La Generalitat de Catalunya está acabando de preparar un ERE para 1.500 empleados de empresas públicas, que puede afectar a un 9% de personal con contrato eventual o laboral. Pero no salen de rositas los que tengan condición de funcionario… ya Mas-Colell anunció hace un par de días que no sabe si rebajarles más el sueldo, subirles el horario o recortarles vacaciones… Lo que sea para que quede claro que todo el mundo que tenga un trabajo (fijo, por oposiciones o eventual,  o reciba una pensión o un subsidio) pasará debidamente por el exprimidor si no pertenece a la aristocracia laboral de sueldos y primas millonarios… Sueldos y primas directamente relacionados, en la mayoría de los casos, con la habilidad y el sadismo con el que se entrega la carta de despido o se consigue más tiempo y esfuerzo de vida del personal para la empresa. Parece obligado porque hay que sacar el trabajo a pesar de que se despide, se jubila, no se cubren las bajas y no se renueva a temporales desde hace meses

En El Pais podemos leer que “las empresas de la Generalitat, que cuentan con cerca de 16.000 empleados, presentarán expedientes de regulación de empleo (ERE) para un total de 1.475 personas. El cálculo de bajas lo han hecho las mismas empresas, a petición del área de Función Pública del Gobierno catalán,  (¿ven por qué hablaba en cierta manera de sadismo?) según fuentes del Ejecutivo. La orden fue clara: los ingresos han caído y hay que recortar.” No tienen en cuenta para nada que el salario medio del personal de las empresas públicas ha disminuido ya
en un 10% en los últimos 3 años.

Los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública,  comunidad educativa y servicios sociales temen que las medidas adoptadas con el objetivo de recortar el gasto este año un 10% acaben por deteriorar la atención básica al ciudadano. Un objetivo que no ha impedido al Gobierno, sin embargo, eliminar el impuesto de sucesiones a las grandes fortunas, pese a suponer un coste de entre 50 y 150 millones de euros.

El rosario de ERE puede empezar en septiembre, aunque ya se adelantó el  de Gisa (encargada de la obra pública catalana). El expediente afecta a unas 70 personas, el 30% de la plantilla. Al parecer, la sorpresa de los sindicatos ante el ERE de Gisa fue total, sobre todo porque, aseguran, tenían la palabra de la secretaria general de función pública, Pilar Pifarré, de que no habría despidos sobre la mesa hasta septiembre.  Otras empresas donde se esperan medidas drásticas son el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), la Agencia de la Vivienda de Catalunya, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), la Agencia Catalana del Agua (ACA), la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) o el Instituto Cartográfico. A estas cabe sumar la Agencia de Cooperación, sobre el que pesará un ERE para el 50% de la plantilla, y el Hospital Parc Taulí, donde se ha llegado a un acuerdo para trabajar más horas.

Lo que la Generalitat de Catalunya está haciendo con los hombres y mujeres que trabajan en las empresas públicas es, llana y simplemente, terrorismo empresarial…. Es mucho más que jugar con el gato y el ratón, y sigue al pie de la letra los procedimientos que acumulan desigualdad y manosean la ética,  todo el alarmismo se ha creado en torno a Aguas de Barcelona  (con la propuesta de subida del cánon del agua incluida). No sólo supone un gasto obligado para muchas familias en paro o con sueldos demasiado ajustados, sino que a nadie se le oculta el camino paralelo de privatización que Esperanza Aguirre “se trabaja” para el Canal de Isabel II de Madrid. Y es también la preparación de una privatización “legal” pero demasiado sospechosa la del Gobierno del Estado con la creación de la sociedad mercantil de AENA Aeropuertos,  la  desinversión del 49% del capital de la propia AENA Aeropuertos;  la previsión de convocatoria y resolución de concursos para adjudicar en concesión la gestión de los dos principales aeropuertos de la red (Barajas y El Prat) y, por último, la constitución de una serie de filiales, en ese manido proceso de divide y no sólo vencerás, sino que confundirás y harás muy opaco todo el proceso, hasta asignar la gestión individualizada o por grupos de los 45 aeródromos restantes de la red. No se indica de manera concreta –aunque valdría la pena saberlo–  qué sucederá con la pista de patinaje que el señor Fabra ha pagado del erario público a precio de aeropuerto en Castelló.

En resumen, más paro, más explotación, y la venta de lo poco que queda ya del sector público rentable, de todos, a empresas privadas, para conseguir fondos con los que acatar el mandamiento del FMI y de la UE de reducción de un déficit ¡creado en gran medida por el nefasto comportamiento de las empresas privadas…!

¿Cuántos puestos de trabajo adicionales, que ni siquiera se atreven a contabilizar, costará esta liquidación de personal y de empresas públicas?

NOTA: Para Catalunya,  la denominación “empresas públicas” comprende a 87 empresas en sentido literal del término (de derecho público o sociedades mercantiles), que suman 16.090 empleados. Si se cuenta todo el sector público (también fundaciones y otros entes) pero excluyendo a los departamentos de la Generalitat, hay 50.000 trabajadores de organismos públicos.