicano.

Esta distinción entre regímenes autoritarios y totalitarios la había establecido el politólogo español Juan Linz, profesor de Yale, EEUU, y había sido adoptada por el Departamento de Estado de aquel país para justificar su apoyo a gran número de regímenes caudillistas latinoamericanos, indicando que no eran totalitarios y que por lo tanto tenían el potencial transformador en regímenes democráticos, cosa que no ocurría con los regímenes totalitarios tales como los regímenes comunistas, que no eran reformables y por lo tanto eran dignos de todo tipo de oposición.

Y el mismo Sr. Linz (español procedente de una familia militante de la Falange, el partido fascista español) negaba que el régimen español fuera totalitario y todavía menos fascista. Según él, el régimen liderado por el general Franco era autoritario pero con el tiempo fue cambiando, dando origen a un régimen democrático. Según este autor, aquel régimen liderado por el General Franco tuvo muy poco de fascista, pues la Falange (el partido fascista) fue una fuerza política con poco peso sobre el aparato del estado. Debido a la enorme influencia del Sr. Linz en las ciencias políticas españolas, esta visión fue ampliamente aceptada no solo por la comunidad académica sino por la cultura mediática y política dominante, de manera que incluso las izquierdas la aceptaron. Pocos líderes de izquierda se refieren a aquel régimen como fascista. A lo único a lo que se llega es a aceptar que puede que el régimen fuera fascista al principio, pero luego, con la llegada de los tecnócratas del Opus Dei a la gobernanza del país, el régimen cambió.

¿Qué es fascismo?

Veamos ahora los datos. El profesor Malefakis, Catedrático de la Universidad de Columbia en Nueva York, y uno de los mayores expertos sobre el fascismo europeo, ha definido las características del fascismo (según él, ocho) de manera tal que si un régimen político las tiene entonces es –según él- un régimen fascista. Veamos cuáles son y si el régimen que existió en España tuvo cada una de ellas, señalando la evidencia que lo avala.

Conforme al Profesor Malekafis, un régimen era fascista si:

1. estaba dirigido por un hombre presentado por el régimen como superhumano. Evidencia: el régimen dictatorial español presentaba a Franco como “Caudillo por la Gracia de Dios”. Yo no soy creyente, pero entiendo que es difícil alcanzar un nivel superior para un ser humano que el ser nombrado a dedo por Dios, dotándolo de características superhumanas. El hecho de que Franco fuera, en realidad, un personaje de gran mediocridad es irrelevante. El régimen lo presentó como superhumano;

2. este caudillo superhumano utilizó a un partido, creado antes del régimen, que le ayudó a tomar el poder y establecer su liderazgo en los distintos aparatos del Estado. Evidencia: dicho partido se llamó la Falange, partido creado e inspirado por el Partido Fascista Italiano, tal como reconoció su propio fundador, José Antonio Primo de Rivera;

3. este partido tiene que tener una ideología nacionalista extrema, con deseos imperialistas, con un canto a la fuerza militar y a la fuerza y masculinidad en general. Evidencia: esta fue la ideología que transmitía el régimen a través del partido;

4. tiene que tener pleno control de todas las instituciones mediáticas creadoras de opinión con fines propagandísticos, desde la radio, la prensa, las escuelas, las universidades. Evidencia: el dictador nombraba a dedo a todos los directores de todos los canales radiofónicos o de televisión, diarios y cualquier institución transmisora de información y persuasión;

5. este control tiene que tener como objetivo el de transmitir la ideología del régimen con el fin de crear una nueva mentalidad y un nuevo tipo de sociedad. Evidencia: esa ideología era un nacionalismo españolista extremo y un catolicismo profundamente reaccionario. Tanto el nacionalismo como el catolicismo son ideologías totalizantes que invaden todas las esferas del ser humano, desde la lengua hasta el sexo. En realidad, es difícil encontrar una ideología menos totalizante que el nacionalcatolicismo, que fue la ideología propia e impuesta por el régimen en todos sus medios de información. Desde la lengua que la población debía hablar hasta como realizar el sexo (dos esferas de máxima intimidad) estaban normatizados en aquel régimen, con sanciones (torturas, cárcel, asesinato y/o exilio) en caso de no cumplimiento;

6. el régimen debe intentar romper con un orden anterior para crear uno nuevo. Evidencia: el régimen dictatorial intentó no solo romper sino eliminar cualquier institución republicana, a la cual consideró como anti-española. Su objetivo era crear una sociedad opuesta a la sociedad democrática, laica y republicana, a la que intentó erradicar;

7. el régimen debe presentarse como creador de una sociedad nueva. Evidencia: el objetivo explícito de aquel régimen fue alcanzar este objetivo de desarrollar una sociedad nueva, opuesta a la anterior republicana, con un imperialismo extremo, regida por una cultura religiosa liderada por la jerarquía católica profundamente reaccionaria, subordinando todas las instituciones económicas, sociales y políticas a este objetivo;

8. el régimen debe basarse en tener una alianza con grupos de poder económico y otros, subordinados al estado, que sirvan al poder totalizante. Evidencia: en España, todos los poderes y grupos fácticos, desde la Iglesia y el ejército hasta las grandes empresas y bancos y los grandes terratenientes, apoyaron al régimen, beneficiándose enormemente por ello;

Estas son, pues, las ocho categorías que Malefakis considera necesarias y suficientes para que un régimen fuera definido como fascista. Ahora bien, yo creo que estas categorías son incluso insuficientes (para expandir en este punto ver mi libro El subdesarrollo social de España, 2006, pp. 127-145). Hay que añadir tres que se encontraron en el nazismo alemán y en el fascismo italiano:

9. el régimen debe ser racista. Evidencia: el régimen dictatorial español justificó la conquista de América Latina y el imperio que se estableció en una supuesta superioridad de la raza española. De ahí que el Día Nacional (día que celebraba el imperio) se conocía como el día de la raza;

10. el régimen debe negar que el mundo empresarial y el mundo del trabajo tengan intereses contrapuestos. Evidencia: el régimen dictatorial negó la existencia de la lucha de clases, de donde deriva el establecimiento de los sindicatos verticales, en los que se incluía al empresariado y a los trabajadores;

11. el régimen debe ser profundamente anticomunista. Evidencia: el régimen se caracterizaba por su anticomunismo.

Argumentos en contra de la definición de aquel régimen como fascista: sí que lo fue pero solo al principio

Presentados con la evidencia de que el régimen dictatorial reunía estas once características, han aparecido toda una serie de contraargumentos (a los que contesto en el libro citado anteriormente) entre los cuales el que se repite más frecuentemente es que, aun admitiendo que el régimen pudo reunir estas características al principio, dejó de tenerlas pronto. La Falange, por ejemplo, excepto en la primera etapa de gran represión, fue perdiendo poder, cambiando la naturaleza del estado, dominado en su última etapa por los tecnócratas del Opus Dei. Este argumento ignora varios hechos. Uno, la complicidad del Opus Dei con la Falange y su reproducción del nacionalcatolicismo. Es más, la simbología fascista y su parafernalia continuaron hasta el último día de la dictadura. En la entrada de cada pueblo de España aparecía el símbolo fascista, junto con el nombre del pueblo. Y ello hasta 1978. También hasta esta fecha se requería juramento de lealtad al Movimiento Nacional, que tenía desde el uniforme hasta el saludo, el fascista. Y así una larga lista de hechos.

El hecho de que en las últimas etapas la nomenclatura que controlaba el estado no fuera o no creyera en el fascismo es irrelevante. Tampoco la nomenclatura que controlaba el aparato burocrático en la URSS creía en el comunismo y en cambio se le llamó hasta el último día régimen comunista. En ambos casos, la nomenclatura eran personalidades que no se adherían a ninguna ideología, defendiendo solo y evidentemente sus intereses personales (desde el Rey hasta Suárez, jefe del Movimiento Nacional). Pero ello  no previene que se debiera definir a aquel Estado como fascista, pues todos sus símbolos así lo fueron.

Otro argumento que se ha utilizado en contra de definir aquel régimen como un régimen fascista fue la existencia de otros grupos y fuerzas políticas que competían con la Falange en su influencia sobre el Estado. En realidad, varios autores han considerado la Falange como un partido con escasa influencia. La evidencia muestra, sin embargo, lo contrario. La ideología dominante de aquel régimen reunía cada una de las once características definidas en este artículo. En cuanto a la pequeñez de la Falange, ignora que un partido o fuerza política puede ser de escaso tamaño y en cmabio, su ideología, puede ser la hegemónica en el país. Los partidos liberales hoy en Europa son minoritarios y, en cambio, el neoliberalismo es hegemónico en Europa.

Por qué se quiere negar el carácter totalizante de aquel régimen

Una última observación. El lenguaje no es inocente. La narrativa oficial es siempre la que es promovida por la estructura del poder de un país, y lo mismo ocurre en España. Negar el carácter totalizante del régimen dictatorial, su nacionalcatolicismo, el ingrediente central del fascismo español, tiene una función política de enorme importancia, como podemos ver hoy. Las contrarreformas que está llevando el gobierno del Partido Popular y la ideología que lo sustenta tienen sus raíces históricas en el fascismo español. La obvia falta de cultura democrática del PP, su intento de recuperar un nacionalismo extremo, su negación de la plurinacionalidad de España, su represión de la clase trabajadora con pérdida de derechos laborales, sociales y políticos, su estrecho ligamen con los grupos fácticos y poderes económicos, sus contrarreformas educativas para generar “élites superiores” que gobiernen el país, su profundo nacionalcatolicismo, son todo ello reliquias del fascismo que caracterizó aquel Estado. No estoy, naturalmente, indicando que el PP o su cultura sean fascistas, pero sí que estoy subrallando que partes de esta cultura son heredadas del régimen fascista. Y soy consciente de que cuando lo defino como fascismo en lugar de franquismo, se generará una respuesta de hostilidad, no solo por parte de las fuerzas conservadoras españolas sino también incluso por parte de algunas izquierdas que ven el término fascismo como “excesivamente fuerte”. Y ahí está el problema. Viendo a aquel Estado como meramente autoritario no se dan cuenta de la continuidad de la ideología que todavía hoy rige el establishment conservador con la existente en aquel régimen dictatorial que científicamente puede demostrarse que fue de una ideología totalizante fascista.

Ver artículo en PDF

El blog del profesor Navarro recomienda la lectura de este artículo sobre la importancia de la lucha contra el amianto.

Para acceder al artículo deben entrar en este enlace

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 20 de diciembre de 2012

Este articulo critica la visión que Paul Preston tiene del Monarca y de la Monarquía Española y su papel y función en el Estado Español.

Paul Preston es un historiador que goza de un merecido respeto y estima entre las fuerzas democráticas que lucharon contra la dictadura en España por sus trabajos sobre aquel régimen que existió en España durante cuarenta años (1939-1978). Sus libros han sido y continúan siendo puntos de referencia en la historiografía   española para miles y miles de, no sólo historiadores, sino gente normal y corriente que ha ido descubriendo lo que ocurrió en este país durante aquel periodo enormemente represivo. Historiador basado en la London School of Economics, es el decano de los historiadores anglosajones, estudiosos de la dictadura que en España se conoce como dictadura franquista.

Una nota personal. No conozco a Paul Preston, pero sí sus trabajos. Utilizo sus textos en mis clases a los estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, que encuentran su lectura absorbente pues muestra una cara de su país ocultada o silenciada en los mayores medios de información y persuasión a los que están expuestos en su vida cotidiana, incluso dentro de la academia. Aplaudo pues su inmensa labor esclarecedora de la naturaleza tan opresiva y cruel que caracterizó aquel régimen político. Cuando volví del exilio, hace ya muchos años, una de las realidades que me causó mayor tristeza e indignación fue ver lo poco que sabían los estudiantes de muchas universidades españolas y catalanas (en las que impartí docencia como profesor visitante) sobre la dictadura y su represión. El miedo y el silencio que conllevó, explica que las generaciones que vivieron bajo la dictadura callaran y no transmitieran a las generaciones más jóvenes lo que habían visto.

Y esta opacidad del pasado, que Paul Preston ha ido mostrando y denunciando, continuó durante la democracia, una democracia muy limitada y muy vigilada como consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras (herederas de la nomenclatura que controló el Estado dictatorial) todavía tienen en las instituciones políticas, mediáticas e incluso académicas de este país. La Real Academia de la Historia ha publicado recientemente un volumen de la historia de España que contiene capítulos de alabanza al Dictador y al sistema político que estableció. Este dominio explica, por cierto, porqué muchos historiadores académicos españoles no hayan tratado aquel periodo con la frecuencia e intensidad que deberían, pues en su valoración para ser promocionados en la carrera universitaria, pueden estar evaluados por catedráticos conservadores, que en muchas áreas llegan a ser mayoría. No es por casualidad que algunos de los profesores universitarios que han sido más críticos con aquel periodo en sus escritos hayan sido historiadores –como Paul Preston- extranjeros. Durante muchos años eran los únicos que tenían acceso a las fuentes de datos que eran vetados a los españoles. Ni que decir tiene que esto ha ido cambiando y hay excelentes historiadores españoles que han hecho una labor extraordinaria, excelente y llena de rigurosidad. Pero muchos de ellos lo han hecho a un coste personal elevado. Su marginación de los centros de decisión tanto universitario como político y mediático es muy acentuada.

Estos son los costes de la Transición de la democracia a la dictadura, que se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras, que impusieron un silencio sobre su pasado, lo cual me lleva al desacuerdo que tengo con Paul Preston, un desacuerdo mayor pues sus lentes, críticas con aquel régimen liderado por el General Franco, son excesivamente benevolentes en su análisis del Monarca y el papel que el Rey jugó en tal Transición.

La transición no fue modélica

El punto de vista que Paul Preston expresa acerca del Monarca es el que se reproduce en el establishment político y mediático español, basado en su mayor parte en Madrid. Es el que también ha sido promovido por las fuerzas conservadoras del país, a la cual se han añadido voces de las fuerzas democráticas que tuvieron un protagonismo en aquella Transición de la dictadura a la democracia. Según tal sabiduría convencional, la Transición -definida como modélica- fue fruto de un consenso entre los herederos de la dictadura y las fuerzas democráticas –lideradas por las izquierdas- que decidieron olvidarse del pasado y mirar al futuro, con gran generosidad por parte de todos, estableciendo una Constitución que recoge la síntesis de tal consenso, el cual permitió que se estableciera una democracia, homologable a cualquier otra en la Europa occidental, dotada con los derechos sociales, políticos y laborales existentes en todo sistema democrático. Y una persona clave en esta Transición modélica, que lideró aquel proceso (con un “comportamiento heroico” según lo define Paul Preston), fue el Monarca que lideraba las fuerzas herederas del franquismo. En su libro sobre el Monarca, Paul Preston, lo define como un demócrata, camuflado en las estructuras del poder dictatorial, que prácticamente esperaba su momento para desarrollar las libertades democráticas. Repito que esta visión es ampliamente extendida en el establishment español.

La idealización de la figura democrática del Rey

En esta idealización de la figura del Monarca se ignoran hechos que la contradicen, y entre ellos son.

1. El Monarca, nombrado por el General Franco como su sucesor, tenía como base de su poder todo el aparato del Estado heredado de la dictadura, incluyendo las Fuerzas Armadas y el Aparato Represivo. Tenía también la capacidad de incidir sobre la mayoría de medios de información en España, tanto públicos (controlados por la nomenclatura del Estado dictatorial) como privados.

2. Las fuerzas democráticas, lideradas por las izquierdas, acababan de salir de la clandestinidad, y su poder institucional y mediático era prácticamente nulo. El desequilibrio de fuerzas no podía ser mayor. De ahí que la Transición se hiciera en términos muy favorables a las ultraderechas y derechas gobernantes y muy desfavorables a las izquierdas.

3. Los primeros borradores propuestos por el primer gobierno nombrado por el Monarca para democratizar el sistema político, que él deseaba liderar, no tenían nada de democrático. El hecho de que tales primeros borradores se fueran abriendo se debió a la gran agitación social, liderada por el movimiento obrero y sus sindicatos clandestinos que se habían infiltrado en los sindicatos fascistas. Desde 1974 a 1978 España vio el mayor número de huelgas y movimientos de protesta que Europa haya visto, de manera que si bien Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle. El temor de los herederos de la dictadura era que hubiera una rebelión popular, contaminada por la Revolución de los Claveles ocurrida en Portugal. Tal agitación fue la que forzó los cambios del Monarca, pues su principal objetivo, por encima de cualquier otro, era mantener la Monarquía, y temía, que por mucho Ejército que controlara, el proyecto se le podría venir abajo si aquellas movilizaciones continuaban.

4. Esta apertura de las propuestas iniciales escasamente democráticas, hechas por el Rey, tuvo sus límites, sin embargo. La Ley electoral, inicialmente aprobada por la Asamblea del Movimiento Nacional (los remanentes del movimiento fascista) como condición de su desaparición, estaba deliberadamente sesgada a favor de los territorios considerados conservadores, con el intento, según han reconocido autores de tal ley electoral, de marginar a las izquierdas, y muy en particular al Partido Comunista.

Dicha ley, aunque modificada, no ha variado en su sesgo, de manera que, aún cuando la suma de los votos a los partidos de izquierda ha sido mayoría en todas las elecciones (excepto dos) al Parlamento Español (las Cortes Españolas), las políticas públicas (excepto en limitados periodos) no han respondido a una voluntad de izquierdas. Aún hoy, España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15.

5. El Monarca y la Monarquía han jugado un papel clave en la permanencia en el poder de los poderes fácticos como la banca y la gran patronal, que continúan siendo el centro del establishment conservador, el mismo establishment que ha sido responsable del enorme retraso político, económico y social de España. Y su intervencionismo en la vida política es mayor que la existente en otras Monarquías, gozando de una inmunidad que no tiene parecido en otros sistemas monárquicos democráticos.

La evidencia de cada uno de estos puntos es abrumadora y queda sintetizada en mis libros Bienestar Insuficiente. Democracia incompleta. Lo que no se habla en nuestro país. 2002 y el Subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. 2006.

Se me dirá, como me lo han transmitido personas protagonistas en aquella Transición, personas que me honran con su amistad y a las cuales he tenido siempre gran respeto y estima (tales como el fallecido Santiago Carrillo), que no había otra alternativa. Parece que ello fue así (aunque tengo que admitir que cada vez tengo más dudas, a la luz de lo que se va conociendo) pero lo que sí considero un grave error es que se definiera la Transición como modélica o que se considerara al Monarca como el mayor motor del cambio democrático. Me parece que cada día se ve mejor que de modélica, aquella Transición tuvo poco, pues ni se ha resuelto el enorme retraso social de España ni tampoco se ha solucionado el hecho todavía no admitido por la Monarquía y por la Constitución, de que España es un país plurinacional. Hoy estamos viendo la gran agitación social consecuencia de los fallos heredados de aquella Transición inmodélica, tanto en el frente social como en el identitario.

Paul Preston no toca estos temas, lo cual es sorprendente, pues la evaluación del pasado debe incluir su impacto sobre el presente. Y el presente está yendo muy mal, y ello está relacionado con cómo no se resolvió el pasado. Lo único que dice Paul Preston es que si no hubiera Rey, habría una Presidencia de la República que la ocuparía gente como Felipe González o José María Aznar, figuras claramente políticas que politizarían en exceso la figura del presidente.

Pero tal argumento ignora que si hubiera una República querría decir que no habría Monarquía y que el establishment enormemente conservador, que ha actuado como freno a los cambios que este país necesita, tendría mucho menos poder. El establecimiento de una República en España sería un enorme cambio pues sería una rotura con el pasado dictatorial y su herencia, liberando la enorme energía, todavía por desarrollar, que significaría una nueva cultura democrática, que inevitablemente ocurriría con el establecimiento de una República. La extraordinaria limitación del sistema democrático español que ofrece escasísimas oportunidades a la ciudadanía para participar en la gobernanza de su país (resultado del dominio conservador en las instituciones españolas) se ampliaría en un sistema republicano, tal como ha ocurrido en otros periodos anteriores de nuestra historia, como fue la II República. En cuanto a la supuesta excesiva politización de la figura del presidente del país, tengo confianza en la ciudadanía española, pues el voto puede solucionar los problemas que el mismo voto crea, lo cual no ocurre con la monarquía.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 4 de junio de 2012

Discurso del Profesor Navarro en los actos de graduación de licenciatura de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, el 25 mayo 2012.

Queridas Autoridades académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y queridos estudiantes de esta facultad que os graduáis hoy en esta Universidad, de la cual me gradué yo hace medio siglo. Os habla entonces una persona de la generación de los años cincuenta y principios de los años sesenta que habla y da la bienvenida a unos nuevos licenciados que espero compartan un proyecto en el que muchas generaciones anteriores hemos estado envueltos. Pero, antes de hablar de este proyecto, permitidme acentuar qué es un honor para mí que me hayáis elegido como vuestro padrino. Según me han dicho, ser padrino me otorga el deber de aconsejaros en la labor que tendréis que realizar a partir de ahora, cuando la población, a través de su Estado, os ha dado la licencia para que la sirváis, poniendo el conocimiento que esta Universidad os ha dado a su disposición. La vocación de servicio es un elemento definitorio de vuestra profesión.

Un instrumento central de vuestro trabajo es la Ley, así como la colección de intervenciones públicas y privadas, a través de las cuales el Estado ejerce sus funciones normativas y reguladoras. Algunos graduados de esta facultad seréis legisladores, otros seréis administradores del bien público, otros seréis jueces, otros seréis fiscales, otros seréis miembros de tribunales que afectarán de manera muy directa el bienestar y calidad de vida de la población. De ahí vuestra enorme responsabilidad.

Pero hoy os invito a que reflexionéis sobre qué es la Ley, incluyendo en nuestro país el sistema judicial, y si está o no sirviendo a la población. Y veréis que las respuestas a estas preguntas no son muy halagüeñas. De todas las ramas del Estado, el sistema jurídico es de los que tienen menos prestigio y respeto entre la población que, por cierto, lo financia. Permitidme que subraye esto. Sin infravalorar el sacrificio de vuestros familiares, y muy en particular a vuestros padres y madres –a los cuales quiero saludar y felicitar en este momento feliz de sus vidas- es importante subrayar que es la población la que, a través de los impuestos, os ha financiado estos estudios. Y es también la que financia el sistema judicial. Pues bien, es entre esta población la que, según las últimas encuestas, el sistema judicial es de los servicios menos valorados por la población. Y no sólo por su enorme lentitud –el caso claro de corrupción de Millet en el Palau de la Música es eterno y bochornoso- sino por su sesgo, casi siempre favorable a las estructuras de poder, a costa del ciudadano normal y corriente, que es la que financia el sistema jurídico.

Creo que la evidencia científica avala la tesis de que las leyes, sistemáticamente favorecen más a las estructuras del poder que a las clases populares. Y la gente lo sabe. De ahí su escepticismo hacia la Ley y hacia sus gestores. Y de ahí su escasa valoración. La población es consciente de este sesgo profundamente conservador de la Ley. Ejemplos de este sesgo conservador hay muchos. Si un conductor, por negligencia, atropella y mata a un peatón, es más que probable que termine en la cárcel. Si un empresario, por negligencia, es responsable de la muerte de uno o incluso varios obreros, les aseguro que no irá a la cárcel. A lo sumo recibirá una multa. El caso más reciente es el escándalo de la industrial del amianto. El mundo empresarial era consciente del impacto fatal de tal producto. Consecuencia de su producción, miles de trabajadores han muerto y continúan muriendo. Y ni uno de los empresarios ha ido a prisión. La gente lo sabe, y de ahí su escasa valoración del sistema judicial. Y se podría decir que, por desgracia, esta situación ocurre en muchos países. Pero es particularmente acentuada en el nuestro.

El descrédito del sistema judicial

¿Por qué? Aquí tenemos que hablar claro. La transición de la dictadura a la democracia se hizo en nuestro país en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban el aparado del Estado. El mantenimiento de la Monarquía era un síntoma de ello. Y las fuerzas democráticas lideradas por las izquierdas apenas salían de la cárcel o habían vuelto del exilio. No era una relación equilibrada, y ella tuvo muchas consecuencias. Una es lo profundamente conservadoras que son las estructuras de este Estado, incluyendo el sistema jurídico y su cúpula, desde el Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional. Hay múltiples indicadores de ello. Desde la negación por parte del Tribunal Constitucional del carácter plurinacional del Estado español al hecho auténticamente bochornoso de que el Tribunal Supremo lleve a los tribunales al único juez en España que se ha atrevido a juzgar los crímenes de aquel régimen dictatorial que dejó en su rastro más de 120.000 asesinados cuyos cuerpos todavía permanecen en lugares desconocidos. El bochorno de esta situación es enorme. Cuando ocurrió esto, el mayor programa de humor de EEUU, Saturday Night Line, hizo un sketch de humor señalando que de la misma manera que Bolivia, un país que no tiene mar, tiene, en cambio un Ministerio de Marina, España tiene un Ministerio de Justicia. El Tribunal Supremo desacreditó enormemente al Estado español, mostrando hasta qué punto ha estado en manos profundamente conservadoras. Hoy en Europa, la existencia de tal Tribunal Supremo es un bochorno. Es impensable que en la mayoría de países democráticos europeos se llevara a los tribunales a un juez que quisiera juzgar los crímenes del nazismo o fascismo.

Esta situación, para cualquier persona con sensibilidad democrática, es intolerable. De ahí que vosotros tenéis que ayudar a cambiar esta situación. Es una tarea inmensa la de democratizar España, la de democratizar incluso el sistema jurídico, como parte de la democratización del Estado. Tenéis que ayudar a hacer la Segunda Transición pasando de la democracia muy incompleta que tenemos a una democracia mucho más completa que la ciudadanía se merece. Hay que establecer un sistema judicial al servicio de la población, y muy en especial de las clases populares. Hay que democratizar la ley y la gestión de la ley.

Pedir democracia hoy es subversivo

Ahora bien, en España exigir democracia hoy es casi subversivo. Se están aplicando políticas como las de austeridad y de recortes, que no han sido aprobadas por un mandato popular, pues no estaban en los programas electorales de ningún partido. Y muchas de ellas son incluso contrarias a la Constitución. Estos recortes, por cierto, están creando una enorme crisis económica además de social, pues disminuyen la demanda y generan la recesión, en camino de transformarse en depresión.

En esta lucha me permito aconsejaros que cuestionéis la “sabiduría convencional”. ¿Por qué –debéis preguntaros- el derecho de propiedad del capital es sagrado, mientras el derecho al trabajo y a la vivienda es agua de borrajas? ¿Por qué no se conserva el derecho de la vivienda y en cambio se considera sagrada la propiedad? ¿Por qué se protege tanto a la Banca y tan poco al inquilino desahuciado?

Y aunque os parezca que la oposición a la democratización del Estado es enorme, sabed que si la causa que defendáis es justa, al final venceréis. Recordad que en esta lucha por la democracia sois continuadores de la lucha de otras generaciones, la de mis padres que perdieron la guerra defendiendo la República y un gobierno democrático, y que fueron brutalmente represaliados por ello, la de los años cincuenta que iniciamos la resistencia pacífica contra la dictadura, la de los años sesenta y setenta, liderada por el mundo obrero que consiguió terminar con aquella dictadura. Y no os olvidéis nunca que, aun cuando el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle. La agitación social logró tal fin.

Pero la lucha por la democracia continuó durante el periodo democrático. Y aquí quiero saludar a los movimientos sociales, a los sindicatos y a los partidos políticos discriminados por una ley electoral que les penaliza, y quiero saludar también al movimiento 15-M, que es un aire fresco en este cambio. Sumaros a ellos porque la situación actual, donde los derechos sociales, políticos y laborales están siendo reducidos, vosotros, trabajadores intelectuales que gestionaréis la Ley, tenéis la oportunidad de que el derecho -que es hoy parte del problema- sea parte de la solución. Y ello se hará siempre que apoyéis a los más vulnerables frente a los más poderosos. Defender a los trabajadores, defender a los consumidores, defender a los usuarios de los servicios públicos y privados, defender a la gente normal y corriente que cada vez tiene menos voz.

Hoy la juventud, vosotros, tenéis enormes retos. El 50% de los jóvenes no encuentran trabajo y derechos elementales como la sanidad, los están eliminando. Una persona joven de más de 26 años ya no tiene cobertura sanitaria garantizada por ley. Estamos volviendo a situaciones que creíamos habíamos ya dejado atrás.

De ahí que la lucha, y no hay otra manera de decirlo, la lucha por la democracia, por los derechos sociales y por los derechos laborales, por el bienestar del país, son la misma lucha. Y termino ya, sólo para señalar que en los años cincuenta y sesenta, las facultades de la Universidad de Barcelona que más activas eran en la resistencia antifascista eran la de Medicina y la de Derecho. Os invito a que continuéis la lucha de vuestros antepasados, los estudiantes de derecho de entonces. El país ahora os necesita más que nunca, cuando nuestros derechos están amenazados. Seguro que lo haréis.

Ver artículo en PDF

Entrevista a Vicenç Navarro de la Asociación Progresista de Estudiantes de Catalunya, marzo de 2012

P. Usted ha sido uno de los intelectuales que ha apoyado con mayor intensidad el movimiento 15-M, ¿por qué?

R. Sí, lo valoro muy positivamente. Creo que estos movimientos, que van desde la Primavera Árabe al movimiento de indignados en España, también llamado movimiento 15-M, o el movimiento Occupy Wall Street en EEUU, entre otros, son indicadores de la creciente protesta frente a la inexistencia de sistemas democráticos, como en el caso de los países árabes, o a las enormes limitaciones de las instituciones políticas existentes, como es el caso de España y de Estados Unidos. Son movimientos que exigen el desarrollo de instituciones auténticamente democráticas, demanda que entra en conflicto con las instituciones políticas claramente instrumentalizadas por grupos financieros y por la patronal.

P. ¿Y por qué surgen ahora?

R. Porque las crisis económicas y financieras han mostrado claramente esta instrumentalización de las instituciones políticas por tales poderes financieros y económicos. Hoy la democracia está enormemente mermada. Estamos viendo como los gobiernos están tomando decisiones altamente impopulares que no estaban en sus programas electorales, decisiones que se presentan como las únicas posibles a fin de satisfacer o bien a los mercados financieros o a Bruselas o al binomio Merkel-Sarkozy o a lo que sea.

P. Los Estados parece que no cuentan, pues.

R. No, ¡cuidado! El hecho de que los gobiernos estén llevando a cabo estas políticas es porque las élites financieras y la gran patronal española tienen una enorme influencia sobre el Estado español. Y utilizan el argumento de que no hay otras alternativas que las que mandan aquellos agentes “extranjeros”, es decir, las élites financieras o las grandes patronales que controlan la troika, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, excusándose en esta externalización de responsabilidades para hacer lo que siempre han deseado. Es lo que Noam Chomsky, en la introducción del libro Hay alternativas, dice con toda clarividencia: la guerra de clases unilateral.

P. O sea que usted cree que el argumento de que los Estados están desapareciendo como consecuencia de la globalización o de la europeización, en el caso de la Unión Europea, no es válido.

R. Exacto. De ahí mi desacuerdo con muchos autores como Eric Hobsbawm o Susan George, entre otros que sostienen tales tesis. Los Estados continúan teniendo un papel muy importante. Lo que ocurre es que las élites dominantes, es decir, la burguesía financiera y la gran patronal, aliadas con las élites europeas, llevan a cabo unas políticas comunes que perjudican a sus clases populares, tanto en España como en otros países. Es esta alianza de clases la que perjudica a la clase trabajadora alemana –manteniendo unos salarios relativamente bajos, muy por debajo de su nivel de productividad- así como a las clases populares españolas, griegas, portuguesas, irlandesas e italianas. Las rentas del trabajo de estos países han estado disminuyendo a fin de que las rentas del capital –del capital alemán, francés, español, griego, portugués, italiano e irlandés- vayan aumentando. Los datos están ahí para que todos puedan verlos.

P. ¿Hay, pues, una internalización de las clases dominantes?

R. Sí, frente a la cual hay que poner una alianza de las clases dominadas, que son la gran mayoría de la población. Y esta alianza implica que junto a la agitación necesaria a nivel del Estado nación debe haber otra movilización a lo largo de todo el continente, es decir, a lo largo de la Eurozona, e incluso a lo largo de la UE. Ambas movilizaciones, a nivel nacional y a nivel europeo, son y serán movilizaciones que exijan la democratización de las instituciones supuestamente democráticas, tanto a nivel nacional como europeo.

P. Usted no cree, por lo tanto, que el problema sean los mercados financieros u otro concepto que se pueda estar utilizando para promover la idea de que no hay alternativas.

R. Siempre ha sido un error el externalizar las responsabilidades. Antes era la globalización. Ahora son los mercados y mañana será algo más. Con estas tesis de responsabilizar a los mercados se cae en un fatalismo determinante, un determinismo que es paralizante. Por extraño que parezca, los intereses de la deuda pública no los determinan los mercados, sino el Banco Central Europeo. Esta institución puede controlar, y de hecho lo hace, tales intereses. El dominio del pensamiento económico atribuye a los mercados hechos que son profundamente políticos. Lo mismo en cuanto al nivel salarial y su supuesta necesidad para incrementar la competitividad. Este argumento es falso. El nivel de los salarios es una variable política, no es una variable económica. Se utiliza constantemente el mercado para ocultar una voluntad y responsabilidad política.

P. De ahí deduce usted que todo lo que pasa depende de las relaciones de poder dentro de cada país-Estado.

R. Sí, esta relación de poder es la que determina qué es lo que se hace. El gobierno Zapatero tenía otras alternativas. Creo que lo hemos demostrado con datos en nuestro libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social. En lugar de congelar las pensiones para ahorrar 1.500 millones de euros, el Estado español podría haber mantenido el impuesto de patrimonio, lo cual quiere decir que hubiéramos conseguido casi el doble de esta cantidad, 2.500 millones de euros. Y así, política pública tras política pública.

P. Volviendo al Estado nación. El movimiento 15-M que usted ha defendido y apoyado, ha sido criticado extensamente, incluso desde la izquierda. Por ejemplo, se le ha definido como jóvenes estudiantes o universitarios, de clase media y con escaso potencial transformador.

R. Me parece que se confunden conceptos y realidades en este argumento. Sí, muchos son de clase media, estudiantes y graduados, muchos de ellos de clase media. Y no veo problema en ello. Los famosos movimientos del Mayo francés fueron iniciados por estudiantes y jóvenes desocupados en paro, y casi terminaron con el sistema jacobino francés cuando se le sumaron los sindicatos. Francia se paralizó, y el Ejército casi salió a la calle. El movimiento 15-M ha tenido ya un gran impacto. Temas como la falta de credibilidad de las instituciones representativas, por ejemplo, han adquirido una enorme visibilidad que no tenían antes, debido a la movilización y protesta del  movimiento 15-M frente a la limitadísima democracia española. Un tanto semejante ha ocurrido en EEUU, donde el discurso del Presidente Obama en el Congreso, enfatizando el enorme problema que suponía la polarización tan aguda y obscena de las rentas no hubiera existido si no hubiera existido tal movimiento, que ha hecho de dicha polarización, del 1% frente al 99%, su tema clave.

P. Se les critica también que están muy desorganizados y poco disciplinados

R. En cuanto a lo primero, es un movimiento joven en el que influyen muchas sensibilidades, que necesitan tiempo para ir convergiendo en un movimiento. En cuanto a lo segundo, hay que tener en cuenta que la cultura del 15-M es distinta a la cultura tradicional de las izquierdas, que es más jerárquica y disciplinada.

P. ¿Qué piensa usted de las declaraciones recientes de Stéphane Hessel en Público, en las que, sorprendentemente indicó que “el movimiento de los indignados fue nefasto para la izquierda en las últimas elecciones y acabó llevando a la derecha al poder”?

R. Me parecen profundamente equivocadas. Creerse que el movimiento 15-M contribuyó al triunfo de la derecha es un profundo error. Es resultado de no conoce bien la realidad española. Hessel, que declaró su apoyo al candidato Rubalcaba, parece tener un conocimiento muy limitado de nuestro país. La mayor causa de la victoria del PP fue la manera como el gobierno Zapatero respondió a la crisis actual. Fue esta respuesta la que creó la protesta electoral, que le castigó. El argumento de Hessel es excesivamente generoso con las políticas del gobierno Zapatero.

El Museo Reina Sofía inaugura hoy la exposición del pintor Hans Haacke “Castillos en el aire” (15/2 – 23/7) que es una exposición pictórica crítica de la especulación inmobiliaria en España. El Museo Reina Sofía invitó al profesor Navarro a que escribiera una introducción al tema que se pudiera distribuir durante la exposición y que el blog presenta hoy tanto en su versión castellana como inglesa.

Los orígenes del problema: la dictadura franquista

Los cuarenta años de dictadura en España dejaron huellas profundas en los posteriores vividos en democracia. Una de ellas fue la gran dependencia que la economía tiene del sector bancario-inmobiliario, sector que juega un papel clave en la configuración del espacio económico del país.
Una política explícita del régimen franquista, extremadamente conservador, fue incentivar la propiedad inmobiliaria entre la ciudadanía. Como dijo en 1957 el dirigente falangista José Luis Arrese, ministro de Vivienda, “Queremos un país de propietarios, no de proletarios” . Era pues un objetivo político de las fuerzas dominantes estimular la propiedad de la vivienda como elemento básico de pertenencia de la ciudadanía, reforzando así la cultura conservadora del país.

Debido a estas políticas, España sufrió un cambio significativo. En lugar del alquiler (que había sido la forma habitual de acceder a la vivienda), se generalizó el sistema de pago a las instituciones financieras (banca y cajas), con el cual conseguir la deseada propiedad.
En los últimos años de la dictadura, el 70% de las viviendas estaban en este régimen de propiedad, aunque, para millones de españoles, la propiedad de la vivienda no era tanto suya  sino del banco, al cual tenía que pagar su hipoteca durante muchos años. Gran parte de la población estaba hipotecada y dependía de la banca y de las cajas (las cuales se comportaban más y más como la banca, al intentar optimizar sus beneficios en los préstamos).
En realidad, entre jóvenes y adultos, propietarios reales eran minoría, aunque el número iba aumentando a medida que avanzaba la edad: el sistema hipotecario no abundaba entre los ancianos, pues se hallaban al final de su existencia y también del pago de su hipoteca. La mayoría de propietarios pasaba, así, gran parte de su vida laboral pagando sus hipotecas. De ser un país de arrendatarios, España se convirtió en un país de endeudados con hipotecas inmobiliarias.

La continuación de las políticas públicas durante la democracia

Las políticas antes descritas fueron continuadas por todos los gobiernos de la democracia, que ofrecieron númerosos estímulos para que la población prefiriese comprar su vivienda a alquilarla. Entre ellos destaca desgravar el pago de las hipotecas, que en realidad significó un subsidio público para bancos e inmobiliarias, los cuales aprovecharon los subsidios a deudores para aumentar el precio de la vivienda y de las hipotecas.
Por todo ello, en 2007, antes de que comenzara la crisis, el sistema de propiedad (es decir, las personas que vivían en una vivienda hipotecada y las personas que ya poseían su vivienda) llegó a representar nada menos que el 87% de las viviendas, el mayor porcentaje de propiedad de la vivienda existente en la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). En realidad, el 35% de las familias tenía más de una casa. Tener dos o más viviendas pasó a ser un distintivo de clase, pues eran las rentas superiores y medias-altas las que expandieron su propiedad inmobiliaria más intensamente. El alquiler pasó a representar, y continúa representando, sólo un 13% del mercado de la vivienda, uno de los más bajos de la UE-15. En Francia es un 38%, en Gran Bretaña un 32% y en Alemania un 57%.
Esta situación explica en parte la inflexibiliad que caracteriza el mercado de trabajo español, pues la propiedad de una casa acaba determinando el lugar de residencia del propietario y limita su movilidad territorial: uno se lo piensa mucho antes de ir a trabajar a otra parte del país, si ello supone tener que vender la casa o resolver el problema de su hipoteca. Así, una de las mayores causas de la escasa movilidad en el mercado laboral apenas tiene visibilidad en los medios y, sin embargo, es uno de los mayores condicionantes que impiden el traslado de las personas de una población a otra según sus necesidades.También explica que muchas personas deban trasladarse largas distancias para ir de su casa al lugar de trabajo, con los costos humanos (el estrés en el transporte es una de las mayores causas de accidentes de España), económicos (la familia española se gasta el 3% de su renta disponible en transporte) y urbanos (la contaminación atmosférica, causada en parte por el transporte, ha alcanzado niveles anormales y por encima de los valores permitidos en varias ciudades españolas) que implica.
La explosión de propietarios ha provocado un gran aumento de los precios de la vivienda, desproporcionado respecto al resto de la economía. Así, el precio de la vivienda creció un 12% por año durante el periodo 1997-2007, siendo este crecimiento especialmente acentuado durante el periodo 2003-2006, cuando creció en un porcentaje de un 20% anual (Instituto Nacional de Estadística). En el año 2008, el precio de la vivienda representaba nada menos que 7,7 veces la renta familiar del país, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, representaba sólo 4,8 veces.
El precio de la vivienda rebasó con mucho el crecimiento de la economía. La mayor demanda de viviendas, resultado del crecimiento de la población, sobre todo de la población inmigrante, fue una de las causas de este aumento, pero no la principal. Lo fueron las prácticas especulativas del complejo banca-sector inmobiliario, que jugó un papel clave en el establecimiento de la burbuja inmobiliaria. Al estallar, creó el enorme problema financiero (falta de crédito) y económico (escasa demanda) que España está viviendo hoy en día.

¿Cómo surgió el complejo banca-sector inmobiliario?

Para responder, tenemos que hacernos preguntas que raramente se hacen. Debemos preguntarnos, por ejemplo, por qué creció tan rápidamente el complejo banca-sector inmobiliario. Para dar una respuesta, habríamos de formularnos dos preguntas previas: a qué se debió el rápido crecimiento del sector bancario y por qué creció, con igual celeridad, el sector inmobiliario. En realidad, ambas preguntas están relacionadas y responden a las mismas causas: la mala distribución de las rentas en España, una de las más desiguales en la Unión Europea-15.
Uno de los hechos más importantes que se han dado en la economía española reciente ha sido la disminución de las rentas del trabajo. Es decir, los salarios han ido bajando en términos reales, no nominales (diferencia importante, pues en el análisis de los sueldos y su capacidad adquisitiva hay que descontar al salario nominal, el impacto de la inflación, y otros factores que afectan a la capacidad adquisitiva real de las personas). Este descenso forzó a las familias a endeudarse para comprar un piso, lo cual pudieron hacer gracias a las grandes facilidades de crédito, consecuencia, en parte, de la entrada de España en el euro; también a que el aval necesario para obtener crédito era (y continúa siendo) para la mayoría de las familias, su vivienda; y finalmente, a los estímulos estatales a las hipotecas que se han mencionado anteriormente . Y puesto que el precio de la vivienda iba creciendo rápidamente, las familias podían conseguir crédito y endeudarse.
Ahí está el origen del enorme endeudamiento privado de España,  un 87% del PIB, un porcentaje mayor que el endeudamiento público (68%) que ha acaparado el interés mediático. Ésta es también la causa del gran crecimiento de la banca: a mayor endeudamiento, mayores beneficios. Numerosos estudios nacionales e internacionales documentan que, a mayores desigualdades de renta en un país (una mayor concentración de las rentas en una minoría de la población), mayor endeudamiento de la mayoría de la población y mayor crecimiento del sector financiero basado en el crédito (lo que se conoce popularmente como la banca).
España confirma esta realidad. Según la Agencia de datos de la Unión Europea, el Eurostat, España es uno de los países con mayores desigualdades de renta en la UE-15, y, a la vez, con un mayor porcentaje de familias endeudadas. Lo primero –las desigualdades y la escasa capacidad de compra de la mayor parte de la ciudadanía– lleva a lo segundo.

Consecuencias del endeudamiento de las familias por una parte (falta de demanda) y de la concentración de las rentas por otra (la especulación)

La banca y las cajas, que en gran medida se comportaron  como los bancos, con el fin de optimizar sus intereses, prestaron dinero para que la gente obtuviera hipotecas y comprara su vivienda. El descenso de los salarios que determinó el crecimiento del endeudamiento creó enormes problemas económicos, sociales y humanos. Así, según el propio Banco de España , el porcentaje de familias que destinaba más del 40% de su renta a pagar su hipoteca pasó de ser un 42,4% en 2002 a un 70,9% en 2005. Esto era el resultado no tanto del incremento en las facilidades del crédito (como señalan las instituciones financieras), sino –como indiqué anteriormente- de la disminución salarial. El porcentaje de trabajadores que ganaban menos de 18.500 euros aumentó del 57,8% al 60% durante el mismo periodo. Mientras, los dividendos empresariales crecieron una media del 30% durante ese mismo espacio de tiempo, siendo mayor en las empresas financieras, un 42%.
Ahora bien, hay otro factor que explica el gran crecimiento de la banca,y tiene que ver, de nuevo, con la distribución de las rentas en España. La reducción de las rentas del trabajo implicó la disminución de la capacidad adquisitiva de la población, y con ello el descenso de la demanda de bienes y servicios. Es decir, decreció la compra de coches, bicicletas, trajes y otros objetos de consumo, lo cual convirtió  el sector de la economía productiva en un sector poco rentable. La gente muy rica, que depositaba su dinero en el banco, prefirió, por lo tanto, invertirlo en actividades de rentabilidad más alta que la existente en la economía productiva, entre ellas, en las especulativas del sector inmobiliario. Esta relación banca-sector inmobiliario se transformó en un enorme bloque de poder que, junto al sector de la construcción, se convirtió en el motor del crecimiento económico, conocido como el “milagro español”.  Tal “milagro”, sin embargo, estaba basado, en parte, en especulación y contaba con múltiples cómplices, incluyendo a las autoridades públicas. Los Ayuntamientos, cuya mayor fuente de ingresos procedía de los impuestos sobre la propiedad, vieron crecer sus ingresos notablemente. Y el Banco de España, en teoría regulador de la banca y por tanto responsable de haber prevenido e impedido la burbuja protegiendo y garantizando el crédito, se relajó en su función reguladora, favoreciendo frecuentemente los intereses de la banca en lugar de los de los usuarios, ciudadanos y medianas y pequeñas empresas que necesitaban el crédito.
Todo ello ocurrió a pesar de las advertencias de los propios inspectores del Banco de España. Fue entonces cuando se creó la imagen tan extendida y promovida en círculos económicos y financieros de que el sistema financiero español era el más sólido y eficaz de todos los existentes. Confundiendo eficacia con poder, se aceptó la prepotencia del complejo bancario-sector inmobiliario-industria de la construcción, que fue el eje y motor del supuesto milagro económico, llegando a suponer el 10% del PIB.
Estableciendo un símil con la realidad estadounidense, la importancia del complejo banca-inmobiliarias-construcción en la economía española era semejante a la del complejo militar-industrial en la economía estadounidense, con la salvedad de que este último al menos ha creado colateralmente medidas de estímulo productivo, tales como Internet, que aún pudiendo haber sido desarrolladas más eficazmente invirtiendo en otros sectores de la economía, el hecho es que han derivado en bienes productivos. En España, sin embargo, tal complejo no tuvo ningún efecto estimulante colateral. Todo lo contrario, empobreció y retrasó la mejora de la economía, pues absorbió gran número de recursos que podrían haberse invertido en áreas más productivas. Gran parte de la juventud abandonó sus estudios para ganar dinero rápido, siendo ésta una de las mayores causas de abandono escolar en España. Todo ello contribuyó a que cuando explotara la burbuja inmobiliaria, el nivel de desarrollo económico se estancase, perdiéndose así lo ganado en estos años de boom económico.

La explosión de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias

El estallido de la burbuja inmobiliaria fue el detonante de la crisis financiera y económica en España. La banca, cuya liquidez provenía en gran medida de la banca extranjera y, muy en particular, la banca alemana y francesa, se encontró en una situación muy vulnerable: además de convertirse en la propietaria de la mayoría de viviendas vacías (tres millones), ahora tenía problemas derivados de su dependencia del capital financiero europeo, muy contaminado con los productos tóxicos que les llegaron de Estados Unidos. Como consecuencia, se colapsó el crédito, afectando primordialmente a la población hipotecada y al pequeño y mediano empresario. Todo ello causó un gran descenso de la demanda, a lo cual ha contribuido el enorme crecimiento del desempleo. España pasó de crear 2.4 millones de puestos de trabajo en el periodo 2004-2006 a la destrucción de dos millones en el mismo periodo de tiempo en los años posteriores. La mitad de estos empleos corresponden a la industria de la construcción.

En este estallido no puede ignorarse el papel que han jugado las autoridades públicas, comenzando por el Banco de España, que cerró los ojos ante las prácticas especulativas de la banca, algo similar a lo que ocurrió en Estados Unidos, donde también se produjo una burbuja inmobiliaria con consecuencias semejantes. Los reguladores de la banca, tanto en España como en Estados Unidos, que tenían que haber previsto estas actividades especulativas no lo hicieron. Los análisis realizados a partir de la crisis han mostrado unos comportamientos contables encaminados a ocultar el verdadero estado patrimonial de la banca, como se ha dicho, el mayor propietario de viviendas vacías en España, dándose la situación paradójica y profundamente inhumana de que, mientras hay millones de españoles con dificultades para acceder a una vivienda, tres millones se ecuentran vacías. Es más, la banca se resiste a rebajar el precio de las viviendas que poseen, dificultando la reactivación del mercado del sector. En efecto, durante el periodo de la crisis, el precio de la vivienda ha bajado sólo un 17%, cuando se calcula que el precio está sobrevalorado en un 30%.
Las medidas adoptadas por el Estado han sido claramente insuficientes. Se podría haber penalizado el tener viviendas vacías, gravando la propiedad anualmente en un 5% de su valor, como ha sugerido Dean Baker, del Center for Economic Policy Research, uno de los economistas especializados en temas inmobiliarios más conocido y respetado en Estados Unidos. O prohibiendo que estuvieran vacías, forzando su alquiler, medidas que se han aplicado en otros países pero que no se han considerado en España, ni por el gobierno central ni por los autonómicos.
Otra consecuencia del estallido de la burbuja en España ha sido la disminución de los ingresos al Estado (los cuales dependen primordialmente de las rentas del trabajo), pero tales ingresos han descendido;  de hecho son los más bajos de la UE-15, un 32% frente al 44% de promedio. Otros tres factores han contribuido al descenso de ingresos del Estado. El primero ha sido la reducción de la carga impositiva de las rentas superiores que ha venido ocurriendo durante los últimos quince años. El segundo, el enorme crecimiento del desempleo, que ha alcanzado el mayor porcentaje conocido hasta ahora, un 22%, con un 48% entre los jóvenes. El tercero, el decrecimiento económico, resultado del descenso de la demanda.
Esta reducción de ingresos del Estado ha generado el problema de la deuda pública, que a pesar de ser menor (68% del PIB) que en el promedio de la Eurozona, ha estado sujeta a un gran ataque especulativo por parte de los mercados financieros. Tales mercados tienen escasa confianza en la viabilidad y credibilidad de la banca española, excesivamente mezclada con el sector inmobiliario, y en la habilidad del Estado para pagar su deuda a causa de sus bajos ingresos. Por ello, el complejo bancario-inmobiliario ha sido también un factor determinante en el problema de la deuda pública, que intenta resolverse erróneamente mediante los recortes de los derechos sociales y laborales, que no tuvieron nada que ver, por cierto, con la crisis que tiene hoy el país. España, que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, está reduciéndolo todavía más. No puede, por lo tanto, atribuirse la crisis de la deuda pública a un inexistente excesivo gasto público (incluido el gasto público social), tal como se está malinterpretando en las políticas públicas de austeridad de gasto social que sucesivos gobiernos centrales y autonómicos han estado llevando a cabo durante estos años de crisis. Tal problema radica en los escasos recursos que tiene el Estado (tanto central como autonómico) y a la desconfianza en la solidez del sistema bancario español, entrelazado con el sector inmobiliario, profundamente endeudado. Las consecuencias de tal relación han sido muy negativas para la economía y para la sociedad española.

Ver artículo en PDF

Esta nota muestra la manipulación que están haciendo autores neoliberales sobre el tamaño del déficit público español y su comparación con el de Estados Unidos.

Al recibir bastantes copias de una crítica maliciosa hecha por una web neoliberal cuestionando mis datos escribí una respuesta ayer en la que mostraba la manipulación que tal web estaba realizando de unas declaraciones mías aparecidas en El País. Con una rapidez inmediata los autores de aquella crítica maliciosa respondieron intentando mostrar, de nuevo, el supuesto error de mis datos. En la nota escrita ayer hacia referencia a la cita original (que criticaba su anterior) en la que decía lo siguiente: “en los últimos tres años (no 30 años como publicó El País debido a un error de transcripción) el déficit ha sido incluso mayor al español. Y mucho mayor que el promedio de la Eurozona, con lo cual no lo hubieran permitido entrar en esa comunidad monetaria”. Pues bien, en la respuesta inmediata tal web neoliberal responde con un tono que intenta ser irónico señalando en un gráfico que lo que digo no es cierto, mostrando que el déficit público de Estados Unidos había sido menor, y no mayor, que el de España.

Lo que el gráfico hace es algo que un investigador debería evitar, pues cada fuente de datos utiliza distinta metodología para contabilizar el déficit público. El gráfico no compara, por lo tanto, dos datos que hayan utilizado la misma metodología en el cálculo de tal déficit. Para señalar el déficit de España la web neoliberal utiliza como fuente de datos Eurostat y para mostrar el déficit público de Estados Unidos cita la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca. No sé si lo que motiva esta falta de utilizar la misma fuente de datos para comparar el déficit de España con el de EEUU es incompetencia o manipulación. Me temo que es lo último pues cuando se utiliza la misma fuente de datos, se ve que el déficit de EEUU era mayor que el de España tal como indiqué. Adjuntamos los datos de una misma fuente que es AMECO (Annual Macroeconomic Data Base) de la Comisión Europea (16. General Government / 16.1 Net Lending / Net Lending (B9), last update 10 November 2011).

Nota del blog del Profesor Navarro sobre la necesidad de que el debate actual sobre el déficit y la deuda pública se base en el respeto y en el rigor.

Soy consciente que mis posturas crean gran desacuerdo en muchos círculos económicos y financieros, lo cual sería una medida positiva, pues debieran estimular un muy necesario debate que tendría que hacerse con el respeto debido a cualquier postura. Esto, por desgracia, no ocurre frecuentemente en España. He vivido en Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos durante mi largo exilio, participando activamente en la vida académica e intelectual de aquellos países y tengo que admitir con gran tristeza que en ninguno de ellos percibí el nivel de hostilidad hacia mi persona que existe en algunos círculos conservadores y liberales de España. Sus comentarios siempre van acompañados de insultos y sarcasmos, procedentes incluso de figuras académicas, manipulando con gran deshonestidad los datos o argumentos que presento.

Un ejemplo de ello es una web ampliamente distribuida bajo el título “El profesor Navarro y la interpretación de los datos” en la red por los que se consideran mis adversarios en el que se capitaliza en un error de transcripción hecho por El País, en una entrevista que tal rotativo me hizo en preparación para la publicación de un reportaje que tal rotativo hizo sobre las distintas respuestas que distintos autores en temas económicos estábamos dando de la crisis. Tal reportaje, llamado “Un margen estrecho para huir de la recesión”. (El País) contenía una expresión que se me atribuía, señalando que “Estados Unidos no podría haber sido aceptado en la Unión Europea, puesto que su déficit promedio en los últimos 30 años ha sido un 6% del PIB”. Sin comprobar la veracidad de la cita mirando el original de mi artículo, colgado en mi blog, los señores de la web inmediatamente se movilizaron para intentar desacreditarme, señalando, con gran lujo de gráficos, que el déficit promedio en los últimos 30 años no había sido un 6%, sino un número más bajo. A esta denuncia de mi supuesta ignorancia, se añaden varias páginas de comentarios que rivalizan entre ellos sobre cual es más ofensivo hacia mi persona.

Si se hubieran molestado en mirar el origen de tal cita, que es mi artículo “¿Por qué no hay margen para estimular la economía?” (10.11.11) habrían visto que el original de mi artículo lee como sigue “en los últimos tres años (no 30 años como publicó El País debido a un error de transcripción) el déficit ha sido incluso mayor al español. Y mucho mayor que el promedio de la Eurozona, con lo cual no lo hubieran permitido entrar en esa comunidad monetaria”. Ignoro como aquella cita apareció en El País y lo atribuyo a un problema de comunicación entre mi despacho y el corresponsal de El País, sin culpabilizarlo en esta confusión. Pero lo que si doy fe y así lo mostré en mis escritos (pues he escrito extensamente sobre el déficit y la deuda pública estadounidense) es que conozco bien la situación del déficit y de la deuda pública y que no me merezco ni la crítica ni los insultos gratuitamente proveídos. Errores en las transcripciones en la prensa diaria son frecuentes y es parte de la mezquindad que caracteriza a grandes sectores del pensamiento conservador de este país de que tienen que recurrir a estos errores para crear todo un montaje de intento de desacreditar a su adversario. Estos comportamientos hablan más de la falta de potencia intelectual de sus argumentos y escasa honestidad en su comportamiento que de los inexistentes errores del que consideran ser su adversario.

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 19 de octubre de 2011

Este artículo analiza críticamente la interpretación de la realidad existente en Estados Unidos por parte del corresponsal de El País en Washington. Sus reportajes muestran un sesgo conservador neoliberal que no interpreta correctamente lo que ocurre en aquel país.

La cobertura mediática de EEUU es en España, en general (aunque con notables excepciones), insuficiente, cuando no errónea. Reconozco que EEUU no es un país fácil de comprender desde el punto de vista europeo. Por ejemplo, el rojo, el color tradicional de las izquierdas en Europa, es el color de las derechas (el Partido Republicano) en aquel país, y viceversa, el azul es el color del partido que en el espectro estadounidense representaría a las izquierdas, es decir, el Partido Demócrata.

 Otro elemento de confusión es que la narrativa utilizada en el discurso político es distinta, incluso opuesta a la utilizada en el discurso político europeo. Un político “liberal” en EEUU es una persona a la que en Europa se la llamaría socialdemócrata, pues favorece políticas redistributivas, la universalización de derechos laborales y sociales, la intervención del Estado para regular la economía, y favorece la sindicalización de los trabajadores. En Europa, el político liberal sostiene precisamente políticas opuestas. De ahí que cuando los periodistas españoles traducen literalmente el término liberal de los textos y medios estadounidenses, sin añadir una clarificación, crean una confusión tremenda. Referirse al Reverendo Jesse Jackson, al fallecido Senador Ted Kennedy, o al Senador Sanders (todos ellos de sensibilidad y simpatías socialdemócratas) como “liberales” es extraordinariamente incorrecto. Esta confusión, resultado de una incompetencia profesional, es, por desgracia, bastante extensa (véase mi carta al director de El País “Liberal en EEUU no es liberal en Europa”. 04.10.11).

 Otra diferencia en la narrativa es que algunos términos de análisis que se usan en Europa para definir la estructura de clases como burguesía, pequeña burguesía, clase media y clase trabajadora no se utilizan en el análisis de la estructura social estadounidense. En su lugar se utiliza el término Corporate Class para definir la burguesía financiera y la industrial, incluyendo los propietarios y gerentes de las grandes empresas financieras y de las transnacionales estadounidenses. Y en lugar de clase trabajadora –término que raramente se utiliza- se usa el término clases medias. Clases medias en EEUU quiere decir sobre todo clase trabajadora. Ello crea gran confusión en España. Tal término se utiliza sin ninguna clarificación, dando la impresión que casi todo el mundo es en EEUU miembro de clase media lo cual no es cierto.

 Pero otro problema mayor en la cobertura mediática de EEUU es la subjetividad del periodista que impone sus valores a la interpretación de la realidad. Y aún cuando ello es casi imposible de evitar, en algunos casos alcanza unos niveles desmesurados que deben criticarse e incluso denunciarse. Un caso claro es Antonio Caño, el corresponsal de El País en Washington. Antes de documentar su sesgo, quisiera aclarar que mi crítica en este artículo se centra en el corresponsal de tal rotativo, y no en el diario, al cual considero un recurso valioso en la cultura mediática del país, aún cuando esté en desacuerdo frecuentemente con sus editoriales en temas económicos.

¿Es EEUU la democracia más perfecta del mundo y el Tea Party la versión estadounidense del 15-M?

 Antonio Caño atribuyó el impasse ocurrido en el Congreso de EEUU a raíz del debate sobre el techo de la deuda pública (que creó un pánico generalizado, asumiendo una parálisis del Estado en un momento de crisis), a que “EEUU es probablemente la democracia más perfecta del mundo, en el sentido de que es la más exigente. La arquitectura creada desde su comienzo para evitar los abusos por parte de la mayoría y dar voz y poder a las minorías crea un perfecto equilibrio de representatividad. Pero, al mismo tiempo, hace el procedimiento democrático lento, complejo y susceptible al obstruccionismo”. El País (31.07.11). Antonio Caño añadió más tarde, en la descripción de los actores determinantes del impasse, la siguiente descripción del Tea Party (que es la fuerza política más influyente en el Partido Republicano): “Este partido entró en la escena política norteamericana en el verano de 2009 con la promesa de limpiar Washington, sanear sus instituciones, acabar con la clase política tradicional, y devolver el protagonismo al pueblo, al viejo estilo de la revolución estadounidense, de donde toma su nombre”.

 Hasta aquí Antonio Caño. Ambas descripciones, sin embargo, no se corresponden con la realidad. Y comencemos con su descripción del Tea Party. Tal Partido ha sido un movimiento de la ultraderecha estadounidense financiado por algunos de los intereses económicos más reaccionarios existentes en Estados Unidos (ver El Tea Party ¿es el fascismo posible en EEUU?, www.vnavarro.org). Tal movimiento tiene características comunes con los movimientos de la ultraderecha europea (fascistas o fascistoides) aparecidos en Europa. Se caracteriza por un nacionalismo exacerbado, basado en una atribuida superioridad étnica, acompañada de un fundamentalismo religioso cristiano que rebosa una gran intolerancia hacia la diversidad étnica, cultural y religiosa, promoviendo un canto a la fuerza y al Ejército, con un profundo sentido del orden y de la disciplina. Es un movimiento antisolidario y profundamente individualista, cercano al darwinismo social. El movimiento fue iniciado y financiado por los grupos económicos más reaccionarios de la clase dominante, conocida en EEUU como la Corporate Class, claramente opuestos a los sindicatos y a las reformas de la sanidad pública iniciadas por la Administración Obama. En realidad, uno de los intereses financieros detrás del Tea Party son las compañías de seguro sanitario que dominan la financiación y gestión del sector sanitario de aquel país.

Todas sus propuestas, tanto en el Congreso de EEUU, como en los Parlamentos de los 50 Estados, favorecen a la Corporate America, que son los grandes grupos financieros y empresariales que controlan Washington. Gran parte de sus medidas están orientadas a incrementar el control del Congreso por parte del mundo empresarial, estrechando todavía más la actual relación entre la Corporate America y el Congreso de EEUU. Una de sus campañas más virulentas ha sido en contra de que el Presidente Obama anule la rebaja de impuestos a los súper ricos que aprobó el Presidente Bush.

En cuanto a la supuesta ejemplaridad de la democracia estadounidense, basta referirse a unos datos que muestran que la mayoría de la población estadounidense no comparte tal idealización de tal sistema democrático. Uno de los mejores indicadores es la enorme abstención. En las elecciones locales y estatales la gran mayoría del electorado, es decir, de aquellos que podrían votar, no votan. Sólo un promedio del 30% de la población vota. Y un tanto semejante ocurre en los votaciones al Congreso de EEUU, donde sólo un 46% de la población vota, excepto durante las elecciones presidenciales, en cuyo caso, la participación es algo mayor, un 54 o 56%. Pocos países democráticos tienen un porcentaje tan elevado de abstencionistas en su electorado.

¿A qué se debe la abstención electoral?

 La respuesta que suele dar el establishment estadounidense (es decir, la estructura de poder de aquel país) es que la gente no vota porque está satisfecha y no quiere cambios. Puesto que en EEUU existe una relación directa entre nivel de renta y participación en el proceso electoral, parecería –según tal explicación- que la gente de menor renta, que es la que participa menos, sería –según tal tesis- la más satisfecha con el proceso electoral y que desearía menos cambios. Esta hipótesis es difícilmente sostenible.

 La causa real de la enorme alienación de la ciudadanía es la privatización del proceso electoral, en el que no hay límites a la cantidad de dinero que un candidato pueda recibir, protegiéndose al donante con el anonimato. Esta situación se expandió incluso más con la decisión de la Corte Suprema en 2009, que definió a las empresas de negocios como entidades cuya personalidad jurídica era equivalente a la de los ciudadanos, y como tales podían también donar la cantidad que desearan como parte de su derecho de libre expresión, sin que tuvieran que declarar la naturaleza de su aportación.

 La enorme mayoría de fondos que los candidatos reciben vienen de los componentes de la Corporate Class, incluyendo Wall Street, el centro del capital financiero, que contribuyó también en gran manera a la campaña del candidato, después presidente, Obama. El receptor de tales fondos los utiliza para comprar el tiempo que desee en los medios de difusión, los cuales no están regulados y pueden vender tanto espacio como el candidato desee y pueda comprar. Otros gastos incluyen la infraestructura de la campaña, sistemas de encuestas, y un largo etcétera. Este dinero puede ir al propio candidato o a grupos asociados a su candidatura. En la gran mayoría de casos, el candidato que consigue más dinero, tiene mayor proyección mediática y más posibilidades de ganar las elecciones. Según el centro de estudios electorales Public Citizen, en las elecciones últimas de 2010 al Congreso de EEUU, el 87% de los representantes elegidos habrían sido los que habían obtenido más dinero en su campaña. La gran mayoría de este dinero procedía de la Corporate Class.

Ni que decir tiene que, de vez en cuando, el que tiene más dinero pierde. Y cuando ello ocurre, todos los medios del establishment inmediatamente lo muestran como ejemplo de que el dinero no lo puede todo en EEUU. Así en las últimas elecciones para gobernador del Estado de California, el candidato vencedor Jerry Brown (que ya había sido gobernador de aquel Estado y tenía una tasa de reconocimiento mediático muy elevada) ganó pese a que su contrincante gasto más que él. Su adversario, Meg Whitman, se gastó de su propio bolsillo 142 millones de dólares, frente a los 102 millones que se gastó Brown.

Pero estos casos son la excepción que confirma la regla. La mayoría de candidatos que ganan las elecciones son los que consiguen más dinero. Y como es predecible, cuando gobiernan hacen lo que los que los pagaron desean que hagan. En la última encuesta de opinión popular sobre el sistema político, el 85% de la población (es decir, la gran mayoría de la ciudadanía) no considera que el Congreso (Cámara baja y Senado) represente sus intereses. Y a la pregunta, “¿a qué intereses responde el Congreso?”, el 82% contesta que la Corporate Class.

Este sistema privado de financiar las elecciones discrimina automáticamente a aquellos candidatos críticos con la Corporate Class y con  la estructura de poder existente en EEUU. Tales voces no consiguen los fondos suficientes que les permitan competir con los otros candidatos apoyados por la Corporate Class. Excluye, por lo tanto, a candidatos de izquierda. De ahí que la vida y cultura política de EEUU esté profundamente sesgada a la derecha. El argumento que las voces apologistas de tal sistema dan para justificar tal conservadurismo en la vida política, cultural y mediática en EEUU, es que ello refleja el profundo conservadurismo de la ciudadanía estadounidense. Si ello fuera cierto, ¿cómo se explicaría la enorme abstención del electorado en el proceso electoral o la opinión popular –expresada en las encuestas- de que la población no cree que las instituciones representativas representen sus intereses?

El falso debate de la Deuda Pública

El Congreso de EEUU tiene que autorizar el nivel permitido de endeudamiento del Estado. Ha ocurrido frecuentemente sin ninguna dificultad. Así, en los últimos cincuenta años, tal autorización se ha realizado 74 veces, ocurriendo más frecuentemente durante las administraciones republicanas que en las demócratas. En realidad, uno de los presidentes que pidió con más frecuencia el permiso del Congreso para endeudarse fue el presidente Ronald Reagan (17 veces). Y la dirección del Partido Republicano, el presidente de la Cámara Baja, John Boehner, el presidente de los republicanos en la Cámara Baja, Eric Cantor, el dirigente de los senadores republicanos, Match McConnell, y el vicepresidente republicano del Senado, Jon Kyl, votaron a favor del crecimiento del endeudamiento del citado gobierno federal durante la Administración Bush Jr. Cuando el Presidente Obama pidió que se renovara el nivel de endeudamiento, con el consiguiente crecimiento (como en las otras ocasiones), el Partido Republicano se lo negó, a no ser que recortara el gasto público y, muy en especial, el gasto público social, con especial hincapié en la Seguridad Social y en la protección social. ¿Por qué?

 Para responder a esta pregunta hay que entender varias cosas sobre la deuda pública. Una de ellas es que la mayor causa de la deuda pública son las guerras en las que ha estado luchando EEUU, desde Vietnam a Iraq, Afganistán y ahora Libia (por cierto, la Administración Obama se opuso a que el Congreso votara sobre la constitucionalidad de su intervención en Libia, pues negaba que fuera una guerra, ya que no había ningún soldado estadounidense en Libia). Todas estas guerras, por cierto, están apoyadas por el Partido Republicano y el Tea Party. El coste de estas guerras (sin incluir Vietnam) ha sido astronómico: cinco trillones (estadounidenses) de dólares. El segundo capítulo de la deuda son los fondos que se han dado a la banca (Wall Street) para su recuperación. Y el tercer capítulo son los recortes de los impuestos a los ricos, que aprobó el Presidente Bush, que ha supuesto un déficit notable para las arcas del Estado.

 Pero todo el debate sobre la reducción de la deuda no fue sobre estos temas. Al principio, el Presidente Obama y el Partido Demócrata propusieron la reducción del déficit a base de eliminar tales recortes de impuestos a los ricos aprobados por el Presidente Georges Bush, jr. Pero su compromiso se diluyó, y al final abandonó tal propuesta. No obstante, continuaron presionando la mitad de parlamentarios demócratas a los cuales Antonio Caño los definió como “los radicales”. Ser radical, según el corresponsal de El País en Washington es pedir que se anulen los enormes recortes de impuestos a los superricos, aprobados por el Presidente Bush.

 No era la deuda pública el tema de debate

 En realidad, el debate se centró en un tema que tenía muy poco que ver con la deuda: recortar la Seguridad Social (que no afecta en nada al déficit y a la deuda pública) y los servicios universales, de garantía federal de servicios sanitarios, a los ancianos que financia la Seguridad Social, llamado Medicare. El gasto sanitario en este programa está creciendo muy rápidamente debido en gran parte al protagonismo que las campañas de seguro privado tienen en la gestión del sistema sanitario, con enormes beneficios para tales compañías, además de los enormes subsidios a la industria farmacéutica, prestados por el Presidente Bush.

 El compromiso final que el presidente Obama acordó con el Partido Republicano, abandonó todo intento de subir los impuestos a las rentas superiores y a los componentes de Corporate America que no pagan ningún impuesto. Ejemplos de ello son General Electric, Verizon, Exxon, Mobil, Boeing, IBM, Wells Fargo, Dupont, American Electric Power, Fedex, Honeywell, Yahoo y United Technologies, que a pesar de alcanzar una cifra record de beneficios (171 billones estadounidenses de dólares en el periodo de 3 años) no pagaron nada, cero, en impuestos al gobierno federal. En realidad, recibieron subsidios por un total de 2.5 billones de dólares. Y según el Centro de Análisis de Impuestos y Gasto Público (Center of Citizen for Tax Justice), “esto es sólo la punta del iceberg”. En cambio se redujo notablemente el gasto público social, con la creación de una comisión que, sin duda, analizará como desuniversalizar la Seguridad Social. A esta medida el citado corresponsal la llama la “lógica centrista del Presidente Obama”.

 Lo que estamos hoy viendo en EEUU, es un intento masivo de desmantelar el escasamente desarrollado Estado del Bienestar por parte del Congreso de EEUU, claramente instrumentalizado por la Corporate Class, dirigido por el Tea Party que controla el Partido Republicano.

¿El movimiento de los indignados como un movimiento hippy?

 Esta situación está creando enormes resistencias entre las clases populares. Se inició en varios Estados con protestas, lideradas por los sindicatos, en contra de las políticas de recortes de gasto público social realizadas por el Partido Republicano. La última versión de estas protestas ha sido el movimiento Ocupa Wall Street, claramente inspirado por el movimiento 15-M español, que se ha extendido rápidamente por muchas ciudades estadounidenses. Su demanda es terminar con el dominio que la Corporate Class tiene sobre las instituciones económicas, financieras, políticas y mediáticas del país.

 Tales movimientos han despertado gran hostilidad por parte de los medios próximos a la Corporate Class, tales como la Fox News, de donde parece derivar su información Antonio Caño que, en su artículo del 7.10.11 define al movimiento de indignados como “un movimiento de queja, igualmente (es decir, como el Tea Party), interesado en la defensa de valores perdidos –en este caso viejas aspiraciones hippies de solidaridad y humanidad- y que en su propia marginalidad encerraba su pureza. A tal movimiento se le unieron los sindicatos y gracias a eso consiguieron, por primera vez, reunir unos pocos miles de personas…”. Ello, sin embargo, supuso un coste para tal movimiento pues de nuevo –según Antonio Caño- “los sindicatos están entre las instituciones más corruptas de EEUU”, con lo cual el incremento de su número se consiguió –según Antonio Caño- a base de diluir diluyendo su pureza reivindicativa.
 Definir el movimiento de Indignados de EEUU como inspirados por el movimiento hippy (que es lo que dice la Fox) es de una enorme frivolidad, además de reflejar una enorme ignorancia tanto del movimiento de los años sesenta como del de ahora. Igual ignorancia aparece en su intento de monopolizar la lucha por la solidaridad en EEUU atribuyéndola únicamente al movimiento hippy, ignorando la enorme lucha del  movimiento obrero, cuyos sindicatos son hoy unas de las instituciones menos corruptas de las existentes en aquel país, mucho menos corruptas, por cierto, que el mundo empresarial, el mundo financiero, el mundo político y también el mundo mediático. Tal acusación es de una subjetividad propagandística que alcanza los niveles de manipulación mediática de los ultraliberales estadounidenses, que parecen inspirar a Antonio Caño. En cuanto a su observación de que el movimiento Ocupa Wall Street  será un hecho sin mayor trascendencia, ignora que ya hoy la mayoría de la población estadounidense, el 62%, simpatiza con él.

Una última observación

 Este artículo critica, en realidad denuncia, la falta de objetividad tan obvia de Antonio Caño en su cobertura de la realidad estadounidense. Ni que decir tiene que tal rotativo tiene corresponsales excelentes y articulistas de gran calidad en sus páginas que intentan objetividad en sus reportajes. Pero en su cobertura de la realidad de EEUU (y también, por cierto, de América Latina), tiende a tener un sesgo neoliberal que mezcla el objetivo informativo con un intento de persuasión que diluye y desmerece el buen periodismo que aparece con frecuencia en aquel rotativo.

Ver artículo en PDF

Editorial publicada en el diario El Norte de Castilla por Andrés Medina López, 4 de Octubre de 2011.

Casi todos los medios de comunicación coinciden en invitar a sus tertulias y espacios de opinión a los mismos de siempre: Almunia, F. González, Solana, Rajoy, etc.; se les llama ‘El Club de los Sabios’. Pero estos ’sabios’ que han gobernado España durante todos estos años, no olvidemos que entre los 14 años del ‘Felipismo’, los ocho del Aznarismo’ y los siete que van del ‘Zapaterismo’ han conducido el país a la hecatombe de los cinco millones de parados que hoy disfrutamos. Ninguno supo prever en su momento la burbuja ladrillera que ellos alimentaban con su ‘España va bien’. Todos ellos mantienen las mismas opiniones; ‘que hay que apretarse el cinturón -siempre para los ingresos más modestos-, para poder salir de esta crisis. Existen sin embargo otras opiniones: Por
ejemplo, el catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra Vicente Navarro, afirma que si en nuestro país se recaudara como en Suecia, haciendo pagar lo que corresponder a los que más ingresan, se conseguirían más de 200 mil euros suplementarios; si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta -diceen los servicios públicos del bienestar que tiene Suecia (24% contra el 9% en España), se crearían cerca de cinco millones de puestos de trabajo, con lo que se eliminaría el desempleo. Como se ve existen otras salidas, hay que superar esa especie de filosofía de la ‘resignación’ dejando de ofrecer a la ciudadanía siempre más de lo mismo, y abrir un amplio debate en el conjunto de la sociedad.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 18 de agosto de 2011

Este artículo contesta las declaraciones de Benedicto XVI en las que criticaba la presencia de una supuesta militancia laica en España, que reproducía –según él- la existente en los años 30. El artículo señala que la militancia más hostil y agresiva que ha existido en España es la que ha expresado la Iglesia Católica en contra del laicismo, no solo en los años treinta, sino también en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, militancia que reproduce una falta de sensibilidad democrática. El artículo señala ejemplos de esta militancia de los años treinta y cuarenta. El artículo concluye con una crítica de la postura actual de la Iglesia Católica que continúa mostrando una insensibilidad frente a valores democráticos como la laicicidad.

El máximo dirigente de la Iglesia católica, Benedicto XVI, ha denunciado en repetidas ocasiones lo que él ha definido como “el laicismo militante” que supuestamente existe en España, semejante –según él– al ocurrido durante los años treinta en este país. De estas y otras declaraciones se deduce que percibe esta militancia laica como una amenaza para la Iglesia (traducida en un anticlericalismo) y también para la sociedad, pues representa una intolerancia hacia la religión católica impropia en una sociedad democrática, donde todas las religiones deberían respetarse, con especial consideración a la católica –tal y como reconoce la Constitución de 1978–, que es a la que supuestamente pertenece la mayoría de la población española.
Esta crítica al laicismo es sorprendente pues muestra un escaso conocimiento de la historia de España. Una lectura objetiva de nuestro pasado muestra que ha sido la Iglesia católica la que históricamente ha mostrado una enorme hostilidad hacia el laicismo, habiendo además violado los derechos democráticos, no sólo de la población laica, sino de la mayoría de la población española a lo largo de nuestra historia. La mayor expresión de tal hostilidad se dio durante los años treinta a los que Benedicto XVI hace referencia, a los cuales podría añadirse la experiencia antilaica de la Iglesia durante los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, que el papa silencia e ignora.
Es importante recalcar que la Iglesia católica apoyó un golpe militar que terminó con un proceso democrático (y que asesinó al mayor número de españoles en su historia), lo cual fue objeto de la ira de las clases populares que, viendo a la Iglesia como parte militante del golpe, agredió al clero y a las instituciones de la Iglesia sin que tales actos contaran con el apoyo del Gobierno republicano democráticamente elegido. La brutal represión que el golpe instauró, sí que contó, sin embargo, con el apoyo del Estado dictatorial del cual la Iglesia formó parte. Su objetivo fue imponer su ideología. Basta leer el Catecismo patriótico español publicado en 1939 y en 1951, en el que se afirmaba que los enemigos de España eran “el socialismo, el comunismo, el sindicalismo, el liberalismo y el laicismo”. Benedicto XVI debería conocer y reconocer que tal creencia significó la eliminación de las personas pertenecientes a aquellas sensibilidades, lo que provocó no sólo su expulsión, encarcelamiento, tortura y exilio, sino también su fusilamiento, todo ello a fin de “no tolerar a los envenenadores del alma popular” (Decreto de depuración de los funcionarios del Estado de 1939). En la mayoría de los tribunales en los que se decidía la eliminación de laicos, socialistas, comunistas, judíos y masones, estaba la Iglesia como parte y testigo. En realidad, en muchos de estos tribunales el informe de denuncia era escrito por los párrocos. Tal hostilidad de la Iglesia fue incluso más acentuada hacia los educadores de la enseñanza laica. Hubo casos como el de un sacerdote aragonés que llegó a informar de que el maestro de su pueblo era “fusilable” (citado en el libro La Dictadura de Franco, de Borja de Riquer, del cual extraigo los datos de la represión durante la dictadura). La depuración de los maestros de la escuela pública laica fue masiva, acusándoles de querer inculcar valores laicos que contaminaban el alma popular. El objetivo de tal represión fue la “recristianización de la sociedad”, tal como indicó el ultraderechista Ibáñez Martín, ministro de Educación durante el periodo 1939-1951.
Esta represión alcanzó a todos los estamentos de la enseñanza pública, incluyendo las universidades, y todos los niveles dentro de ellas. De los 580 catedráticos universitarios existentes en España, 20 fueron ejecutados, 150 fueron expulsados y 195 se exiliaron. En algunas universidades, como en la Universidad de Barcelona, el 44% de su profesorado fue sancionando. La Iglesia supervisó y/o participó en cada una de estas denuncias. Como afirmó una autoridad educativa citada por De Riquer, era preferible que “una universidad estuviera integrada por ignorantes pero buenos, que por doctos pero malos”. Ser malo era tener, entre otros valores, el del laicismo.
Otra área en la que se plasmó la militancia antilaica de la Iglesia fue en el periodismo. La autorización para poder ser periodista pasó a ser muy restrictiva, según criterios definidos por la Iglesia, la Falange (el partido fascista) y el Ejército. De los 4.000 periodistas que solicitaron realizar su profesión entre 1939-1940, sólo lo obtuvieron unos 1.800. A todos los demás se les denegó el permiso de trabajar como periodistas al no ajustarse al criterio del tribunal político-religioso que evaluaba su “competencia”.
Benedicto XVI debería conocer y reconocer estos hechos ampliamente documentados en España, aún cuando han sido ocultados en la mayoría de medios de mayor difusión, y muy en particular en los influenciados por las derechas españolas. Estas, como la Iglesia, nunca han condenado sin paliativos aquella dictadura y los horrores que se hicieron en teoría en nombre de Dios, en la práctica, en la defensa descarnada de sus intereses materiales. Su enorme oposición a las fuerzas democráticas se debe a que estas desean una pérdida de los excesivos derechos que el régimen democrático –resultado de una Transición inmodélica– le otorgó, incluyendo su reconocimiento preferencial que le concede la Constitución, que contradice la aconfesionalidad del Estado, y que ha dado pie a toda una serie de privilegios heredados del régimen dictatorial anterior y que deben eliminarse. La visita de Benedicto XVI no es un paso adelante en esta vía correctiva, pues ni conoce ni reconoce el enorme sufrimiento que la Iglesia impuso a la población española, ni pedirá perdón al pueblo español por ello, ni cederá ni un ápice en el goce de sus privilegios. Así es la Iglesia católica.

Ver artículo en PDF

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 11 de julio de 2011

Este artículo critica las declaraciones del Sr. Gregorio Peces Barba, Rector de la Universidad Carlos III, protestando el abucheo de miembros del movimiento 15-M al presidente del Banco Santander, alegando que tales personas, muchas de ellas estudiantes, deberían estar agradecidas al Banco Santander por las ayudas a becas y fondos de investigación. El artículo señala que ni el presidente ni el Banco Santander se han comportado de una manera ni digna de aplauso ni de agradecimiento.

Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución Española, persona influyente en el mundo madrileño del PSOE, y rector de la Universidad Carlos III de Madrid, escribió un artículo en tono enfadado en El País, “Un balance electoral y algunas ideas” (25.06.11), en contra de unos jóvenes del movimiento 15-M que, en un acto oficial de tal universidad, abuchearon al Sr. Emilio Botín, Presidente del Banco de Santander. El Sr. Peces Barba se refirió a ellos con toda una batería de insultos de los cuales el más leve era el de ser “maleducados”, además de “desagradecidos”, ya que dicho banquero había donado “miles de becas proporcionadas a estudios de todo tipo para los españoles y los extranjeros, y múltiples ayudas a las universidades sin pedir ninguna prestación a cambio”.

Puedo entender que un Rector de una universidad se encuentre incómodo con los abucheos a sus invitados, pero encuentro sorprendente el argumento que utiliza para expresar su desaprobación, sorpresa que deriva de lo que parece ser desconocimiento de lo que representa el Sr. Emilio Botín y el Banco de Santander actualmente en España, sorpresa que es incluso mayor cuando tal argumento –el de que los estudiantes deberían estar agradecidos a tal banco- procede de una persona que se considera socialista.  Es comprensible que el Rector de una universidad quiera estar bien con sus benefactores, sean donantes de becas, sean financiadores de proyectos de investigación. Pero de expresar este agradecimiento a defender el papel del Presidente del Banco de Santander hay un enorme trecho que expresa una enorme incomprensión de lo que está ocurriendo en este país, incluyendo la enorme y justa indignación frente al comportamiento de la banca.

Analicemos primero el comportamiento del Sr. Emilio Botín. La Universidad Carlos III es una universidad pública, financiada primordialmente con fondos públicos, es decir, con los impuestos pagados por los ciudadanos de este país. Ahora bien, dos soplones de la Banca Suiza HSBC, dieron a conocer cuentas millonarias de españoles ocultas en Suiza (por un total de 6.000 millones de euros) entre las cuales estaba la de la familia Botín, que tenía nada menos que un tercio de esta cantidad, 2.000 millones de euros, que nunca se declararon y que, por lo tanto, nunca fueron gravados por la Agencia Tributaria del Estado español. El Sr. Gregorio Peces Barba puede hacer un cálculo sencillo y ver que la cantidad de impuestos que tal señor y su familia no han pagado al fisco desde que existen tales fondos ocultos en el banco suizo, alcanza una cantidad miles de veces superior a lo que él considera “generosidad” del Sr. Botín a las universidades. En realidad, la gran pobreza del estado español se debe a comportamientos como los del Sr. Botín, que explica, en gran parte, que España sea el país de la UE-15 que tiene un Estado con menos ingresos, sólo el 34% del PIB, mucho más bajo que el promedio de la UE-15, que es del 44%.

La pobreza del Estado, incluyendo del Estado del Bienestar, del cual el sistema educativo es parte, se basa en gran manera en el hecho de que los súper ricos, los ricos y la gente de rentas superiores no pagan al Estado lo que pagan sus homólogos en la UE-15, siendo el fraude fiscal una costumbre generalizada entre tales grupos sociales. Los inspectores de Hacienda del Ministerio de Economía de España calculan que la magnitud del fraude fiscal de nuestro país es nada menos que de 88.000 millones de euros. Es denunciable la laxitud con que el Estado español y sus gobernantes, incluidos los gobernantes socialistas, han tenido hacia estos comportamientos, incluidos comportamientos del Sr. Emilio Botín, que ha contado siempre con la vista gorda, cuando no complicidad, de los sucesivos gobiernos de España.

Pero las razones para la indignación van incluso más allá del fraude fiscal del Sr. Emilio Botín y abarca el comportamiento del Banco de Santander, el mayor banco de España, y eje del capital financiero, responsable en gran parte de la crisis en que España se encuentra. La banca, junto con las cajas, fue el  motor del complejo bancario-sector inmobiliario-industria de la construcción, que bajo la complicidad del Banco de España, fue responsable de la burbuja especulativa inmobiliaria que, al estallar, creó el enorme problema de crédito en el que España se encuentra. Esta enorme crisis, responsable de un enorme crecimiento del desempleo, no ha afectado negativamente al Banco de Santander. En realidad, mientras que las familias españolas están experimentando grandes sacrificios (la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población ha caído en picado), el Sr. Emilio Botín comunicó a sus accionistas que nunca le había ido tan bien al Banco de Santander como durante esta crisis. Y ello se debe, en parte, al poder político de la banca y a la excesiva protección que se da a la banca a costa del usuario. Es un escándalo (y no hay otra manera de definirlo) que cuando un ciudadano no puede pagar la hipoteca, debe continuar pagándola aunque ya no posea la vivienda.

Tengo que asumir que el Sr. Gregorio Peces Barba desconoce estos hechos, por otra parte ampliamente conocidos. En caso de que los conociera  y que, a pesar de ello, insultara a aquellos que denunciaran tales comportamientos, uno tendría que llegar a la conclusión de que, o bien no comprende lo que ocurre en su país, o que ha sido seducido por “la generosidad” del Sr. Emilio Botín. Es así como el establishment socialista está perdiendo credibilidad de cara a la juventud, que tiene toda la razón en enfadarse y expresar su indignación.

Ver artículo en PDF

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 7 de julio de 2011

Este artículo señala que el régimen dictatorial que existió en España de 1939 a 1978 fue no sólo autoritario, sino también totalitario de orientación fascista. Su sustitución por el término franquista responde a un proyecto conservador exitoso de presentar aquel régimen sólo como caudillista, cuando en realidad reunió todas las características de un régimen fascista. Y no sólo al principio sino hasta el final.

Durante mi largo exilio viví en Suecia, en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y en ninguno de estos países el régimen dictatorial existente en España durante el periodo 1939-1978 se conocía como “la dictadura franquista”, sino como “la dictadura fascista”, dirigida por el general Franco. De la misma manera que no se hablaba en tales países de hitlerismo, para definir el régimen nazi que existió en Alemania, o de mussolinismo, para definir el régimen fascista que existió en Italia, tampoco se utilizaba el término franquismo para definir el régimen dictatorial que existió en España en aquel periodo.
Así, cuando Juan Antonio Samaranch –que fue presidente del Comité Olímpico Internacional y que había sido delegado nacional de Educación Física y Deportes durante la dictadura– visitó EEUU para presidir los Juegos Olímpicos que se realizaron en Atlanta, The New York Times incluyó en su nota biográfica “director general de Deportes en la dictadura fascista dirigida por el general Franco”.
La utilización del término franquista en lugar de fascista ha sido resultado de un proyecto político-intelectual exitoso que consistió en presentar tal régimen como caudillista y autoritario, carente de una ideología totalizante que intentara imponer una nueva visión a la sociedad. Según tal proyecto, una vez desaparecido el caudillo y el caudillismo, habría desaparecido el carácter jerárquico y autoritario de aquel Estado, el cual, dirigido por la habilidosa mano del monarca, se transformó, mediante el modélico proceso de Transición, en un Estado democrático. Esta interpretación, sin embargo, es profundamente errónea.
Fascismo es la ideología aparecida en los años treinta en Europa que se caracterizó por un nacionalismo extremo con vocación imperialista que se basaba en una supuesta superioridad de la raza, grupo étnico y/o identidad cultural de los nacionalistas, lo que les daba el derecho de conquista e imposición. El fascismo promovía una cultura de fuerza, de características militares, profundamente machista y profundamente reaccionaria, destinada a prevenir la revolución obrera, temida por las estructuras del poder económico y financiero y por las clases medias. En realidad, el fascismo había sido la fuerza política promovida por las burguesías y oligarquías dominantes para parar al movimiento obrero, liderado por fuerzas comunistas, socialistas o anarquistas.
El Estado en el que se reproducía esta ideología era un Estado dictatorial que intentaba controlar a la sociedad civil (incluyendo todos los medios de información y persuasión, desde las escuelas hasta la prensa, la radio y la televisión). Este control se utilizaba para la promoción del caudillo –al cual se le atribuían características sobrehumanas–, quien, instrumentalizando un partido único, el partido fascista, lideraba el Estado, que se presentaba comprometido con el “progreso del pueblo”. El pueblo incluía a todas las clases sociales, negando la diversidad de intereses existente entre ellas. De ahí el establecimiento de sindicatos verticales, en los que se incluía tanto a los empresarios como a los trabajadores. El fascismo consideraba también al Estado fascista como designado por una fuerza superior, sobrehumana (bien por Dios, en el caso español, o por la historia, en el caso alemán e italiano), a dirigir la humanidad, reglando el comportamiento de los ciudadanos, imponiendo unos valores nuevos que rompieran con los valores anteriores (en el caso español, con los valores democráticos, laicos y republicanos). Cada una de estas características existió en el régimen dictatorial español.
Varios autores han indicado que, aun cuando estas características existieron al principio del régimen, desaparecieron más tarde, cuando los tecnócratas del Opus Dei sustituyeron a la Falange. Tal argumento ignora, sin embargo, que los tecnócratas también reprodujeron el nacional-catolicismo que era el elemento esencial del fascismo español. En realidad, la Falange fue sustituida por el Movimiento Nacional, que conservó gran parte de la ideología fascista, incluyendo su simbología, su narrativa y su influencia. Hasta el último día de la dictadura, el NO-DO (el programa de noticias y documentales de la televisión pública) comenzaba con la imagen del dictador y con el símbolo fascista, el cual era también el símbolo que aparecía en la entrada de todos los pueblos de España. Es más, una condición para trabajar en el sector público u ocupar un cargo en el Estado era jurar lealtad al Movimiento Nacional, cuyo uniforme era la camisa azul y el saludo con el brazo en alto.
Que tal régimen estuviera en sus últimos periodos repleto de meros oportunistas que, a pesar de su discurso, no creían en la ideología fascista, no niega el carácter fascista del régimen. En realidad, la distancia entre el Franco de 1939 y el Franco de 1975 era mucho menor que la distancia política entre un Stalin al principio del régimen comunista en la Unión Soviética y un Gorbachov al final. ¿Por qué, pues, definir al régimen liderado por Gorbachov como régimen comunista (a pesar de que al final del régimen el aparato de aquel Estado carecía de una ideología propia) y no llamar fascista al régimen dictatorial español, argumentando que al final nadie en él era fascista?
Otro argumento en contra de utilizar el término fascista para definir aquel régimen era que el partido fascista, la Falange, era un partido pequeño y, por lo tanto, el fascismo no era una ideología mayoritaria. Tal argumento ignora que el pensamiento hegemónico hoy en las estructuras del poder en la UE es el neoliberalismo, aun cuando los partidos liberales son partidos minoritarios en tal comunidad política. Lo mismo ocurrió en España con el fascismo, el cual perdura en sectores del conservadurismo y del Estado español.

Ver artículo en PDF

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 13 de junio de 2011

Este artículo muestra la respuesta de articulistas conservadores (caracterizados por su hostilidad) y neoliberales (caracterizados por su condescendencia) hacia el movimiento 15-M, mostrando que los errores que estos últimos atribuyen a los indignados, no son errores sino definiciones correctas de las causas de la crisis  y que sus propuestas, lejos de ser irreales, son necesarias y factibles, mejorando considerablemente la calidad del sistema democrático español y el bienestar social de sus poblaciones.

Como era de esperar, un movimiento tal como el del 15-M, crítico con los poderes financieros y empresariales y su enorme influencia en el mundo político, ha creado una respuesta por parte de columnistas conservadores y neoliberales que, a través de sus escritos, reproducen la ideología dominante que está siendo cuestionada por tal movimiento. Importantes sectores de la derecha española, han respondido con gran hostilidad. Pío Moa, influyente en el Partido Popular, con un estilo representativo de los golpistas que destruyeron la democracia existente en España en 1936, define a los manifestantes del 15-M como “descerebrados” que deben ser “reprimidos y desalojados de los lugares públicos a base de usar la fuerza aunque ello conllevara muertes”. Creo que tales declaraciones no requieren ni siquiera una réplica. Hablan por sí mismas, y definen el bajo nivel intelectual y mezquindad personal de tales derechas que incluyen sectores importantes del mayor partido de la oposición.
En Catalunya, sin embargo, la respuesta de los columnistas de las derechas ha sido más sofisticada, diferente en estilo y en sustancia. En lugar de hostilidad ha habido, en general, un tono condescendiente presentando tal movimiento como bien intencionado pero profundamente equivocado, errado en su definición de las causas de la crisis y en las soluciones propuestas por tal movimiento. Una voz representativa de esta derecha (de sensibilidad neoliberal) ha sido la del economista y columnista Xavier Sala i Martín, autor promovido ampliamente en medios tanto públicos (TV3 y Catalunya Ràdio) como privados (La Vanguardia y RAC1). En un artículo reciente, “Otra primavera fracasada” (La Vanguardia, 02.06.11), empieza el artículo indicando que entiende que se movilicen los jóvenes para protestar por la situación en la que se encuentran, pero les critica por considerar como responsables de la crisis a instituciones como las bancarias que –según él- no tienen nada que ver con la crisis en España. Admite que puede que tales instituciones tengan algo que ver en la crisis financiera de EEUU, pero no con la crisis española. En su lugar, Xavier Sala i Martín considera que la crisis la ha causado el gobierno Zapatero que -en sus políticas de incremento del gasto público como manera de estimular la economía- creó un gran déficit, que es la raíz de la crisis. Y en cuanto a la situación de desempleo y bajos salarios de gran parte de la juventud que se moviliza, Xavier Sala i Martín lo atribuye –como no- a las rigideces del mercado laboral, resultado del excesivo poder de los sindicatos y también de los profesores universitarios que no les han educado para facilitar su integración en el mercado laboral. Y así termina.
Tal artículo es un buen ejemplo del carácter ideológico y propagandístico del pensamiento neoliberal que continúa promoviendo sus tesis en contra de toda la evidencia empírica que muestra lo contrario. Veamos los datos. En cuanto a la supuesta inocencia y falta de culpabilidad de la banca, Xavier Sala i Martín parece desconocer la génesis de la burbuja inmobiliaria en España y del complejo banca-industria inmobiliaria-industria de la construcción que la generó. Parece ser de los pocos economistas que todavía no se ha enterado. Como tampoco parece haber descubierto que la banca contribuyó a una enorme especulación que creó el estallido de la burbuja. Los jóvenes del 15-M llevan toda la razón en considerar la banca como una de las causas de la crisis a la que España se enfrenta.
En cuanto al origen del déficit del estado y su impacto en la crisis, Xavier Sala i Martín parece desconocer también que en 2007, el año que se inició la crisis, el estado español estaba en superávit, y ello no le protegió frente a la enorme crisis. Es más, este déficit no se debió al incremento del gasto público (el más bajo de la UE-15) sino a la disminución de los ingresos, en parte resultado de las medidas que Sala i Martín apoyó por muchos años, como la bajada de impuestos. Es más, el estímulo económico del gobierno Zapatero se basó más en recortar impuestos –como Sala i Martín recomendaba- que en expandir el gasto público y crear empleo. Y como era de esperar, esta bajada de impuestos tuvo muy poco impacto estimulante en la economía. En otro artículo en La Vanguardia, (06- 2011) Xavier Sala i Martín había atribuido erróneamente el crecimiento económico en los años ochenta en EEUU a la bajada de impuestos realizada en 1981 por el Presidente Reagan. Ahora bien, nada menos que el director de la oficina del presupuesto del Presidente Reagan, el Sr. David Stockman, indicó en una entrevista reciente a la ABC (uno de los canales de televisión más importantes de EEUU) que la bajada de impuestos de 1981 tuvo poco impacto estimulante. El mayor impacto –según David Stockman- fue el crecimiento de gasto público (que se destinó a los sectores militares), financiado a través del déficit del estado y del aumento de los impuestos. En realidad, el Presidente Reagan bajó los impuestos para los ricos pero subió los impuestos de todos los demás. Ningún Presidente estadounidense subió los impuestos en tiempos de paz en mayor cantidad que el Presidente Reagan.
Por último, Xavier Sala i Martín también repite la cantinela neoliberal de que el problema del desempleo lo crea la supuesta rigidez del mercado de trabajo. Como bien indicó Joseph Stiglitz recientemente en Sitges, es extraordinario que este dogma continúe promoviéndose cuando la evidencia empírica que lo sustenta es tan débil. EEUU tiene plena flexibilidad laboral y tiene un desempleo mayor que los países nórdicos, que tienen sus mercados laborales más regulados que EEUU y España. El desempleo se debe a las políticas neoliberales de austeridad que están disminuyendo la demanda, y con ello el crecimiento económico, y causando un enorme daño a las clases populares.
Los indignados del 15-M saben mejor que Xavier Sala i Martín lo que está pasando con la economía española, y cómo salir de ella. Sus peticiones de nacionalizar el crédito, aumentar el gasto público para crear empleo y limitar las actividades especulativas, entre otras medidas, van más al grano que el dogma de Sala i Martín, impermeable a los datos, cuyos fundadores, como David Stockman, ya lo han abandonado.
Una última observación. En España la visibilidad mediática de un economista tiene poco que ver con la fortaleza de sus argumentos, y sí con la función a la que sirven tales argumentos. De ahí que el lector, el oyente o el vidente de los mayores medios de difusión verá en tales medios economistas neoliberales (de distintas coloraciones) y nunca (o casi nunca) economistas críticos del pensamiento neoliberal dominante. Y cuando un movimiento crítico como el 15-M aparece, con gran apoyo popular, los aparatos ideológicos del sistema se movilizan inmediatamente para desacreditarlos. Las derechas a base de represión o, más astutamente, a base de condescendencia y marginación.

Ver artículo en PDF

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 24 de septiembre de 2010

Este artículo presenta los motivos que existen para justificar la llamada de la Confederación Europea de Sindicatos y de los Sindicatos españoles a las movilizaciones de protesta contra las políticas neoliberales desarrolladas por muchos gobiernos de la Unión Europea (incluido el español), que están dañando el bienestar y calidad de vida de las clases populares. El artículo detalla el impacto de tales políticas.

La Unión Europea está muy agitada. La Confederación Europea de Sindicatos ha llamado a movilizaciones en todos los países de la Unión Europea para el día 29 de septiembre. Y en España los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, han convocado una Huelga General para ese mismo día. Estas acciones no son ni las primeras ni serán las últimas. En realidad, hay un descontento muy generalizado contra las instituciones de la Unión Europea y contra gran número de gobiernos de tal entidad política, como consecuencia de las políticas públicas que han estado promoviendo y llevando a cabo tales instituciones y gobiernos durante estos años y que han dañado el bienestar social de las clases populares, alcanzando unos niveles que se consideran inaceptables por parte de los sindicatos que están liderando estas protestas.

¿Qué está pasando en la Unión Europea? Veamos los datos. Uno de ellos es el crecimiento del desempleo, que ha alcanzado su máximo nivel en España. Otro dato es que las rentas del trabajo han ido disminuyendo como porcentaje de la renta nacional a costa de un enorme crecimiento de las rentas del capital. Así las primeras han descendido en el promedio de los países de la UE-15, de un 69% de la renta total en 1975 a un 56% en 2010. En España el descenso ha sido particularmente acentuado a partir del 1992, pasando del 68% al 54% de la renta total. La gravedad de este hecho queda reflejada en que tal descenso ha ocurrido a pesar de que el porcentaje de la población empleada ha ido subiendo.

Esta situación se presenta de varias formas. Una de ellas es que los beneficios empresariales han aumentado de una manera muy marcada. Durante el periodo 1999-2009, por ejemplo, tales beneficios aumentaron un 38% en el promedio de la UE-15, y un 42,3% en la zona euro. En España, por cierto, crecieron incluso un porcentaje mayor durante el mismo periodo, concretamente aumentaron un 73%, más del doble de la media de la UE-15. Por otro lado, los costes laborales crecieron sólo un 17% en la UE-15, y en España incluso un porcentaje menor, 3,7%, es decir, cinco veces menos.

Esta situación fue la causa de una mayor polarización social y un enorme crecimiento de las desigualdades. El pacto capital y trabajo que había caracterizado el “periodo dorado del capitalismo” se rompió en favor del primero. El mundo del trabajo ha ido perdiendo poder. Y contribuyendo a ello estaban las políticas neoliberales promovidas por el establishment europeo (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco de España), y llevadas a cabo por gran número de gobiernos. Entre estas políticas públicas destacaban las reformas fiscales regresivas, las bajadas de los impuestos a las rentas del capital y de las rentas superiores, la disminución de la tasa de crecimiento del gasto público incluyendo el gasto público social (mientras que las necesidades iban aumentando), la reducción de la protección social y la desregulación de los mercados de trabajo, tendentes a abaratar el precio del trabajo. Los datos existentes documentan esta situación (ver mi artículo “La situación social en la UE” en www.vnavarro.org).

Una consecuencia de estos hechos ha sido la creciente alienación de las clases populares hacia las instituciones del establishment europeo. Otra han sido las enormes tensiones que reflejan unas clases trabajadoras, cuya estabilidad y seguridad ha sido afectada muy negativamente, sintiéndose muy inseguras. No es pues de extrañar que los partidos gobernantes de centro izquierda hayan ido perdiendo, país tras país, la confianza de sus bases electorales, descontentas con su transformación en partidos socioliberales, que han abandonado su compromiso con las políticas redistributivas y de extensión de los derechos sociales y laborales. Este abandono ha ocurrido en el momento, por cierto, en que el porcentaje de la población en la UE-15 que declara que las desigualdades son excesivas (el 78% de la población) ha sido el más elevado desde el inicio de la Unión Europea.

La situación en España
Esta polarización alcanzó su máxima expresión en España, cuya incorporación al euro se hizo a costa de su estado del bienestar. A fin de reducir el déficit del estado por debajo del 3% del PIB, tal como exigía el criterio de Maastrich, se bajó el gasto público social por habitante en términos absolutos en el periodo 1993-1995 (bajo la coalición PSOE-CIU), y en términos proporcionales en la época PP. Es decir, durante el periodo 1996-2004, el crecimiento del gasto público social per cápita en España (que cubre las transferencias y los servicios públicos del estado del bienestar) subió mucho menos que en el promedio de los países de la UE-15. Como consecuencia de ello, la diferencia en tal gasto social entre España y el promedio de la UE-15 se disparó en el periodo 1995-2004. Y la causa es fácil de ver. Los gobiernos de entonces, como el gobierno de ahora, dieron más prioridad a disminuir el déficit del estado que a cubrir el déficit social de España con el promedio de la UE-15. Éste fue aumentando y aumentando hasta 2004, cuando el gobierno cambió. El gobierno Zapatero, en alianza con los partidos a su izquierda IU, IU-C y ERC y BNG, fue reduciendo este déficit, pero al llegar la crisis y a partir de 2008 volvió a la misma receta de disminuir el déficit del estado a costa de cortar el gasto público, incluyendo el gasto público social, con el resultado de que el déficit de gasto público social por habitante de España con el promedio de la UE-15 es más elevado ahora que a principios de los años noventa. En realidad, hoy España tiene un déficit social de 68.000 millones. Ésta es la cantidad que España debiera añadir a su gasto público social para gastarnos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza que tenemos. Dicho de otra manera, el PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio el gasto público social es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% nos gastaríamos 68.000 millones de euros más. España, que es la octava potencia económica, esta construida sobre unas bases sociales de barro. Y los recortes presentes empeoraron la situación. España está a la cola de la UE-15. Sólo uno de cada diez adultos españoles trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar (sanidad, educación y servicios sociales). En Suecia es uno de cada cuatro.

Estos datos son más que suficientes para exigir a los representantes de las clases populares que corrijan y declaren que el pueblo español se merece una situación social mejor. Y las soluciones son fáciles de ver. El país tiene recursos. Pero el estado no los recoge. Y ahí está la raíz del problema. No son los mercados financieros los que indican que hay que recortar el gasto público social. Ellos indican que “las economías son muy frágiles”. Y en parte, como decía la Agencia Moody’s recientemente, porque no han tenido estados fuertes. No es por casualidad que los llamados PIGS (cerdos en inglés) sean Grecia, Portugal, Irlanda y España, países gobernados durante más de 70 años por gobiernos profundamente conservadores que tienen unas políticas fiscales sumamente regresivas. El problema son las políticas neoliberales que ahora se quieren incluso expandir.

En defensa de la democracia
La defensa de tales políticas, sumamente impopulares, es que deben hacerse para responder a las exigencias de los mercados financieros, presentándose estas políticas como las únicas posibles. Se acepta, pues, que el capital financiero basado en Wall Street o en Frankfurt es el que manda en España. Como bien dijo uno de los mejores periodistas de España, el Sr. Iñaki Gabilondo, de Canal+, nos estamos transformando en una dictadura en la que lo que se hace en nuestro país es decidido por grupos fácticos fuera de él.

Aquellos que lucharon tanto para conseguir la democracia en España no pueden aceptar esta situación. Cualquier persona de sensibilidad democrática debe movilizarse en contra de este hecho.Y las movilizaciones deben ser contra las instituciones europeas (el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, hoy todas ellas controladas por las derechas), contra el Fondo Monetario Internacional (la voz del capital financiero) y en contra de los establishments políticos y mediáticos de los países miembros de la UE (incluyendo España), que aprueban y promueven la situación actual, aprovechándose de la crisis para llevar a cabo las políticas regresivas que siempre han deseado. E incluyo a la mayoría de los medios de difusión entre los responsables de estas políticas pues, como se ha demostrado estos días, la mayoría han estado promocionando tales políticas, intentando crear lo que mi amigo Noam Chomsky define como el “consenso convencional” para presentarlas como inevitables. Una voz representativa de este consenso es la de Fernando Vallespín, que en su artículo “la Huelga Zombi” publicado en El País (17.09.10), insulta a los sindicatos y a las izquierdas en este país llamándoles “estúpidos” por no ver que no hay otra alternativa a las políticas que sigue Zapatero, ignorando que por cada política propuesta por el gobierno Zapatero, los sindicatos y los partidos a la izquierda del PSOE han presentado alternativas factibles y creíbles. Así, frente a la congelación de las pensiones y recortes de los salarios de los empleados públicos han propuesto la reversión de las políticas fiscales que han restado enormes cantidades (incluso mayores que las que intentan ahorrar con tales recortes de gasto público) de las arcas del estado. Y frente a las generosas ayudas al capital financiero, han propuesto que las cajas, en lugar de privatizarlas, se conviertan en bancas públicas que garanticen la accesibilidad al crédito.

Sí que existen alternativas. Alternativas que, por cierto, permitirían una mayor y más rápida recuperación económica que la que se está dando. El hecho de que no se haga es, además de por la ideología neoliberal que impregna el equipo económico del gobierno, por querer dar una imagen de dureza (le llaman firmeza) e impresionar a Wall Street, Frankfurt y Bruselas. De ahí la enorme necesidad que tienen el Gobierno y las derechas de que la huelga general fracase para presentarse como el vencedor del conflicto, habiendo tomado medidas muy populares en aquellos centros,pero impopulares en los barrios obreros.

Ni que decir tiene que la mayoría de medios se han movilizado ya para que la Huelga General fracase y, con ello, los sindicatos (la fuerza más coherente que existe en España en defensa del estado del bienestar) queden derrotados. Estos sindicatos, insultados en los medios, están hoy defendiendo, no sólo el bienestar y calidad de vida de las clases populares en España, sino también la todavía muy limitada democracia existente en nuestro país.

Ver artículo en PDF

Publicado en EL PLURAL, 13 de septiembre de 2010.

Este artículo señala que un objetivo de las primarias debiera ser el debatir las distintas propuestas identificadas con las distintas sensibilidades existentes dentro de cada partido, de manera que el programa final del partido fuera una síntesis de las distintas sensibilidades. Ello aplica también al PSOE donde existen distintas maneras de entender la socialdemocracia que debieran debatirse en las primarias.

¿De dónde surgen las primarias?: la experiencia de EEUU
El origen de las primarias en los partidos Demócrata y Republicano en los EEUU fue el descontento hacia el sistema bipartidista existente en aquel país, basado en la existencia de dos partidos, financiados en su mayoría por grandes lobbies económicos e instrumentalizados por dos grandes aparatos poco sensibles a los deseos y opiniones de las bases de tales partidos. Fue consecuencia del descontento entre las bases (y su rebelión frente al aparato de los partidos) que se establecieron las primarias. A partir de su existencia, las primarias tenían por objetivo que las distintas sensibilidades existentes dentro de cada partido compitieran en el mercado político, con el fin no sólo de elegir al candidato, sino también el programa que adoptaría el partido. En general, el programa final debería ser una síntesis resultado de la fuerza expresada durante las primarias por las distintas sensibilidades dentro de cada partido. Cuando en 1988 asesoré al candidato Jesse Jackson Sr. en las primarias del Partido Demócrata, el ganador de las primarias, el Gobernador Dukakis del Estado de Massachussets tuvo que incorporar en la plataforma del Partido Demócrata la promesa de establecer un sistema universal de salud en aquel país, propuesta hecha por el candidato Jackson, y que Dukakis tuvo que aceptar para conseguir su apoyo (que había conseguido el 40% de todos los delegados del Congreso Demócrata en el proceso de las primarias).

Un tanto semejante ocurre en las primarias que tienen lugar a todos los niveles (federales, estatales y municipales) en la preparación de los candidatos de los dos partidos mayoritarios. Las primarias tienen como objetivo no sólo elegir al candidato para el puesto sujeto al proceso electoral, sino también sintetizar las distintas sensibilidades dentro del partido en su programa.

En los países que tienen sistemas proporcionales, en lugar de bipartidistas, la existencia de primarias es, sin embargo, menos frecuente pues, en general, las distintas sensibilidades que existen dentro de un gran partido aparecen como partidos distintos con su propia identidad. En España, sin embargo, el sistema político es escasamente proporcional, lo cual explica que en la práctica funciona como bipartidista, limitando considerablemente su potencial democrático. De ahí la gran importancia de que existan primarias, y muy en particular en los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP. Es un indicador de la mayor vocación democrática de las izquierdas que las primarias se den con mayor frecuencia entre éstas que entre las derechas.

Las primarias actuales en el PSOE
En el PSOE existen distintas sensibilidades que deberían expresarse durante las primarias, a fin de configurar los equipos de dirección y el programa del partido. Una sensibilidad es la definida (frecuentemente, por los miembros de las otras sensibilidades) como la socialdemocracia “tradicional”. Por regla general, el término tradicional se ha utilizado en el sentido peyorativo como anticuado. Esta tradición, arraigada en la tradición socialdemócrata (que ha alcanzado su máxima expresión en los países escandinavos –Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia-), ha enfatizado las políticas redistributivas, encaminadas a universalizar los derechos sociales y laborales, mediante una financiación basada en la progresividad fiscal con elevado desarrollo del gasto público para financiar los servicios públicos, incluidos los del estado del bienestar y la infraestructura física del país. Esta tradición ha sido en Europa la más exitosa en establecer el altamente popular estado del bienestar. Esta sensibilidad es mayoritaria en las bases sindicales del PSOE, gran mayoría de la clase trabajadora y sectores de las clases medias (así como entre los movimientos sociales, como la mayoría de movimientos feministas y ecologistas).

Otra sensibilidad es la socioliberal, que asume que las políticas fiscales no tienen funciones redistributivas y desalienta la universalización de derechos laborales y sociales. En realidad, su proyecto se define como el de garantizar la igualdad de oportunidades, de manera que todos tengan las mismas oportunidades, sin detallar, sin embargo, como lograr que ello ocurra, excepto en un gran énfasis en la educación como garante de oportunidad. Dicha tradición rehuye de intervenciones públicas redistributivas, desmereciendo la importancia del gasto público. Tal como escribió Jordi Sevilla en su libro El nuevo socialismo (muy influyente en el equipo del candidato Zapatero), “¿Alguien puede defender, a estas alturas del siglo, que un programa socialdemócrata debe ir a favor de más impuestos y gasto público?” (p.73), escrito en el país de la UE-15 que tiene la carga fiscal menor, el gasto público por habitante más bajo, y el estado del bienestar menos financiado.

Otro ejemplo de esta postura aparece en las declaraciones del Ministro de Economía, Pedro Solbes del gobierno PSOE, que en una entrevista a El País (22.07.09) indicó que la medida de la cual estaba más orgulloso era la de no haber aumentado el gasto público en el primer mandato del gobierno 2004-2008. En realidad, el gasto público aumentó en este periodo, debido principalmente al elevado crecimiento económico, resultado de la burbuja inmobiliaria. Tal crecimiento no se debió, sin embargo, al aumento de los impuestos y su progresividad, lo cual explica que, cuando la burbuja explotó, el gasto público cayera en picado.

Esta sensibilidad dentro del PSOE es próxima a la Tercera Vía, y ha sido dominante en los equipos económicos del PSOE. Esta dilución del compromiso con el sector público (incluido gasto y regulación pública) va acompañada de un cambio de narrativa, sustituyendo el término de estado del bienestar por el de sociedad del bienestar (tal como caracteriza a las sensibilidades democratacristianas y liberales). Varias declaraciones hechas por la “nueva generación” de socialistas están ya utilizando tal narrativa. Y, por supuesto, términos como “clase trabajadora” desaparecen sustituidos por el términos “clases medias” que consideran ser su objetivo de captación electoral.

Las consecuencias electorales del socioliberalismo
Entre estas dos sensibilidades hay otras que tienen elementos de cada una de las dos. Pero sería importante que se debatieran pues mientras las segundas han sido las dominantes, no han sido las más populares entre sus bases, lo que explica el escaso éxito electoral de la sensibilidad socioliberal. El cambio del panorama político en la Unión Europea (y muy en especial en la UE-15) cuyos países han pasado de ser gobernados por las izquierdas a serlo por las derechas, es debido, precisamente, al dominio de las opciones socioliberales dentro de las izquierdas gobernantes. Así, en Gran Bretaña, los gobiernos Blair y Brown, pertenecientes a la Tercera Vía (la máxima expresión del socioliberalismo), perdieron popularidad rápidamente. El triunfo de la Tercera Vía fue en 1997, cuando el Partido New Labour ganó las elecciones por primera vez. El Partido Laborista consiguió el 43% del voto popular (es decir, de la población que votó), que era el 33% del total del electorado (es decir, de la población que podía votar). Su victoria se debió (tal como documentaron las encuestas a pie de urna) al enorme rechazo hacia las políticas neoliberales del partido conservador, imbuido de thatcherismo. Pero a partir de aquel año, el descenso del partido Laborista (convertido en New Labour) fue espectacular. En el año 2001 ganó sólo el 25% del total del electorado, y en el año 2005 descendió todavía más, al 22%. Este gran descenso no se reflejó en un descenso notable de su presencia en el Parlamento debido al sesgo electoral británico a favor del sistema bipartidista. Así, en 1997, el Partido Laborista, con el 33% del total del electorado, consiguió nada menos que el 64% de todos los escaños en el Parlamento Británico. En el año 2001, el Partido Laborista perdió sólo 5 escaños (pasó de 418 a 413, pasando del 64% al 62% de todos los escaños) y ello a pesar del gran descalabro electoral (que pasó del 33% al 25% del total del electorado). Y en 2005, cuando el voto del total del electorado bajó incluso más, al 22%, perdió escaños pero en número mucho menor de lo que hubiera ocurrido en un sistema proporcional. En realidad, continuó manteniendo la mayoría de escaños (el 55%).

Cito estos datos porque cuestionan la visión generalizada e interesada de definir la Tercera Vía como exitosa por su permanencia en el poder. Ello no se debió a su popularidad (que descendió enormemente), sino a un sistema electoral extremadamente sesgado, favorable al bipartidismo, y a la enorme crisis del Partido Conservador. Las políticas de la Tercera Vía fueron profundamente impopulares y muy en especial, entre sus bases electorales (las clases populares), como documento en mi artículo “El Fracaso del Nuevo Laborismo y del Socioliberalismo”, Sistema Digital (21.05.10), también expuesto en mi blog (www.vnavarro.org). En realidad, tales políticas crearon una enorme movilización y desmoralización entre los miembros del Partido Laborista, habiendo perdido casi la mitad de sus miembros durante su mandato. Una consecuencia de esta situación es la sustitución de la movilización de las bases por una gran dependencia en grupos mediáticos, como el del Sr. Murdoch, definido por la izquierda del Partido Laborista como el 28º miembro del Gabinete del Sr. Blair. En Alemania, la Tercera Vía, con Schroeder, fue la causa del mayor descalabro político que haya sufrido el Partido Socialdemócrata. Y en todos estos casos existe el denominador común de la gran abstención de sus bases electorales.

Estas observaciones vienen al caso a raíz de las primarias dentro del PSOE, y muy en particular en Madrid. Es un déficit democrático el que la competitividad política entre los dos candidatos a representar a aquel partido en las próximas elecciones a la Presidencia de la Comunidad Autonómica de Madrid, se esté basando en características personales de los candidatos y su articulación con los distintos aparatos, y muy poco en sus propuestas de cambio, que reflejen su posicionamiento en cuando a las sensibilidades más importantes existentes dentro del PSOE. Puesto que es el partido mayoritario dentro de las izquierdas, la orientación de tal partido afecta a todas las otras formas políticas en España.

La existencia de las sensibilidades descritas en este artículo dentro del PSOE es obvia. Y la sensibilidad socioliberal ha sido muy influyente en los equipos económicos (que han marginado, en general, los economistas keynesianos, muy competentes, que existen en aquel partido) aunque también se encuentran en la cultura política del nuevo socialismo, que se presenta como modernizador del proyecto socialdemócrata, lo cual significa, en mi opinión, su abandono. De ahí la enorme importancia de que las bases fuercen un debate dentro de las primarias para permitir la exposición de la diversidad, pues no sólo el PSOE, sino toda España, se la juega en la resolución de tales debates hasta ahora demasiado ocultos e incluso silenciados en los medios.

Ver artículo en PDF

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 30 de agosto de 2010

En varios de mis libros y en muchos artículos he sido critico de las tesis muy generalizadas en los establishments políticos y mediáticos de España de que la Transición fue modélica y de que no hubo en ella un acuerdo tácito por parte de las derechas y de las izquierdas de no mirar al pasado, olvidando la memoria de los vencidos en la Guerra Civil. En mis escritos he sido crítico de autores, como Santos Juliá, que debido a su acceso privilegiado en los medios han tenido un protagonismo en la promoción de tales tesis. Este autor ha respondido con un artículo insultante y ofensivo, sin contestar los datos y argumentos referidos en mi crítica. Este artículo mío, ahora, responde a tal respuesta, haciendo una petición de que en una democracia se destierren los insultos y sarcasmos y que se debata todo, incluido lo que se considera heterodoxo dentro de la sabiduría convencional del país.

A la vuelta de mi exilio, una de las realidades que me encontré en España que más me sorprendió fue lo generalizada que estaba en los establishments políticos y mediáticos del país la definición y percepción del proceso de transición de la dictadura a la democracia como modélica. Los datos, que publiqué en mi libro “Bienestar insuficiente. Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país”, Editorial Anagrama, 2002, no avalaban tal percepción. La transición se hizo en términos muy favorables a las derechas (que dominaron aquel proceso), determinando una democracia muy limitada y un estado del bienestar muy poco desarrollado. Los datos que probaban lo que decía estaban ahí para el que quisiera leerlos. Y si alguien estuviera en desacuerdo, hubiera sido muy bienvenida su aportación de datos cuestionando los míos. Pero no llegaron. En su lugar, la respuesta a mi libro por parte de voces de aquellos establishments fue ignorarlo o abierta hostilidad. Por desgracia (y aunque el libro recibió el Premio de Ensayo de Anagrama 2002), el impacto de mi crítica fue mínimo, pues tal definición de la transición como “modélica” continúa enraizada en aquellos establishments y a través de ellos en amplios sectores de la intelectualidad española.
Uno de los indicadores de lo inmodélica que fue aquella transición fue la injusticia que se hizo hacia los vencidos en aquel conflicto, olvidando su historia. A lo máximo que se llegaba en los medios de mayor difusión del país (tales como la televisión) era a presentar como equidistantes las atrocidades llevadas a cabo por los mal llamados “dos bandos” (a los que se llamaba nacionales por un lado y republicanos por el otro). Pero esta versión del pasado y el olvido de la lucha de los vencidos no era sólo la perpetuación de una enorme injusticia, sino un enorme error político de las fuerzas democráticas del país (y muy en especial de las izquierdas, que habían representado a los vencidos en aquella transición), pues el poder de las derechas derivaba precisamente del control de aquella memoria. De ahí que hubieran promovido el olvido del papel clave que las izquierdas tuvieron en la defensa de la única democracia anterior a la actual que había vivido España, y su recuperación. Era lógico que las derechas, que tuvieron gran responsabilidad en el alzamiento golpista (a los que se les llama también rebeldes) y en el establecimiento de la dictadura, quieran mirar adelante sin mirar atrás. Pero ha sido un profundo error de las izquierdas contribuir a aquel olvido, porque el que controla el pasado controla el futuro. Y esto es mucho más que una mera frase retórica. En mi libro “El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias”. Anagrama. 2006, intenté mostrar que el enorme retraso de la democracia española y de su estado del bienestar se basa precisamente en el enorme poder que las derechas han tenido históricamente y continúan teniendo en nuestro país, incluyendo en sus medios de información y persuasión.
En mis escritos tuve que hacer crítica de los autores que, debido a su acceso privilegiado a los medios de mayor difusión, han tenido una elevada prominencia en la promoción de la percepción y definición de la transición como modélica. Tales autores consideran que la transición fue un pacto entre iguales –entre los herederos de los vencedores y de los vencidos-, negando a su vez que hubiera habido un silencio de la memoria de los vencidos. Entre ellos estaba el columnista de El País, y Catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), Santos Julià. Quisiera añadir que en mis críticas nunca utilicé ni el insulto ni el sarcasmo. Un aspecto que me desagradó profundamente cuando me integré de nuevo en la vida académica y política de nuestro país fue la excesiva tirantez y agresividad en los debates políticos, e incluso académicos, que atribuí a la escasa experiencia democrática y a la rudeza de la derecha española (homologable en muchas de sus posturas y narrativas a las ultraderechas europeas). Todavía hoy escribo en diarios de los países en los que he vivido durante mi largo exilio (Suecia, Gran Bretaña y EEUU), y en ninguno existe el nivel del insulto, sarcasmo, estridencia e hipérbole que aparece en España. La agresividad de las derechas en España es enorme, y ha contagiado en muchas ocasiones a las derechas democráticas (todavía minoritarias en las derechas en España), al centro político e incluso, a veces, a las izquierdas.

¿Hubo o no silencio sobre nuestro pasado?
En mis críticas suelo referirme a datos y a experiencias concretas. Un ejemplo de ello es mi crítica a la postura de Santos Julià, que sostiene que no hubo silencio sobre el pasado ni sobre la memoria de los vencidos (aportando, como muestra de la veracidad de su postura, libros escritos sobre la Guerra Civil desde una perspectiva republicana). En mis trabajos indiqué que la mayoría de tales libros eran académicos, señalando que la distancia entre la academia y la calle es enorme en España. En realidad, en los medios de mayor importancia para poder llegar a la mayoría de la población, tales como la televisión, el primer documental mostrando la enorme y brutal represión en contra de los vencidos, “Els nens perduts del franquisme” (Los niños perdidos del franquismo) se hizo casi un cuarto de siglo después de la transición. Si Santos Julià está en desacuerdo, lo lógico sería que mostrase datos que cuestionaran los míos. No hace esto. En lugar de ello, insulta (a lo cual me referiré más adelante).
Lo mismo ocurrió cuando indiqué que una posible explicación de la resistencia a la recuperación de la memoria histórica (hecho que requiere la intervención del estado) por parte de ciertos autores definidos como progresistas, es que no tuvieron la misma experiencia que la que tuvieron los vencidos y, por lo tanto, no sientan con la intensidad con que sentimos los hijos de los vencidos la urgencia y necesidad de que se corrija esta situación. La memoria de los hijos de los vencedores es distinta a la de los hijos de los vencidos. Escribí que la mayoría de tales autores que escriben en contra de la aplicación y extensión de la Ley de la Memoria Histórica son hijos de vencedores, no de vencidos, e indicaba que si fuera al revés, creo que la situación sería distinta. No era mi intención insultar. Ser hijo de una persona que luchó en el lado golpista no es, en sí, un insulto. Muchos de mis compañeros en la clandestinidad en los años cincuenta y sesenta fueron hijos de vencedores. Y muchos militantes del Partido Comunista fueron hijos de vencedores. Este no es el tema. El tema es que ser hijo de vencedores tiene una experiencia distinta a la de ser hijo de vencidos. Es lógico y humano que sean estos últimos, que han tenido en carne viva mayor experiencia de aquella brutal represión, los que deseen con mayor intensidad que se recupere la memoria de los suyos. Decir esto no es, como Santos Julià, maliciosa y erróneamente me acusa, continuar la división de España entre vencedores y vencidos. Pero me parece obvio subrayar que en la experiencia habida en cuanto a la memoria histórica, las memorias entre los hijos de vencedores y los hijos de vencidos son distintas, con consecuencias diferentes. Y es lógico, predecible y humano que sean los que tuvieron la experiencia de los vencidos los que desean con mayor intensidad que no se olviden a sus antecesores, que lucharon para conseguir la democracia durante la República y después. Y que como consecuencia sufrieron una represión brutal. En nuestras familias han habido fusilamientos, prisioneros en campos de concentración españoles y nazis, torturas, humillaciones y exilios. Exigir que se les honre no es revancha o venganza, sino justicia. Naturalmente que en este homenaje tiene que haber una condena de los responsables de tanto sufrimiento. Esto es lo que implica la justicia, y ello significa una necesaria corrección de la historia del país, lo cual, sin duda, debilitaría a las derechas. Repito que este reconocimiento no es la exigencia de perpetuación de la división de los españoles entre vencedores y vencidos, pues hacer aquel reconocimiento y corrección de la memoria histórica es obligación democrática de todos, independientemente de su origen.

En una democracia, los datos y argumentos no deben sustituirse por insultos
Una última observación. Un amigo me envió hace unos días copia de un artículo de Santos Julià sobre mi postura, refiriéndose a mi persona como un “personaje llamado Vicenç Navarro”, al cual define como “residuo del franquismo”. Con esta introducción, la retahíla de insultos (me llama “vil”, “ruin”, “ese caballero”, “retorcida mente”, “deshonrado” y un largo etcétera) y sarcasmos, dirige sus acusaciones a posturas que yo no sostengo, como la de que constantemente en mis trabajos “divido a los españoles entre hijos de vencedores e hijos de vencidos, tal como hacía el franquismo”. Lo que escribí, y repito, es que la gran mayoría de los que se oponen a la recuperación de la memoria histórica son hijos de familias conservadoras y/o hijos de los vencedores que por tal condición no tienen una identificación existencial con los vencidos, señalando, entre otros, a Santos Julià, al cual definí como ex sacerdote e hijo de vencedores. En su artículo niega que fuera hijo de vencedores y que su padre, un oficial de la Armada, no apoyó el golpe militar. Tomo nota de la aclaración. Y no tengo ningún inconveniente –antes al contrario- en hacer tal corrección pública. Pero no se necesita ninguna disculpa pues, aunque hubiera sido hijo de vencedores, no era mi intención insultar, sino describir el background de muchos de los autores que se oponen a la aplicación y extensión de aquella Ley de la Memoria Histórica. Es importante hablar y conocer el pasado de las personas, y como influencian sus posturas políticas en temas tan importantes como la recuperación de la memoria histórica. Ahora bien, me sorprende que si su padre no apoyó el golpe, él se oponga a que el estado ayude a recuperar la memoria de los que lucharon en contra de la dictadura.
Termina Santos Julià su carta ofensiva con un pequeño psicoanálisis, interpretando mi crítica como resultado de mi frustración –dice él- de que no se hubiera dignado responder a las críticas debido –añade- a su pereza. La arrogancia del establishment no tiene límites. Le aseguro a Santos Julià que nunca tuve ninguna frustración porque no contestara a mis críticas, pues su predecible silencio es un indicador de falta de argumentos, aún cuando, al decidir romperlo haya sustituido éstos con insultos y con un estilo que le caracteriza y es bien conocido. Sus posturas sobre la transición, sobre la Guerra Civil, sobre la Ley de la Memoria Histórica y otros temas, son bien conocidas, pues cuentan con amplias cajas de resonancia poderosas en nuestro país. Y mis posturas sobre cada uno de aquellos eventos es distinta y critica de la suya. Si está en desacuerdo, que haga como yo hago, que presente datos, argumentos y experiencias. Pero, por favor, que no insulte. No sólo entre académicos, sino entre demócratas, los desacuerdos se presentan en base a evidencia y argumentos, no con ofensas, sarcasmos o insultos.

Ver artículo en PDF

Respuestas del profesor Navarro a las preguntas que le hizo la revista TEMAS PARA EL DEBATE sobre el futuro de la socialdemocracia. Agosto de 2010.

1- ¿Existe en estos momentos un modelo político o proyecto futuro de sociedad por parte de la socialdemocracia o de la izquierda en general?

El principio sobre el cual se basó el proyecto socialista de “a cada cual según su necesidad y de cada cual según su habilidad” es tan relevante y apto ahora como cuando se definió por primera vez, en el siglo XIX. La aplicación de este principio se da constantemente. El socialismo no es un proyecto que tendrá lugar el año A, día D, hora H sino que se construye y destruye en bases diarias en nuestras sociedades, sin que se vea, perciba o promueva bajo su nombre.
Los puntos clave en este proyecto es quién define “necesidad” y quién decide  la aplicación de este principio, lo cual nos lleva a redefinir el principio de democracia, el mayor reto que existe en nuestras sociedades. El gran problema de nuestros sistemas políticos es la enorme distancia entre los representantes y los representados. Estos últimos no se sienten representados por los primeros. Perciben a sus representantes excesivamente influenciados por grupos fácticos e intereses de clase, mediatizados por medios de comunicación y persuasión de escasísima diversidad ideológica (agentes de aquellos poderes fácticos o grupos corporativos que les controlan), que reproducen la ideología de los grupos y clases dominantes. La evidencia que apoya esta percepción es abrumadora. De ahí que las propuestas que se están haciendo para reavivar la democracia (abriendo, por ejemplo, las listas de las candidaturas en los partidos) sean tan insuficientes.
Hoy, el proyecto más revolucionario, y conflictivo, con las estructuras de poder es establecer una democracia en la que cada persona tenga la misma capacidad de decisión, pues a mayor aplicación de este principio mayor la práctica de aquel principio socialista. Pero, este cambio requiere unos cambios en los medios de producción de bienes y servicios (incluidos de información) sujetos a la voluntad popular en un sistema en que la democracia representativa (muy poco desarrollada) esté acompañada por la democracia directa (a partir de referéndums y otras formas de participación).

2.- ¿En qué consiste? ¿Cuáles deberían ser sus principales propuestas y objetivos?

La aplicación de aquellos principios exige unas políticas fiscales progresivas para garantizar la aplicación del principio “según su habilidad” y de unas políticas económicas y sociales que garanticen el principio de universalidad, “a cada uno según su necesidad”, dentro de un sistema auténticamente democrático tanto por sus reglas electorales como por el acceso a la información.

3.- ¿Cómo se podría avanzar hacia estas propuestas y objetivos? ¿Con qué apoyos? ¿Con qué procedimientos? ¿Con qué alianzas o acuerdos?

El 68% de la población de la UE-15 y el 74% de la población de España está a favor del principio enunciado al principio de la encuesta. La gran mayoría de la población (un 78% de la población) en la UE-15 (un 82% en España), los porcentaje más altos nunca registrado, creen que las desigualdades son demasiados elevadas y que no están basadas en méritos, sino en el poder diferencial que tienen las personas según su clases social. Nunca ha habido un hartazgo general más acentuado como ahora hacia la clase política (que se le ve como excesivamente sensible al mundo empresarial y financiero), hacia el mundo empresarial y hacia las instituciones políticas y mediáticas. Y el grado de credibilidad de los medios es bajísimo. Lo que se requiere son cambios al nivel de exigencias de los agentes sociales y partidos de izquierda con mayor radicalidad en sus objetivos y en sus medios. Con redescubrimiento de sus bases sociales, la clase trabajadora, ampliada con una alianza con las clases medias. El gran error de la socialdemocracia ha sido el de ir redefiniendo sus bases sociales, lo cual ha facilitado su captación por parte de un discurso liberal. La enorme crisis de la social democracia no es la crisis del socialismo, sino la crisis del socioliberalismo.

4.- ¿Sobre qué valores debe asentarse el modelo?

Las instituciones europeas deben cambiar profundamente desde el pacto de Estabilidad y el BCE (ambos instrumentos liberales), hasta el sistema de gobierno escasamente democrático. En España los partidos de izquierda tienen que democratizarse (dejando de ser camarillas de poder) y exigir cambios profundos, tanto en los medios de información y persuasión (los menos plurales hoy en la UE), como en las instituciones políticas, las menos representativas hoy en la UE. Y debe haber una segunda transición con cambios muy sustanciales, democratizando el estado español, incluyendo todos los niveles del gobierno y todos los aparatos del estado. Estas reformas profundas debieran ser estimuladas y facilitadas por los partidos de izquierda.

Ver la publicación en PDF

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 28 de junio de 2010

Este artículo critica la actitud generalizada en algunas personalidades próximas al gobierno español de que gobernar es “no temer tomar decisiones impopulares”. Tal frase denota, no solo una arrogancia (asumiendo que el representante sabe mejor que los representados que es mejor para ellos) sino también una insensibilidad democrática (pues el representante es la voz de los representados y si hay un conflicto entre el primero y los segundos, es el representante el que debe cambiar de opinión). En realidad, gobernar es desarrollar los programas y los deseos de los gobernados, “no temiendo tomar decisiones impopulares” entre los grupos poderosos que dificultan el desarrollo de los programas en bases a los cuales el representante ha sido elegido.

Una frase que se está generalizando en ciertos sectores del establishment político español, incluyendo el gobierno español, es que gobernar significa “no temer a tener que tomar decisiones impopulares”. Esta frase se está utilizando para alentar al gobierno a tomar medidas como la congelación de las pensiones, la destrucción de puestos de trabajo en el sector público, la reducción de los salarios de los empleados públicos, la reforma laboral que facilitará los despidos y la reducción salarial, medidas que están siendo, como es lógico, altamente impopulares entre las bases electorales del partido gobernante.

Encuentro esta frase, además de enormemente arrogante, carente de sensibilidad democrática. La función primordial de un representante político es representar a sus electores, pues es la voz de aquellos que le han elegido. El poder de tal gobernante deriva única y exclusivamente de la soberanía otorgada a él o a ella por la población a la cual representa. Y si hay un conflicto entre lo que el representante opina y lo que los representados desean, es el representante el que debe cambiar o dimitir. No es el representado el que tiene que dimitir. La población vota a un programa con el cual el representante está comprometido. Y ninguna de estas propuestas del gobierno Zapatero, por cierto, estaba en la lista de políticas públicas en cuyas bases el gobierno fue elegido.

Muchas de las voces que sostienen aquella frase de que hay que ir en contra de la opinión de los representados parecen ser conscientes de la incoherencia de tomar posturas contrarias a su electorado. De ahí que subrayen el tema de la comunicación, aduciendo que la impopularidad de las medidas se debe a la falta de comunicación entre el Gobierno y su electorado. Es el eterno argumento de que las masas no entienden a las élites gobernantes que tienen que cargar en sus hombros la responsabilidad de tomar decisiones impopulares e incomprendidas. Esta actitud menosprecia, no sólo la inteligencia y madurez del electorado, sino que sobreestima las dotes del representante, creyendo que él o ella saben más lo que beneficia e interesa a su electorado que el propio electorado.

La realidad es que la impopularidad de cada una de estas políticas que el gobierno ha tomado no se debe a que no se hayan explicado. En realidad, los medios de mayor difusión del país no sólo las han explicado, sino que las han promovido activamente, pues la mayoría son de ideológica neoliberal. Y, en cambio, las bases electorales del gobierno socialista español, así como la mayoría de la población, no aceptan tales medidas, y con razón.

En toda esta justificación, la frase que debiera utilizarse no es si hay temor a tomar medidas impopulares, sino entre quiénes son impopulares. Lo que estamos viendo es que se están tomando medidas impopulares entres los débiles, y muy populares entre los fuertes, medidas que éstos últimos han estado deseando tomar desde hace muchos años, y ahora, con la crisis (que ellos crearon), tienen el momento para implementarlas. La congelación de las pensiones, por ejemplo, fue impopular entre los pensionistas, pues ellos tendrán que pagar un déficit que se crea en las cuentas del estado (1.500 millones de euros) que podría haberse evitado no bajando los impuestos de patrimonio (2.500 millones) que beneficiaron primordialmente a las rentas superiores. El gobierno no tuvo temor en tomar medidas impopulares entre los pensionistas y muy populares entre las rentas superiores. El coraje que se exige, no es disminuir los beneficios sociales y laborales de la clase trabajadora, sino enfrentarse a los grupos más poderosos (desde la banca y la patronal a las rentas superiores). Y es ahí donde su cobardía es decepcionante, lo cual es incluso más acentuado entre las derechas españolas y catalanas, siempre muy próximas al mundo financiero y empresarial, y muy lejanas de los ciudadanos de a pie. De ahí que las derechas utilicen constantemente la cruz y la bandera para conseguir el apoyo que sus políticas económicas y fiscales dificultarían. Las izquierdas no pueden regirse por el mismo criterio de coraje que tienen las derechas, y han de tener valor para tomar medidas impopulares entre los poderosos en este país, que, por desgracia, no son las clases populares.

Ver artículo en PDF

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 14 de junio de 2010

Este artículo presenta datos sobre la situación de la clase trabajadora (la evolución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, de los beneficios empresariales versus los costes del trabajo, del déficit de gasto publico social per capita entre España y el promedio de la UE-15 –incluyendo el gasto publico social en prestaciones a la vejez-, de las pensiones, y de la pobreza entre los ancianos) durante el periodo de gobierno del PP (1996-2004). Puesto que el Sr. Mariano Rajoy ha indicado que seguirá las mismas políticas que siguió Aznar, que -según él- sacó a España de la crisis anterior, es importante conocer las consecuencias que tales políticas tuvieron sobre la clase trabajadora, cuyos intereses tal partido dice ahora querer defender.

Existe una percepción generalizada en la cultura mediática y política del país de que España es un país de clases medias, es decir, un país en el que la mayoría de la población es, y se define como clase media. En esta visión, la estructura social de España consta, por un lado, de los ricos y, por el otro, de los pobres, y entre los dos polos están las clases medias. A veces se utiliza otra terminología y se habla de clases altas, clases medias y clases bajas.
Esta visión de la estructura social es, sin embargo, profundamente ideológica, promovida por el pensamiento neoliberal que ha contagiado a la mayoría de sensibilidades políticas del país. La evidencia científica, ignorada sistemáticamente por los mayores medios de información y persuasión, es que en España y en los países desarrollados a ambos lados del Atlántico continúan existiendo clases sociales, mejor definidas por la terminología científica, utilizada por todas las mayores tradiciones sociológicas del siglo XX, es decir, burguesía (en EEUU se llama Corporate Class o clase empresarial), pequeña burguesía (llamada clase media de renta alta en EEUU), clase media y clase trabajadora.
Y cuando se pregunta a la población a qué clase pertenece, hay más personas (en todos los países de la OCDE donde se ha hecho esta pregunta) que se definen como pertenecientes a la clase trabajadora que a la clase media. Es interesante, por cierto, que estos porcentajes varían según la cultura política dominante en el país. Así, en países de cultura socialdemócrata como los países escandinavos (los países, por cierto, más ricos de Europa), el porcentaje de la población que se define como clase trabajadora es mayor que en los países de cultura conservadora o liberal, como EEUU o el Sur de Europa. Pero incluso en éstos hay más ciudadanos que se consideran miembros de la clase trabajadora que de la clase media.
La otra observación que merece hacerse es que en general los partidos liberales y/o conservadores utilizan más la expresión clase media que los partidos de izquierda, aún cuando hay excepciones. Y estos días estamos viendo un cambio significativo en España. Mientras el gobierno socialista continúa haciendo referencia a los sacrificios necesarios que tiene que hacer la clase media (asumiendo, erróneamente, que son la mayoría de la población) para salir de la crisis, el Partido Popular ha comenzado a utilizar la expresión de clase trabajadora, llegando incluso a definirse como el partido de los trabajadores. Una metamorfosis política, no carente de oportunismo político. El PP quiere subrayar que el PSOE está cambiando su compromiso tradicional con la clase trabajadora, abandonándola no sólo en la terminología utilizada en su discurso, sino también en sus políticas públicas. El descenso de los salarios de los trabajadores y empleados públicos y la destrucción de empleo (que tiene lugar como consecuencia de la reducción del empleo y gasto público), así como la congelación de las pensiones, ha sacado a la luz una serie de vulnerabilidades del Partido Socialista Obrero Español, que el PP intenta utilizar presentándose como el auténtico defensor de los trabajadores, medida oportunista e inteligente, que de ser exitosa le supondría su victoria electoral, deseada, por cierto, por la mayoría de los medios de información y persuasión de mayor difusión en España.
El punto débil de tal estrategia es la propia experiencia que tal Partido tiene en su periodo de gobierno (1996-2004). El hecho de que el dirigente de tal partido, el Sr. Mariano Rajoy, haya indicado que, para salir de la crisis, el PP llevará a cabo las mismas políticas que utilizó el gobierno Aznar (que –según Rajoy- sacaron a España de la crisis económica anterior) muestra la gran vulnerabilidad de su nueva definición como partido de los trabajadores, puesto que de la evaluación de aquellas políticas es difícil (en realidad imposible) llegar a la conclusión de que el PP fuera el partido que defendiera los intereses de aquellos que se ganan la vida a base del trabajo. Veamos los datos.
El primer dato, que el PP muestra a su favor es el descenso del desempleo durante le periodo 1996-2004. Pero se olvida que la calidad de la mayoría de puestos de trabajo creados fue baja, desaprovechando la oportunidad de crear mejores puestos si se hubieran seguido políticas públicas distintas. El gran crecimiento en la creación de empleo en aquellos años se centró en la construcción, consecuencia del boom inmobiliario dirigido por el complejo bancario-sector inmobiliario-industria de la construcción, que se convirtió en el eje del crecimiento económico del país. Este complejo, que el PP estimuló con sus políticas fiscales y económicas (mediante, entre otras medidas, la desregulación del suelo y de los mercados de trabajo, su reducción de impuestos de las rentas del capital y rentas superiores y su dependencia en la inmigración escasamente regulada), tuvo un impacto enormemente negativo en la economía española, pues absorbió gran cantidad de recursos que tenían que haberse aprovechado para crear mejores puestos de trabajo, con mayor productividad y mejores salarios. En realidad, durante el periodo 1996-2004, la masa salarial descendió, con lo cual las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales del país bajaron espectacularmente. Pasaron de representar el 66% de la renta nacional al 61%, el mayor descenso (después de Alemania) de las rentas del trabajo en cualquier país de la UE-15. Los datos muestran que las políticas del PP favorecieron mucho más a la clase empresarial que a la clase trabajadora, pues las rentas del capital y las rentas superiores se dispararon a costa de las rentas del trabajo. Los beneficios empresariales vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (más del doble de la media de la UE-15, que fue un 33%), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (cinco veces menos que en la UE-15, un 18%). Estos datos muestran claramente que el PP, aplicando las mismas políticas que propone desarrollar ahora, fue el partido, no de los trabajadores, sino de los empresarios. No hay ningún cambio en sus propuestas que pudiera llegar a resultados distintos, justificando su autodefinición de Partido de los Trabajadores.
Pero continuemos mirando los datos. Y analicemos la evolución del gasto público social por habitante durante el periodo 1996-2004 (mandato del supuesto Partido de los Trabajadores). Este gasto es el gasto que sostiene el estado del bienestar español, es decir, las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales públicos y otros servicios públicos que determinan en gran manera el bienestar y la calidad de vida de las clases populares, y, muy en particular, de la clase trabajadora. Pues bien, según los datos del Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, España, que tenía ya entonces el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, vio aumentar todavía más el enorme déficit de gasto público social que tenía con el promedio de la UE-15 durante el periodo 1996-2004. España en 1996 se gastaba 1.904 euros estandarizados (es decir, euros modificados para que pueda homologarse su capacidad de compra con la de los países de la UE-15) por habitante menos que el promedio de la UE-15. Al final del mandato del supuesto Partido de los Trabajadores (2004), tal déficit social aumentó a 2.243, el mayor déficit que cualquier país tuviera con el promedio de la UE-15. La causa de ello es que el gobierno Aznar, bajo la dirección económica del Sr. Rodrigo Rato, además de bajar los impuestos, transfirió fondos de las áreas sociales al presupuesto general del Estado (a fin de reducir el déficit del presupuesto del Estado), de manera que cuando, por fin, se consiguió (según dijo Aznar) alcanzar el equilibrio de las cuentas del Estado, ello se había hecho a costa del estado del bienestar español, como más de un líder europeo le recordó. Cuando el Presidente Aznar, sacando pecho, se mostraba orgulloso ante sus colegas de la UE-15, de no sólo haber reducido el déficit del estado por debajo del 3% del PIB, sino de haberlo eliminado, más de un dirigente europeo le señaló que el gigante económico español (el PP repitió hasta la saciedad que éramos la octava potencia del mundo) se había construido, no sólo con salarios bajos, sino también con un estado del bienestar poco desarrollado. El gigante económico tenía pies de barro sociales.
El crecimiento del déficit del gasto público social por habitante en relación con la UE-15 fue también muy acentuado en el capítulo de gasto público en prestaciones a la vejez (que incluyen las pensiones). Tal déficit aumentó de 690 euros estandarizados por habitante a 782. Ello contribuyó al aumento de la pobreza entre los ancianos, que subió durante su mandato de 14% a 30% (Eurostat, 2010) hecho que invalida su profesión de defensores, no sólo de los trabajadores, sino también de los pensionistas. Por cierto, la derecha catalana, CIU, apoyó todas las políticas públicas a las cuales hago referencia.
El problema que tienen, pues, las derechas es que si se supieran todos estos datos, su credibilidad sería fácilmente cuestionada. La suerte que tiene es que la sensibilidad neoliberal que predomina en la mayoría de medios de información y persuasión de nuestro país, hace que estos datos sean escasamente conocidos. Y ahí está uno de los mayores problemas que tenemos en España: la falta de diversidad ideológica en la mayoría de medios de mayor difusión. Consecuencia de ello es que muchos trabajadores y pensionistas no relacionan el crónico deterioro de su situación con las políticas neoliberales del PP (reproducidas, en ocasiones, por los equipos económicos de los gobiernos PSOE). Tales medios tienden a dar mayor visibilidad a temas religiosos o nacionalistas que movilizan a sectores de la clase trabajadora que apoyan al PP, ocultando su responsabilidad en el deterioro económico y social del país. El crucifijo y las banderas siempre han sido utilizados por las derechas para movilizar a los trabajadores y pensionistas en contra de sus intereses.

Ver artículo en PDF