Intervenció al Ple del Senat, 10 de març de 2010.

Senyor President.
Señorías.

Todos somos prisioneros de lo que decimos y escribimos. Ustedes, como partido y como gobierno, se comprometieron reiteradamente en un desarrollo legislativo nuevo del sector audiovisual que debería haberse iniciado con la aprobación de una Ley General Audiovisual, Ley del Consejo estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y la reforma de la ley de RTVE. Ha pasado todo lo contrario; el 2005 se aprueba el decreto de medidas urgentes, que legaliza la Cuatro y la Sexta. 2006; ley de RTVE, 2009; nueva ley de financiación de RTVE, el mismo año decreto de la TDT de pago y hoy discutimos la Ley General Audiovisual, la última y evidentemente condicionada por todo lo anteriormente aprobado. La que debería ser la ley marco que condicionara posteriores legislaciones es la ley condicionada por todo lo ya aprobado. Ya justificarán ustedes este contrasentido.

Es obvio que los cambios tecnológicos y lo obsoleta de nuestra legislación audiovisual exigen un nuevo marco legal y normativo. Mi crítica es que se ha empezado la casa por el tejado y no porque si. Me explicaré. Este singular y paulatino proceso legislativo audiovisual se caracteriza por una doble lógica:
-          Un endurecimiento y cerrazón para los prestadores públicos.
-          Abertura y flexibilización para los operadores privados.

Esta doble lógica se repite en este proyecto de ley, que incorpora el enfoque liberal de la directiva europea 2007/65 de servicios de comunicación audiovisual y se modela según los intereses de los operadores privados.La ley a debate se limita a una regulación de mínimos. Más que sistematizar y ordenar, teniendo en cuenta las nuevas y futuras necesidades y cambios, sustituimos un marco normativo por otro.

¿Cuál es la principal crítica que hago a esta ley? Que no responde al principio de que el sector de la comunicación audiovisual es un servicio público esencial. No sólo un negocio. Su importancia es fundamental, y es cada vez mayor, para la sociedad y para la calidad de nuestra democracia. De él depende en gran parte la garantía de la libertad de expresión, de libertad de información y el pluralismo de los medios de comunicación. Cultura y educación. Respeto y aliento la diversidad cultural y lingüística de esta España plural. En una sociedad a puertas de la saturación audiovisual, definir cuales son los intereses generales no es una cuestión menor. También juega un papel motor en las nuevas economías generando crecimiento económico, innovación y empleo.
Todo ello justifica la necesidad de legislar para salvaguardar el interés público y a su vez garantizar la viabilidad económica de los operadores. Pero por este orden, no al revés. Quiero reiterar, señorías, que estamos legislando sobre servicios que impactan, influyen y condicionan valores, identidades y conductas sociales.
La importante función social que cumplen los medios audiovisuales justifica la existencia de un servicio público de comunicación audiovisual, que a mi entender debe liderar el sector.

Es chocante el bajo nivel de exigencias de la ley, presentada por el gobierno, con los operadores privados.
Señorías, aquí no hablamos del libre mercado. Debatimos sobre un sector fundamental para nuestra sociedad y sobre unos pocos que tendrán la oportunidad de obtener un bien escaso como son las licencias audiovisuales. Se va a ceder más del 75% del espacio radioeléctrico -bien público- a los operadores privados. ¿No es razonable pedir a los que se van a beneficiar de una posición privilegiada, determinadas obligaciones con la sociedad? Yo creo que si. El gobierno, visto el proyecto de ley, cree que no. Como afirma CC.OO. “los medios de comunicación no pueden considerarse  como una mera cuestión de beneficios económicos; los medios audiovisuales deben tener como objetivo la calidad del servicio a la ciudadanía, como garantía de calidad de la democracia.”

Creo, también, que el proyecto de ley debería haber reforzado más el sector público audiovisual. Es por ello que hemos presentado una batería de enmiendas para reforzar los objetivos y fines del espacio público audiovisual. A petición de los sindicatos y totalmente de acuerdo con ellos hemos planteado tres cuestiones: límites a la externalización, compromisos de producción propia y la apuesta del sector público por el empleo estable. Tres cuestiones no menores que están en el debate sindical en muchos entes públicos radiotelevisivos.

Sobre el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, quiero en primer lugar valorar muy positivamente su creación. Es un éxito que legislemos hoy sobre el mismo. La experiencia allá donde existe, casi en toda la Unión Europea o en Catalunya, es exitosa. Con ellos se garantiza una mayor independencia en la regulación del sector. Desde ICV-EUiA hubiéramos apostado por un CEMA más parecido al catalán. Totalmente independiente y no dependiente de un ministerio como se nos propone. Y con mayores atribuciones como por ejemplo las de convocar, otorgar  y revocar las licencias. Con todo, es un paso hacia delante.
Todas estas consideraciones justifican las enmiendas que he  presentado junto al senador Nuet.

Decía al principio que todos somos prisioneros de lo que decimos y escribimos. Muchas de las enmiendas que presentamos son la traslación de propuestas que si estaban en los borradores de esta ley, hechos por el gobierno, en la anterior legislatura. ¿Qué ha pasado? Muy sencillo, han optado por legislar a tenor de las presiones y necesidades de los operadores privados, agrupados en UTECA, y no según el interés general que es lo que se esperaba de un gobierno socialista.

La tramitación de la ley en el Senado ha sido más pausada que en el Congreso. Esto nos ha permitido poder realizar encuentros con diferentes sindicatos, entidades, asociaciones y colegios relacionados con lo audiovisual. Fruto de este trabajo hemos presentado tantas enmiendas. Quisiera agradecer desde esta tribuna la colaboración y aportaciones que nos han hecho llegar.

¿Qué ha pasado en el proceso de negociación de las enmiendas con el grupo socialista?
Hemos conseguido:
-          Garantizar el derecho a conocer la identidad de los prestadores de comunicación audiovisual.
-          El control parenteral sobre contenidos agresivos hacia los menores.
-          Limitaciones en la emisión de programas con contenidos esotéricos o paracientíficos.
-          Plan para la creación de un centro de producción de referencia en Sant Cugat. Enmienda presentada por el senador Bonet y propuesta defendida con mucho empeño y tesón por la senadora Celaya.
-          Sustituir la palabra “enseñar” por educar al definir las responsabilidades editoriales de los prestadores.
-          La obligación de preservar y conservar el archivo de imágenes en movimiento y audio.
-          Compromisos lingüísticos.
-          Preservación de las competencias autonómicas.
-          Y seguramente una de las más importantes, que es que la adquisición de participaciones o derechos de voto estarán limitados si impiden la existencia, no de tres operadores, sino aclarar que la ley se refiere a tres operadores privados.
-          El acuerdo con el grupo socialista a presentar y apoyar una moción que defienda la producción propia y el empleo estable en el sector público.

Los acuerdos son importantes. Mejoran, a mi entender, sustancialmente el texto remitido por el Congreso. Permítanme afirmar nuestra satisfacción por los acuerdos. Con todo, no lo suficiente para votar afirmativamente la ley. Esta ley tiene un pecado de origen que no hemos podido superar con los puntos pactados, y es que esta más pensada en intereses que en derechos. Es por ello que el senador Nuet y yo votaremos en contra del proyecto de ley.