Article publicat per Vicenç Navarro a la columna “Dominio Público” al diari PÚBLICO, 12 de juny de 2014

Aquest article mostra la falsedat dels arguments neoliberals que atribueixen la crisi actual a una suposada fortalesa excessiva del món del treball.

Una constante en la explicación de la crisis económica y financiera actual que ha afectado de manera muy acentuada a los países periféricos de la Eurozona (GIPS, Grecia, Irlanda, Portugal y España) es la que atribuye esta situación a que los trabajadores de estos países reciben salarios demasiado altos, trabajan muy poco, reciben un número excesivo de prestaciones, tienen excesiva protección social y se jubilan demasiado pronto. Esta percepción de los países GIPS, promovida por la Troika (el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) y por los gobiernos de carácter conservador, cristiano-demócrata, liberal y socioliberal que dominan la gobernanza de la Eurozona, ha alcanzado la categoría de dogma. En realidad, esta percepción viene ya de lejos, y fue la que motivó que el Banco Central Europeo, presionado por el Banco Central Alemán, forzara la adopción de los criterios de Maastricht como condición de pertenencia al euro: un déficit público de no más del 3% del PIB y una deuda pública no superior al 60% del PIB (ver el libro de John F. Weeks, Economics of the 1%, 2014, p. 175). La intención de estas condiciones era disciplinar a estos países y evitar excesos de gasto público resultantes de unos comportamientos irresponsables, evitando así que se gastara más de lo que se tenía. Ni que decir tiene que estas normas de Maastricht aplicaban a todos los países de la Eurozona, pero, desde el principio, se pensó en los países GIPS como los que necesitaban de mayor disciplina fiscal, por considerarlos excesivamente despilfarradores.

Las falsedades del establishment neoliberal europeo

Lo que es digno de mención es que cada uno de estos supuestos es falso, como es fácilmente demostrable con los datos. Veamos. Todos estos países GIPS tenían, antes de la crisis, una protección social y gasto público social por debajo (no por encima) del promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más ricos de la UE, al cual pertenecen. El país que tenía mayor gasto público en protección social de la Eurozona era Alemania. Todos los países GIPS (Grecia, Irlanda, Portugal y España) tenían, cuando se estableció la Eurozona, y continúan teniendo, un gasto público social muy inferior al alemán y muy inferior al promedio de la UE-15. Igualmente, la edad de jubilación en estos países (en el año 2010) era idéntica, no inferior, que la de los hombres de Alemania y Francia, excepto en Grecia, donde podían jubilarse a los 60 años.

La misma falsedad se da en cuanto al número de horas trabajadas por trabajador. En realidad, en todos estos países se trabaja más horas al año por trabajador que en Alemania, siendo el trabajador griego el que trabajaba más horas (2.038 horas al año, más de 40 horas a la semana), un 43% más que el trabajador alemán.

En cuanto a la excesiva irresponsabilidad de los dirigentes gubernamentales que se gastaron más de lo que tenían, generando enormes déficits y deuda pública, los datos muestran también la falacia de este supuesto. El Estado español estaba en superávit, no déficit, y la deuda pública era menor que el promedio de la UE-15, incluyendo Alemania. Grecia era el país que tenía déficit y una deuda pública elevada (80% del PIB en 2007). Ahora bien, Irlanda tenía, como España, un superávit en sus cuentas del Estado, mientras que el déficit en Grecia estaba solo 3 puntos de PIB por encima del de Alemania, lo cual no era exagerado.

La situación de las cuentas del Estado en estos países no puede presentarse como causa de la crisis. El famoso dicho de que estos Estados de los países GIPS se gastaban más de lo que tenían, despilfarrando recursos, no es sostenible. Los que sí contribuyeron de una manera notable a la crisis y al aumento del déficit y de la deuda pública, fueron los enormes rescates a la banca y la bajada de ingresos al Estado, resultado, este último, del enlentecimiento del crecimiento económico causado por la bajada de la demanda, consecuencia del descenso salarial y reducción del gasto público, todas ellas políticas de austeridad impuestas por la Troika. Ahí están las causas, silenciadas en los mayores medios de información y persuasión.

Lo que se calla u oculta

¿Por qué las políticas neoliberales, con sus recortes de gasto público y reducción de salarios, se promovieron y continúan promoviéndose en la Eurozona? La respuesta es extraordinariamente clara, aunque usted, lector, no lo leerá en los mayores diarios ni lo verá en televisión. La crisis que ha dañado enormemente a las clases populares de los países GIPS se programó para aumentar los beneficios del aparato financiero –la banca- y muy en especial de la banca alemana y también del sector exportador alemán. Tome el lector nota de que no hablo de Alemania, sino de las élites financieras, económicas, políticas y mediáticas dominantes en Alemania, pues no se entiende lo que pasa en la Eurozona sin entender la alianza que se ha establecido entre estos componentes de las clases dominantes de cada país y el sistema de gobierno de la Eurozona, incluyendo la Troika. Estas élites están imponiendo un enorme sacrificio (con reducción de salarios y gasto público social) a las clases populares, incluidas las alemanas, cosa que ha sido facilitada por el dominio que aquellas élites tienen sobre el diseño y promoción de las políticas públicas de la Eurozona.

En realidad, la reducción de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora alemana (resultado de las reformas Schröder y Merkel) disparó las exportaciones en aquel país, creando un enorme superávit de la balanza de pagos, causa de que las balanzas sean negativas en los países GIPS, forzando que los salarios de estos países bajen para poder competir con Alemania y aumentar las exportaciones, y con ello reducir su balanza negativa. Durante el periodo 2008-2010 Alemania consiguió un superávit de 523.000 millones de euros, mientras que los GIPS tenían un déficit de 623.000 millones de euros. Este enorme desequilibrio es lo que creó la sensación de que el euro estaba en peligro (percepción, por cierto, que era errónea, pues el euro nunca estuvo en peligro). (Ver mi artículo “Falsedades del conocimiento económico ortodoxo sobre Europa”. Público, 22.05.14). Los que sí estaban en peligro, y continúan estándolo, son las clases populares de los países GIPS, como resultado de las políticas públicas del gobierno Merkel (que consisten en bajadas salariales y subsidios al capital exportador), que favorecen los intereses de los grupos económicos y financieros que representan. Es la victoria del 1% (la población más pudiente del país que genera sus rentas de la propiedad del capital financiero y exportador) sobre todos los demás. Si usted va a Alemania y lee los mayores medios de información (controlados todos ellos por el 1% más pudiente de Alemania), verá que presentan la crisis como resultado de la holgazanería de las clases populares del Sur. Intentan que el trabajador alemán vea al trabajador del Sur como su enemigo. El nacionalismo intenta movilizar a la población para que vean sus intereses ligados a los intereses del 1%. Su temor es que las clases populares en la Eurozona se alíen y rompan con su dominio y control. Con ello se iniciaría la Europa de los pueblos, que entraría en clara contradicción y como alternativa a la Europa del capital hegemonizado por el financiero, que es la Europa actual. Así de claro.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 31 de diciembre de 2013

Este artículo denuncia la imposición por parte de la Iglesia Católica de sus creencias y prejuicios, que dañana el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía, como bien aparece en su constante defensa del dolor, que alcanza niveles de crueldad en el caso de la muerte.

Muchos somos los que hemos visto a personas muy queridas que, debido a la enfermedad que tenían, tuvieron una muerte larga, penosa, dolorosa y humillante. Y era la propia persona que se estaba muriendo la que deseaba morir lo más pronto posible, irse sin pena y sin dolor, y sobre todo, con dignidad. Y, en cambio, era muy poco lo que el enfermo y sus familiares podían hacer para ayudarle. La ley no lo permite.

La mayor razón de ello es un prejuicio religioso que, como en el caso del aborto, habla de la santidad de la vida, sin ser sensible al significado y calidad de dicha vida. Está, como todo sentimiento religioso, basado en fe, en creencias, y escapa a cualquier raciocinio. Y es un indicador más del enorme poder que tiene la Iglesia y de su influencia negativa en la cultura popular que tal posibilidad ni siquiera haya sido considerada por los llamados representantes de la población.

Ni que decir tiene que es un tema complejo, pues puede dar pie a abusos, es decir, que este derecho fuera utilizado por los familiares o personas próximas al enfermo como manera de aliviar su propia incomodidad, añadiendo presión al enfermo para que firmara y diera su consentimiento para que le ayudasen a morir. Pero hay mecanismos y regulaciones que pueden disminuir la posibilidad de este abuso, adquiriendo, por ejemplo, la autorización en un momento de mayor normalidad en el que el paciente pueda decidir en una situación menos estresante, o incluso cuando no estuviera enfermo en fase terminal.

Así se está haciendo en cuatro Estados de EEUU: Oregón, Washington, Vermont y Montana. Y la popularidad de dicha medida explica que otros Estados estén considerando aprobar leyes semejantes. La intervención pública permitiendo la muerte asistida por personal sanitario se llama Death with Dignity Act (ley del derecho a morir con dignidad), y se está extendiendo a lo largo de EEUU. Ello es un indicador de la pérdida de influencia de las religiones en la sociedad. En realidad, ha sido la constante de las religiones, y muy en particular de las iglesias cristianas (y más concretamente de la Iglesia Católica) el valorar el dolor como instrumento de redención y purificación, concepción que adquiere mayor contundencia en el proceso del final de la vida, camino –según dichas religiones– hacia el otro mundo, donde se desarrolla la plena realización de aquel ser. Tal creencia tiene que respetarse por mera coherencia democrática. Cualquier ciudadano tiene el derecho a practicar su religión, según los cánones que marque su iglesia. Ahora bien, este mismo ciudadano no puede imponer sus creencias al resto de la sociedad, tal como las iglesias desean, y muy en particular la Iglesia Católica española, que tradicionalmente ha tenido una relación privilegiada con el Estado español, tanto durante los periodos dictatoriales como en los escasos periodos democráticos que España ha tenido en su historia. La Iglesia Católica española no solo no es un instrumento democrático, sino que es antidemocrático, puesto que nunca ha aceptado que sus creencias son particulares (es decir, debieran afectar solo a sus creyentes) y no universales (es decir, que apliquen a toda la ciudadanía). Y la dirección ultrarreaccionaria de la Iglesia Católica, que fue durante la dictadura parte del Estado fascista (los clérigos eran pagados por el Estado y los obispos nombrados por el dictador), nunca ha aceptado que sus creencias y sanciones no deben transformarse en políticas públicas en un sistema democrático. Hacerlo, como está ocurriendo en España, es de una enorme insensibilidad democrática, además de una gran crueldad e inhumanidad. Negar el derecho a morir sin dolor y con dignidad a las personas como consecuencia de un mandato de su Dios, es delegar la gobernanza de un país a un poder terrenal no democrático que utiliza un poder supuestamente divino (que nadie ha elegido) para controlar a la población. Han sido un error grave el excesivo respeto y docilidad mostrados por las izquierdas a las imposiciones de un poder fáctico que ha dañado tanto y continúa dañando a la población, y todo ello en nombre de su Dios.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 11 de noviembre de 2013

Este artículo analiza el impacto negativo que las reformas educativas neoliberales del gobierno conservador-liberal sueco han tenido en la calidad del sistema educativo de Suecia. El artículo también señala como las reformas Wert profundizarán todavía más las desigualdades en el sistema educativo, como también ha ocurrido en Suecia.

La escuela pública en Suecia estuvo considerada durante muchos años (junto con la finlandesa) como una de las mejores en el mundo. En el informe PISA del 2000 el nivel de comprensión de lectura, matemáticas y ciencias estaba muy por encima del promedio de los otros países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo. Lo que caracterizaba el sistema educativo sueco era su carácter multiclasista, es decir, que en sus aulas estaban representadas todas las clases sociales, creando una escuela cohesionadora, crisol de una de las sociedades menos desiguales en aquella colectividad de países. Era el producto de muchos años de gobierno de partidos progresistas, que promovieron los valores de equidad, progreso y cultura. El fin de la educación era formar un ciudadano solidario, culto y preparado para decidir y actuar en una sociedad democrática y fuertemente participativa.

Ahora bien, en el año 2006, una coalición de partidos conservadores y liberales cambió el sistema educativo. Muchas escuelas públicas pasaron a ser gestionadas por compañías privadas, el modelo favorito, por cierto, de las reformas Wert del Partido Popular en España. Otro cambio fue que las familias podían escoger las escuelas donde enviar a sus hijos, promocionándose las escuelas de gestión privada, financiadas con fondos públicos.

Como era predecible, hubo una selección de los alumnos por parte de estas escuelas de gestión privada, haciéndolo de forma indirecta, con lo cual aumentaron enormemente las desigualdades educativas en el país y declinó sustancialmente la calidad de toda la enseñanza. La descohesión del sistema educativo perjudicó a todo el sistema educativo. Y afectó negativamente su calidad. En el informe PISA 2009, en matemáticas y ciencias, Suecia estuvo por debajo del promedio de la OCDE. Y se teme que este año 2013 (el informe PISA sale en diciembre) continuará estando por debajo del promedio. Ello es el resultado de las reformas neoliberales que (como ha ocurrido también en varios Estados de EEUU, que introdujeron reformas semejantes en sistemas públicos) han deteriorado muy marcadamente el sistema escolar público.

Ante esta realidad, una pregunta lógica es: ¿por qué las clases más pudientes presionaron para que, a través de partidos políticos afines a sus intereses, se hicieran aquellas reformas? Y la respuesta es que deseaban inculcar un sistema desigual en el que sus hijos serían educados como ciudadanos de primera, dejando las escuelas públicas (financiadas y gestionadas por el sector público) para todos los demás. Y aceptaron incluso el deterioro de todo el sistema (que afectó negativamente la escuela de sus hijos) a fin de producir tal distancia social. Ha sido la práctica característica de las clases más pudientes, que, anteponiendo sus intereses a los de la mayoría de la ciudadanía, han causado con sus reformas un deterioro muy marcado de los sistemas públicos, utilizados por la mayoría de la ciudadanía. Esto está ocurriendo en Suecia, como también está ocurriendo en España, incluyendo a Catalunya.

Como bien ha indicado Francisco Martínez Mora de la Universidad de Leicester en su estudio sobre la educación en España, “(Des)igualdad de oportunidades educativas en España”, la escuela privada concertada y su separación del sistema público (a pesar de estar integrada, en teoría, en tal sistema) está contribuyendo a la polarización educativa del sistema escolar, con un aumento muy notable de las desigualdades en el país. Y esta polarización ocurre no sólo por la educación recibida en tales escuelas, sino por la reproducción de las características sociales de cada clase social, determinada por el origen social de cata tipo de estudiantes. La interacción entre los propios estudiantes, entre las familias y el profesorado, refuerza todavía más el clasismo de las escuelas. Y ello se acentuará sustancialmente con las reformas Wert.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 29 de octubre de 2013, y en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 30 de octubre de 2013

Este artículo analiza la polarización social del sistema educativo por clase social existente en España, señalando que las reformas Wert acentuarán tal polarización.

En España hay clases sociales. Y es imposible entender qué ocurre en España sin entender el enorme dominio que la burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales de renta alta han tenido y continúan teniendo sobre los aparatos del Estado, influencia que está alcanzando su máxima expresión durante el gobierno Rajoy, el gobierno que España ha tenido durante el periodo democrático que ha sido más sensible a los intereses de estas clases sociales.

Esta enorme influencia explica muchas realidades, tales como la pobreza del Estado del Bienestar (España tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15, el grupo de países, dentro de la Unión Europea, de semejante desarrollo económico), su escasa capacidad redistributiva (de nuevo, el Estado español es de los menos redistributivos en la UE-15), su escasa progresividad fiscal (mientras que los trabajadores de la manufactura pagan impuestos -en porcentaje sobre su sueldo-, en cantidades semejantes a sus homólogos en la UE-15, el 1% de la población que deriva sus ingresos de la propiedad de capital paga sólo un 10% de lo que pagan sus homólogos en el promedio de los países de la UE-15). Todo ello explica la gran pobreza de los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como la educación. El Estado español gastó en educación en 2010 solo un 4,2% de su PIB, mucho más bajo que el promedio de la UE-15 (5,2 %), y mucho, mucho más bajo que Suecia (7%), uno de los países de la UE donde la clase trabajadora y las clases medias de renta media y baja tienen mayor influencia sobre el Estado. El gasto educativo por alumno (en todas las categorías de estudios) en España es de los más bajos de la UE-15.

Las consecuencias de esta pobreza del gasto educativo son muchas. Y la más llamativa es la polarización, por clase social, del sistema educativo. Desde las escuelas de infancia (mal llamadas guarderías) hasta la enseñanza primaria y secundaria, las clases pudientes llevan a sus hijos a las escuelas privadas (cuyo gasto por alumno es más elevado que las públicas, con un subsidio público muy importante, llamado concierto), y las clases populares (las clases medias de renta media y baja y la clase trabajadora) envían a sus hijos a la escuela pública. Muchas de las privadas están gestionadas por la Iglesia católica, que institucionalmente ha sido siempre cercana a los intereses de las clases más pudientes.

Durante la mayoría del periodo democrático, el número de horas lectivas en la enseñanza era mayor en las escuelas europeas que las escuelas públicas españolas. Así, en las escuelas secundarias, las horas lectivas eran de 559 horas al año en las públicas españolas, comparado con 678 horas en el promedio de las escuelas de la UE-15. Sumando el déficit anual, el estudiante español iba a la escuela secundaria un año menos que el estudiante europeo. No por casualidad, el conocimiento en comprensión de lectura, de matemáticas y de lenguas de un graduado español de la escuela secundaria era semejante al de un estudiante europeo de un año menos (Datos de PISA, 2003). Tal diferencial de conocimientos no ha disminuido. En realidad, ha aumentado (PISA, 2012). Y lo que es también interesante subrayar es que los estudiantes de la privada tampoco están mejor que el promedio de los estudiantes de la escuela pública europea (de la UE-15). En realidad, están peor.

La evidencia empírica es clara y contundente para todo aquel que lo quiera ver. Los sistemas educativos polarizados por clase social, con una dicotomía pública-privada, son peores en su calidad educativa que los sistemas públicos mayoritarios. En España, el 34% de los estudiantes van a la privada, y el 66% a la pública. En comparación, en Suecia y Finlandia (esta última es considerada la mejor de Europa) la distribución de porcentajes es 7% versus 93% respectivamente. Esta es una de las mayores causas de la baja calidad educativa en España, resultado del enorme poder de las clases más pudientes (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional de renta alta) sobre el Estado a través de sus instrumentos políticos (los partidos conservadores y liberales) y mediáticos (la gran mayoría de medios de información, tanto públicos como privados), que en su egoísmo –defensa a ultranza de sus intereses inmediatos- están dañando al país, y también, paradójicamente, a la educación de sus hijos, aun cuando consiguen lo que más quieren, es decir, mantener la distancia social (creando ciudadanos de primera –sus hijos- y de segunda –todos los demás-) reproduciendo las desigualdades dentro de la ciudadanía, manteniendo sus privilegios.

Representa, por cierto, una gran incoherencia que esas fuerzas conservadoras y liberales, y sus partidos políticos, como el PP, que se presentan como las “fuerzas patrióticas”, que constantemente hablan de patria o nación enarbolando la bandera, apliquen a la vez políticas públicas, en educación, que descohesiona tal patria. En realidad, la defensa de sus intereses a través de las políticas públicas del gobierno Rajoy daña a la mayoría de la ciudadanía, mostrando que pese a su discurso y narrativa, son profundamente anti-patriotas, pues el elemento clave de la patria –el término que utilizan ellos-, es su población. Y la mayoría queda dañada por esas políticas. De ahí que debiera ser una tarea a realizar por las fuerzas progresistas desenmascarar la utilización tan abusiva y oportunista de los “superpatriotas” de las banderas, pues en realidad están defendiendo sus intereses de clase. Su visión de España es una visión clasista que daña a la España real. Cada uno de los elementos de la reforma Wert favorece a su visión clasista, en contra de la España real, la España social y la España plurinacional. Es una reforma reaccionaria que dañará a las clases populares –la mayoría de la ciudadanía en España-.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 27 de junio de 2013

Este artículo señala las influencias que las grandes empresas europeas tienen sobre el Presidente de la UE y sobre la Comisión, influencias que tienen lugar de manera casi conspirativa.

Tengo que admitir que no soy adepto de la escuela historiográfica que explica lo que ocurre en el mundo como resultado de conspiraciones. Me encuentro más cómodo con aquellas teorías que ven lo que ocurre en nuestro entorno como resultado de conflictos de intereses que se expresan a través de instituciones, cada una con su propia lógica, y dentro de estos conflictos, el existente entre los intereses del capital versus los del mundo del trabajo son de especial importancia para explicar la situación de crisis actual. Habiendo dicho esto, no quiero negar la existencia de conspiraciones o cuasi conspiraciones en el desarrollo de esos conflictos. Y una de ellas es la relación privilegiada que intereses empresariales muy potentes en Europa tienen, en condiciones casi de clandestinidad, con el equipo dirigente de la Comisión Europea y muy en particular con el Presidente del Consejo Europeo Van Rompuy.

La revista más conocida del mundo intelectual progresista en EEUU, CounterPunch, acaba de publicar el artículo “Wrecking the Welfare State in Secret” June 25, 2013, que explica las reuniones periódicas que este Presidente tiene con dirigentes de las mayores empresas europeas -hasta un total de cincuenta- en el club más exclusivo existente en Bruselas -en una mansión por entonces propiedad del banquero François Empain (que había ayudado al rey Leopoldo II a saquear el Congo Belga). En estas reuniones se habla con gran franqueza pues se supone que son off the record, sin prensa en las salas.

Según el artículo del autor David Cronin (autor también de un trabajo que será publicado pronto por Pluto Press sobre la influencia de las mayores empresas en el mundo) y que dice tener información verídica de lo que ocurre en esas reuniones en Bruselas, los empresarios han acentuado en estas reuniones la necesidad de que la UE establezca las bases para conseguir una mayor competitividad, incluyendo entre las más importantes la eliminación del estado del bienestar existente hoy en la mayoría de países de la Unión Europea, la reducción de las pensiones públicas y su privatización, y la desaparición de los servicios públicos como sanidad y educación y su sustitución por servicios privados. Estas reuniones, patrocinadas por la European Round Table of Industrialists (ERT), no tienen actas y no se publica ninguna información bajo su auspicio. Un tema que ha dado mucho que hablar en dichas reuniones es la “reforma de las pensiones”, que está creando gran frustración a la ERT, pues ven muy claro qué es lo que debería hacerse (es decir, su desaparición) pero se quejan de que los políticos no tienen agallas y no se atreven a tomar las decisiones que deberían tomarse. David Cronin también señala que los grandes empresarios no tienen mucha confianza tampoco en cambios en la educación (lo que llaman capital humano), a no ser que se pusiera directamente bajo su mando.

Todas estas propuestas, hechas repetidamente al Presidente de la UE, de desmantelar el estado del bienestar (incluidas las pensiones públicas), se hacen bajo el argumento de que hay que aumentar la competitividad de las grandes empresas europeas, lo cual entra en clara contradicción con su insistencia al Presidente y a la Comisión de que deberían relajarse las reglas que impiden la aparición de monopolios en la UE, y que garantizan la competitividad entre empresas. El entendimiento de lo que es “competitividad” está claramente sesgado en estas reuniones.

Que el Presidente de la UE se reúna con los dirigentes de las mayores empresas europeas no tiene nada criticable. Lo que sí es criticable es que una autoridad pública se reúna en condiciones opacas, sin ninguna transparencia y sin ninguna nota o acta que describa el contenido de esas reuniones. Esto es lo que debería considerarse inaceptable. Tiene todas las características de una conspiración que adquiere un nivel altamente alarmante cuando –según testigos de la reunión– el Presidente de la UE, receptor de esas propuestas, concluyó que él personalmente estaba “bastante de acuerdo con sus recomendaciones”, observación que tampoco se ha hecho pública. Mírese como se mire, esto es una conspiración, a la cual deben añadirse, como sujetos de denuncia, los mayores medios de información que no han informado sobre ello.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro, cuya versión original se publicó en catalán en el diario ARA, 20 de junio de 2013

Este artículo contesta las críticas al Profesor Navarro del economista Miquel Puig, que sostiene la tesis de la inviabilidad de las pensiones debido a la transición demográfica.

La creencia más extendida entre los autores, como Miquel Puig, consideran el sistema de pensiones públicas existente en Catalunya y España insostenible financieramente, se basa en un determinismo demográfico que asume, en parte, que el alargamiento de la esperanza de vida de los ancianos hará imposible financiar sus pensiones. El ejemplo más claro de esto es el alarmismo con el que empieza el informe del Comité de Expertos sobre las pensiones (nombrado por el gobierno Rajoy) cuando afirma que desde el año 1900 la esperanza de vida a los 65 años se ha doblado, y ha pasado de 10 a 20 años, lo que nos ha llevado –según subraya el Comité– a una situación que es insostenible. Lo que el informe no señala, en cambio, es que durante el mismo periodo el PIB de España, que mide la riqueza del país, ha crecido 24 veces, es decir, el PIB de ahora es 24 veces más grande que en el año 1900, lo que quiere decir que España tiene 24 veces más recursos ahora que en el año 1900 tanto para los pensionistas como para los no pensionistas. Entonces, ¿cuál es el problema? España tiene los recursos para cuidar a aquellos que contribuyeron a que la riqueza se multiplicara por veces.

El gran error del Comité de Expertos y de Miquel Puig (a partir de ahora MP), que asumen que el envejecimiento de la población hará las pensiones inviables a no ser que se recorten mucho, es que no consideran dos elementos esenciales en esta discusión. Uno es el aumento de la productividad, y el otro, la distribución de la riqueza (creada por este aumento de la productividad) entre las rentas del capital y las del trabajo (de las que deriva la mayor parte del dinero para pagar las pensiones en los países con sistemas de reparto). MP, en su intento (Les pensions: retallades inevitables, ARA, 18.06.13) de desmerecer mis tesis,  se refiere a esta distribución de recursos ridiculizándola, definiéndola como una “excitante” lucha de clases que es irrelevante para explicar la viabilidad de las pensiones públicas y, para demostrarlo, presenta datos que cree que reflejan el error de mis tesis. Veamos sus datos y quién está equivocado.

En primer lugar, me critica porque considera que exagero el crecimiento de la productividad, indicando que durante el periodo 1995-2012 fue, según él, solamente del 0,27% por año y no del 1,5% (como erróneamente asume que yo digo). MP confunde productividad por trabajador con productividad por hora trabajada. La cifra que yo cito es la media anual de aumento de la productividad por hora trabajada, que es la medida adecuada y común para medir la productividad. Él, en cambio, utiliza la productividad por trabajador ocupado, que lógicamente da una cifra de la medida del PIB diferente a la mía y más pequeña. Es más, el promedio del aumento de la productividad por hora trabajada que yo utilizo está basado en los datos no de los últimos 17 años (como hace él), sino de los últimos 40 años, que es el periodo que ha escogido el Comité de Expertos para fundamentar su predicción de insostenibilidad del sistema de pensiones debido a los cambios demográficos. En realidad, y a fin de que no se me acusara de exagerar la cifra, ya la disminuí pasando del 2,4% (que era la de los últimos 40 años) a un 1,5%, que es una cifra razonable. Ahora bien, MP considera que es aún demasiado alta y, para probarlo, utiliza un indicador erróneo (que yo no utilizo) y reduce, además, el periodo de cálculo, limitándolo al último ciclo económico (1995-2012), que ha experimentado la recesión económica más importante de la historia reciente de Catalunya. Haciéndolo de este modo, no es extraño que sus previsiones sobre el crecimiento económico sean tan negativas. Ahora bien, si el futuro es, en la práctica, una ligera modificación de la situación actual, entonces el problema no es solo de las pensiones, sino de toda la sociedad, i no creo que la población lo aceptara. Forzaría antes un cambio de las políticas públicas neoliberales que nos han llevado a la gran recesión, tal y como pasó en América Latina. La Eurozona está sufriendo lo que sufrió este continente antes de que rompiera con las políticas impuestas por el FMI. Hoy América Latina es uno de los continentes con mayor crecimiento económico y más reducción de la pobreza.

MP también cuestiona otra tesis mía: la que afirma que la fuerte bajada del porcentaje de población que trabaja en el campo se explica por el aumento de productividad del sector agrícola. Él lo niega diciendo que Catalunya está importando alimentos, pero este dato es irrelevante porque Catalunya también está exportando, y mucho más que hace cuarenta años.

Finalmente, MP intenta mostrar que estoy equivocado remarcando que el grupo de catalanes autóctonos de 5 a 30 años es mucho más pequeño que el de 30 a 55 años, lo que dice, según dice, nos creará un enorme problema para pagar las pensiones. Ahora bien, ¿por qué tiene que ser un problema cuando hay modos de resolverlo? Miremos los datos. El primer grupo, de 5 a 30, es ahora de 1,9 millones de personas; y el de 30 a 55, de 2,8 millones. La diferencia entre ambos grupos es de cerca de un millón, lo que le lleva a decir que se tendrán que recortar las pensiones. Ahora bien, lo que cuenta no es el número de personas sino la gente ocupada y su productividad. Supongamos que, en lugar del 47%, la tasa de ocupación en Catalunya fuera el 70%, como en algunos países nórdicos de Europa. Si fuera así, tendríamos ahora un millón y medio más de personas trabajando y cotizando y, en el futuro, incluso con la estructura demográfica que tenemos, habría un millón más trabajando, que es precisamente el agujero que le preocupa a MP. Si a esto le sumamos un aumento de la productividad y unas intervenciones públicas que no permitan que los salarios sean tan bajos en Catalunya y en España, la riqueza que se produciría sería más que suficiente para equilibrar la transición demográfica. Un tema clave es, por tanto, el número de ocupados y la calidad del trabajo, y la distribución de las rentas entre el capital y el trabajo, precisamente lo que MP intenta ridiculizar.

En nuestro país se recorta mucho, lo que afecta al bienestar de las clases populares (la mayoría de la población). Así, se recorta el Estado del Bienestar, los salarios, y ahora quieren recortar las pensiones. Estos recortes no se hacen porque la ciencia económica lo diga (dice precisamente lo contrario, en un momento de recesión), sino porque hay grupos y clases sociales en nuestro país que tienen mucho más poder que otros. La evidencia de esto es abrumadora, por lo que aconsejo a MP que no ironice tanto y que sea más riguroso con el contenido y estilo de sus notas.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 20 de junio de 2013

Este artículo señala uno de los mayores problemas que tienen las izquierdas en España por su resistencia a desarrollar una cultura contestataria que trascienda sus intereses partidistas, para crear otra más plural que permita el establecimiento de movimientos político-sociales que transformen la sociedad.

Uno de los mayores problemas que tiene España es la excesiva atomización de las izquierdas, divididas en distintos partidos y movimientos sociales, muy celosos de su autonomía y reacios a establecer plataformas conjuntas orientadas a crear una cultura contestataria y un movimiento político-social que cuestione y transforme el sistema político-económico hacia un país más democrático, más justo y más solidario.

No soy muy partidario de referirme a experiencias personales, pero creo que aquello a lo que me voy a referir explica claramente el problema que estoy describiendo. Hace años, cuando cumplí 70 años, un muy buen amigo nos invitó a mi esposa y a mí a ir a cenar el día de mi cumpleaños al Ateneo Barcelonés. Creía que sería una cena íntima, de poquísimas personas, y así se nos había anunciado. Pero cuál sería mi sorpresa, cuando llegamos al Ateneo y mi amigo nos desvió y, en lugar de ir al restaurante, nos llevó al salón mayor y, al abrir la puerta me encontré con una enorme sorpresa. La sala estaba llenísima de amigos de muchos años, algunos de los cuales no había visto desde los años cincuenta. Y había desde amigos ocupando puestos de representatividad institucional, como el que había sido President de la Generalitat, Pasqual Maragall (a quien había conocido en los años sesenta) y su esposa, a compañeros de la lucha antifascista en los años cincuenta. Allí habían socialistas, comunistas reciclados como verdes, comunistas no reciclados, nacionalistas de izquierda, independentistas de izquierda, anarcosindicalistas, cristianodemócratas de izquierda (que los había entonces) y un largo etcétera.

Uno de los momentos más interesantes fue cuando cada uno de los presentes comenzó a explicar cómo me había conocido. Comenzaron los de los difíciles años cincuenta y sesenta, muchos de ellos miembros de lo que se llamaba el SUT (Servicio Universitario del Trabajo), que resultó de la infiltración de la resistencia antifascista en el sindicato vertical universitario, el infame SEU, y que fue prohibido más tarde porque fue una de las asociaciones que concienció y radicalizó a muchos estudiantes, presentes en la reunión. Había incluso enfermeras que me habían ayudado en los años sesenta cuando establecimos el único Centro de Salud que había en el Somorrostro, el barrio más pobre de Barcelona, donde vivían los inmigrantes de otras partes de España (que las derechas llamaban “los charnegos”). Y así todos fueron explicando lo que habían hecho y en qué habían participado en los años cincuenta, sesenta y, más tarde, setenta. Lo que fue muy valioso fue que en aquella explicación de lo que había hecho cada uno, se estaba, en realidad, narrando parte de la historia de las mayores fuerzas políticas de todas las sensibilidades y movimientos sociales que habían existido en la clandestinidad. ¡Qué lástima que no se grabara! Era una pequeña pieza de una historia poco conocida y muy olvidada.

Más tarde, como resultado de la comida y también de la bebida, apareció la faceta más emotiva. La cultura catalana es excesivamente austera en su emotividad y parece que solo a través del canto se permiten expresar ciertas emociones. Y fue claramente emotivo cuando todos, independientemente de su sensibilidad política o de la generación en la cual participó, cantamos conjuntamente canciones de la resistencia, incluidas las que se conocieron en la mal llamada Guerra Civil, que en realidad fue un golpe militar, ayudado por Hitler y Mussolini, contra un gobierno democráticamente elegido y muy popular.

Pero el momento álgido de la noche fue cuando una persona, con voz alta, dijo lo siguiente: “Compañeros y compañeras, ¿os dais cuenta de que es la primera vez que personas de las distintas izquierdas cantamos juntos en una fiesta?”. E irónicamente añadió “tendríamos que celebrar cada año el cumpleaños de Vicenç, utilizándolo para que nos veamos y lo hagamos”.

Y llegó el momento en que me cedieron la palabra. Y allí, con el control de la emotividad, que no era fácil de mantener en aquella ocasión, sí que recuerdo que, con cierta contundencia, indiqué que no podía ser que las izquierdas celebraran sus fiestas cada una de ellas por separado, sin celebrarlo conjuntamente. Y que era criticable que ello ocurriera tan raramente. Las izquierdas tenían que transcender sus propias fronteras para crear una cultura más allá de cada partido, de cada sindicato y de cada movimiento social. En realidad, lo que las unía era mucho más de lo que las separaba y la evidencia de ello continúa siendo abrumadora. Excepto en espacios como la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (Universidad Progresista de Verano de Catalunya) (ver el programa de este año en mi blog www.vnavarro.org), todavía hoy es raro que las izquierdas se encuentren, dialoguen y discutan. Y todavía más que se creen coaliciones estables. El movimiento progresista está atomizado y ahí está el problema tanto en Catalunya como en el resto de España. De ahí que enfatizara que la falta de camaradería y la limitada solidaridad que existe entre las izquierdas es un grave problema en nuestro país. Y así lo dije en la reunión al final de la fiesta. Mi esposa, que es la personificación del sentido común, me dijo más tarde que puede que no fuera el momento más adecuado para decirlo. Y llevaba razón.

Pero lo repito ahora pues poco ha cambiado. Con contadísimas excepciones hay escasísimos espacios de hermandad y colegialidad entre las izquierdas. Como bien dijo Manuel Vázquez Montalbán, amigo de los sesenta, “contra España vivíamos mejor”. Había más camaradería entonces que ahora. Naturalmente que mucho ha cambiado. Pero no la resistencia que todavía existe entre las izquierdas a anteponer la colegialidad de las izquierdas al partidismo (no libre en ocasiones de sectarismo) dominante en nuestro país.

La necesidad de un cambio radical

Pero la situación actual requiere y exige un cambio radical. Hoy estamos viendo lo que mi amigo Noam Chomsky ha definido –en su introducción del libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España- como una “guerra de clases unilateral”, de una minoría frente a las clases populares, que son la mayoría de la población. El gobierno más reaccionario que España ha tenido desde que terminó la Dictadura está desmontando el Estado del Bienestar y está eliminando la protección social. Y está intentando debilitar a los sindicatos y forzando enormes reducciones de los salarios y, ahora, de las pensiones. Nunca antes en el periodo democrático habíamos visto unas políticas públicas tan regresivas y tan hostiles a la clase trabajadora de España como ahora. Y la respuesta de las izquierdas ha sido extremadamente moderada. Solo los movimientos sociales y, muy en particular, el 15-M y sus sucesores, han respondido con una radicalidad necesaria, sin excluir la desobediencia civil. Creo evidente que es necesario un movimiento político-social (que no quiere decir un nuevo partido político) que movilice a la ciudadanía en contra del establishment financiero –gran patronal- y político, a fin de recuperar los escasos derechos democráticos, civiles, laborales y sociales que las clases populares habían adquirido y que ahora se les está robando (y no hay otra manera de decirlo). Este movimiento ya está radicalizando a los partidos políticos de la izquierda, a los sindicatos y a los movimientos sociales, a fin de conseguir la segunda transición hacia una democracia completa con un bienestar social hoy todavía muy limitado.

Una última observación dirigida a las personas de izquierda que se quejan de los partidos de izquierda y de los sindicatos, sin que ellos mismos hagan algo. Independientemente del mérito y demérito de las críticas, el hecho es que la pasividad de gran parte de las personas e instituciones de izquierda es sorprendente. ¿Qué hace, usted, lector, frente a esta guerra de clases unilateral? ¿Cuántas veces ha llamado, por ejemplo, a la televisión, a la radio o a la prensa, para mostrar su protesta frente a la desinformación que se difunde? ¿O ha protestado frente a un político, o un banquero, o un director de un rotativo o un canal televisivo, que está contribuyendo a promover políticas y actuaciones que dañan a la población? ¿Cuántas veces ha escrito a diarios o a canales de televisión protestando por su sesgo conservador o neoliberal? ¿Cuántas veces…?

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 9 de junio de 2013

Este artículo analiza la evolución de las políticas laborales y económicas de Suecia, explicando las causas de las revueltas populares, centrándose en la inmigración.

Creo conocer bien Suecia. Cuando a principios de los años sesenta me fui de España por razones políticas, escogí irme a aquel país, donde los partidos socialdemócrata y comunista habían ayudado mucho a las fuerzas democráticas que luchaban contra la dictadura fascista (la historia de la resistencia antifascista catalana y española no se ha escrito todavía). Tales partidos nos habían dicho que si algún día tuviéramos que irnos de nuestro país, consideráramos Suecia como nuestra casa. Y así fue. En un día lluvioso de agosto (que siempre recordaré) inicié el camino hacia Suecia.

Yo era médico en aquel entonces y estaba en el Karolinska Hospital. Pero recibí la instrucción por parte de mis compañeros de la resistencia antifascista de que me formara y aprendiera del Estado del Bienestar sueco. Me dijeron que Franco iba a caer en cualquier momento –el optimismo de la resistencia era necesario para continuar la lucha contra uno de los regímenes más represivos que hayan existido en Europa (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil, según el estudioso más conocido del fascismo en Europa, el profesor Malekafis, de la Universidad de Columbia)-. No tenía ni idea de cómo realizar ese aprendizaje y se lo dije al gobierno sueco, que me derivó al economista más influyente de la socialdemocracia escandinava, el Sr. Gunnar Myrdal (que recibió más tarde el Premio Nobel de Economía), y a su esposa Alva Myrdal, una de las mentes más claras que yo haya conocido. Más tarde también conocí a Walter Korpi, el analista más conocedor de la realidad económica y social de Suecia, y a Carl-Henrik Hermansson, que había escrito el libro más crítico de la estructura de poder económico en Suecia (mi esposa, sueca, tradujo parte del libro al inglés), y que fue el Secretario General del Partido Comunista en el periodo 1964-1975, precursor del eurocomunismo. Fue así como cambié de profesión y comencé a estudiar economía política y economía social, habiendo tenido todas las personas citadas una gran influencia en mi trabajo. Y tuve la gran suerte de presenciar en primera fila uno de los debates más interesantes que yo haya visto jamás en las áreas de política económica y economía social.

El debate sobre como resolver la falta de trabajadores: inmigración versus integración de la mujer

Mírese como se mire, Suecia es un país poco poblado. Es enorme, casi tan grande como España (la superficie de Suecia es aproximadamente la de España sin Aragón) pero tenía entonces solo 7 millones y medio de habitantes. Y las autoridades del país eran conscientes de que iban a necesitar muchos más trabajadores de los que tenían. La pregunta era ¿de dónde obtendremos los nuevos trabajadores? Una respuesta, procedente de los conservadores y liberales, era que vendrían de la inmigración y, muy en especial, de los otros países escandinavos, principalmente Finlandia y Noruega, y de los países eslavos. Las izquierdas gobernantes entonces -el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista- priorizaban, en cambio, facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo. Lideradas por Alva Myrdal, propusieron y desarrollaron la infraestructura de servicios –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios- que ayudaran a las familias y facilitaran la integración de la mujer al mercado de trabajo. También, por cierto, se enfatizó la necesidad de la corresponsabilidad en las tareas familiares, educando y socializando al hombre para que compartiera las tareas domésticas que hasta entonces asumía la mujer (hoy la mujer sueca pasa 28 horas a la semana realizando tareas familiares, y el hombre 22. En España son 42 y 9 horas respectivamente). Era, además, parte de la ideología de las izquierdas que la igualdad de género exigía la integración de la mujer al mercado de trabajo.

Y lo consiguieron. El 72% de las mujeres están integradas en el mercado de trabajo (En España es el 51%). Esta integración ha sido clave para explicar la riqueza del país (trabajo quiere decir riqueza) y su elevado nivel de ingreso de fondos (a través de impuestos) al Estado. El elevado nivel que los impuestos representan sobre el PIB se basa en el alto porcentaje de la población adulta que trabaja y en el elevado gravamen que sostiene el Estado del Bienestar más desarrollado que todavía hoy existe en Europa. La alta  protección social es consecuencia y también causa del elevado nivel de desarrollo económico. Suecia ha mostrado durante muchas décadas que, en contra de lo que los conservadores y liberales asumen, el Estado del Bienestar es una necesaria inversión para lograr un elevado nivel de desarrollo económico, social y humano. Ni que decir tiene que persistían muchos problemas todavía en este modelo social. Pero sí que se había alcanzado un nivel de bienestar que se había convertido en un punto de referencia internacional.

La integración de la inmigración

El gobierno sueco permitió, naturalmente, la inmigración, pero no fue la prioridad para resolver el problema de escasez de mano de obra. Ahora bien, lo que sí se enfatizó fue que, si bien la integración de la mujer al mercado de trabajo era el tema prioritario, no podía descuidarse la inmigración. El inmigrante tenía que ser considerado como un ciudadano más con los mismos derechos que el ciudadano sueco. Aunque nunca formulado en estos términos, el eslogan de los sindicatos podría haber sido: “No damos prioridad a la inmigración pero sí al inmigrante”. La política gubernamental de las izquierdas estaba claramente orientada a la integración del inmigrante, lo cual requería su plena integración en el amplio esquema de protección social del país que se caracterizaba por su universalidad, es decir, por ser un derecho de toda la ciudadanía, sin dividirla por raza u origen étnico o cultural, división que siempre favorece al mundo empresarial.

El cambio de gobierno, con una coalición de partidos conservadores y liberales, ha cambiado esta situación. Esta universalidad se ha cuestionado y la protección social se ha diluido, el abanico salarial ha aumentado y el paro ha crecido. Todo ello ingredientes del estallido social. Sería injusto atribuir estos cambios exclusivamente a los gobiernos de derechas. Varios de ellos se iniciaron por el gobierno socialdemócrata. El compromiso con el pleno empleo, por ejemplo, se diluyó algo en los años ochenta, bajo la dirección de un Ministro de Finanzas que priorizó el control de la inflación. Y como ya había escrito Hermansson, el modelo social sueco estaba todavía lejos del proyecto socialista al cual las izquierdas aspiraban. Pero creo justo afirmar que la gran mayoría de cambios en camino regresivo han alcanzado su máximo desarrollo ahora en la época conservadora-liberal que ha seguido políticas públicas responsables del mayor crecimiento de las desigualdades que cualquier país de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) haya experimentado. Tal crecimiento ha alimentado el descontento entre los sectores más vulnerables, con menos recursos. No hay plena conciencia de que es muy fácil desmontar el Estado del Bienestar de un país (como se está viendo en España). Y los estallidos sociales se han dado con mayor intensidad en las ciudades gobernadas por las fuerzas conservadoras y liberales. La comercialización de los servicios públicos, la introducción de los mal llamados mercados (como mecanismo de descohesión social), la desuniversalización de los Estados del Bienestar, tienen un coste: la descohesión social, que crea un estallido social.

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Prólogo escrito por Vicenç Navarro titulado “Lo que está en juego” en el libro “La sanidad (y nuestra salud) está en venta”, escrito por Joan Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde, febrero de 2012.

La Segunda Guerra Mundial fue una guerra contra el nazismo y el fascismo llevada a cabo por una alianza mundial de fuerzas progresistas con el objetivo de alcanzar un mundo mejor. El enorme sacrificio que significó la guerra, sobre todo para las clases populares de los países participantes en el conflicto bélico, se hizo con la esperanza de que con la derrota del nazismo y el fascismo en cada país se construyera una sociedad capaz de alcanzar las expectativas de las generaciones presentes y futuras. Parte de estas expectativas fue el desarrollo de un diseño internacional, que incluyera una sociedad de naciones llamada Naciones Unidas, orientada a desarrollar y garantizar los derechos humanos en cada país, entre los cuales destacaba el derecho a la salud. Ese fue el momento en que la salud se definió no sólo cómo la ausencia de enfermedad, sino también como buena calidad de vida y como el bienestar social de las personas y las comunidades. Para todo ello hacía falta desarrollar al máximo el potencial humano en todas sus dimensiones, no sólo biológicas, psicológicas y emotivas, sino también las sociales. Esta concepción de lo que es la salud, ha sido el banderín de enganche de todas las fuerzas que han luchado durante los siglos XX y XXI por una sociedad que permita y facilite el logro de ese derecho humano. Ello explica que la gran mayoría de Constituciones actuales hayan incorporado ese derecho entre los más importantes en su compilación de derechos, siendo una función de los Estados respetarlo, apoyarlo y  desarrollarlo. Así consta, por ejemplo, en el artículo 43 de la Constitución Española, que claramente reconoce “el derecho a la protección de la salud (…) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.

Hoy es importante reafirmar de nuevo ese derecho, en un momento en que muchos representantes políticos parecen poner en cuestión tal derecho. Recientemente, nada menos que el Conseller de Salut del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, ha indicado que la salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado, una postura que entra claramente en contradicción con la Constitución Española y con el Estatut d’Autonomia de Catalunya (aprobado en referéndum por la población catalana, el Parlament de Catalunya y las Cortes Españolas), donde consta claramente que el Estado y la Generalitat de Catalunya tienen que garantizar tal derecho. Que la máxima autoridad sanitaria catalana niegue o cuestione ese derecho, transformándolo en una mera prerrogativa individual, personal y privada es extremadamente regresivo. Es probable que en España ésta no sea una voz aislada, pues en la actualidad muchos otros personajes con responsabilidad pública actúan acorde con esa visión privatizadora y mercantil de la salud y de la sanidad que nos retrotrae al siglo XIX o inicios del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, que echa por los suelos el derecho adquirido reflejado en la Constitución y el Estatut. Derechos, por cierto, que fueron refrendados en la Ley General de Sanidad y en la recientemente aprobada Ley de Salud Pública catalana.

El libro del cual forma parte este prólogo documenta ampliamente las consecuencias que la privatización y la mercantilización tienen en la sanidad, la salud y la equidad. Con el detalle y rigor que caracterizan los bien conocidos trabajos de investigación de sus autores, el libro va desmontando pieza a pieza el enorme entramado ideológico, tecnocrático y político construido -con la inestimable ayuda de las cajas de resonancia proveídas por los grandes medios de comunicación- para justificar la venta de la sanidad pública y la progresiva eliminación del derecho a la salud.

Otro aspecto relacionado con el punto anterior y también muy preocupante es la aseveración del Conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, de que la salud de la ciudadanía depende de su genética, los antecedentes familiares y hábitos personales. Este libro muestra el enorme error planteado por esa sesgada postura ideológica que, por cierto, está ampliamente aceptada por grandes sectores de los establishments conservadores. Si bien esos factores influyen en la salud de la población, su valor explicativo es menor frente a otras variables y factores sociales y políticos de mucha mayor importancia pero que raramente aparecen en los medios de mayor difusión. La literatura científica, bien analizada y resumida en este libro, es contundente. El componente genético juega un papel menor en explicar el nivel de salud de la población. Mayor importancia tienen los comportamientos dietéticos, el ejercicio físico y otros “estilos de vida” relacionados con hábitos que reflejan conductas de las personas. Pero incluso estos factores tienen menos importancia que lo que la OMS denomina Determinantes Sociales de Salud, otro tema central del texto. Tal término incluye la acumulación de factores sociales como el desempleo, la precariedad laboral, la contaminación ambiental, la disponibilidad de vivienda digna, la inseguridad alimentaria y el limitado acceso a una alimentación adecuada, las facilidades educativas, las desigualdades de renta y propiedad, la escasa posibilidad de participación y expresión democrática, entre otros. El hecho de que un ciudadano de Pedralbes en Barcelona (uno de los barrios más pudientes de la ciudad), viva 10 años más como promedio que un ciudadano de Nou Barris (un barrio de clase trabajadora no cualificada), no se debe, como parece creer el Conseller Boi Ruiz, a que tengan estructuras genéticas distintas o comportamientos personales diferentes, sino al contexto económico, político y social que configura su desigual nivel de salud y calidad de vida.

Por otra parte, el texto identifica y plantea con nitidez otro tema esencial: la gran importancia de la atención sanitaria pública como determinante de la salud y la equidad. Esa atención sanitaria pública, fruto de largas luchas sociales, está hoy fuertemente cuestionada y atacada por fuerzas económicas y políticas muy conservadoras que, como el libro señala con precisión, utilizan estrategias como la difusión de la ideología biomédica de la salud, “culpabilizar” a los enfermos de abusar del sistema sanitario o no cuidar su salud, difundir el sistema privado de lucro, la supuesta mayor “eficiencia” de la gestión privada por encima de la pública, la necesidad de “racionalizar” un sistema público debilitándolo e instaurando copagos y mecanismos de gestión privados que supuestamente harán que el sistema público sea “más eficiente y sostenible.” Los datos y argumentos que presentan los autores (investigadores de gran prestigio y reconocimiento internacional, dos de los cuales han sido los únicos miembros catalanes y españoles que participaron en la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS) son robustos y deben ayudar a que toda la sociedad realice una profunda reflexión sobre estos temas forzando a que las autoridades públicas mantengan y amplíen el derecho a la sanidad y la salud de la población catalana y española, tal y como apoya el 87% de la población según las encuestas.

En un importante capítulo final, el libro apunta también a que la “solución” de esa preocupante situación no es técnica sino política, y que los retos son muy importantes. Destaquemos tres: cambiar el lenguaje y la conciencia personal y colectiva sobre la salud y sus causas mostrando un modelo de salud público alternativo al discurso neoliberal dominante que tenga en cuenta los determinantes sociales; hacer alianzas entre los movimientos sociales y las fuerzas populares con los profesionales, investigadores, expertos y académicos que trabajan en favor de la sanidad pública y la equidad; y reconstruir luchas democráticas, participativas y unitarias que frenen la privatización de la sanidad pública defendiendo su universalidad, equidad y calidad.

La población debe ser consciente de lo que está en juego: un derecho esencial como la sanidad pública y la salud que, fruto de largas luchas populares, está reconocido en los documentos legislativos. Si la información es poder, el conocimiento incluido en este libro constituye un recurso muy valioso que ha de permitir concienciar y dar más poder a la ciudadanía para defender un derecho hoy seriamente amenazado.

Barcelona, 13 de febrero de 2012

Artículo publicado por Vicenç Navarro en GACETA SANITARIA, abril de 2012

Este artículo analiza críticamente la política de recortes de gasto sanitario público que se está realizando en España, recortes que acentuarán todavía más la polarización de la atención sanitaria en España por clase social.

Una de las características de la sanidad pública española es su bajo gasto público sanitario, uno de los más bajos de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea de semejante nivel de desarrollo económico al de España). Según Eurostat, en el 2008, el primer año de la crisis, España se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. Se llega a la misma conclusión cuando se escoge el gasto público sanitario por habitante. España se sitúa, de nuevo, a la cola de la UE-15.

Soy consciente de que algunos economistas de la salud en España han señalado que España se gasta ya en sanidad pública lo que le corresponde por su nivel de desarrollo económico, postura insostenible a la luz de los datos (para ver una crítica de tal postura, ver mi artículo publicado en la revista Salud 2000 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (“Los determinantes del gasto público sanitario”. Agosto 2010). En realidad, España se gasta en sanidad pública mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% se gastara el 94%, España se gastaría en su sector sanitario público 13.500 millones de euros más de los que se gasta. Ni que decir tiene que el PIB por habitante no es el determinante del gasto público sanitario por habitante, pues muchas otras variables intervienen en configurar tal gasto, desde la estructura demográfica al tipo de organización del sistema sanitario, entre otros. Pero todas las indicaciones permiten llegar a la conclusión de que el gasto público sanitario es más bajo de lo que debiera ser por el desarrollo económico que tiene el país. Esta observación es aplicable a todos los servicios públicos del Estado del Bienestar. El número de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar es de los más bajos de la UE-15. Sólo un 9%, comparado con un 15% en la UE-15 y un 25% en Suecia, el país que tiene mayor desarrollo de su Estado del Bienestar.

Las causas de este escaso gasto público sanitario son predominantemente políticas: el gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español a lo largo de su historia, característica que comparte con Grecia y Portugal, los países que tienen también un gran retraso en su gasto público social (ver Navarro, V., El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, y Volúmenes I, II y III de La Situación Social en España, 2004, 2007 y 2009).

La polarización por clase social del sistema sanitario español

Esta situación explica que España sea también el país que tiene el mayor porcentaje de gasto sanitario privado de la UE-15. Casi el 30% del gasto sanitario es gasto privado procedente predominantemente del 20-25% de la población que tiene mayor nivel de renta. Ello determina que exista una polarización por clase social del sistema sanitario español, con una sanidad privada que atiende básicamente a los sectores con mayores recursos y una sanidad pública que atiende a las clases populares. Esta polarización es típica de los países donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor influencia sobre el Estado, tales como el sur de Europa y la mayoría de países de América Latina.

Tal sistema, además de injusto, es altamente ineficiente, pues mientras que la privada es, en general, mejor que la pública por su confort (una cama por habitación), por su mayor tiempo de visita y por una menor lista de espera, en la pública la calidad del personal y riqueza de la infraestructura es superior . En países donde se ha comparado la mortalidad estandarizando las variables que pueden afectar la mortalidad, ésta es mayor en los centros privados (con afán de lucro) que en los centros públicos (P. J. Devereaux, et ál. “Payment for care at private for-profit and private not-for-profit hospitals: a systemathic review and meta-analysis”, 08-06-04, y P. J. Devereaux, et ál. “A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals”, en la revista de la Canadian Medical Association 28-05-02).

Las políticas públicas que se están proponiendo con recortes sustanciales de la sanidad pública acentuarán todavía más la polarización por clase social del sistema sanitario español. Los recortes en el gasto público acelerarán el crecimiento de la sanidad privada, proceso de aceleración que será facilitado por la desgravación del aseguramiento privado que alcanza su máxima expresión en las propuestas del Conseller de Salut del gobierno CiU de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, quien ha propuesto el aseguramiento sanitario obligatorio para las rentas superiores, reduciendo el sector público a un sector asistencial de mínimos para las clases populares. Esta dicotomía afectará todavía más negativamente la inequidad e ineficiencia del sistema, como ha demostrado la experiencia en EEUU. Ningún otro país se gasta tanto en sanidad y tiene un mayor grado de descontento popular con su sistema sanitario que EEUU, donde el aseguramiento privado está generalizado. Es un tremendo error ir en esta dirección.

Los recortes acentuarán más la polarización social

Las insuficiencias del gasto público sanitario han dado pie a las políticas de recortes que se justifican bajo varios argumentos, ninguno de los cuales es sostenible, ni conceptualmente ni empíricamente. Es paradójico que algunos economistas aconsejen tales recortes que conllevarán una expansión de tal aseguramiento, argumentando que estimularán la eficiencia “eliminando la grasa”. Tal argumento ignora, sin embargo, el carácter político de los recortes, los cuales reproducen y acentúan más la desigualdad en la distribución del poder institucional dentro del sector sanitario, pues los grupos más poderosos se defienden mejor de los recortes que los grupos con menos poder. No hay ninguna evidencia de que tales recortes estén mejorando la eficiencia del sistema. Antes al contrario, están acentuando todavía más las grandes ineficiencias, consecuencia de la polarización por clase social del sistema sanitario.

Estos recortes van acompañados de una llamada al incremento de los ingresos privados, aumentando todavía más el elevado porcentaje que el gasto público privado representa sobre el gasto total. Uno de ellos es el copago, medida que se presenta frecuentemente como medida moderadora de un supuesto abuso del sistema público por parte del usuario, del cual no hay ninguna evidencia. El hecho de que el usuario español tenga más visitas o más recetas no es un indicador de abuso del sistema por parte del usuario, pues esta mayor utilización se debe a causas administrativas (tener la firma del médico) o a una subutilización del personal de enfermería, entre otros factores. Es más, la utilización y el gasto sanitario viene determinado en gran manera por el médico, no por el usuario.

El sistema de copago no es equitativo y sería mucho más eficiente, eficaz y equitativo que el pago se hiciera por vía impositiva con una orientación finalista, tal como se ha desarrollado en otros países. La carga fiscal en España es, además de baja, altamente regresiva. Y debería corregirse, añadiendo un componente finalista en la corrección de inequidades fiscales. Las encuestas señalan que, a la vez que existe una gran desaprobación por parte de la población de los recortes y del copago, hay una amplia aprobación del aumento de los recursos para la sanidad (87% de la población). En realidad, los fondos que el Estado intenta ahorrarse recortando los servicios sanitarios podrían haberse adquirido a base de medidas tales como eliminar la baja de impuestos a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que habrían obtenido 5.300 millones de más) o recuperando el impuesto del patrimonio (2.100 millones de euros), y eliminando la reducción de los impuestos de sucesiones (2.552 millones), o eliminando el fraude fiscal de la grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, consiguiendo 44.000 millones de euros, por citar sólo unos ejemplos (ver “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España” Navarro, V., Torres, J., Garzón, A.). Tales recortes responden a unas coordenadas políticas de poder que se presentan erróneamente como las únicas alternativas posibles. Pero los datos muestran que otras intervenciones son posibles si existe voluntad política para ello.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 10 de febrero de 2012

Este artículo señala que las políticas de austeridad que se están llevando a cabo en España están dificultando la recuperación de la economía, señalando que las políticas necesarias para que esto último ocurriera son precisamente opuestas a las políticas de austeridad, es decir políticas expansivas que pueden llevarse a cabo a nivel español, además de a nivel europeo.

Para un estudioso de la realidad económica de los países de la Eurozona (que no esté absorbido por el dogma neoliberal dominante en los mayores “fórums” financieros y económicos) es fácil ver cuáles son los mayores problemas que existen en esta zona monetaria, problemas precisamente creados por las políticas neoliberales impuestas por las instituciones que dominan la gobernanza de tales países, tanto en su esfera financiera como en la política. Uno es el problema de la demanda, es decir, de la escasa capacidad de consumo de la mayoría de la población. Esta escasez de demanda contribuye en gran manera al escaso crecimiento económico de los países de la Eurozona. Y otro problema es que los Estados, que en este momento están endeudados hasta la médula, tienen escasos recursos para llenar el vacío creado por la escasa demanda en el sector privado.

El endeudamiento de los Estados no se debe a su “excesivo” gasto público –como los neoliberales continúan acentuando- sino a sus limitados ingresos, resultado, no sólo del escaso crecimiento económico, sino también de las ayudas millonarias a los bancos y a las enormes reducciones de impuestos que ocurrieron en estos países, reducciones que beneficiaron, sobre todo, a las rentas del capital de las cuales derivan la mayoría de ingresos los sectores más adinerados de la población, es decir, los súper ricos. Estos súper ricos se han estado forrando de dinero invirtiendo en actividades especulativas (creando burbujas, bien sea inmobiliarias, bien de alimentos, bien sea de lo que sea) y comprando deuda pública a unos intereses hiperbólicos y exagerados. Ahora bien, ha llegado el momento de que los fondos donde los súper ricos invierten su dinero –los bancos, las compañías de seguros, sus pensiones privadas, los fondos de alto riesgo y otros instrumentos (todo ello conocido como el capital financiero)- tienen también un problema grave: han comprado deuda pública a unos intereses exagerados muy beneficiosos para ellos, pero lo han hecho tanto, que en estos momentos su propia viabilidad depende de que estos intereses se paguen (o que otros bancos compren los bonos públicos que tienen). Y el pánico les entra cuando comienzan a sospechar que tal vez los Estados no puedan pagarles. Y ello está ocurriendo ya en Grecia, y se está extendiendo a otros países de la Eurozona. De pronto, parece que tendrán que reducir sus ganancias y comenzar a acumular pérdidas.

¿POR QUÉ LOS BANCOS DUDAN DE QUE LOS ESTADOS PUEDAN PAGARLES LO QUE LES DEBEN?

La respuesta a esta pregunta clave conlleva una cierta esquizofrenia. Por un lado, los llamados “mercados financieros” creen que las cuentas de los Estados se están desmadrando, es decir, que tienen déficits públicos muy altos, y las finanzas públicas colapsarán. De ahí su insistencia en que los Estados tienen que reducir sus déficits públicos a fin de que los bancos les tengan confianza de nuevo. Es lo que se conoce como “recobrar la confianza de los mercados”.

Pero (y es ahí donde aparece la esquizofrenia) cuando se hacen recortes de gasto público, se baja la demanda y el crecimiento económico y se reducen los ingresos al Estado, con lo cual, paradójicamente, el déficit público, en lugar de bajar, continúa subiendo. Es lo que pasa en Grecia (y en España). La estupidez (y no se puede decir de otra manera) de reducir el gasto público en tiempos de recesión está llevando a un suicidio económico. Y los bancos comienzan a ser conscientes de ello. De ahí que ahora tengan dudas de que los Estados con el crecimiento tan bajo, e incluso negativo, puedan reducir su déficit. Y llevan razón en esta percepción. Es imposible crecer económicamente con las “políticas de austeridad” que los Gobiernos españoles (de Zapatero y de Rajoy) y europeos están llevando a cabo.

Se ha establecido así un círculo vicioso. Los bancos presionan para que haya recortes para reducir el déficit de los Estados, pero cuando ello ocurre, baja el crecimiento económico, con lo cual, los Estados dejan de ingresar recursos y aumenta el déficit. Se ha creado de esta manera tal parálisis, que los bancos incluso han dejado de comprar deuda pública, pues ya no se fían de nada ni de nadie. Y cuando reciben más de 500.000 millones de euros (que el Banco Central Europeo les regala, es decir, se los da sin ninguna condición, a un ridículo interés del 1%), lo primero que hacen los bancos es guardarse el dinero (depositándolo en el BCE para que se lo guarde). Mientras, el crédito al ciudadano y a la mediana y pequeña empresa brilla por su ausencia. Las grandes empresas, sin embargo, no tienen ningún problema de crédito, pues tienen más dinero de lo que se puedan gastar. En aquellos países como España, donde la mayoría del empleo lo crean medianas y pequeña empresas, la economía está cayendo en picado y el desempleo está subiendo.

¿CÓMO SE ARREGLA ESTO?

En primer lugar, interrumpiendo las políticas neoliberales que han causado el problema que se está imponiendo (utilizo este término porque cada una de ellas es altamente impopular). El hecho de que se mantengan y continúen imponiéndose es porque benefician a unos intereses muy poderosos, incluyendo la banca y las grandes empresas, que están consiguiendo lo que han deseado siempre: debilitar al mundo del trabajo y privatizar el Estado del Bienestar.

Lo que hay que hacer es precisamente lo opuesto, tal como ocurrió en otras ocasiones en que las economías estaban en Recesión y Depresión. Las recesiones de principios del siglo XX (la Gran Depresión) y la existente al final de La II Guerra Mundial en Europa se solucionaron a base de unas políticas expansivas de gasto público, con el objetivo de crear empleo. Los Estados pueden generar recursos imprimiendo dinero y gravando a los sectores más pudientes de la población, que obtienen la mayoría de sus ingresos de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo. Y con este dinero pueden crear mucho empleo a través de inversiones públicas, tanto en infraestructuras fiscales (necesarias para el desarrollo económico), como sociales (necesarias para garantizar el Bienestar social de la población). Si España tuviera la política fiscal de Suecia con sus políticas de recursos humanos, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más, creando cinco millones de puestos de trabajo, consiguiendo que los empleados en el Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, entre otros) pasarán de ser de uno de cada diez adultos (como hoy, uno de los más bajos de la UE-15), a uno de cada cuatro, como en Suecia. Existe una gran urgencia en que el Estado (ya sea central, como autonómico o local), cree empleo en los servicios públicos del Estado y, muy en especial, en los servicios del Estado del Bienestar, que están subfinanciados y donde hay gran escasez de recursos humanos. Pero, además de ello, los Estados tienen que establecer bancas públicas (en lugar de continuar ayudando a la banca privada) que garanticen la disponibilidad del crédito. Con el dinero que se han gastado ayudando al capital financiero privado podrían haberse establecido bancos públicos que garantizaran la disponibilidad del crédito.

¿PODRÍAN LLEVARSE A CABO TALES POLÍTICAS EXPANSIVAS EN ESPAÑA? ¿LO PERMITIRÍA LA UNIÓN EUROPEA?

Y ahí está el “quid” de la cuestión. Cuando uno propone medidas expansivas (y lo he estado proponiendo desde el inicio de la crisis), la respuesta inmediata es que esto no puede hacerse en el ámbito de un solo Estado. Pero ello no es cierto. Vemos los datos. Y ruego a los que estén en desacuerdo que provean otros datos. El Gobierno español podría haber hecho muchas cosas diferentes, incluso en las coordenadas existentes hoy. Por ejemplo, en lugar de recortar 600 millones de euros en los servicios domiciliarios, destruyendo empleo, se podrían haber ahorrado estos fondos (evitando la destrucción de empleo) y continuar financiando los servicios domiciliarios a base de reducir el subsidio público a la enseñanza religiosa en los centros públicos, que significa un gasto incluso mayor. O en lugar de reducir los salarios y el empleo público, se podrían conseguir muchos más fondos haciendo que las rentas del capital se graven al mismo nivel que las rentas del trabajo o prohibiendo las transacciones en metálico por encima de 1.000 euros, y así disminuir el fraude fiscal. De esta manera, el Estado se ahorraría incluso más millones que los que se consiguen con los recortes sociales, y con estos fondos se podría crear empleo (ver el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, que Juan Torres, Alberto Garzón y yo publicamos recientemente).

Ni que decir tiene que la salida de la recesión podría facilitarse si se hicieran políticas expansivas a nivel de toda la Unión Europea, o al menos a nivel de la Eurozona. Esta sería mi solución preferida. Pero no veo que ello ocurra en las coordenadas políticas actuales y futuras. El BCE y la Comisión Europea, además del Consejo Europeo, están empapados del dogma neoliberal que refleja el enorme poder que el capital financiero y la gran empresa tienen en ellos. Incluso la “nueva” socialdemocracia continúa estancada en esta sabiduría convencional neoliberal. Como bien señala el economista George Irvin de la Universidad de Londres, en “Social Europe”, es frustrante ver al PD, el Partido Demócrata Italiano (una de cuyas raíces es el que fue el Partido Comunista Italiano) apoyando las políticas de austeridad del mal llamado tecnócrata Monti (un banquero ultraliberal) o el candidato socialista francés François Hollande, presentarse como un parangón de la rectitud fiscal, o al laborista Ed Ball (encargado de temas económicos en el partido de la oposición) indicando que si el Partido Laborista recupera el poder mantendrá los recortes de David Cameron, o al Partido Socialdemócrata alemán evitando comprometerse en políticas expansivas a nivel europeo, por no hablar de la socialdemocracia española que hasta el día de hoy no ha hecho ninguna propuesta de políticas expansivas, siendo su única propuesta la de disminuir la intensidad y la rapidez de los recortes. Sería de desear que la enorme crisis que está ocurriendo en la Eurozona hubiera dado pie a un cambio profundo de sus propuestas políticas, pero ello no está ocurriendo. Continuar esperando es injusto para los millones y millones de personas que están sufriendo como consecuencia de tales políticas neoliberales de austeridad.

De ahí que las izquierdas deberían considerar iniciar una reflexión y debate sobre la conveniencia de que España salga del euro. Suecia, que está en la Unión Europea, está saliendo de la recesión (con un crecimiento de un 3%) mejor que Finlandia, que tiene el euro. De nuevo, esta no sería mi primera solución, pero lo que no es tolerable es que a España se la condene a perpetuar la situación actual, en la que el 48% de jóvenes están en el paro. De todos los escenarios posibles, la situación actual es la peor. El debate en sí puede reavivar la búsqueda de alternativas a las políticas actuales, además de reforzar la postura de España en sus negociaciones con las fuerzas neoliberales que dominan la Eurozona, pues lo último que éstas desean es que los países que despectivamente llaman PIIGS (cerdos en inglés) se salgan del euro: ello significaría un enorme desastre para sus bancos (cuyo comportamiento contribuyó a la crisis que estos países están sufriendo). A no ser que se explore lo inexplorable, el Estado español continuará imponiendo políticas en sentido opuesto a lo que debería hacerse, y terminaremos en una Gran Depresión. Y si no se lo creen, continúen esperando y lo verán.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 5 de diciembre de 2011

Este artículo muestra que ni los resultados electorales del 20N ni las encuestas populares realizadas durante todos estos años significan que haya existido en España o que exista hoy un mandato popular para que los gobiernos del Partido Popular y de CiU lleven a cabo los recortes de gasto público social que están proponiendo y realizando.

Como era predecible, la mayoría de los medios de mayor difusión del país están presentando una imagen de lo ocurrido en las elecciones del pasado 20-N que no se corresponde con la realidad, y ello es consecuencia de que, en su descripción de los resultados electorales, no tienen en cuenta las enormes deficiencias del sistema electoral español. Al centrarse en el número de escaños obtenidos el día de las elecciones se ignora que tal mayoría de escaños no corresponde con la mayoría real del país. No es cierto, como están anunciando tales medios, que España se haya movido a la derecha. El hecho de que, excepto Cataluña y el País Vasco, todas las CCAA fueran azules (el color del PP) en el mapa gráfico del resultado de las elecciones, dio un mensaje falso de que España se había corrido a la derecha.

España (desde el punto de vista electoral) es toda la población que podía votar, es decir, el censo electoral. Pues bien, el censo electoral muestra que en las elecciones del 20-N el apoyo popular al Partido Popular fue del 30,27% que fue únicamente un 0,97% superior al que consiguió en 2008. Mírese como se mire, un incremento que es inferior al 1% del censo es un incremento minúsculo sobre el cual ahora se está montando todo el mensaje mediático de que la población española se ha corrido a la derecha. Es importante que esto se entienda porque según fuentes próximas a la dirección del PP, el señor Mariano Rajoy, presidente del PP, ha prometido a la señora Merkel que va a recortar 18.000 millones de euros en los próximos meses, que los medios de mayor difusión presentarán como resultado de un mandato popular que los datos muestran claramente que no existe, puesto que el PP no representa a la mayoría de la ciudadanía en España.

Una situación semejante ocurre en Catalunya, donde el partido gobernante, CiU, ha presentado los resultados de las elecciones como prueba del apoyo por parte de la población catalana hacia los recortes que han llevado a cabo al frente del gobierno. CiU ha obtenido sólo el voto del 18,8% del electorado catalán, es decir, de los catalanes que podían votar. Es por lo tanto una fuerza muy minoritaria en Catalunya. No llega ni siquiera a uno de cada cinco catalanes. No se puede deducir de estos datos que haya un apoyo popular a estos recortes, tal como el gobierno Mas está presentando los resultados de estas elecciones.

La gran noticia del domingo fue, no el movimiento de la ciudadanía a la derecha, sino el descenso muy notable del voto del partido socialista, el PSOE en España y el PSC en Catalunya. El PSOE pasó del 32,19% al 19,49% y en Catalunya del 31,7% al 17,1%. La pérdida de estos votos se debe, en gran parte, a la aplicación de políticas económicas de carácter neoliberal que han antagonizado a sus bases electorales.

La movilización mediática para acentuar un mandato que no existe

La gran mayoría de los medios de España son conservadores o liberales (en realidad neoliberales). Ello explica el mensaje que transmitieron inmediatamente después de las elecciones de intentar presentar las elecciones del 20-N como un movimiento de la población de los distintos pueblos y naciones de España hacia posturas conservadoras y neoliberales. De esta manera se está construyendo una interpretación de lo ocurrido en el 20-N como un mandato para recortar todavía más el escasamente financiado Estado del Bienestar español. El objetivo de mostrar el mapa electoral de España de color azul y Catalunya de un azul más intenso era precisamente afirmar que España es hoy de derechas.

Los datos, sin embargo, muestran una realidad distinta. Los votos al PP y a CiU han sido minoritarios (más minoritario el de CiU que el del PP). Y también es minoritario (muy minoritario) el apoyo a los recortes de gasto público social. Según el centro de investigación sociológico CIS, sólo un 2,7% de la población está a favor de los recortes del gasto público sanitario que han estado ocurriendo o que se está proponiendo; sólo un 3% favorece recortes en educación; un minúsculo 3,5% está de acuerdo con los recortes en pensiones y sólo un 9,8% favorece recortes en los servicios sociales. En cambio, más del 50% favorece recortes en Defensa.

En realidad, la población española está entre las poblaciones de la Unión Europea que creen que sus Estados deberían gastarse más en sus Estados del Bienestar. El 87% de la población española considera que el Estado debería gastarse más o mucho más en sanidad; el 87% cree que debería gastarse más o mucho más en educación, y el 83% cree que debería gastarse más o mucho más en pensiones. Es difícil alcanzar unos mayores porcentajes de apoyo al Estado del Bienestar.

Es más, la gran mayoría de la población no sólo favorece la expansión del gasto público en las transferencias y en los servicios públicos del Estado del Bienestar, sino que se opone a que la reducción del déficit público ocurra a costa de recortes en el gasto en tales transferencias y servicios. Frente a la pregunta “Suponiendo que las Administraciones Públicas se vieran obligadas a recortar prestaciones y servicios públicos, dígame si estaría a favor o en contra de que se recortaran los siguientes servicios”, la enorme mayoría, (el 97%) están en contra de que se recorte en sanidad; el 97% de que se recorte en educación; el 97% de que se rebajen las pensiones; un 91% de que se reduzca el seguro de desempleo; un 83% de que se recorte en el capítulo de vivienda social. Es imposible encontrar porcentajes más altos en contra de los recortes que están teniendo lugar. Por otra parte, el 55% favorecía recortar Defensa.

Mírese como se mire, pues, no puede argumentarse que exista un mandato para realizar las políticas de recortes del Estado del Bienestar que están ocurriendo. En realidad, la gran impopularidad del gobierno Zapatero y de su partido, el PSOE, se debe a que llevó a cabo tales políticas de austeridad, en ausencia de un mandato popular. El argumento utilizado por la dirección de tal partido para explicar su enorme retroceso electoral (de que no se explicó bien a la población), carece de credibilidad, puesto que la gran mayoría de medios de información españoles apoyaron tales medidas de austeridad, proveyendo amplias cajas de resonancia mediática a sus argumentos.

La gran mayoría de la población entendió muy bien sus argumentos y, con razón, no los aceptó. La continua excusa del perdedor, aduciendo que fue derrotado porque no se explicó bien (el argumento que utiliza la dirección del PSOE) es la manera de justificar unas políticas públicas de austeridad que, además de ser innecesarias (véase Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, Hay Alternativas, en www.vnavarro.org), se están mostrando (tal como predijimos los autores de tal libro), contraproducentes.

Y lo que alcanza niveles de gran incoherencia es atribuir la victoria de PP a su programa electoral, incluyendo mano dura, con todo tipo de recortes en el Estado del Bienestar. Los datos mostrados al inicio del artículo señalan claramente que el hecho más llamativo del 20-N no fue el inexistente incremento de voto del PP, sino el colapso del PSOE, debido precisamente a los recortes que llevaron a cabo. Creerse que el voto del PP refleja un mandato popular para continuar tales políticas es de una incoherencia que, por desgracia para la democracia española, se reproduce con excesiva frecuencia en los mayores medios de información y persuasión del país.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 19 de mayo de 2011

Este artículo analiza el impacto de los recortes del gasto público social (a nivel del estado central y autonómico) en la polarización (por clase social) de los servicios públicos del estado del bienestar tales como sanidad y educación. El artículo señala la contradicción de los movimientos nacionalistas –tanto “centrales” como “periféricos”- que hablan retóricamente de su compromiso con toda la población de lo que consideran su nación por un lado, y por el otro, promueven políticas públicas que dividen y separan por clase social a la población de tal nación.

Según las últimas cifras proveídas por la Agencia de Estadística de la Unión Europea (Eurostat), la España social continúa, 33 años después de haber terminado la dictadura, a la cola de la Unión Europea social de los 15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de riqueza que España (UE-15). Y ello a pesar de los considerables avances que se hicieron durante estos años (y muy en particular en el periodo 2004-2008) en corregir el enorme retraso social heredado de la dictadura. Su gasto público social, que incluye el gasto en servicios públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación, y servicios sociales, entre otros) y transferencias públicas a personas (tales como pensiones de vejez y otras), es el más bajo de la UE-15. Un 27,9% del PIB, en comparación con el 33,8% promedio de la UE-15 para 2009. Si escogemos otro indicador, el gasto público social por habitante (7.180 euros estandarizados), estamos también a la cola de la UE-15 (cuyo promedio es 9.189 euros estandarizados). Y si analizamos el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar vemos también que tal porcentaje, el 9%, es el más bajo de la UE-15 (cuyo promedio es 15%). En Suecia, el país que tiene el Estado del bienestar más desarrollado en la UE-15, tal porcentaje es el 25%, es decir, uno de cada cuatro suecos trabaja en tales servicios. España no llega a uno de cada diez.
Estas cifras muestran la falsedad del argumento utilizado por las voces conservadoras y neoliberales que acusan al Estado del bienestar español de estar hipertrofiado, atribuyendo el estancamiento económico de España a un excesivo sector público (incluido el sector público social) que –según tales voces– está obstaculizando a la economía, no permitiéndola salir de la crisis.
Esta situación se debe al enorme poder que las clases pudientes (la burguesía financiera e industrial, la pequeña burguesía y la clase media profesional de renta alta) han tenido en la historia de España y que continúan teniendo sobre el Estado español (tanto central como autonómico). Esta clase utiliza los servicios privados en su mayoría. Van a la sanidad privada cuando caen enfermos, y envían a sus hijos a la escuela privada que recibe un subsidio público bajo el nombre de concierto. La sanidad pública y la escuela pública son utilizadas primordialmente por la clase trabajadora y las clases medias de renta mediana y baja (es decir, las clases populares).
El Estado del bienestar español está, así, polarizado por clase social, una situación que es altamente ineficaz. El 20-30% de la población que utiliza la sanidad privada, por ejemplo, cree que tiene su atención médica resuelta, pues recibe unos servicios que, en general, son más sensibles a sus necesidades (tales como mayor confort, un trato más personal, una cama por habitación si está hospitalizado, un mayor tiempo de visita cuando va a ver al médico y menos tiempo de espera) que los servicios públicos. Pero la pública es mejor en la calidad del personal y en la infraestructura técnica que la privada. Naturalmente, hay siempre excepciones en ambos sentidos, pero en general la situación es tal como la describo, de manera que, si el lector tiene una enfermedad grave, le aconsejo que vaya a la pública.
Las clases pudientes, pues, no tienen resuelto su problema aunque no sean conscientes de ello. De ahí que lo que se requiera sea un sistema público sanitario multiclasista único que tenga el confort de la privada y la calidad de la pública, pero para ello se requiere un gasto público sanitario mucho más alto del actual, lo cual exige que los grupos de mayores ingresos contribuyan al Estado (sea central o autonómico) en porcentajes superiores, semejantes a sus homólogos en la UE-15. Su resistencia a tal homologación explica, en gran parte, que los ingresos al Estado sean los más bajos de la UE-15:
sólo un 34% del PIB en comparación con el 44% en el promedio de la UE-15 y el 54% en Suecia.
Los recortes de gasto público sanitario, al empobrecer a la sanidad pública, acentuarán todavía más la polarización por clase social de la sanidad española, deteriorando la situación de una manera muy marcada. Tales recortes en la pública favorecerán la expansión de la sanidad privada, lo cual es una motivación no siempre hecha explícita de tales políticas. Es más que probable que una medida que las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales promuevan sea la desgravación de las pólizas individuales (ya existe tal desgravación para las entidades colectivas) a las compañías de seguro sanitario privadas. Ahora bien, los recortes del sector público afectarán no sólo a los usuarios de la pública sino también a los de la privada, pues la medicina privada depende en gran manera de la infraestructura de la pública (que frecuentemente hace los análisis y las pruebas complejas de la privada).
Un tanto semejante ocurre en la educación, claramente polarizada por clase social. El sistema escolar español reproduce la estructura social de España. Las escuelas privadas atienden prioritariamente a los sectores de mayor renta y las escuelas públicas atienden a las clases populares. Esta situación es altamente preocupante, pues educa a dos tipos de ciudadanos, los de primera y los de segunda. La mejor escuela de Europa es la finlandesa, donde el hijo del banquero y el del empleado de banca van a la misma escuela, una situación impensable en España. Es sorprendente que los nacionalismos, tanto centrales como periféricos, a los cuales se les llena la boca hablando de patria y nación, apoyen a la vez sistemas escolares que dividen a sus ciudadanos. Los recortes de gasto público educativo acentuarán todavía más tal polarización educativa por clase social, dificultando la movilidad social, una de las más bajas de la UE-15. Así es España.

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PUBLICO, 27 de enero de 2011

Este artículo critica el argumento que se utiliza para realizar recortes sustanciales del gasto público sanitario, aduciendo que tal gasto es excesivo y mayor que el que la economía puede sostener. El artículo señala que los datos empíricos no sustentan tal postura, mostrando que tal gasto es de los más bajos de la UE-15 y que está muy por debajo de lo que la economía española podría (y debería) sostener. El artículo señala que tales recortes del gasto público benefician a las compañías de seguro sanitario privado que influencian, en gran manera, las decisiones políticas.
Tal argumentación, sin embargo, no se sostiene a la luz de los datos existentes. España es uno de los países de la UE-15 (el grupo de países de nivel de desarrollo económico semejante al nuestro) que se gasta menos por habitante en sanidad pública. España se gasta sólo 1.673 euros estandarizados (es decir, que permiten comparar la capacidad de compra del euro en varios países con distinto nivel de vida), y Catalunya, 1.677 euros, mucho menos que el promedio de la UE-15 (2.103). El sector sanitario en España y en Catalunya está poco financiado y, por lo tanto, poco desarrollado. Sólo el 4,1% de la población adulta trabaja en el sector sanitario enEspaña, uno de los más bajos de la UE-15 (6,6%).
La concienciación de este enorme retraso explica que el Gobierno tripartito que gobernó la Generalitat desde 2003 incrementara sustancialmente en Catalunya tal gasto, reduciéndose las diferencias del gasto público sanitario per cápita de Catalunya con el promedio de la UE-15. Pero a pesar de ello, Catalunya, junto con España, continúa a la cola de la UE-15 en gasto sanitario público. En realidad, el crecimiento del gasto sanitario como promedio para toda España fue en los últimos diez años sólo del 2,7% por año, comparado con un 4,1% en el promedio de la OCDE. Es más, gran parte del crecimiento del gasto sanitario en España ha sido en el sector privado. España es uno de los países en los que la población paga más por servicios sanitarios privados, y ello como consecuencia del subdesarrollo del sector público. Es una característica previsible que, a menor gasto público en un país, mayor es su gasto privado. Lo primero determina lo segundo. De ahí que sea fácil predecir que el descenso del gasto público que está ocurriendo implicará un aumento del gasto privado, en beneficio de las compañías de aseguramiento sanitario privado, que se benefician de las insuficiencias del sector sanitario público, resultado del escaso gasto público.
No es mera casualidad que las voces que apoyan la reducción del gasto público también pidan una desgravación del aseguramiento privado. Un argumento perenne que utilizan los que favorecen la privatización de la sanidad es precisamente alabar la existencia del sector privado, sin el cual –señalan tales autores– la sanidad pública colapsaría. La otra alternativa, que no se considera, sería aumentar el gasto público sanitario a fin de converger con el de los países de la UE-15 de igual desarrollo económico al que tenemos; y, con ello, el sector público mejoraría considerablemente.
Lo cual me lleva al segundo error que sostienen las políticas de austeridad. Se señala que España y sus comunidades autónomas no se pueden gastar más en sanidad pública, lo cual es claramente in-
correcto. España tiene el PIB per cápita equivalente al 94% del PIB del promedio de los países de la UE-15. Y en cambio, el gasto público sanitario per cápita es sólo del 79,5% del promedio. Si fuera el 94%, España se gastaría 13.700 millones de euros más de los que se gasta en sanidad. Un tanto igual ocurre en Catalunya. El PIB per cápita de Catalunya es el 117% del promedio de la UE-15, mientras que el gasto público sanitario es sólo el 79,7% del promedio. Si fuera el 117%, nos gastaríamos 783 euros estandarizados per cápita más de lo que nos gastamos. No es cierto, por lo tanto, que no tengamos los recursos. Ni España ni Catalunya son pobres. Lo que ocurre es que el Estado, ni el central ni el autonómico, recoge tales fondos.
Y ahí está la raíz del problema. Los ingresos al Estado (en su totalidad, es decir, central, autonómico y local) son de los más bajos de la UE-15. En 2007 fueron sólo del 41,1% del PIB, comparado con el 45,5% en la zona euro. Este porcentaje ha caído en picado en España, bajando al 34,5% del PIB, de lejos el más bajo de la eurozona (44,4%) y de toda la UE (44%). España no sólo tiene el porcentaje más bajo, sino que es el que ha bajado más espectacularmente.
La explicación de este hecho es fácil de ver, y es que la carga impositiva en España ha dependido siempre, exageradamente, de las rentas del trabajo. Y cuando estas descienden, en parte como resultado del elevado desempleo, y en parte por el descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, los ingresos al Estado caen en picado. En otros países, las rentas del capital y las rentas de los grupos más pudientes contribuyen más al fisco que en España, donde, además, el fraude fiscal es enorme. Y ahí está el problema, en este enorme poder de clase que también explica que la reducción del déficit del Estado se esté haciendo a base de reducir el gasto público (incluyendo el sanitario), en lugar de aumentar la progresividad fiscal. Un trabajador de la manufactura en España paga en impuestos el 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. Un empresario, sin embargo, paga sólo un 38% de su homólogo sueco.
Durante todos estos años, desde 1996 a 2008, los gobiernos del PP, primero, y PSOE, después, los dos en colaboración con CiU, han ido recortando los impuestos y aumentando su regresividad creando un vacío en las cuentas, lo que supuso un elevado déficit estructural del Estado. Y ahora están pidiendo austeridad, debilitando servicios de especial importancia para las clases populares, a fin de evitar lo que se debería haber hecho desde hace tiempo: la reforma fiscal progresista en España, incluyendo en Catalunya.

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Este artículo fue publicado en castellano bajo el título “La campaña mediática contra el tripartito en Catalunya (y en España)” el 8 de noviembre de 2010.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 8 de noviembre de 2010

Este artículo analiza las reformas del estado del bienestar en Cataluña realizadas por el gobierno tripartito de izquierdas comparándolas con las realizadas por CiU en un periodo de tiempo comparable. El artículo critica a los medios de mayor difusión en Cataluña (incluyendo la televisión y radios públicas catalanas) por centrarse en temas identitarios en lugar de temas sociales, ignorando, cuando no ocultando, las reformas sustanciales hechas por el gobierno tripartito.

En Catalunya y en España hemos estado viendo durante estos meses una campaña mediática en contra del tripartito (PSC, ERC, ICV- EUiA) que gobierna la Generalitat de Catalunya. Los medios de mayor difusión en Catalunya (incluyendo paradójicamente la televisión y radio públicas catalanas, TV3 y Catalunya Ràdio) han estado generando un clima de rechazo al tripartito detrás del cual están los poderes fácticos de siempre, desde la patronal al capital financiero, a la Iglesia y sus asociaciones, y un largo etcétera. Para aquellos que consideren esta observación exagerada, les aconsejo que hagan una revisión de artículos publicados en los cuatro mayores rotativos que se distribuyen en Catalunya y verán que en el último mes han aparecido 42 artículos negativos sobre el tripartito. En cambio, sólo 6 a favor, y ello no se debe a que no existan, sino a que no se han publicado. La diversidad ideológica en los medios catalanes (y en los del resto de España) es muy limitada. Ni que decir tiene que esta campaña está encaminada a desacreditar lo que el tripartito ha hecho, presentándolo como una jaula de grillos, que ha significado una época perdida para Catalunya, tal como lo definió el Sr. Durán i Lleida. El objetivo de esta campaña ha sido desacreditar a las izquierdas y destruir las posibilidades de que las izquierdas puedan gobernar de nuevo en Catalunya, exiliándolas del poder durante muchos años.
Tal campaña parece haber impactado sobre algunos sectores de las izquierdas, que han tomado una postura defensiva que se ha utilizado maliciosamente por las derechas como el reconocimiento del fracaso del tripartito. Nada menos que el Presidente del Gobierno catalán, y dirigente del PSC, el Sr. Montilla, ha indicado que aunque consiguieran sumar la mayoría, el PSC no se aliaría con ERC e IC-EUiA para reconstruir el tripartito. Ni que decir tiene que tal declaración ha sido aplaudida por las derechas y, paradójicamente, por el gobierno Zapatero y grandes sectores del socialismo español. La causa de la alegría, sin embargo, varía. Para las derechas esta renuncia significa el fin de las políticas de izquierda en Catalunya, pues no hay otra suma que pueda construir una alianza de partidos de izquierda en el gobierno de Catalunya que la que ha existido durante el periodo 2003-2010. Sin tripartito no se pueden hacer políticas de izquierdas en el gobierno de la Generalitat.
La alegría que las declaraciones del Presidente Montilla, renunciando a reproducir el tripartito, ha producido en el gobierno Zapatero, responde, sin embargo, a otras consideraciones, aún cuando hay un elemento de tal alegría que coincide con la alegría de las derechas. Los equipos económicos de los gobiernos PSOE (de sensibilidad liberal en su mayoría) se encuentran más cómodos y tienen mayores afinidades políticas con CiU que con el tripartito. De ahí su deseo de sustituir el tripartito por la socio-convergencia, es decir, la alianza del PSC con CiU.
Pero otro motivo de satisfacción de grandes sectores del socialismo español hacia las declaraciones del Presidente Montilla es consecuencia del temor de ver a ERC –el partido que pide la independencia de Catalunya- en el gobierno catalán, pues les preocupa que el independentismo catalán (además de crear grandes tensiones con el resto de España) vaya resquebrajando la unidad de España. Entiendo, pero no comparto esta preocupación. Creo que no hace falta aclarar que mi biografía es muestra de que mi profundo compromiso con el bienestar de las clases populares catalanas va acompañado con un idéntico compromiso de mejorar la calidad de vida de las clases populares de toda España. Pero lo que debieran entender mis amigos socialistas españoles, es que es mucho mejor para las clases populares de Catalunya y también, por cierto, para las clases populares de España, aliarse con un partido minoritario independentista de izquierdas, por ser de izquierdas, que aliarse con una coalición nacionalista, CiU, (hegemonizada por CDC, que ha ido mostrando crecientemente lo que siempre fue: un partido con claras tendencias independentistas) mayoritaria de derechas. Los que se inquietan sobre los nacionalismos debieran recuperar el entendimiento de que el eje principal de debate político en Catalunya y en España (aún cuando no se presente como tal) es el de izquierdas versus derechas, y CiU es claramente de derechas. En España y en Catalunya los nacionalismos, tanto los centrales jacobinos, como los periféricos, siempre se utilizan para ocultar los conflictos de clase que se expresan en el mundo político. Mis amigos del PSOE nunca deberían olvidarse de ello, pues, para el bienestar de las clases populares, la variable determinante es quien gobierna: las derechas o las izquierdas. Y lo que ha ocurrido en Catalunya muestra lo acertado de este diagnóstico. Las izquierdas han hecho mucho más que las derechas para el bienestar y calidad de vida de las clases populares de Catalunya. Y los datos así lo demuestran.

¿Qué ha hecho el tripartito?
El gasto público social (que cubre las transferencias y servicios públicos como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros) por habitante (en euros estandarizados que permitan comparar la capacidad adquisitiva del euro en periodos distintos), subió mucho más rápidamente durante el periodo de gobierno tripartito (26.2% por año) que en el periodo de gobierno CiU equivalente a los ocho años de tripartito (17.7%). Un tanto semejante ocurre en los otros componentes del estado del bienestar.
En sanidad, el crecimiento del gasto público sanitario por habitante subió un 46% durante el periodo CiU (1996-2003), incrementándose a un 54.7% en el periodo equivalente 2003-2010 (gobierno tripartito). Como consecuencia, el número de profesionales sanitarios (médicos y enfermeras) creció significativamente, disminuyendo el número de pacientes por profesional. Resultado de ello es que aumentó el tiempo de visita al médico general. Estos y otros cambios explican que el grado de satisfacción del usuario con el sistema nacional de salud fuera mayor al final del periodo tripartito que al final del gobierno CiU. Este aumento del gasto sanitario se benefició de las medidas racionalizadoras del gasto, que liberaron fondos para dedicarlos a la atención sanitaria. Catalunya ha sido la CCAA que ha disminuido más el capítulo de farmacia, permitiendo un ahorro considerable. Durante estos años se han hecho mayores reformas sanitarias que durante el mismo periodo de CiU. La actividad legislativa en el área sanitaria ha sido muy marcada, resultado de la clara vocación reformadora del gobierno tripartito.
Un tanto semejante ha ocurrido en educación. El gasto público educativo por habitante, que había crecido un 7.7% por año en el último periodo de CiU, subió a 12.8% en el periodo tripartito. Una consecuencia de ello es que el número de horas lectivas en la escuela pública ha ido convergiendo con el número de horas lectivas en la privada concertada. La Ley de Educación ha significado una reforma sustancial, aún cuando ha sido excesivamente condescendiente con la escuela concertada.
Lo mismo ha ocurrido en los servicios sociales y en transferencias a las familias. El gasto en servicios a las familias con dependencias pasó de incrementarse 3.9% por año y por habitante en el periodo CiU, a 8.2% en el periodo tripartito. Lo mismo ocurrió en las transferencias monetarias y servicios a los ancianos, que pasó de aumentar 4.1% por año y por habitante en el periodo CiU, a 6.5% en el periodo tripartito. Una situación similar ocurrió en la vivienda, donde el gasto público descendió un 6% por año y por habitante en el periodo CiU, aumentando un 15% en el periodo tripartito.
Este enorme crecimiento de la inversión social (responsable de que disminuyera el enorme déficit social de Catalunya medido por la cantidad de euros per cápita en gasto público social entre Catalunya y el promedio de la UE-15), fue acompañado de un enorme crecimiento en inversión en infraestructuras físicas, quintuplicando estas inversiones durante el periodo 2003-2010.
Mírese como se mire, pues, los datos muestran que para la Catalunya Social y para la Catalunya de infraestructuras físicas, el gobierno tripartito ha sido mucho mejor para las clases populares de Catalunya que los gobiernos de la derecha CiU, que fueron, en parte, responsables del enorme retraso del estado del bienestar en Catalunya.
Ni que decir tiene que el tripartito también ha cometido errores, siendo el mayor el de perpetuar al personal de los medios públicos de comunicación (TV3, C33 y Catalunya Ràdio) que, con notables excepciones, han ido promoviendo una visión nacionalista conservadora carente de sensibilidad social. El intento de la Generalitat de crear una BBC catalana, independiente, fue un fracaso, pues tales medios continuaron lo que se ha definido como la “costra nacionalista”, (a la cual habría que añadir la “costra neoliberal”), creando su propia audiencia. El desfase entre la dirección de tales medios (de nacionalismo conservador) y la opinión popular ha sido muy marcada. Ésta, según muestran las encuestas, se sitúa claramente en el centro-izquierda y en las izquierdas, mientras que los medios públicos estaban claramente en el lado nacionalista conservador (con notables excepciones). Son los únicos medios autonómicos existentes en España muy influenciados por la oposición. De ahí el silencio sobre estas reformas.
Por lo demás, se requiere un cierto sentido del humor, que la derecha catalana se presente como la favorecedora de cambios progresistas, pues sus dirigentes son todos ellos los mismos que gobernaron Catalunya durante el periodo responsable del enorme retraso social de Catalunya.

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Aquesta ha estat sens dubte “La setmana de la sentència” i l’actualització del meu diari en serà testimoni. Començo, doncs, per oferir un enllaç al “fallo” de la sentència (el text complet no es coneixerà oficialment segons sembla fins el proper dia 12 de juliol). El Periódico de Catalunya ha obert una secció dedicada a la sentència en el seu web on hi trobareu un document que, segons el diari, conté un esborrany dels fonaments jurídics de la sentència. Per cert, la presidenta del Tribunal Constitucional ha obert un expedient per intentar esbrinar d’on ha sortit aquesta filtració.

Immediatament d’haver-se conegut la decisió del TC, es va produir una Declaració Institucional del President Montilla que considero d’obligada lectura i que comparteixo completament. Aquest declaració fixa la posició del president de la Generalitat i hauria d’esdevenir el terreny comú per a una possible resposta unitària a la sentència.

Us poden interessar també les declaracions institucionals aprovades per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Espero que aviat el Parlament de Catalunya n’aprovi una, entre d’altres coses perquè no sé com explicaríem que altres institucions amb la mateixa o similar composició política han estat capaces d’acordar-les i el Parlament no. Us convido també a llegir la declaració de Nou Cicle “L’hora de la unitat, l’hora de Catalunya” i el primer argumentari distribuït pel PSC.

Dies després s’han publicat articles i entrevistes que fixen encara amb més precisió la posició del president de la Generalitat i també la del socialisme català. Us convido a llegir l’entrevista al President Montilla que li va fer Enric Hernández a El Periódico de Catalunya, l’article que em va publicar el diari Avui “Després de la sentència, política“, les declaracions que em va demanar el diari El País “Debe reforzarse el pacto constitucional“, l’article de Jordi Font “Sis coordenades per a un nord”, l’entrevista al president Montilla que li fa Xevi Xirgo avui mateix al diari Avui i la intervenció de José Montilla en una acte del PSC celebrat a Balaguer també avui. El resum de la posició del president és fàcil de fer: “Segueixo creient en l’Estatut”.

L’opinió del govern d’Espanya sobre la sentència queda clarament fixada per l’entrevista al ministre Francisco Caamaño que li fan J. M. Romero i J. Casqueiro al diari El País i a l’article de José Luis Rodríguez Zapatero publicat avui mateix a La Vanguardia amb el títol “Autogobierno y convivencia”.

A Catalunya s’han publicat desenes (per no dir centenars) d’articles d’opinió sobre la qüestió. Jo us en recomano set: Antoni Puigverd “Del bozal a la comedia”, Joan Tapia “L’Estatut està viu, però ferit”, Miquel Roca “España tiene un problema”, Lluís Foix “Un gran trastorn polític”, Antonio Franco “Una qüestió de principis”, Josep Oliver “Catalunya-Espanya: final de trajecte” i Manel Pérez “Los empresarios y el Estatut”.

També té interès conèixer l’opinió de diaris i creadors d’opinió no catalans. Us en recomano set: l’editorial d’El País “Aval al Estatut“, Jesús Maraña -director de Público- “Entre el alivio y la indignación”, Marco Schwartz “Alimento para la desafección y el separatismo”, Ignacio Escolar “Lo que rompe España”, Gran Wyoming “La letra pequeña”, Jesús Maraña “Una actitud irracional” i Gonzalo López Alba “Un ‘jabulani’ electoral”.

Lògicament hi ha una gran diversitat d’opinions tant a Catalunya com a la resta d’Espanya i no he pretès fer un tast de totes les posicions. He triat els articles que m’han semblat més rellevants i no vol dir necessàriament que subscrigui les posicions que s’hi defensen.

També val la pena repassar alguns articles que han analitzat la decisió del Tribunal Constitucional (recordem que el conjunt de la sentència no ha estat encara comunicat oficialment) des d’una perspectiva jurídico-constitucional. També en aquest cas han estat desenes, com a petita mostra us en recomano nou: Xavier Arbós “Com el mes d’abril”, Enoch Albertí “Una sentència qüestionada”, Miguel Angel Aparicio “Una resolución jurídica convulsa”, l’entrevista a José Antonio González Casanova que li fa Sebastián Serrano a El Periódico de Catalunya, Francisco Balaguer “De sentencias y votos”, Victor Ferreres Comella “La sentencia”, Xavier Arbós “El impacto y el rebote” i dos articles de Javier Pérez Royo “Problema constituyente” i “L’última paraula“.

Abans de passar a un altre tema voldria explicar la meva visió de tot plegat. En la meva opinió, el Tribunal Constitucional –aquest Tribunal Constitucional, per ser més precisos– no hagués hagut de dictar sentència o bé hagués hagut de confirmar la constitucionalitat de l’Estatut per tres motius: respecte al legislador, respecte als ciutadans que van votar l’Estatut i respecte a la plena i normal vigència de l’Estatut al llarg de gairebé quatre anys amb 50 lleis que el desenvolupen i que només una d’elles ha estat recorreguda davant del propi Tribunal. Precisament el TC sap perfectament que si algú pretén fer un ús inconstitucional de l’Estatut sempre pot recórrer a l’Alt Tribunal per esmenar l’error. El fet que el TC hagi decidit modificar allò que va acordar el Parlament de Catalunya amb el Congrés dels Diputats i el Senat, que va ser aprovat per majoria absoluta de les Corts Generals i que va ser ratificat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya és un greu error i ha aixecat la legítima indignació de molts. És més, ha tornat a posar sobre la taula una qüestió ben delicada: l’encaix de Catalunya a Espanya.

L’altre dia en un debat a TV3 Oriol Pujol afirmava que “Això ha acabat malament, molt malament”. Jo, tot i respectar la posició de l’Oriol, discrepo d’aquesta interpretació: “Això no ha acabat”. Espanya no ha donat un cop de porta a Catalunya com alguns sostenen (entre d’altres coses perquè ni Catalunya ni Espanya són realitats homogènies, per bé que de vegades en parlem com si es tractés de dues persones): la sobirania del poble espanyol resideix a les Corts generals que van donar el seu suport per majoria absoluta a l’Estatut que després va referendar la ciutadania de Catalunya.

Per això els socialistes reivindiquem refer el pacte estatutari: volem l’Estatut, tot l’Estatut i desenvolupar en plenitud tot el potencial d’autogovern que conté. Però també demanem enfortir el pacte constitucional perquè, certament, aquest Tribunal Constitucional n’ha fet una interpretació restrictiva (lluny d’aquell Tribunal Constitucional que va anul·lar parcialment la LOAPA, tot i que aquella llei havia estat acordada entre UCD i PSOE).

Avui, després de la decisió del TC, hi ha qui es pregunta si allò que era possible l’any 1978 ho és avui. Per demostrar fins a quin punt el debat és pertinent m’he permès citar quatre paràgrafs del llibre de Gregorio Peces-Barba Martínez, “La elaboración de la Constitución de 1978″, publicat el 1988 amb motiu del 10è aniversari de la Constitució, pel Centro de Estudios Constitucionales. Si teniu la paciència de llegir aquests fragments, entendreu perfectament la qüestió. M’he centrat precisament en el debat sobre la inclusió del terme “nacionalitats”. No cal recordar que Gregorio Peces-Barba era l’únic ponent socialista i que, com he dit, escriu això deu anys després de l’elaboració de la Constitució. Poques veus progressistes s’aixecarien avui dient el mateix que Peces-Barba (no Roca o Solé Tura) deia aleshores. Mentre la dreta espanyola està mobilitzada per reinterpretar i a ser possible reescriure el que vàrem votar el 1978, els progressistes semblen oblidar d’on venim. Llegiu el primer fragment:

“Otras modificaciones se introdujeron en el artículo segundo para, manteniendo el ‘derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones’, incorporar elementos aseguradores como ‘patria común e indivisible de todos los españoles’ o ‘indisoluble unidad de la nación española’. Me parecía ridículo y retórico, pero no me opuse, como tampoco lo hicieron Roca o Solé, para evitar más problemas. En todo caso era más elegante, más sobrio y más propio de una norma jurídica el texto del anteproyecto. Esta reiteración de lo que me parecía obvio era como un tranquilizante para las suspicacias. Todavía había mucha patología en nuestro país sobre ese tema“. El subrallat és meu i el fragment recull l’opinió de Peces-Barba sobre l’elaboració de l’informe de la ponència constitucional. Si Peces-Barba considera que les apel·lacions a la ‘patria común e indivisible de todos los españoles’ o a la ‘indisoluble unidad de la nación española’ eren patològiques, ¿com caldria qualificar avui la decisió del TC sobre la inclusió del terme nació en el Preàmbul del nostre Estatut?

En el segon fragment que us proposo veureu quina era l’opinió del ponent socialista sobre el concepte ‘nació’:

“En este sentido fue largo y duro el señor Barrera [ERC], así como en el tema de la Monarquía y del Estado Federal. Por cierto que en su intervención dijo algo muy interesante, pero contradictorio con el planteamiento habitual de la mayoría de los nacionalistas de todo tipo: ‘…La identidad entre Estado y Nación es una falsa identidad. Que Cataluña sea una nación no quiere decir que tenga que constituirse necesariamente en Estado; no implica, por tanto, propósito ni voluntad separatista, pero, inversamente, la existencia del Estado Español no implica tampoco necesariamente la existencia de una nación española que cubra sus fronteras…’ Me parecen unas palabras que se pueden suscribir y que están en la línea de lo que fueron mis planteamientos en el debate sobre el artículo 2″. Els subratllats són meus i el fragment recull part de la intervenció d’Heribert Barrera en el debat en el Ple del Congrés i l’opinió al respecte de Gregorio Peces-Barba.

Per si algú encara necessita algun argument addicional, només cal llegir aquest tercer fragment que us proposo que recull una part de l’explicació que fa Gregorio Peces-Barba del debat en el Ple del Congrés sobre el projecte de Constitució:

“Acepté desde el principio que el término nacionalidades era sinónimo de nación y que, en ese sentido, España era una nación de naciones y de regiones, y señalé abundantes ejemplos históricos, claves en la formación del Estado moderno donde la ‘nación’ no había sido relevante”.

I per acabar amb l’argument, res millor que un fragment de la intervenció del propi Gregorio Peces-Barba en el debat del Ple del Congrés:

“…Cuando se afirma de una manera voluntaria que no hay más que una nación, que es España, se está partiendo de la misma miopía del franquismo, porque las comunidades no se constituyen por la fuerza, sino por el libre asentimiento; y estamos haciendo más por la comunidad España con estas tesis que los nacionalistas a ultranza, que desconocen la realidad de las agrupaciones humanas y que son, como decía antes, más separadores que los separatistas…”.

Realment avui no sembla que aquesta sigui la interpretació majoritària que es fa del pacte constitucional i del sentit de la inclusió del terme “nacionalitats”. Avui se’ns vol fer llegir la Constitució espanyola amb els ulls d’alguns que ni estic segur que la votessin i que, en qualsevol cas, mantenien serioses reserves sobre el seu Títol VIII. Aquest és el sentit doctrinal de la decisió del Tribunal Constitucional que ens ha indignat i que, de mantenir-se, donaria raons a aquells que pensen que estem en un final de trajecte i no en una estació de trànsit.

Dit això, cal dir també que, tot i que caldrà a esperar a tenir el conjunt de la sentència per analitzar-la en profunditat, l’objectiu polític del Partido Popular que pretenia liquidar l’Estatut (per això havia demanat la declaració d’inconstitucionalitat de 124 preceptes) ha fracassat. El Tribunal ha anul·lat un article, ha anul·lat paraules o incisos d’uns altres 13 preceptes i per declarar constitucionals 27 preceptes més ha exigit que se’n faci una determinada interpretació. No haurem de tornar cap nova competència transferida, no haurem de revisar l’acord de finançament, no haurem de modificar el nostre model escolar basat en la utilització del català com a llengua vehicular, la nostra Diada seguirà sent la Diada Nacional, i TV3 i Catalunya Ràdio podran seguir emetent íntegrament en català. Ho dic també en benefici dels que creuen que tot se n’ha anat en orris, per desmentir-los i cridar-los al combat per recuperar allò que s’hagi pogut malmetre.

Sembla clar que la millor resposta a la sentència parteixi de la unitat dels catalanistes. Ara bé, de la unitat catalana se’n parla molt però poques vegades l’hem vista. Per ERC, la unitat passa per la independència; per CiU la unitat passa pel concert econòmic; per ICV-EUiA la unitat sembla passar per conèixer a través d’un referèndum l’opinió dels catalans sobre la sentència; pel PSC la unitat passa per la defensa de l’Estatut tal com el van votar els catalans i les catalanes en la seva integritat, per desplegar en plenitud el seu potencial d’autogovern, per refer el pacte estatutari i enfortir el pacte constitucional. No serà fàcil posar-nos d’acord, però farem tots els esforços necessaris per aconseguir-ho.

Caldria començar per assegurar que la manifestació del proper dissabte sigui massiva i unitària. Sembla de sentit comú que per assegurar aquest objectiu tothom se sumi a la crida del president, que tinguem una manifestació encapçalada per les institucions i presidida per la nostra senyera, com a millor garantia perquè s’hi pugui sumar tota la gent que vol expressar el seu rebuig a la decisió del TC, tota la gent que vol reivindicar el nostre autogovern, les nostres institucions, la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre dret civil i un finançament just. Només la unitat farà la força necessària per vèncer l’obstacle que el TC ens ha posat en el camí, i només la senyera pot garantir la màxima unitat i la major assistència a la manifestació. Espero que no s’imposin altres posicions que, tot i ser legítimes, afeblirien el caràcter unitari d’una acció necessària.

Sobre la situació de l’economia espanyola i de la reforma laboral us recomano els articles de Justo Zambrana “¿Prusianos del sur o PIGS?”, Angel Laborda “El segundo trimestre, prácticamente plano” i Salvador del Rey “Reforma laboral: avances y temas pendientes”.

Sobre el debat que enfronta les polítiques d’estímul econòmic amb les polítiques d’ajustament del dèficit us convido a llegir els articles de Jordi Sevilla “El sano valor del déficit” i Paul Krugman “La tercera depresión”.

Sobre la situació de la Unió Europea i el balanç de la presidència espanyola de la UE us convido a llegir els articles de José Luis Leal “Juego peligroso” i Miguel Angel Moratinos “Una presidencia distinta”.

Sobre el decebedor balanç de la cimera del G-20 a Toronto us convido a llegir l’article de Joaquín Estefanía “Institución fallida”.

Amb motiu de la celebració de la diada de l’orgull gai i del cinquè aniversari del reconeixement del matrimoni entre persones del mateix sexe (que encara espera la decisió del Tribunal Constitucional sobre el recurs presentat pel PP -qui sinó?-) us convido a llegir els articles de Gemma Lienas “¿Regresar al armario?” (sobre la gent gran gai) i Luisgé Martín “El matrimonio gay, cinco años después”.

Sobre els treballs de la Comissió d’Investigació del parlament de Catalunya sobre un eventual finançament irregular de CDC a partir de la desviació de fons del Palau de la Música us convido a llegir l’article de Joan Ferran “El sonido del silencio”.

I acabo amb la mala notícia de la mort de Fèlix Pons convidant-vos a llegir l’obituari d’Andreu Manresa i Anabel Díez publicat a El País.

“Perles” del programa del Polònia emès el 2 de juliol, resum crític realitzat per Núria Iceta. Podeu trobar totes les Perles del Polònia aquí, amb imatges, vídeos i tot.

PERLES DE L’ESTATUT

- Les últimes paraules de Bob l’Estatut abans de traspassar “Perdoneu, però algú ho havia de dir!”

- Mariano Rajoy i M. Teresa Fernández de la Vega reaccionen davant la sentència amb les mateixes paraules, o això sembla, perquè després, per no perdre el costum, cada un veu les coses a la seva manera (les de M. Teresa es podrien resumir en l’expressió, ben castellana, de “pelillos a la mar“, mentre que Mariano continua amb allò d’“España se rompe“). Els respectius discursos acaben com no, parlen del Mundial, i tots dos comparteixen la mateixa incomprensible dificultat per dir “Cesc“.

- Repercussions a la sentència a Ciutat del Cap, on l’endemà de la garrotada, Espanya jugava contra Protugal amb una munió de catalans a l’aliniació. El gran teòric del catalanisme resulta ser Iniesta i les seves cites d’Almirall i Pi i Margall… “la verdá que sí“ (Puyol es veu que no ha volgut sortir al gag)

LA IMATGE DE LA SETMANA

- El timbaler de Palau, indignat, confirma que l’Estatut no està tut, chist!

KA FORT
- M. Emilia Casas “vomitant“ la sentència.

LA CANÇÓ
Bob l’Estatut ha deixat enregistrat un missatge institucional per emetre quan ell ja no hi fos: “M’han retallat articles que ni tan sols sabia que tenia“… i encara té humor per cantar-nos la seva versió de l’Always look at the bright side of life!

Pensa que l’Afganistan
està molt pitjor.
Passen gana
i tenen un merder de por.
Potser estem putejats,
fiscalment maltractats
i el nostre vot no significa res…
però ja deia l’Einstein
que tot és relatiu
sobretot ara que arriba l’estiu“
Pensa que Zimbabwe
està molt pitjor.
Tenen lluites tribals
i hi fa molta calor.
Res és important
si ho penses un instant
en un context de crisi galopant.
I la independència
una gran cosa és
però no vol dir que tots follarem més!
Pensa que El Salvador
està molt pitjor.
Com Haití, com Cuba,
Perú i l’Equador.
Pensa que Somàlia
està molt pitjor.
Són independents,
però és com si no.

ARXIU HISTÒRIC (Des del 2006!!!)
- Recuperem els discursos dels líders polítics a la campanya del referèndum de l’Estatut del… sobretot l’inoblidable videoclip de Lluís Llach i el seu “No pas, jo votaré no pas“ (8/6/06)
- I les fotocòpies de l’Estatut de Catalunya que van fer els andalusos amb la mateixa “complicitat“ de ZP… Como dicen lor catalaneh… “peix ar cove“ (1/6/06)
- Els articles perduts de l’agència tributària que acaben enriquint Bangladesh… (8/6/06)
- L’idili Mas-ZP escenificat als jardins de la Moncloa… Mas: “Serás mi presidente“ ZP: “Y yo te haré presidente a ti“ (11/5/06)
- El triomf del Sí al referèndum… (18/6/06)
- Mariano presentant el recurs al TC (29 de juny de 2006, agh!)
- Saura i Montilla van al TC a reclamar la sentència… i es troben de president al mateix Eduardo Manostijeras! (14/5/09)
- El hit musical de ZP i Solbes “Me la suda el Estatut“ (29/9/08)
- Quan el TC va perdre l’Estatut perquè l’havien perdut!! (17/9/2009)
- Els germans Marx al TC (23/10/08)
- Un nou empat al TC… M. Emilia Casas pretén desempatar per la vida ràpida, carregant-se algun jutge que altre… (29/10/09)
- Montilla, Mas i Puigcercós interpretant “Pobre Estatut“ versionant el paper paper de La Trinca (3/12/09)
- El TC xocat pel l’editorial conjunt dels diaris (ui, el diari, l’està fent servir la senyora de la neteja pel terra (27/11/09)
- La resposta unitària que preparen els polítics davant la “imminent“ sentència de l’Estatut (22/4/10)
- L’estrena de Bob l’Estatut al Polònia! (29/4/09)
- La Teresa Forcades també hi va dir la seva… la culpa no era de les farmacèutiques, sinó dels jutges! (29/4/10)
- L’Estatut s’en va als toros amb Matías Prats i mig TC! (6/5/10)

ZW 221 Recomanacions d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

Sobre think tanks

En Francesc Ponsa, periodista i escriptor que treballa com a cap de premsa de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, impulsa dues iniciatives: un grup a Facebook amb el nom “L’Observatori dels think tanks” i un grup a LinkedIn que es diu “Los think tanks en España y en el mundo”. Tots dos, amb l’objectiu de debatre i compartir informació sobre el món dels think tanks, de la producció d’idees i de la seva influència. Estan convidades a participar totes aquelles persones que tinguin interès en aquest àmbit. En el cas del grup de LinkedIn, trobem l’Oriol Illa, l’Ignacio Martín Granados, Xavier Peytibi o Xavier Pastor, entre altres.

Com a informació d’interès relacionada, en aquest post es presenten els resultats de l’enquesta dels lectors del portal Iberglobal que, un any més, fa un rànquing on el Real Instituto Elcano lideraria, segons les seves dades, la llista dels think tanks espanyols. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al Partit Popular, se situaria en el segon lloc. En el rànquing trobem també al Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) i al CIDOB. En els comentaris relacionats es facilita l’enllaç a la Fundación Ciudadanía y Valores on es pot consultar una relació força completa dels think tanks a Espanya, en la seva Guia (l’autora de la qual és Marta Tello Beneitez).

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Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 7 de junio de 2010

Este artículo muestra un ejemplo de la complicidad que la dictadura (y los medios de información conservadores) tuvo con las grandes empresas industriales y financieras que consiguieron grandes beneficios a costa de la salud y calidad de vida de sus trabajadores. La democracia permitió corregir algo estos abusos pero la complicidad del estado continúa existiendo, lo cual debería denunciarse en los mayores medios de información, lo cual raramente se hace.

La juventud no conoce lo que fue la dictadura y hay que explicárselo. Un aspecto de la dictadura que ha estado poco estudiado ha sido la relación privilegiada que el mundo de las grandes empresas financieras (la Banca) e industriales tuvo con el estado dictatorial. La evidencia acumulada señala claramente que tal estado favoreció sistemáticamente a tales grupos económicos, promoviendo y defendiendo sus intereses a costa de los intereses de los trabajadores. Un ejemplo, entre miles, es el caso Uralita (propiedad de la familia March, la banca más importante de España en los años treinta, que financió el golpe militar fascista del 1936). Uralita fue durante muchos años el mayor productor de productos de amianto en España. El amianto es enormemente tóxico y mata a un porcentaje elevado de los obreros que lo trabajan, consumiendo su tejido pulmonar, que queda inmovilizado por las fibras del amianto, situación que es conocida en la literatura científica desde 1930. En Cataluña Uralita tiene su base en Cerdanyola del Vallés. Durante todos los años de la dictadura, Uralita negó que hubiera ningún trabajador en su fábrica enfermo como consecuencia de trabajar con el amianto. Y las autoridades franquistas, dirigidas entonces por el jefe-delegado del gobierno en Cataluña, el recientemente fallecido Sr. Antonio Samaranch, aceptaron tales declaraciones dando por ciertas tales afirmaciones. La Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española), de la familia Godó, que colaboró activamente con la dictadura, nunca escribió, informó, y, todavía menos, denunció lo que estaba ocurriendo en aquella fábrica.
Los sindicatos clandestinos (Comisiones Obreras) pidieron ayuda a los médicos que trabajaban en el Hospital Clínico, uno de los centros sanitarios más importantes de Cataluña. Dos médicos de tal institución (jugándose su cargo) decidieron mirar si había sustancia o no en las quejas de los trabajadores. Y las había. Encontraron nada menos que 300 casos. Sus nombres eran Doctores César Picado y Roberto Rodríguez Roisin. En realidad, nada menos que el 25% de los trabajadores padecía alguna enfermedad relacionada con el amianto. Una persona clave, que ayudó a los trabajadores de Uralita a encontrar médicos que les ayudaran, fue el Dr. Josep Tarrés, que trabajaba en la atención primaria de Cerdanyola, donde se comenzaron a detectar los primeros casos de patologías respiratorias entre trabajadores de tal fábrica.
La resistencia de la empresa Uralita a reconocer estos casos fue radical. Tenía toda una batería de médicos de empresa que negaban lo que todos los neumólogos (expertos en el aparato respiratorio) en el mundo saben, es decir, que era imposible que se trabajara con amianto sin desarrollar asbestosis, la enfermedad pulmonar que se desarrolla como resultado de estar expuesto al amianto. Uralita negaba que hubiera casos de asbestosis en su fábrica. Es más, atemorizaban con dejar Cerdanyola si continuaban las quejas de los trabajadores, acusándoles de ser “agitadores comunistas”, acusación enormemente perjudicial para los supuestos agitadores, pues era causa de detención y tortura durante la dictadura.
Al llegar la democracia se pudo ya iniciar un estudio más extenso, dirigido por el mismo Dr. Josep Tarrés, detectándose casi mil enfermos de asbestosis. Lo que es sorprendente es que, a pesar de esta evidencia, no se prohibió la producción y utilización del amianto durante el periodo del gobierno conservador, CIU, y no fue hasta mucho más tarde, en 2002, que se prohibió.
El problema, sin embargo, es incluso más amplio que el de los trabajadores del amianto, por muy grave que éste sea, pues el amianto se desplazó a los barrios obreros cerca de la fábrica donde se trabaja con amianto, trasmitiendo sus fibras por el aire. Según estudios recientes, el 30% de los casos de asbestosis no son trabajadores del amianto, y al no haberse adquirido en su puesto de trabajo, no se les considera enfermos de patología laboral, aún cuando, frecuentemente, el que trasladó el amianto con su ropa haya sido un trabajador del amianto.
Una última observación. Nunca, ningún empresario de Uralita ha ido a la cárcel, y el Sr. Samaranch fue honrado recientemente con el honor máximo que se puede dar a una persona en Cataluña. Mientras, los trabajadores todavía están intentando que los tribunales fuercen a Uralita a pagar indemnizaciones a los afectados por asbestosis, y sólo hace unos días consiguieron algunas de ellas, en cantidades que eran claramente insuficientes. Varias conclusiones se derivan de este hecho. Una es que la dictadura era una dictadura de una clase (la clase de las grandes empresas financieras e industriales) en contra de otra clase, la clase trabajadora. Otra conclusión es que los enormes beneficios de la primera clase se consiguieron a costa de los intereses (salud y calidad de vida) de los segundos. La tercera conclusión es que los grandes medios de información de la derecha colaboraron con la dictadura, silenciando esta enorme explotación de clase, sacando pingües beneficios de tal colaboración. Y la cuarta conclusión es que tales grandes grupos empresariales y las derechas políticas continúan teniendo una gran influencia sobre los medios y sobre el estado, cuestionando la mal llamada transición “modélica” de la dictadura a la democracia, pues treinta y dos años después de que ocurriera la transición, todavía se celebra y homenajea a los responsables de aquella situación, y no se honra a los que lucharon para cambiarla.

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Entrevista al Profesor Navarro en el Diario de Mallorca. Pendiente de publicación.

¿Cuales son los episodios históricos que nos ayudarían a entender mejor el mundo actual?

En España son tres. La segunda república, que fue la época más modernizadora que España tuvo en la primera mitad del siglo XX; el golpe militar fascista y la dictadura que impuso a las clases populares de este país, que fue enormemente negativo para su desarrollo económico y social; y la transición de la dictadura a la democracia que se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras.

- ¿Mirando atrás se pueden comprender los actuales casos de corrupción política?

Si. La transición se hizo en términos muy favorables a las derechas que continuaron teniendo gran dominio sobre los aparatos del estado. De ahí que el maridaje entre las fuerzas conservadoras y el estado haya continuado unas prácticas corruptas que eran muy comunes durante la dictadura.

- Usted apuesta por salir de la crisis económica con más empleo público y subida de impuestos. ¿No se siente a contracorriente?

No es la primera vez que ocurre que la sabiduría convencional de un país está equivocada. La evidencia científica muestra claramente que la manera de salir de las grandes recesiones que el mundo ha vivido ha sido a través de una enorme expansión del gasto público y creación de empleo. La Gran Depresión de EEUU a principios del siglo XX se resolvió a base de un enorme crecimiento del gasto público, como parte del New Deal. Lo mismo ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la recuperación económica de Europa se basó en una gran expansión del gasto público, con inversiones en las infraestructuras físicas y sociales. Y ahora estamos en una situación semejante. Creerse que la recuperación económica se hará sin una gran expansión de este gasto público es ignorar la historia del siglo XX. El problema de los países del sur de Europa no es que tengan un excesivo gasto público, pues su gasto es mucho menor que el promedio de Europa. El problema es precisamente que los ingresos al estado son muy menores debido al enorme poder de clase social que tienen las rentas superiores en estos países

- Y además defiende el papel de los sindicatos…

Me parece obvio que los sindicatos de clase en este país han sido las fuerzas más coherentes en la defensa del estado del bienestar y la expansión del gasto público. El hecho de que en el norte de Europa el estado del bienestar sea mucho más extenso que en el sur de Europa y que sus economías sean mucho más eficientes, se debe precisamente a que tienen unos sindicatos más fuertes y unos partidos de izquierda que han gobernado por mucho más tiempo.

- ¿Porqué cree que el actual descontento popular coincide con el auge de la extrema derecha?

Porque existe una enorme inseguridad entre la clase trabajadora que se siente amenazada por la inmigración, lo cual explica que partidos que se presentan como anti-inmigrantes, recojan el apoyo electoral de estos sectores cuya calidad de vida está descendiendo de una manera muy notable.

- ¿Es más importante invertir en escuelas de infancia que en nuevas líneas de AVE?

Son igualmente importantes, lo que ocurre es que en España se está dando más prioridad a las infraestructuras físicas que a las sociales, y esto es un gran error.

- ¿Las pensiones, subsidios y sueldos públicos pueden llevar el pais a la quiebra?

Si ustedes analizan el gasto público social de España, verán que es mucho más bajo que el del promedio de la UE. El problema, pues, no es que el gasto público sea demasiado elevado, sino que los ingresos al estado son demasiado bajos. Fíjense que el fraude fiscal representa el 20% del PIB de este país, y los impuestos de los grupos más pudientes son también de los más bajos de la UE. Ahí está el problema.

- Otro de sus temas habituales de reflexión es sobre la herencia del franquismo y la llamada ‘modélica’ transición, ¿qué opina del procesamiento del juez Garzón?

Es una ofensa a todos los que luchamos para conseguir la democracia en este país. Es indigno que la Corte Suprema del país, presidida por un juez que juró lealtad al movimiento fascista llamado Movimiento Nacional, esté respondiendo positivamente a la demanda del partido fascista, la Falange, de que se enjuicie al único juez que se ha atrevido a intentar llevar a los tribunales a los que asesinaron el mayor número de españoles en la historia de este país. Es impensable hoy que tal situación ocurriera en otros países que tuvieron gobiernos fascistas en el siglo XX. Demuestra hasta qué punto la transición fue inmodélica, manteniendo a las derechas en el poder real.

- ¿Sigue pensando que los escolares españoles desconocen a Franco y el franquismo?

La evidencia muestra que muy pocos de nuestros jóvenes conocen la historia reciente de España. Esto ha sido consecuencia, también, del dominio de las derechas en nuestro país, que han tergiversado esta historia.

- ¿Qué tendría que suceder para poder considerar que el franquismo está totalmente superado?

Muchísimas cosas. Pero la más importante es democratizar el país, haciendo una realidad que cada persona tenga el mismo voto, lo cual no ocurre en nuestro sistema democrático. Otro cambio es el de los medios de información, que tienen muy escasa pluralidad, con clara discriminación en contra de las voces de izquierdas. Y ello es fácil de demostrar. Mire las editoriales de los cinco rotativos de mayor difusión en el país, y verán que ninguno ha pedido un aumento del gasto público como manera de resolver la crisis. El dominio liberal conservador en los medios es casi absoluto.