Intervenció al Ple del Senat. 

Senyor president, señorías. 

Esta ley debería haber sido una ley señera, estratégica, la concreción legislativa de un Gobierno con voluntad de avanzar en la senda de la sostenibilidad y el cambio de modelo productivo. No ha sido así. Esta ley, el impulso que originó este proyecto de ley, nace de otra época, una época donde el señor Rodríguez Zapatero aún no había caído del caballo golpeado por los dioses del mercado.

Esta ley que hoy debatimos se ha ido devaluando, ya sea por lo dilatado de su tramitación, como porque aspectos fundamentales de la misma se han ido sustrayendo, ya sea por el proceso de Zurbano, que dio como resultado la aprobación del Real decreto de medidas de impulso para la recuperación económica y la creación de empleo. U otro ejemplo; por el Decreto 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. Un proyecto de ley que se ha ido devaluando, mermando, pero que nunca ha representado la apuesta decidida del Gobierno por el cambio del modelo productivo.

¿Qué estamos discutiendo hoy? No nos engañemos: una ley de acompañamiento al uso, un batiburrillo de propuestas y modificaciones. Y no deja de tener su sarcasmo que en una ley así se afirme en su artículo 4 que son necesarios marcos normativos sencillos, claros y poco dispersos, que faciliten la comprensión y el conocimiento de los mismos. Pues como muestra un botón: si éste es el marco normativo sencillo, claro y poco disperso, ya me dirán ustedes qué entienden por sencillez, claridad y poca dispersión.

Ni esta ley permitirá avanzar en el cambio de modelo productivo, ni la voluntad y políticas del Gobierno van en esta dirección, sino en toda la contraria. Este Gobierno está al servicio de los mercados en lo económico, en lo social y en lo ecológico. No me extenderé ahora en hacer una lista de medidas que el Gobierno socialista ha tomado y que avalan mi afirmación, sí en cambio argumentaré la contradicción que hay entre el preámbulo de esta ley —parte retórica que poco tiene que ver con el articulado— y la gestión concreta del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Esta medida adolece de dos principales problemas: que marca un objetivo muy ambicioso, como mínimo en el titular, pero luego en su articulado no recoge el objetivo inicial de la ley, el impulso inicial de la elaboración de esta ley, y evidentemente está contradicho por todo lo que es la práctica concreta, las reformas concretas que ha ido realizando el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En el preámbulo se afirma que esta ley debe permitir profundizar en aspectos claves para avanzar hacia una economía sostenible y se ponen tres ejemplos: I+D+i, energías limpias y ahorro energético. Ciertamente tres cuestiones fundamentales, ¿pero cuál es la realidad sobre cada una de ellas?
En investigación, desarrollo e innovación, imprescindible para caminar hacia una economía de calidad junto con la educación y la formación, que son pilares básicos para el desarrollo y el cambio de nuestro modelo producto, la realidad, lo concreto, lo real, es lo siguiente: en el presupuesto de 2011 se ha sufrido un recorte del 8,4% respecto a 2010, y ya en 2010 fue recortado en un 5,5% el presupuesto de I+D+i. Con estos datos, todo lo que me puedan responder son puras palabras.
Energías limpias. Hoy un periódico económico titulaba en portada: El Gobierno enciende el carbón y desenchufa las fotovoltaicas. Es un buen titular que ilustra qué realidad discutimos sobre economía sostenible y, en concreto, cuál es la política real del Gobierno hacia las energías limpias.

Señorías, en el mix español de energías primarias, el 48% es de combustiones fósiles, cuando la media de la UE es del 37%. Esto ha generado en 2009 un saldo negativo en el balance entre exportaciones e importaciones del petróleo y derivados de 18.107 millones de euros, y entre enero y octubre de 2010, de 20.941 millones de euros. Según ciertos analistas, esto refleja una estrecha relación entre el grado de dependencia del petróleo y la deuda soberana, expresada como porcentaje de producto interior bruto (PIB). Miren ustedes el recorrido que tenemos para avanzar en una economía libre de carbono y sus efectos positivos: financieros, económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, hoy vamos a discutir cómo aprovechamos la tramitación de esta ley para reformar el decreto del Gobierno sobre renovables, que de no enmendarse va a afectar negativamente a la industria fotovoltaica, especialmente a los pequeños productores.

Parece que hoy, para el Gobierno, las renovables son las responsables del déficit tarifario. El Gobierno ha tomado una serie de iniciativas que de no corregirse en la tramitación de esta ley pueden afectar a la seguridad jurídica. En primer lugar; discriminarán al no tener en cuenta la ubicación geográfica o la potencia máxima instalada, y al no existir una racionalidad en las compensaciónes. La limitación de horas aplicada a las plantas solares va a hacer fracasar la energía solar en nuestro país. Hay otros perdedores —pymes, sector servicios y hogares—
Ahorro energético. El exclusivo en una economía en crisis.
En la realidad, en la práctica, las decisiones tomadas por el Gobierno ponen en entredicho los principales objetivos que marca el proyecto de ley.

También vale la pena recordar en este debate cómo valoraba, en su momento, el Consejo Económico y Social el proyecto de ley. Leo literalmente: “El Gobierno ha mezclado en una ley diversas normativas sin conexión entre unas y otras y sin una memoria económica adecuada, lo que dificulta su comprensión”. Sigue el Consejo Económico y Social: “Una ley tan ambiciosa como la que plantea el Gobierno carece de instrumentos de gestión, control, seguimiento y supervisión”. Sigue el órgano consultivo: Pone de relieve la contradicción que existe entre los fines sociales que, en su opinión,  busca la ley de economía sostenible, y el hecho de que apenas aparezcan a lo largo del articulado”. Y sigue el Consejo Económico y Social: “Se recogen muy poco los objetivos de favorecer el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, como tampoco se plantean directrices sobre el fortalecimiento de la protección social, la mejora del sistema educativo, la consolidación de la sanidad por impulso al desarrollo plural y territorial”. Y, por último, el Consejo Económico y Social cuestiona, precisamente, que los planteamientos que hace el Gobierno para llegar a un nuevo modelo productivo, que es el objetivo central de la ley de economía sostenible, no aparecen en el texto articulado de la misma.

Señorías, un cambio del modelo productivo es mucho más que un cambio sectorial de actividades. Un cambio en el modelo productivo no solo supone una sustancial modificación de los productos y servicios que ofrecen las empresas, sino, asimismo, una forma diferente de producir y consumir, en términos de ahorro de materiales, de eficiencia energética, de prestación eficiente de servicios, de organización del trabajo y también en la propia relación de trabajadores y trabajadoras con la empresa en la planificación de la actividad productiva.
El objetivo final del cambio del modelo productivo es lograr una economía sostenible y socialmente avanzada, siguiendo indicadores de desarrollo económico, igualdad, prestaciones sociales, innovación y sostenibilidad.

Un cambio de modelo productivo exige, en primer lugar, el incremento de la productividad del capital, fundamentalmente a través de la innovación de procesos y productos y de la mejora del capital humano; en segundo lugar, la reducción de costes no laborables, principalmente a través del ahorro de materias primas y de la eficiencia energética y en tercer lugar, el aumento de la escala de producción, lo que reduce los costes unitarios.

Señorías, he hablado de energía, de investigación y desarrollo e innovación. Ayer, el senador Alturo, con datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, demostró que España tiene los precios más altos de acceso a la red y la peor oferta de servicios. Esta sí que debería ser una de las principales preocupaciones del Gobierno: conseguir precios más bajos y mejorar la oferta de servicios.

Las reformas del mercado financiero pasan, hoy por hoy, por la bancarización de las cajas de ahorro. Yo también me interpelo, ¿por qué es necesario adelantar la consecución de los objetivos de Basilea 3 casi dos años? ¿Por qué es necesario incrementar un punto y casi dos o tres puntos a las cajas el core-capìtal?

¿Por qué es necesario forzar esta situación que, en definitiva, a las únicas a las que va a perjudicar es a las cajas de ahorro y a su bancarización?
¿Por qué no abordar una reforma fiscal ambiciosa, recuperar el impuesto sobre patrimonio e introducir la fiscalidad verde?
¿Por qué no puede ser el fraude fiscal y la evasión fiscal un gran objetivo de este Gobierno? ¿No es necesaria una banca pública en este momento?
 ¿Por qué no plantearse el objetivo de reducción del 40% de la emisión de gases de efecto invernadero? ¿Por qué no apostar por una movilidad sostenible?
¿Por qué no debemos gravar las viviendas desocupadas? ¿Por qué no debemos actuar sobre los embargos y el sobreendeudamiento hipotecario?
¿Por qué no debemos evitar las cláusulas abusivas en los productos financieros? ¿Por qué no exigir la transparencia e información clara, real y fiable —como por ejemplo evitar los swaps— de estas entidades financieras? ¿Por qué no se pueden eliminar las comisiones de cancelación? 

Por ello, hemos presentado 60 enmiendas a este texto. De ellas, 7 enmiendas —no menores— han sido transaccionadas y, en este sentido, agradezco el esfuerzo y la disponibilidad de las senadoras Yolanda Vicente y Ana Durán, y del senador Félix Lavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, así como del resto de portavoces, por haber podido alcanzar esos acuerdos en relación con las enmiendas números 57 y 58, de impulso a la implantación de las TIC, con especial atención al mundo rural; la enmienda número 56, de reorganización del espacio radioeléctrico; además de 4 enmiendas de contenido ambiental: la número 73, sobre la sostenibilidad del transporte; la 76, que reivindica un compromiso de presentación de un proyecto de ley de movilidad sostenible —que afortunadamente ha sido transaccionada y que espero que sea aprobada—; la enmienda número 74, solicitando políticas de gestión de la demanda energética; y la enmienda número 71, sobre la reducción de emisiones.

Afrontar una crisis económica exige, en primer lugar, parar el golpe, proteger a los ciudadanos y ciudadanas que más directamente sufren sus efectos —paro, pobreza, exclusión social— y, en segundo lugar, crear las condiciones para superarla, apostando por un nuevo modelo productivo que coloque nuestra economía en el siglo XXI y en la senda del desarrollo y la sostenibilidad social y ambiental.Después de más de 20 años de Gobiernos socialistas, una vez más no me cansaré de decir que alguna responsabilidad tendrán ustedes en el actual modelo productivo, en el actual mercado laboral; alguna responsabilidad tendrán ustedes en nuestra realidad socioeconómica. Por ello, lamento que no asuman ustedes la responsabilidad de avanzar en el cambio de este modelo y que sigan instalados en patrones que, de continuar así, repetirán los errores del pasado. 

Ley Sinde.
Quiero terminar hablando de la ley Sinde, de la disposición final cuadragésimo cuarta. Soy de los muchos que defiende el libre acceso a la cultura así como los derechos de autor. Entiendo las potencialidades y dificultades del nuevo escenario que han ido creando las tecnologías de la información; reivindico el diálogo, la serenidad y el consenso para encontrar las mejores soluciones y exijo al Gobierno una actitud ecuánime y rigurosa al abordarlas.

En un ambiente enrarecido y victimizado en el que participan creadores e internautas, el pacto PSOE, PP y CIU sobre esta disposición final ha representado echar más leña al fuego sin solucionar nada.
Hoy en día hay una subcomisión en el Congreso de los Diputados trabajando y dialogando sobre la reforma de la ley de propiedad intelectual. Después de muchos años, por primera vez y gracias al impulso y la iniciativa de don Alex de la Iglesia, se reunieron creadores e internautas. Sin embargo, la disposición final y la enmienda que ustedes han pactado pone en crisis todo el trabajo de esta subcomisión y, evidentemente, ha abortado el diálogo incipiente entre creadores e internautas que había iniciado el señor De la Iglesia, aparte de que es el motivo de su dimisión como presidente de la Academia.

¿No debería haber abierto el Gobierno un canal de diálogo, de participación y de encuentro para abordar una situación complicada, difícil y que no tiene soluciones fáciles ni rápidas? No ha sido así. Ustedes han optado, junto con el PP y Convergència i Unió, por presentar una enmienda, que hoy es una disposición, que es una verdadera chapuza jurídica, que no resuelve ninguno de los problemas y que ha vuelto a crispar el ambiente.

Señorías, piratería hay mucha y de muchísimos tipos, y todo aquel que ve afectados sus derechos puede acudir a la justicia ordinaria para defender lo que cree que es justo y suyo. No tiene sentido y es peligroso crear procedimientos administrativos y crear comisiones ministeriales para cuestiones tan delicadas como es Internet donde se mezclan derechos humanos con derechos de autor.

Creo que la defensa de los derechos de propiedad tiene sus recursos judiciales que no pasan, evidentemente, por la jurisdicción contencioso—administrativa. Otra perla jurídica que aporta la enmienda pactada.
Es un error y un peligro crear tanto una Comisión de la Administración para investigar webs como introducir conceptos tan peligrosos como: que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Si realmente queremos abordar con realismo la salvaguarda de los derechos de autor, minimizar las descargas ilegales, y garantizar siempre la libertad de la red y el acceso a la cultura, solo hay dos propuestas que, a su vez, están contrastadas en otros países: bajar costes y ampliar la oferta. Estas son las dos únicas propuestas posibles para poder solucionar un problema como el que hoy día nos afecta: bajar costes y ampliar la oferta. Todo lo demás puede tranquilizar conciencias, puede responder a la presión de lobbies pero, evidentemente, no va a solucionar el problema bajo ningún concepto.

El señor Juan Gómez—Jurado escribió el pasado 29 de enero: a lo gratis solo puede ganarle lo sencillo.
La ley es mordaza, y sinceramente tiene razón.  A lo gratis solo puede ganar lo sencillo.

En esta Cámara, hay senadoras y senadores que conocen esta cuestión a fondo. Ellos saben que la solución nunca será impedir que copien, porque es imposible. Con la red, con las nuevas tecnologías, es imposible. La única solución, insisto, es la que antes apuntaba: abrir un proceso, una transición, que permita avanzar hacia esta nueva realidad, estas nuevas fórmulas de negocio. 

Señorías, ¿cuál es el objetivo que nos debemos plantear? ¿Que escuchen, vean y lean las creaciones de nuestros autores y compren o impedir que copien? Esto es lo que hay que responder. Podemos impedir que copien o dificultar la copia o las descargas ilegales, a lo que no obligaremos a nadie es a comprar. Y mientras los precios sean los que son todo el mundo deberá optar entre si prefiere 100 000 oyentes  a un euro o 1000 a diez euros. Hay un cambio en la forma de negocio, provocado por las nuevas tecnologías, que hay que interiorizar y afrontar con decisión, con medidas, con apoyos, con recursos, pero sobre todo con realismo.

Quisiera terminar, señor president, en este punto de la conocida como ley Sinde —si la ministra pasa a la historia con esta ley, que se lo haga mirar—, con lo que decía  la editorial de un periódico de ámbito estatal;” que los problemas de adaptación a la industria, a la nueva realidad digital, eran acreedores de un debate social más amplio y una tramitación legal, global y coherente. Una revisión profunda a la Ley de Propiedad Intelectual habría sido más adecuada para, además, perseguir las descargar ilegales. En su lugar, el Gobierno optó por una disposición final en la Ley de Economía Sostenible, la ley Sinde, que ha acabado por agudizar la polarización existente en torno a este asunto”.

Señorías, tampoco podemos ignorar que este debate está envenenado por el canon digital, denunciado por injusto, por indiscriminado, y hoy con una sentencia limitativa por parte de los tribunales europeos. Y gestionado por las entidades de gestión con una imagen pública mala y con dificultades para justificar muchos aspectos de su propia gestión. Pero a su vez muy potentes lobbies.

En el pacto entre socialistas y populares, el PP intenta salvar la cara con una redundancia, que es la aplicación de la sentencia europea liberando del cobro del canon a empresas y administración. Pero, señorías, eso ya lo han dicho los tribunales, es una pequeña explicación para justificar el apoyo a una enmienda que yo, hoy por hoy, no entiendo.

Me dirijo a los Grupos Socialista, Popular y Convergència i Unió pidiéndoles que retiren esa disposición final 44, que esperen a los trabajos de la subcomisión del Congreso de los Diputados, que está analizando la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, y fruto de este trabajo despues con calma, sosiego, de manera global, nos permitan encontrar a todos, por consenso, una salida a un problema de difícil solución y, por otra parte, muy cargado ya de conflictividad.Nuestra ambición debe ser hacer leyes justas, reales y aplicables, y ésta no lo es. 

Por todo ello, señor presidente, anuncio el voto en contra a este proyecto de ley  de Economía Sostenible, con especial énfasis a la ley Sinde.
Muchísimas gracias por su atención.