Ya se han superado las 10.000 firmas. Y tu, ¿has firmado? Lee el manifiesto, y si estás de acuerdo en que hay que construir otra Europa, entra en http://planbeuropa.es/llamamiento/ y participa:

En julio de 2015 asistimos a un Golpe de Estado financiero ejecutado desde la Unión Europea y sus Instituciones contra el Gobierno griego condenando a la población griega a seguir sufriendo las políticas de austeridad que ya habían rechazado en dos ocasiones a través de las urnas. Este golpe ha intensificado el debate sobre el poder de las instituciones de la Unión Europea, su incompatibilidad con la democracia y su papel como garante de los derechos básicos exigidos por los europeos.

Sabemos que existen alternativas a la austeridad. Iniciativas como “Por un Plan B en Europa”, “Austerexit” o DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025) denuncian el chantaje del tercer memorando de entendimiento impuesto a Grecia, el fracaso económico que supondrá y el carácter antidemocrático de la UE. Reconocido por el mismo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien declaró: “No puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”.

También somos testigos de la respuesta insolidaria (en ocasiones hasta xenófoba), de las Instituciones Europeas y de los Estados Miembros ante la llegada de refugiados procedentes de Oriente Medio y África, y ante el drama humano que ello conlleva. Remarcando la hipocresía del discurso de la UE respecto a los DDHH, que de forma indirecta, a través de la venta de armas o con políticas comerciales, es un actor clave en los conflictos que han provocado las recientes crisis humanitarias.

El régimen de crisis de la UE, iniciado hace ocho años y basado en la austeridad, privatiza los bienes comunes y destruye los derechos sociales y laborales en lugar de hacer frente a las causas iniciales de la crisis; la desregulación del sistema financiero y la captura corporativa de las instituciones de la UE a través de los grandes lobbies y las puertas giratorias. La UE promueve soluciones falsas negociando, con gran opacidad y sin apenas control democrático, tratados de comercio e inversión como el TTIP, el CETA o el TiSA, que eliminan lo que consideran barreras al comercio: los derechos y normas que protegen a la ciudadanía, a los trabajadores o al medio ambiente. Es el golpe definitivo a nuestras democracias y al Estado de Derecho, especialmente a través de los mecanismos de protección al inversor.

La actual UE está gobernada de facto por una tecnocracia al servicio de los intereses de una pequeña, pero poderosa, minoría de poderes económicos y financieros. Todo ello ha provocado el resurgimiento del discurso de la extrema derecha y de posiciones xenófobas y nacionalistas en muchos países de Europa. Los demócratas tenemos la responsabilidad de reaccionar ante esta amenaza e impedir que los fascismos capitalicen el dolor y el descontento de la ciudadanía, la cual a pesar de todo ha demostrado solidaridad ante la tragedia humanitaria que sufren cientos de miles de personas refugiadas.

La sociedad ya se ha puesto a trabajar por un cambio radical en las políticas de la UE. Movilizaciones sociales, como Blockupy, la campaña NO al TTIP, el Alter Summit, la huelga general europea en 2012, las Euromarchas, o el ingente trabajo realizado por numerosas plataformas ciudadanas y ONG’s, suponen un valioso capital humano, intelectual e ideológico por la defensa de los Derechos Humanos, el respeto a la Tierra y a la dignidad de las personas por encima de intereses políticos y económicos. Creemos, sin embargo, que es necesaria una mayor coordinación y cooperación práctica para la movilización a nivel europeo.

Hay muchas propuestas en marcha para acabar con la austeridad: una política fiscal justa y el cierre de paraísos fiscales, sistemas de intercambio complementarios, la remunicipalización de los servicios públicos, el reparto igualitario de todos los trabajos incluidos los cuidados en condiciones de dignidad, la apuesta por un modelo de producción basado en las energías renovables, y reformar o abolir el pacto fiscal europeo – formalmente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.

El ejemplo de Grecia nos ha mostrado que para hacer frente a la actual coyuntura debemos aunar esfuerzos desde todos los Estados Miembros y desde todas las esferas: política, intelectual y de la sociedad civil. Nuestra visión es solidaria e internacionalista.

Por estos motivos, queremos generar un espacio de confluencia en el que todas las personas, movimientos y organizaciones que nos oponemos a al modelo actual de Unión Europea y consensuar una agenda común de objetivos, proyectos y acciones, con el fin último de romper con el régimen de austeridad de la UE y democratizar radicalmente las Instituciones Europeas, poniéndolas al servicio de la ciudadanía.

Para ello proponemos convocar una conferencia europea los días 19, 20 y 21 de febrero en Madrid, y llamamos públicamente a participar en los debates, grupos de trabajo y exposiciones que allí se organizarán.

El último libro de Clara Valverde Gafaell: “De la necropolítica neoliberal a la empatía radical: Violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización” será presentado en Barcelona por Santiago López Petit y por su autora el 16 de diciembre a las 19 horas en el nuevo Espai Contrabandos, Carrer de la Junta de Comerç, 20, Barcelona.

Porque siempre vale la pena leer las reflexiones de Clara Valverde y leer sus libros, transcribo la primera parte de la entrevista que le ha hecho Salvador López Arnal y publicada originalmente en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206234

 

 

Escritora especializada en biopolítica, activista en el 15M y en otros muchos movimientos sociales, Clara Valverde Gefaell (Barcelona, 1956) fue profesora de enfermería durante décadas. Coordina actualmente el Equipo Aquo de formación on-line y off-line.

Entre sus publicaciones más recientes, cabe citar: Desenterrar las palabras. Transmisión generacional del trauma de la violencia política del siglo XX en el Estado español, publicado por Icaria, como el libro en el que centramos esta conversación: De la necropolítica neoliberal a la empatía radical

SLA: Felicidades por tu nuevo libro editado en Icaria, en la colección ¡Más Madera! Seis capítulos, dos preguntas por capítulo, no te robo más tiempo. Antes de ello déjame preguntarte por sus proximidades y alrededores. ¿Qué es eso de la necropolítica neoliberal? Santiago López Petit, el autor del prólogo, señala que esa política neoliberal consiste en una necropolítica “cuyo objetivo declarado es acabar con los excluidos”. ¿Es eso? ¿Qué debemos entender por excluidos?

CV: La “necropolítica” es un concepto que desarrolló el filósofo camerunés Achille Mbembe. Es la política basada en la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no. No es tanto matar a los que no sirven al poder sino dejarles morir, crear políticas en las que se van muriendo.

Los excluidos son los que no son rentables para el poder ni para implementar sus políticas. Son los que no producen ni consumen, los que de alguna manera, sin querer y sin saberlo en la mayoría de los casos, solo existiendo, ponen en evidencia la crueldad del neoliberalismo y sus desigualdades.

SLA: La empatía radical, a la que haces referencia en el título también, ¿en qué consiste?, ¿cómo la describirías?

CV: Empatía es ponerse en el lugar del Otro, del que sufre. Es intentar imaginarse lo que vive, y mostrar al Otro que su sufrimiento y su situación nos importa.

La empatía radical es una idea que he ido desarrollando que es no solo imaginarse e interesarse por el sufrimiento del Otro, sino también darse cuenta de que el Otro no es tan diferente de nosotros.

En esta sociedad neoliberal muchísima gente que ahora no están en apuros, podrían fácilmente estarlo. Si uno enferma, pierde el trabajo, etc, las políticas neoliberales le descartarán como si fuera basura.

Por ejemplo, por muchos años que uno haya cotizado, si uno enferma y no puede seguir trabajando, lo más posible es que, en Catalunya, el ICAMS (Institut Català d’Avalucións Médiques) no le den la baja o se la den y luego le den el alta aunque no esté lo suficientemente bien para trabajar. El ICAMS tiene cuotas y no les importa tu vida o tu salud. Puedes pasar de alguien con trabajo, techo y comida, a ser alguien que está enfermo y sin ingresos, con todo lo que eso supone.

La empatía radical es tomar conciencia de que uno es también el que duerme en el cajero, el que va a comer a Caritas. Y si uno ya tiene más capacidades radicales, puede imaginarse, este invierno, que también es un niño palestino sin casa. Las personas que no están en apuros, los “incluidos”, la mayoría están, en esta sociedad, a poca distancia de ser excluidos y no se dan cuenta.

SLA: El subtítulo de tu libro: “Violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización”. ¿Violencia discreta?

CV: Sí, la gran parte de la violencia del neoliberalismo es discreta, o sea que la gente no la ve. Eso es lo peligroso. Si a alguien le pega un tiro la policía, eso es más fácil de ver que otros tipos de violencia. Mucha de la violencia ahora es discreta: la tolerancia, la exclusión, el paternalismo, etc.

SLA: Me centro en la introducción. ¿Los movimiento sociales han excluido a los excluidos como pareces apuntar en este apartado?

CV: Sí, lo han hecho sin querer, creo yo. Por ignorancia. Por no cuestionar el neoliberalismo a fondo.

La manera de funcionar de los movimientos sociales, las reuniones, eventos y encuentros, la mayoría no se llevan a cabo en sitios ni de formas en las que la gente más vulnerable, con cuerpos y energías diferentes, puedan participar.

Para mucha gente es muy difícil estar sentado 2 horas. Y ya no digamos subir escaleras, desplazarse de su casa, etc.

Si hay suerte, a veces hay una rampa para las sillas de ruedas. Pero eso es solo útil para las personas con un particular tipo de discapacidad funcional. Un grupo pequeño.

Y en el activismo por internet no se tiene en cuenta de que mucha gente no tienen dinero para pagarse internet, o no tienen la energía para implicarse por internet, o no tienen a alguien que les ayude a aprender cómo hacerlo.

SLA: Un paso también de este apartado: No es cuestión de volver al Estado de bienestar, afirmas, “que tan fácilmente ha sido saboteado y ha tomado tintes de caridad”. Tampoco crees, prosigues, “que “tomar el poder” a través de la política electoral, a la larga, sea la manera de reducir el sufrimiento”. ¿De qué se trata entonces?

CV: Como tú sabes bien, Salvador, yo no soy una persona de ¡programa, programa, programa!

Creo que es necesario que los “aún incluidos” se impliquen en los espacios y realidad de los excluidos. Esos espacios son los que amenazan e inquietan al poder. Los procesos son el producto. Una idea que suena un poco anarquista, ¿no?

Mira la Acampada ICAM. Es un tema que afecta a miles de personas y, potencialmente, a casi todos los catalanes el día que enfermen. Y ¿cuánta gente han ido, por lo menos una hora a manifestarse ahí? Pues muy poca.

Sobre la política electoral…no digo que no es buena idea tener colegas en el Parlament o en el Congreso. Pero es mínimo lo que pueden hacer. Los cambios vienen de fuera de los procesos electorales, de los espacios intersticiales, de los que no tienen privilegios. El cambio, como dijo Martin Luther King, vendrá de los “creativamente malajustados”.

SLA: Del primer capítulo. ¿Fin de contrato dices? ¿Qué contrato ha finalizado?

CV: El contrato del estado del bienestar, en el que damos nuestro dinero a través de los impuestos a los gobernantes y ellos organizan y administran la sanidad, la educación, las infraestructuras, etc. Ya no funciona porque, aún si se hiciera bien, no hay participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de cómo repartir ese dinero.

Pero es que encima los administradores demasiado fácilmente utilizan ese dinero para promocionar negocios privados, a través de subcontrataciones y externalizaciones. Y también es fácil de que roben ese dinero público, como ya hemos visto. Por ejemplo, la sanidad pública se ha convertido en una gran fuente de robo y enriquecimiento para la sanidad privada.

Esto hay que cambiarlo a corto plazo, empezando por pasos fáciles como los presupuestos participativos, y con leyes severas que protejan lo público. Aun en Canadá, donde las leyes para proteger lo público son muy severas, la ciudadanía está siempre alerta y al tanto de que los negocios privados no se infiltren en lo público.

Pero a largo plazo lo público tiene que devenir lo común: el dinero público tiene que estar administrado totalmente por la ciudadanía.

SLA: La necropolítica es una política en la cual la vida es objeto de “cálculos”. ¿La vida de quienes? ¿De qué cálculo es objeto esa vida?

CV: Todas las vidas, para el neoliberalismo, son objeto de cálculo de los poderosos. Los que son rentables y los que consumen, esos tienen derecho a vivir bajo el neoliberalismo si siguen ciertas leyes y tienen ciertas actitudes favorables a los poderosos. O por lo menos que no cuestionen el capitalismo neoliberal y sus políticas mortíferas.

Los que no, se les deja morir como a los dependientes, gran parte de los cuales mueren antes de recibir las ayudas que se les ha concedido.

La señora Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, ha avisado a los gobiernos de que tengan cuidado, que la gente a lo mejor viven “demasiado tiempo”, que la esperanza de vida en los países más ricos ha aumentado. Y eso está creando “problemas” para el FMI! En vez de alegrarse de que la esperanza de vida, en algunos países ha aumentado, el FMI no está contento de que vivamos más años.

SLA: Estamos ahora en el segundo capítulo. ¿Cómo se excluye a los excluidos? ¿Cuántas personas están excluidas en España?

CV: A muchas personas se les excluye no dándoles las ayudas económicas a las cuales tienen derecho y necesidad, como en el caso de los dependientes, de los enfermos crónicos, etc. Se excluye al no dar acceso a la sanidad. Se excluye de la universidad a mucha gente por no tener una situación económica buena.

Pero también se excluye de formas más “discretas”: los enfermos mentales y sus familiares se tienen que callar sobre lo que viven si no quieren ser discriminados.

¿Cuántas personas están excluidas? Pues creo que muchas más de las que imaginamos.

Muchos inmigrantes están excluidos, los enfermos crónicos, los enfermos mentales, los ancianos, sobre todo si tienen ingresos limitados, los que no tiene trabajo, los que tienen trabajos precarios, los transexuales, los sin techo, los con techo pero sin hogar, los que no pueden o quieren vivir en estilos de vida convencionales…. Si empezamos a contar, creo que son muchos.

SLA: Del tercero: ¿violencia de la tolerancia? ¿No es una afirmación contradictoria? Recuerda la tolerancia represiva de Marcuse por otra parte.

CV: Sí, la tolerancia es represiva y violenta. Aunque nos hayan dicho lo contrario, menos Marcuse y otros autores como Wendy Brown.

Si yo “tolero” a alguien, es que tengo poder sobre esa persona. La aguanto. Le veo como menos.

Se dice que hay que tolerar las diferencias. No. Hay que analizarlas, hablarlas, ver a quién sirven, quién decide eso de la diferencia, mirar bien a qué se deben.

Con el concepto de la tolerancia se enseña a los niños a aguantar, a ser “amables” y caritativos con los “inferiores”, con lo excluidos.

Es muy violento y mantiene un gran control sobre los excluidos.

SLA: El lenguaje, afirmas, es la clave para mantener el capitalismo neoliberal y su violencia. ¿Por qué?

CV: Si la gente se cree lo que dicen los políticos, los poderes financieros, la prensa “reverencial” y los tertulianos, entonces no se cuestiona el neoliberalismo y se participa en apoyar su necropolíticas. Si nos creemos frases como: “todos tenemos que poner de nuestra parte”, “son solo unos años”, “hemos salido de la crisis”, “no podemos acoger a todos los refugiados”, las injusticias seguirán.

En cambio, cuando dejamos de creer el lenguaje neoliberal, entonces es cuando empezamos a organizarnos y nombramos, ponemos en palabras la exclusión, el sufrimiento y las desigualdades.

SLA: Del cuarto capítulo. ¿Qué tienes en contra de los expertos? ¿No son los que más saben y más pueden ayudarnos si es el caso?

CV: Se supone que son los que tienen que ayudarnos. Pero muchos son, desgraciadamente, los que ayudan a gobernar, a implementar las ideas y políticas neoliberales. Es lo que muchos autores llaman “gobernar a través de terceros”.

La mayoría lo hacen sin darse cuenta. Está en su formación, formación que tiene un enfoque ideológico que sirve al neoliberalismo.

Desde microgestos como un médico que dice a un paciente que lo que siente “no es para tanto”, a gestos más obvios como no atender a la persona porque no se le cree, no se cree que sus síntomas son “de verdad”.

A tanta gente en esta sociedad los expertos etiquetan, juzgan, sobremedican, no les escuchan ni dan importancia a su sufrimiento!

Y hay programas perversos de muchas administraciones para hacer que los expertos trabajen, no para el bien del usuario/paciente, sino para los objetivos de la administración, programas como la Direcció Per Objectius en Atención Primaria en Catalunya. O la Medicina “Lean”… Premian o castigan económicamente a los profesionales si cumplen o no cumplen los objetivos de la administración.

SLA: Te cito: “En el sistema sanitario del Estado español aún hay normas no escritas sobre cómo debería comportarse el paciente”. ¿Y qué normas son esas?, ¿qué las ha sugerido o abonado?, ¿qué función cumplen?

CV: Son culturales. Son el producto de tantas décadas de autoritarismo y de catolicismo.

Una de las normas de las cuales hablo en el libro es el concepto del “buen paciente” y del “mal paciente”. No está escrito…aunque a veces sí está escrito en el historial médico…yo he visto escrito en un historial hospitalario: “Qué buen paciente: no da trabajo!” y en Atención Primaria: “Diagnóstico: hiperfrecuentadora”, en femenino, claro.

Pero todos, pacientes y profesionales sanitarios, saben lo que quiere decir, y esa norma no escrita define comportamientos, tratamientos, etc. Estas normas sirven para mantener el poder y las jerarquías, y son más dañinas que reglamentos escritos porque no se pueden cuestionar tan fácilmente. Son discretas.

No te veo muy partidaria del pensamiento positivo. Te pregunto a continuación sobre ello.

Cuando quieras.

¿Es posible que existan  márgenes  dentro del sistema para hacer políticas favorables a un crecimiento más equitativo? ¿Es posible incluso “dentro de las limitaciones del euro”?  El premio Nobel de Economia Joseph Stiglitz intervino ayer martes en Lisboa en una conferencia organizada por la Fundación Calouste Gulbenkian  sobre temas claves en un momento de cambio de la política potuguesa, y  ha mostrado “grandes esperanzas” de que el Gobierno de izquierdas portugués liderado por António Costa será capaz de conseguir crecimiento con mayor equidad si utiliza bien el sistema fiscal.

Stiglitz centró su discurso en el tema que más ha ocupado a lo largo de su tarea: la desigualdad. Y una vez más denunció la política de austeridad como una de las causas de las desigualdades crecientes: “Con la austeridad y el aumento del desempleo, es difícil mantener el crecimiento económico en el futuro, ya que es la destrucción de capital humano productivo”, dijo, y advirtió que “nuestras estadísticas no captan la destrucción del capital humano que se está produciendo este tiempo en Europa “.

No pretendo competir com Stiglitz, pero prefiero otra formulación para “capital humano” que refleje mejor el drama del “austericidio”, en especial  en las personas más jóvenes. Los recortes en investigación, educación y formación impiden que ya desde la infancia se niegue el acceso juniversal  a los servicios públicos que permiten un desarrollo e las potencialidades del ser humano en armonía y que puedan alcanzar, pot tanto, en sociedad y para la sociedad,  el máximo sus capacidades intelectuales. No es sólo (aunque clave) la desnutrición infantil, especialmente lesiva antes de los cinco años:  también la precariedad vivida como elemento perturbador cotidiano, la ausencia de un futuro tangible donde se pueda esperar (a ratos) ser feliz…. Ha  dejado de tener sentido prepararse para una profesión cuando las personas pobres con trabajo(s) tienen que acudir también, en demasiadas ocasiones, a los comedores sociales…  Hablar en esta barbarie creciente de “capital humano”,  aunque sea para denunciar su destrucción,  me parece tomar prestadas a los peores adversarios.  principios teóricos que incrementan la confusión (y nos pierden en el camino).  El pleno desarrollo de la igualdad de oportunidades, la necesaria acción social que permita a cualquier joven alcanzar el máximo de sus potencial intelectual, nada tiene que ver con el “capital” aunque se le califique de “humano” y sí mucho con los derechos humanos, nuestro desarrollo como sociedad y un mundo mejor en equidad, en el que se respete a las personas, sus derechos y necesidades, en especial ya desde la infancia.

En cambio, sí estoy completamente de acuerdo con Joseph Stiglitz en no recomendar reducir impuestos a las empresas en todos los ámbitos, no sólo porque no existe evidencia de que con ello crece la economía:  “Todo el mundo siempre se queja de que paga demasiados impuestos, pero con más impuestos se puede invertir en las personas, en la tecnología… y ello es fundamental cuando nos enfrentamos a una situación de emergencia debido a la “enorme incremento en los niveles de desigualdad” que requiere tomar decisiones radicales en el corto tiempo puede revertir la tendencia de las últimas tres décadas y media.

“La desigualdad es una elección. Una elección que no está hecha por los pobres, sino por nuestros sistemas políticos “, dijo, recordando cuáles eran las medidas políticas tomadas en los Estados Unidos durante los años 80 del siglo pasado, lo que llevó al aumento de las desigualdades, tanto de la riqueza y el ingreso como oportunidades.

Y siguió diciendo Stiglitz: “Hemos tomado una serie de decisiones en el último tercio de siglo. El presidente Reagan dijo que mediante la reducción de los impuestos a los más ricos, el pastel sería más grande y por lo tanto la proporción que cada uno tendría derecho sería mayor. Lo que sí sabemos de esta experiencia es que la economía se ha ralentizado y que los únicos que se beneficiaron fueron el 10% más rico, especialmente el 1% más rico “.

Stiglitz repitió varias veces que una política económica que invierte en “dar más dinero a los más ricos y esperar a que vaya rodando hasta los pobres” es una fantasía. Por ello hay que empezar a tomar medidas en el sentido contrario de las que se iniciaron en los EE.UU. en los años 80, y se mostró particularmente crítico de las llamadas reformas estructurales, las políticas de austeridad y los acuerdos comerciales internacionales. “Para los Estados Unidos, esta política ha sido un desastre para el país. Lo que no entiendo es cómo otros países, al ver lo que ha pasado, quieren emular el modelo estadounidense “, dijo, refiriéndose a Europa.

En su discurso, Stiglitz dejó un mensaje final con el que no puedo estar más de acuerdo: “El problema de la desigualdad no es económico, es político”.  Y añadiría: es también ideológico. Y por ello cabe actuar más allá de la economía: en una nueva estructuración de valores que mejoren la convivencia y actúen contra las desigualdades de base.

Ojalá el nuevo Gobierno portugués lo tenga en cuenta.

Escribe Dan Israel en Mediapart y difunde InfoLibre:

Como suele ocurrir, el análisis es demoledor y el diagnóstico, implacable. La ONG británica Tax Justice Network, que lidera la lucha contra los paraísos fiscales, hizo público este lunes el “índice de opacidad financiera”. Desde 2009, el ranking de los Estados menos transparentes en la gestión del dinero de los ricos contribuyentes y de las multinacionales se reactualiza con carácter bianual. Esta publicación coincidía con la presentación, el martes, del informe anual de la asociación con sede en Bruselas Eurodad, que coordina un vasto estudio sobre los progresos en transparencia y equidad fiscal en 15 países europeos.

Ambos informes constituyen un preciso barómetro de los progresos en materia de “justicia fiscal” por la que luchan ONG y activistas. En dos años, este combate ha dado pasos de gigante, gracias a la presión conjunta ejercida por Estados de finanzas exangües y por los ciudadanos (pero también por parte de responsables políticos), escandalizados antes las reiteradas revelaciones relativas a la complacencia de algunos países frente a la evasión fiscal y a las exigencias de las multinacionales. A escala internacional también se da esta constatación. En 24 meses, más de un centenar de países se han comprometido a poner fin al secreto fiscal, en el horizonte 2017-2018, y un número similar de Estados se va a someter a las nuevas reglas de la OCDE para aumentar en consecuencia los gravámenes a que son sometidas las empresas. La Comisión Europea también parece ir en la misma línea. No obstante, queda mucho por hacer.

En la última edición, que data de finales de 2013, el ranking de la ONG Tax Justice Network evaluaba la situación en 82 países. En el último trabajo de la entidad, se han analizado en torno a un centenar. La originalidad de este trabajo radica en la sabia combinación de dos tipos de datos: los criterios cualitativos, recogidos en un “escalafón de opacidad”, baremado a partir de 15 criterios objetivos, y un criterio cuantitativo, que mide el peso, porcentual, de cada territorio en el mercado internacional de los servicios financieros para clientes no residentes. Esta combinación única permite determinar los países que “promueven más activa y agresivamente la opacidad en la economía mundial”. Y relacionar territorios reconocidos de forma unánime como “jurisdicciones del secreto” y países supuestamente mucho más respetables, menos opacos, pero que producen o acogen numeroso flujo offshore.

El resultado es sorprendente. Entre los diez primeros países más opacos, como cabía esperar, se encuentra Suiza, mastodonte de la gestión del patrimonio más o menos oculto que frena cuanto puede los avances en materia de transparencia. Así sucede también con Hong Kong, Singapur, las Islas Caimanes, Bahréin y Dubái, alejados en distinta medida del movimiento internacional de regularización en curso. Sí sorprende en cambio encontrar a Estados Unidos ocupar la 3ª posición o a Alemania en el 8º puesto.

Luxemburgo sigue en el top 10 de los Estados más opacos, pero ha mejorado algunas posiciones: en dos años ha pasado del 2º puesto a situarse en el 6º. Bien es verdad que el Gran Ducado, calificado en 2013 por la ONG TJN como “estrella de la muerte del secreto fiscal” ha ofrecido diversas garantías. La OCDE acaba de incluirlo entre los Estados cooperantes, condición que le había negado en 2013 (también a Panamá). Luxemburgo se ha comprometido, al igual que el resto de países de la Unión Europea, a poner en marcha antes de 2018 el intercambio automático de información entre autoridades fiscales. No obstante, esto no es óbice para que gestione miles de millones en fondos opacos, reagrupados en su mayor parte en fondos de inversión.

Por el contrario, Estados Unidos pasa de ocupar la 6ª posición a estar en el 3er puesto. No solo permite que Delaware siga funcionando como un paraíso fiscal perfecto, todavía inaccesible para la justicia y las autoridades fiscales de los demás países que quieren descifrar los secretos de las innumerables sociedades pantalla que acoge, Estados Unidos también ha recurrido a las leyes FATCA para imponer a sus socios la revelación de los secretos de todos los norteamericanos que abran cuentas en el extranjero, para así constituir un régimen de excepción. Estados Unidos no es un país firmante de la normativa de la OCDE que ponen fin al secreto fiscal. Además, so pretexto de haber desarrollado su propia normativa, rechaza someterse al régimen común, como la inmensa mayoría de países del planeta. Las leyes FATCA son casi unilaterales y prácticamente no conllevan ninguna obligación para los norteamericanos, que reservan el deber de transparencia al resto de Estados. Para la ONG Tax Justice Network, Estados Unidos es una “motivo de preocupación mayor que cualquier otro país”.

En cuanto a Alemania, se mantiene en el puesto número 8. Y es así sobre todo por su laxitud con relación a los flujos financieros sospechosos y por su oposición manifiesta a la hora de publicar los datos financieros de las empresas. Francia pasa de la posición 43 a la 31, pero sin que los análisis del TJN hayan evolucionado en dos años.

De forma general, la asociación TJN se felicita por que al fin “se han tomado verdaderas medidas para combatir la opacidad financiera” y por que numerosas herramientas que hace años viene defendiendo ahora se consideren instrumentos oportunos, incluso indispensables, para luchar contra los paraísos fiscales, como el intercambio automático de información, reporting país por país, registro de los beneficiarios finales de las sociedades pantalla.

No obstante, la asociación TJN conserva el sentido crítico que le ha granjeado el prestigio. “Estas iniciativas internacionales y regionales están viciadas y hacen frente al sabotaje de los lobbies que ya las han debilitado”, suelta. Se preocupa sobre todo de la resistencia que muestra Dubái o de Estados Unidos, pero también del desarrollo de trusts, esos instrumentos en los que Jersey se ha convertido en especialista y que sirven para proteger la identidad de los beneficiarios reales de sumas colosales o de objetos de gran valor. Esta mirada, crítica en su conjunto, en lo que respecta a los esfuerzos de la UE en la lucha contra la opacidad fiscal, se confirma en el análisis exhaustivo efectuado por Eurodad y por una miríada de ONG locales.

Europa y Francia retroceden en transparencia

El texto, que lleva por título Cincuenta sombras de evasión fiscal, ataca a un “sistema complejo y disfuncional de dictámenes de las autoridades, de convenciones fiscales, de sociedades llamadas “buzones”, y de regímenes fiscales preferenciales para las patentes” (véase el informe, en francés, en Infolibre)

Las ONG europeas muestran ante todo su preocupación por el auge de las patent boxes, esos recursos fiscales que ofrecen numerosos países sobre las rentas obtenidas en concepto de propiedad intelectual, muy de moda ahora como estrategia para evadir impuestos y que apenas si son cuestionados. Gracias a una patent boxe luxemburguesa, McDonald’s ha dejado de pagar más de mil millones de euros en cinco años en varios Estados europeos.

Otro de los puntos que se critican en el informe es la falta de transparencia de las medida ya adoptadas. Los países de la OCDE y de la Unión Europea van a poner el práctica el “reporting, país a país” de las principales multinacionales, lo que va a obligar a estas empresas a declarar los beneficios, la actividad real y los impuestos que cada una de las filiales presentes en todo el mundo pagan. Pero estos datos no se publicarán, sino que serán para consulta exclusiva de las autoridades fiscales. Lo mismo sucede con las informaciones relativas a los rulings fiscales, los acuerdos alcanzados entre los Estados y las multinacionales en cuanto al modo en que pagan los impuestos, permanecerán reservadas al fisco y ni tan siquiera la Comisión Europea tendrá acceso a los informes. “Las promesas políticas de transparencia se han transformado en un sistema complejo y confidencial de intercambio de informaciones entre administraciones fiscales de países desarrollados, dejando de lado tanto al público como el interés general”, denuncia Eurodad.

Francia no sale bien parada en este informe, sobre todo tras rectificar en lo que concierne a la publicación de los datos comunicados por las empresas al fisco, relativa a sus filiales. Pese a que en 2013 se anunció que se difundirían dichos datos, y tras haber obligado por ley a los bancos a hacerlo, Francia ha dado marcha atrás, hasta situarse entre los países menos ambiciosos de la OCDE. “Antaño erigido en adalid europeo de la transparencia fiscal, el Gobierno francés se muestra ahora mucho menos proactivo y se contenta con seguir las recomendaciones de la OCDE”, que “no van en el sentido correcto”, en este aspecto, subraya en un comunicado Lucie Watrinet, de CCFD-Tierra Solidaria.

Así las cosas, los ciudadanos tendrán que seguir agradeciéndole a los denunciantes que podamos conocer más detalles relativos a las prácticas de los reyes de la evasión fiscal. Denunciantes como Antoine Deltour, el francés empleado por la consultora Price Waterhouse Cooper en Luxemburgo, que permitió que las revelaciones del caso Luxeleaks de hace un año, el 5 de noviembre de 2014, salieran a la luz. Pese a que la comisaria europea de Competencia Margrethe Vestager calificó a Deltour de denunciante y confirmó que la Comisión se servía de estos documentos en sus investigaciones relativas a los rulings fiscales que concluyeron con la condena de los acuerdos entre Luxemburgo y Fiat y entre Starbucks y los Países Bajos, Antoine Deltour está imputado en Luxemburgo y corre el riesgo de ser condenado a cinco años de cárcel por robo de documentos y violación del secreto comercial.

Visto en InfoLibre via Mediapart. Autor: Dan Israel. Traducción: Mariola Moreno

 

Vist, llegit i rellegit amb molt d’interès, de Pau Llonch, a La Directa

La innovació originària (en colors)

“Ai Sala-i-Martín, Ai Sala-i-Martín, vull entendre-ho però no puc”.
(Escrit a la porta del lavabo d’un antre sabadellenc)

Un geni barbut de Trèveris, en el seu viatge teòric per desvetllar la llei econòmica fonamental de la societat moderna, va parir un dels passatges més absorbents i captivadors de la història de l’Economia Política, amb l’objectiu de desmuntar les mistificacions ideològiques sobre l’origen del capitalisme. En el capítol 24è d’El Capital -un fragment que segur que no ha llegit el destinatari d’aquesta columna, sa majestat Xavier Sala-i-Martín, vistos els malencerts sobre història que ja va demostrar a El convidat d’Albert Om-, Marx critica amb una prosa sublim la farsa que justificava l’acumulació originària de capital a mans d’uns pocs basada en una total poca-soltada, sostinguda per la resta d’economistes de l’època: “En un temps ja molt llunyà hi havia, d’una banda, una elit diligent, intel·ligent i per damunt de tot estalviadora i, de l’altra, un lumpen ociós i, particularment, desenfrenat.” A aquesta versió, que per Marx exerceix en l’Economia Política el mateix paper que el pecat original en la teologia, ell hi oposa les veritables causes històriques de l’acumulació primitiva: l’expropiació dels productors directes i, més específicament, “la destrucció de la propietat privada que es funda en el treball propi, és a dir, l’expropiació del treballador”, que permet un element clau del capitalisme: “L’explotació del treball formalment lliure d’altres, és a dir, el treball assalariat”. Un procés històric de despossessió que es va fer, per descomptat, a sang i foc. Llegiu “L’anomenada acumulació primitiva”, feu-me cas. Tres o quatre vegades.

Veient i patint el primer programa d’Economia en colors, programat a la televisió pública que paguem entre tots, no trobo punt de partida més encertat que aquest per assenyalar l’estafa ideològica que suposa aquesta revisitació cool neoliberal del mite de l’acumulació originària: diguem-li -proposo- la innovacio originària. En colors. La punyetera farsa onanista dels dos joves genis en un garatge, de la gran idea original per explicar l’èxit de monstres multinacionals com IKEA, Zara, Apple, Starbucks, i McDonald’s. Ni rastre de l’únic i veritable origen del benefici: el treball assalariat.

Clar. No tindria prou rigor econòmic, parlant d’IKEA, atribuir l’acumulació de beneficis a la deslocalització empresarial, a l’explotació sagnant als llocs de producció, a la precarització als llocs de venda o la repressió sindical, o a l’animalada d’haver convertit un objecte abans patrimonial en un objecte de consum obsolescent de conseqüències ecològiques irreversibles. Què dius, ara?! Per què explicar que el seu fundador va ser un calvinista mesquí amic de Per Engdahl i Sven Olov Lindholm, líders del moviment pronazi suec? On vas a parar!? Això no seria economia, perquè l’economia s’explica millor dient que 85 persones del món tenen la mateixa riquesa que la meitat del planeta… perquè van tenir una idea de l’hòstia.

En aquesta orgia mística de la maleïda emprenedoria, Amancio Ortega apareix com el llest de la classe que va descobrir que produint roba nova cada setmana (i no només dues vegades l’any) podria disparar els seus beneficis, moment del programa en què Marx es recaragola a la seva tomba i es talla les venes amb les pàgines del Llibre II de la seva obra magna sobre el temps de rotació del capital com a factor inversament proporcional a l’acumulació. És ben cert que com menys saps més creus que ets capaç d’inventar. Per no parlar del moment antològic en què Sala-i-Martin parla d’Inditex, amb 6.000 botigues en 80 països diferents, com una empresa de “producció de proximitat”. Ens tenen el cap tan devorat que ja no els perjudica ni cagar-se a la nostra cara. I McDonald’s? I Starbucks? Deixem-ho.

El símil amb Pep Guardiola (com a innovador originari) i el Barça de les 6 copes és també memorable. És curiós que de la mateixa manera que el de Santpedor respon a la pregunta de si l’èxit d’aquell equip havia nascut de la seva idea de col·locar Messi de fals davanter amb un “no, el mèrit no era meu. Eren els jugadors”, Sala-i-Martin no s’ho apliqui quan atribueix les fortunes obscenes dels capitalistes que reverencia i entengui que… són les treballadores. Amb la diferència, a més, que aquestes no es reparteixen el pastís de la riquesa que creen, mentre que els capitalistes es forren amb el treball que no paguen. Per cert, us heu fixat en l’escenografia des de la qual expliquen els èxits de Zara? Ni un treballador. Tot de màquines que van soles i magatzems plens de roba. Visqui el treball immaterial i cognitiu que sosté… Zara. Que la realitat no espatlli mai un -penós- relat.

Per cert, no caldria dedicar ni una sola línia a desmuntar l’ideòleg neoliberal del règim català si autors com Diego Guerrero i obres com la seva Economia no liberal para liberales i no liberales, on destrossa literalment per KO Sala-i-Martín, tinguessin una mil·lèsima part del ressò que té l’exconsultor del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional d’americanes alegres a les nostres televisions. És patètic haver de recordar als senyors de TV3 que existeixen molts corrents de pensament econòmic a part del neoclàssic, tot i que s’entén que sigui quelcom que se’ls escapi, ja que també se’ls escapa a l’absoluta totalitat de les facultats d’economia de Catalunya i de l’Estat.

Empieza a ser demasiado urgente la necesidad de dejar sin cobertura ideológica modelo que propugna el “estado mínimo” con las consiguientes privatizaciones, destrucción de las redes de protección y bienestar social, reducción drástica del estado asistencial, retroceso de las actitudes y formas democráticas, etc.

A diferencia del periodo keynesiano dominante en la mayoría de la Europa occidental desde la II Guerra Mundial hasta la crisis de los setenta, la movilidad social ascendente no parece ya estar al alcance de los más esforzados -algunas veces, sólo por el duro camino de la emigración. Difícilmente creerán ahora los padres que sus hijos vivirán mejor. La sombra de ocupación del neoliberalismo sobre la sociedad, en la medida que se ha ido librando de impurezas de políticas anteriores y se ha aplicado en su estado más descarnado, ha reforzado los contrastes de clase, ha impuesto una movilidad social claramente descendente, y una mayor y creciente desigualdad en el reparto de la renta y de la riqueza. El hecho, pues, de que se nos presente con unos perfiles tan nítidos permite establecer con pocos riesgos de error sus líneas de demarcación y los cambios conceptuales que ha generado en las políticas económicas de los territorios –ya sean regiones, Estados o áreas supranacionales– así como en la propia gestión y dirección de la economía internacional.

DEL SUBDESARROLLO A LA EXCLUSION

Cuando se acepta que el sistema económico dominante de nuestra época –o sea, el sistema económico capitalista– sea llamado “mercado” (abusando, ya sea de forma interesada o ingenua, de la polisemia del concepto ya que el mercado es un fenómeno de intercambio UNIVERSAL de raíces tan humanas como la división funcional del trabajo, en tanto el capitalismo surgió mucho después y con toda probabilidad está históricamente destinado a desaparecer mucho antes que el mercado), y se asume también que el mejor presente de cualquier colectivo social es formar parte de la modernidad –definiéndola como “democracia + mercado”– estamos de hecho reduciendo drásticamente la pluralidad y riqueza de la actividad humana en las innumerables facetas que definen el SER. De hecho, mediante una autoagresión que amputa dimensiones reales de nuestra personalidad, estamos aceptando implícitamente que los seres humanos sólo seamos tenidos en cuenta en la sociedad según sea nuestra función en las esferas de la producción, distribución e intercambio. Por tanto, nuestra existencia se “justifica” en tanto que productores y/o consumidores, y nuestra valor social aumentará o disminuirá en función de cómo repercutan nuestras actividades económicas en la oferta y demanda de los bienes y servicios.

La teoría que se esforzó por difundir Margaret Thatcher tuvo un buen discípulo en Catalunya en el entonces President, Jordi Pujol: la (i)lógica económica de la modernidad estaba imponiendo una sociedad llamada de los “dos tercios”, lo cual implicaba que un tercio de la población tiene serios problemas para seguir adelante: poderse mantener por sí mismo, encontrar un trabajo, cursar estudios y acceder a la formación profesional adecuada, y estar preparado, en definitiva, para las exigencias de competitividad que trascienden la producción y discriminan a las personas. Por exigencias del marketing político ha dejado de hablarse de la sociedad de los dos tercios, pero su realidad es cada vez más avasalladora, aumentado sin cesar el número de personas que en los países llamados “desarrollados” están por debajo del umbral de pobreza, incrementando el submundo interior con sus habitantes en el paro, la marginación, la pobreza sin esperanza….

Y la misma desesperanza, más imposible si cabe de ocultar, estalla en países y regiones enteras del planeta. En 20 nombres para la utopía el teólogo de la liberación Leonardo Boff escribe, refiriéndose a América Latina y Africa: “ En el proceso de mundialización dentro del sistema neoliberal, nosotros ni siquiera tenemos el privilegio de ser subdesarrollados, nosotros somos excluidos… Y los excluidos están abocados a la muerte.”

La prepotencia del neoliberalismo dicta las normas de admisión, concede patente para tener identidad, contar o no contar en el mercado que para él es, en definitiva, el mundo, y pretende borrar, negar y aniquilar a países enteros cuestionando sus derechos fundamentales en el ejercicio del exorxismo neoliberal de la negación de su existencia: tal es el caso, por ejemplo de los distintos gobiernos –ya sean demócratas como republicanos– de los Estados Unidos en relación a Cuba, a la que mediante leyes como la Torricelli, la Helms-Burton, etc., prohíben su participación en el comercio internacional mientras siga aspirando y defendiendo un modelo económico diferente. Un ejemplo más de cómo esta primera línea de demarcación del neoliberalismo separa el derecho a la existencia de la no existencia se manifiesta de forma periódica en Africa con la misteriosa desaparición en su momento de entre medio millón y un millón de personas en la región de los grandes lagos, entre Ruanda y el Zaire, y sigue con la “inexistencia” oficial de los campos de refugiados o los autobuses de inmigrantes subsaharianos que desde la frontera de Marruecos con Ceuta y Melilla se adentran en el desierto sin que se sepa nada más de ellos. La persistente “invisibilidad” de su marginación en la era de las sondas siderales capaces de detectar los indicios más primigenios de vida y agua en Marte es todo un emblema.

El neoliberalismo, al hacer extensivo a todo el planeta el fenómeno de exclusión ha permitido que pudiésemos entender, sentir y compartir la marginación –tan parecida– de los países del centro y los de la periferia. Ha conseguido globalizar también, en mayor o menor intensidad y densidad y a pesar de los distintos bagajes culturales y de las redes familiares y de solidaridad más o menos protectoras según los casos, el sentimiento de rabia e impotencia que despierta la agresión, el menosprecio y el hecho de que de repente cualquier ser humano se vea desposeído de lo único que podía llamar suyo: una tierra que cultivar, un puesto de trabajo, una pensión mínimamente digna sin temores ni zozobras… Las políticas neoliberales están consiguiendo así hermanar en una misma indignación a todos los no poderosos del planeta, nacieran donde nacieran.

DEL ENRIQUECIMIENTO DE LA PLURALIDAD A LA POBREZA DEL PENSAMIENTO UNICO

Volvamos al centro del sistema donde el modelo neoliberal renuncia a integrar a la mayoría de la población mediante el ejercicio de “compartir” determinados flecos de abundancia –a través de realidades diferentes como pudieron ser en su momento el de la llamada “aristocracia obrera”, o la extensión del Estado del Bienestar–y ha emprendido la desaforada tarea de monopolizar la “lucidez”, el “realismo”, la “información”, la –sin comillas– modernidad, la cordura que viene de cordero y el arte del bien pensar, excluyendo de forma radical a los que no comparten sus valores y condenándolos con las sospechosas etiquetas de irrealismo, insania, ingenuidad y, en los casos más graves, radicalidad desestabilizadora.

DEL MODELO A LA REALIDAD

Por desgracia, podríamos encontrar múltiples ejemplos para dar cuenta de la esquizofrenia reinante entre la realidad y el modelo neoliberal que pretende explicarla. Una de las posibles vías podría ser el poner constantemente en confrontación la supuesta perfección de un andamiaje teórico obsoleto basado en la ley de Say que garantiza el equilibrio de los mercados augurando que “toda oferta genera su demanda” –y que a pesar de sus buenos deseos nunca se correspondió con la realidad… ni lo está haciendo tampoco ahora a pesar de todas las apoyaturas de tipo formal o matemático con el que pretenden reforzarla– con el funcionamiento real de la economía, totalmente alejada del equilibrio y la autoregulación.

El retroceso que la implantación del modelo neoliberal ha supuesto para la libertad y dignidad de las personas es todavía mayor en el caso de las mujeres. De hecho, siempre ha sido la mujer la que ha llevado la peor parte en los cambios de modelo productivo: en los países en los que la industrialización fue tomando el relevo de una economía predominantemente agraria las mujeres quedaron relegadas a una función de colchón amortiguador de los ajustes entre las necesidades de la producción y la oferta de mano de obra. Para hacer entrar y salir a las mujeres del mercado de trabajo según las necesidades de los industriales se ha apelado sin rubor a sus más íntimos sentimientos y se han manipulado sus valores hasta dañar su identidad. Las mujeres han sido –según conviniese– las insustituibles amas de casa en la paz y las patriotas que luchaban al pie de los telares en la guerra, las encargadas de la reproducción de la fuerza de trabajo y sin derecho a vacaciones en el lado oscuro –y voluntariamente oscurecido– de la economía, y las “cooperantes” en la renta familiar con trabajos en la economía sumergida, sin normas de seguridad ni contratos, ni protección de ningún tipo, mientras se vigilaba al bebé y se secaba la colada.

A pesar de todo ello, en las últimas décadas las mujeres habían conseguido dar pasos importantes en el acceso a la enseñanza superior, en ser una parte creciente de la población activa, reivindicando –aunque con relativo éxito– a igual trabajo igual salario, y ocupando mayores cuotas de participación entre los puestos de dirección y/o representación. Parecía como si abandonaran definitivamente el papel subsidiario en la producción que el capitalismo le había otorgado y buscara afirmar un lugar propio en la industria y los servicios, al margen de su condición de esposa, hija o madre. Este cambio y conquista implicaba e implica casi siempre la doble jornada , pero también supuso la introducción de determinados cambios en la organización social: la sociedad tuvo que asumir parte de los trabajos de la esfera doméstica que la mujer ya no podía atender (o a los que sólo podía dedicar menos horas), y con ello también el Estado tuvo que reforzar y ampliar su papel asistencial, y modificar incluso la legislación laboral para que las mujeres pudiesen compatibilizar en mejores condiciones su empleo con el hecho, feliz y biológico, de ser madres.

Estos cambios en la actividad de las mujeres no dejaron de causar estragos:

– en cierta medida “valores” predominantemente masculinos como la competitividad y la agresividad se asumiesen como básicos para la supervivencia en el empleo, y se “importasen” a su vida laboral y cotidiana en detrimento de actitudes más emparentadas con la sensibilidad y el compañerismo.
– la pérdida de la identidad heredada: a la mujer que ha accedido a su independencia económica gracias a su propio trabajo no le sirve en absoluto el modelo de la “madre”, pero tampoco puede sentirse cómoda con el modelo del “varón”… Aparece el vértigo del vacío identitario que se supera poco a poco a medida que la inseguridad va dejando paso al sentimiento positivo de creación, colectiva y contradictoria, de un modelo propio.
– mientras tanto, el rechazo del modelo impuesto provoca heridas en la conciencia y desencadena todo tipo de culpabilidades: sexuales, de mala hija, de mala madre, de mala trabajadora…

Y las culpabilidades llegan incluso a ampliarse hasta hacer responsable a la mujer que trabaja dentro y fuera del hogar del fracaso del modelo keynesiano de pleno empleo. De hecho, se explica por parte de los economistas, cuando Keynes publicó en 1936 la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, estaba pensando en un mercado de trabajo en el que la ocupación femenina no era en absoluto significativa. Las políticas keynesianas en favor del pleno empleo se vieron por tanto desbaratadas cuando las mujeres llegan a representar casi una cuarta parte del empleo en la industria y pasan a ser mayoritarias en determinados servicios. Incluso los flujos migratorios se han feminizado, cargando las mujeres de la periferia con la responsabilidad de mantener a sus hijos y a veces a toda la familia en los países de origen y emigran solas, en situaciones de riesgo y precariedad, pero con una entereza admirable, en busca de un puesto de trabajo que representa la frontera entre la dignidad y la desesperanza. Las mujeres no se conforman ahora con desaparecer de las estadísticas de la población activa, sino que desde el paro siguen reivindicando su derecho a un puesto de trabajo, “afeando” con ello considerablemente las tasas de desempleo de los países industrializados.

Aparte del estropicio causado en las estadísticas sobre el empleo, los teóricos neoliberales culpabilizan también a la liberación de la mujer del fracaso de lo que los economistas han convenido en llamar Estado del Bienestar Keynesiano, atribuyéndole la responsabilidad del crecimiento de una parte importante de los gastos asistenciales. Esta “inflación” del gasto, explican, ha ocasionado una insoportable presión fiscal, la cual no ha impedido que los Presupuestos Generales se saldasen con un déficit público creciente en la mayoría de los países industrializados y ha disparado el porcentaje de su Deuda pública en relación con el PIB. Por otra parte, cuando el déficit se ha financiado de forma irregular –por ejemplo, con la complicidad de un Banco Central no autónomo– se han desencadenado procesos inflacionarios contra los que se ha luchado elevando los tipos de interés –cosa mala, como ya hemos visto, para la inversión– los cuales a su vez han contribuido a que los movimientos de capitales, liberados de toda cortapisa, se desplazasen por todo el planeta buscando el lugar más propicio para obtener los beneficios más altos en el menor tiempo posible y desestabilizasen con ello la paridad de las monedas menos sólidas.

Todo este desorden hacía imposible avanzar por el camino de la moneda única. Sin embargo, la solución no andaba lejos. Andaba por una pequeña ciudad holandesa que ha dado nombre a las condiciones que permitirán colocar las cosas en su sitio, y a las mujeres donde corresponde.

Una vez explicado que las mujeres incorporadas a la producción son en parte responsables de la inflación, el déficit, –y mucho más del paro masculino, puesto que ocupan indebidamente unos puestos de trabajo “prestados”– es lógico que comprendan también la dureza de las exigencias de Maastricht y asuman la parte que les toca del remedio estabilizador. Es por ello que, de entre todos los fármacos, a las mujeres nos quieran colocar el envase gigante de esta panacea universal del neoliberalismo conocida como “flexibilización”. Y el sistema sale ganando porque –mediante la flexibilización de jornada y de contratos– consigue un triple objetivo: reducir las rentas salariales de las mujeres, “devolverlas” en penuria y en precario al hogar para ocuparse de los niños, los enfermos y los ancianos en pro del ahorro público, y asestar un golpe importante a su autonomía.

En un segundo plano –pero no por ello menos importante para la paz social– y una vez reasumidas sus funciones de administradoras fundamentales de la crisis, a las mujeres les corresponde también convertirse en un colchón amortiguador, en un air bag de seguridad para que la disminución de la renta familiar — producto de las congelaciones de salarios, de la disminución de los ingresos totales por los miembros de la familia que están en el paro, de la recuperación, en definitiva, de la tasa de beneficios en detrimento de las rentas del trabajo– tenga el menor impacto posible. A partir del derrumbe de los países que se reclamaban del socialismo, el capitalismo se está permitiendo prescindir cada vez más de su máscara con rostro humano y carga todo el peso de la recuperación económica en los más débiles. Por eso aparecen en los países industrializados fenómenos aparentemente tan contrarios a las ideas de modernidad y progreso como el aumento sostenido del número de personas que malviven por debajo del umbral de pobreza, y la feminización de esta misma pobreza.

ECONOMIA Y POLITICA

La fuerte interrelación existente entre economía y política que desde K. Marx se ha venido afirmando desde la izquierda, con el Estado inmerso en el proceso y actor destacado del mismo, ha sido un concepto combatido, cuando no radicalmente negado por la economía convencional. La necesidad sentida por los economistas “establecidos” de finales del siglo XIX y principios del XX de asimilar la economía a las ciencias físico-químicas, les llevó a la pretensión de eliminar de la misma los juicios de valor: ello implicaba, por una parte, eliminar todo vestigio de política del funcionamiento de los mercados y de los procesos de producción, distribución y consumo. Por otro lado, y de modo análogo a la negación de los juicios de valor, se quiso eliminar también otro proceso económico fundamental que sustenta los anteriores: el de reproducción. Y la invisibilidad de la reproducción iniciada en los clásicos permitió que la economía neoclásica pareciese desembarazarse totalmente de un problema para el que no tenía solución: el del trabajo necesario, realizado mayoritariamente por mujeres, que hace posible que la rueda económica siga girando en el lado oscuro.

Así, la economía “científica” de finales del siglo XIX y XX, consagrando el doble “rifiutto” de la política y de la reproducción, pareció centrarse en un agente siempre activo y eficaz, que no sabe lo que es ni la infancia ni la vejez, que no sufre accidentes ni enfermedades; que no se mueve por sentimientos ni por valoraciones éticas sino que responde a la inmediatez de maximizar su utilidad, que confía totalmente en el mercado para la satisfacción de sus necesidades y que además es hombre: el “homo economicus”.

Sin embargo, el ámbito político que ya se había abierto paso con el establecimiento del llamado Estado del Bienestar Keynesiano volvió de nuevo a primer plano con la escuela de la “elección pública” en la que este homúnculo, cuando ejerce de votante, o es miope y sólo recuerda cómo le ha ido a él en los últimos meses, o es un experto futurólogo y sabe anticiparse a las políticas del Estado y neutralizarlas, con lo que las hace inútiles. Por tanto, prefiere que el Estado sea lo más reducido posible y el mercado libre y variado para pagar menos impuestos, disponer de más renta arriesgando su capacidad de consumo futuro por consumo presente y así poder cumplir la función que se le ha asignado de elegir mayores cantidades al menor precio. El homo economicus no sabe lo que es la solidaridad, ni le preocupa el medio ambiente ni las externalidades. La triste paradoja es que este sujeto sobre el que se apoya la construcción neoclásica no existe en la naturaleza, pero el neoliberalismo ha apostado fuerte por construirlo a partir de las enormes inversiones y sistemáticos esfuerzos y estudios manipuladores de los mass media que difunden e inoculan su ideología con un alto grado de perfección. Así, el pensamiento único de la teoría económica se hizo acompañar del pensamiento único para la “única” política económica posible y el “único” procedimiento adecuado para la formación de dichas políticas, para las recomendaciones que de las mismas debían derivarse, y para el análisis y la valoración de sus efectos, preservando en todas y cada una de las fases y en la elección de los actores la invisibilidad del género.

Siguiendo el esquema de Bruno Frey con el que se presente ilustrar la influencia mútua de la economía y la política en las sociedades modernas tendríamos:

 

Sin movernos del esquema inspirador de la elección pública, podemos retraducir algunos de los conceptos de Bruno Frey para presentarlos de forma mucho más actualizada por lo que a los países que forman parte de la Comunidad Europea se refiere –en especial después del Tratado de Maastricht y del Plan de Estabilidad de Dublín. Con dicha actualización, las supuestas necesidades económicas directamente derivadas de la mediación de la política en la economía, serían:

 

Si le añadimos el obligado servicio a la Deuda (que asola Grecia, y no sólo) Los esquemas anteriores se corresponden, de hecho, con dos fases diferentes y sucesivas de las “necesidades” asumidas por las políticas públicas. En ambos se conjuga el pensamiento único en la organización social y política (la llamada democracia representativa) con el resultado del ejercicio sobre unas necesidades económicas y políticas que los gobiernos presentan a los votantes para su aprobación.
Siguiendo el procedimiento paso a paso, el movimiento se inicia cuando el partido político del gobierno da instrucciones a la administración pública para que actúe sobre la economía a partir de unas orientaciones que pueden derivarse o de su programa electoral más o menos basado en la ideología del partido que se trate, o en actuaciones concretas pre-electorales que le permitan mejorar su popularidad y asegurarse una votación suficiente para seguir en el poder. De hecho, la escuela de la elección pública ya nos advierte que los políticos se comportan como empresarios que venden programas por votos: de ahí que sean muchos los que quieren ofertar las llamadas políticas “de centro” que se supone tienen el mayor número de votantes-compradores. Este comportamiento de los políticos puede añadir inestabilidad al sistema económico creando un ciclo político en función del periodo electoral aunque, como veremos, no es éste el único elemento desestabilizador del esquema.
La Administración Pública debe hacer tangibles las indicaciones de los políticos convirtiéndolas en regulaciones, incidiendo en las políticas redistributivas, iniciando programas de empleo mediante obras públicas, etc. Sin embargo, como grupo los funcionarios también contaminarán el proceso intentando maximizar su poder. Los altos funcionarios controlarán información y no permitirán que ni los políticos ni los votantes la conozcan, utilizándola en cambio en su exclusivo beneficio. En el mejor de los casos este comportamiento implicará sólo despilfarro: en el peor, la corrupción y las prácticas mafiosas.

El tercer elemento del esquema lo constituye la economía. Enunciada de manera tan vaga, bien podría tratarse en el primero de los esquemas de una economía mixta que complementara el ejercicio del mercado con un activo sector público. Los resultados que ofrece a los votantes: crecimiento de la renta, empleo e inflación, pueden implicar un fuerte compromiso político en programas de ocupación, o la existencia de unos subsidios de enfermedad y/o desempleo incluidos, con un extendido sistema de pensiones, en un articulado “Estado del Bienestar”.

De hecho, en este primer esquema nos movemos por lo que a prioridades económicas se refiere dentro de la panoplia keynesiana. El hecho de que a partir de la postguerra hasta prácticamente nuestros días los gobiernos pudiesen situarse –aunque fuera de forma superficial– más a la derecha o a la izquierda del espectro político en función de la prioridad que daban al pleno empleo o a la inflación introducía no sólo un matiz ideológico en la oferta de las políticas públicas sino también una mayor o menor posibilidad de satisfacción de necesidades básicas con las que las personas podían identificarse: el nivel de empleo, de inflación y el crecimiento de la renta son elementos que podían acercarse o coincidir con el despliegue cuantitativo de las necesidades básicas de los votantes En este sentido, vale la pena insistir en la importancia de la consecución de empleo para las mujeres que transformó el concepto de “pleno empleo” keynesiano ya que éste era, originalmente, un pleno empleo masculino, con una fuerte división del trabajo que excluía a las mujeres –especialmente las mujeres casadas— del mercado laboral, y las sigue marginando bajo el “techo de cristal”.

Pero la tríada keynesiana ha sufrido también los embates de la extensión del pensamiento único a las políticas públicas. Así, el esquema de la relación entre economía y política de la escuela de la elección pública ha entrado en una nueva fase en la que los “resultados-necesidades” de los políticos se han substituido –para muchos países occidentales, y en especial para los firmantes del Tratado de Maastricht– por una nueva letanía en la que el empleo y el crecimiento de la renta han cedido su lugar a nuevos valores mucho más difíciles –cuando no imposibles– de identificar con las necesidades básicas de las personas. En efecto, en el primer esquema cada uno de los hombres y mujeres que deseaban encontrar un trabajo remunerado o negociaban su convenio podían identificarse en mayor o menor medida con los “resultados-necesidades” keynesianos puesto que por lo menos dos de los parámetros fundamentales: empleo y crecimiento de la renta podían traducirse sin demasiadas mediaciones a su situación personal: mejoraban o empeoraban sus perspectivas de encontrar un puesto de trabajo; aumentaban o disminuían sus rentas procedentes del mismo o de un subsidio de paro que la conquista de unos derechos económicos le había asegurado.

La situación es muy distinta cuando, ya en la segunda fase, se hace obligado atravesar una maraña de conceptos completamente ajenos a la mayoría de las personas para cotejarlos con necesidades reales puesto que ahora, afirman los políticos, el crecimiento del empleo o de las rentas resulta ser un producto derivado, secundario e incierto del imprescindible cumplimiento de los nuevos “resultados-necesidades”: Una especie de tierra prometida a la que se llegará después de atravesar el árido desierto de los requerimientos de la moneda única, o de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que implican de hecho el sacrificio de las necesidades reales de la inmensa mayoría de la población a las imposiciones del neoliberalismo.

Así, finalmente, los “votantes” se encuentran de hecho con la desligitimación de sus necesidades puesto que cualquier petición o reivindicación de la normalidad democrática –una disminución del recibo del agua, la reducción de la jornada laboral, incrementos de salarios, la gratuidad de las medicinas o un buen servicio de prevención de la salud, por ejemplo— atentan contra la lógica de las necesidades neoliberales establecidas en el sentido de que –según se alega– tendrían consecuencias inflacionarias, o incrementarían el déficit del Sector Público, o ambas cosas a la vez. Con el segundo esquema hemos llegado por tanto al desencuentro total entre las necesidades reales, básicas, de las personas, y las necesidades del neoliberalismo.

En los casos más extremos, también el capitalismo ha llegado a declarar las necesidades existentes como no existentes en una nueva forma de dictadura sobre las necesidades. En su forma manipuladora más refinada (Heller, 1985) el sistema reconoce las necesidades existentes pero no permite la producción de formas alternativas de vida, acabando por incrementar la neurosis y la violencia en la sociedad. Ejemplos en este sentido los podríamos obtener de las necesidades expresadas por el movimiento okupa de nuestros días, o de las mujeres que luchan contra las prácticas discriminatorias, los malos tratos y el acoso sexual. Y, aún así, el esquema sigue diciéndonos que los políticos esperan conseguir buena nota y que los votantes sigan manteniéndolos en el poder. En caso contrario, los votantes permitirán el paso de la oposición que, dentro de este esquema que presentamos, nunca podrá representar una alternativa real… Y la rueda vuelva a girar, y el proceso se repite.

¿Hasta cuándo?

Cuenta hoy The Guardian que a pesar de todas las reuniones que han tenido esta semana los representantes griegos con la troika, casi todas al borde de la ruptura y de la quiebra, no todo ha acabado. Mañana lunes seguirán el perverso juego de ver si consiguen retorcer el brazo a Syriza mientras desaparecen los depósitos en los bancos griegos… para refugiarse en Alemania o en paraísos fiscales habituales.

Euclidee Tsakalotos, al frente de los negociadores griegos, afirma que Atenas no puede pagar lo que debe al FMI el 30 de junio a menos que sus acreedores no liberen los créditos pendientes y no impongan como condición para la ayuda las “reformas” económicas que afectan, de manera especial, las pensiones de Grecia que los acreedores consideran esenciales. Grecia es el gran laboratorio europeo en el ataque contra las pensiones públicas y el duro experimento social se produce a cara de perro. Christine Lagarde menospreció a Alexis Tsipras, que acompañaba al equipo de negociadores griegos, afirmando que sólo se podría progresar en las conversaciones “con adultos en la sala”. A lo que un desafiante Alexis Tsipras respondió tomando un vuelo hacia San Petersburgo mientras declaraba que aunque Grecia se encontrana “en una piscina”, a él “no le asustaba el mar”.

Puede ser que a Angela Merkel no le guste la perspectiva de ser la dirigente alemana que no consigue dominar a los integrantes en la Eurosona, pero también lo tiene difícil Syriza, con la población dividida y temerosa de las consecuencias de lo que se ha llamado convenido en llamar, bastante frívolamente, “Grexit” (salida de Grecia del euro, si no de la U.E).

Un escenario más amplio lo brinda desde hace tiempo Manuel Ballbé, catedrático de Derecho Administrativo de la UAB, que analiza y publica, con voz propia y razonamiento independiente, unos controvertidos y estimulantes textos sobre las políticas dominantes de la banca alemana en la Eurozona.

Recupero de su blog esta entrada del pasado mes de marzo que han puesto de nuevo de actualidad las difíciles (y casi terminales) conversaciones de estos días entre la Troika y el gobierno de Syriza… escribe Manuel Ballbé:

“La enorme deuda alemana camuflada explica la estrategia contra el sur de Europa, la de propagar intencionadamente pánico financiero allí para lograr una huida masiva de capitales hacia Alemania. Eso es lo que ha sucedido con Grecia.

Las recientes declaraciones del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Jüncker, en las que afirmó que “la troika atentó contra la dignidad de Grecia” y admitió que “la troika es poco democrática”, suponen el reconocimiento de la perversión de utilizar el descrédito como arma arrojadiza. En el futuro no debe descartarse que el derecho y los tribunales sean la última salida para poner orden en este “mercado caníbal”; este problema no es sólo político y económico sino jurídico, y se debe encauzar en los tribunales como el de la UE o el Tribunal Judicial de la OMC (Appellate Body), una instancia a la que Grecia debería recurrir de inmediato.

Como se muestra en la tradición jurídica norteamericana, contra los abusos de posición dominante de las grandes corporaciones y la protección de la democracia económica a través del derecho de la competencia y la garantía de los derechos de las minorías, las cuestiones económicas no se dirimen solo en el ámbito político y financiero, sino fundamentalmente en el judicial. Hay que recordar que los jueces, en el siglo XIX, ya anulaban los derechos de acreedores si actuaban con finalidad especulativa desestabilizadora.

Es la vieja y efectiva estrategia de los grupos activistas norteamericanos de movilización, pero también por la vía judicial, bajo el principio de “regulation through litigation”, es decir, litigar para conseguir el reconocimiento de nuevos derechos de las minorías discriminadas. En este caso para frenar el abuso de los poderes bancarios, bajo una hegemonía alemana, que ha atacado a un pequeño gran país como Grecia, como ha reconocido Juncker;

La estrategia de propiciar la fuga de capitales del sur de Europa al norte se debe a una realidad incontestable, que los economistas siguen sin documentar y denunciar: la enorme deuda alemana camuflada, provocada por la quiebra de algunos de los bancos más importantes de Alemania, que el propio Bundesbank, en 2012, reconocía que fue causada por “los pasados excesos de los grandes bancos alemanes en su actividad internacional”.

El Dresdner Bank, el segundo del país quebró en 2009, y fue absorbido por el tercero, el Commerzbank, que el gobierno Merkel nacionalizó a su vez en un 25% y lo rescató inicialmente con 100.000 millones de euros.

El cuarto banco de Alemania, el Hypo Real Estate, quebró estrepitosamente. Hoy cuando se anuncia su privatización, sabemos que en este banco se inyectaron, según el periódico económico alemán Handselblatt, 200.000 millones de euros para reflotarlo, que evidentemente sufragaron los trabajadores alemanes, pero también los capitales que fueron forzados a huir desde el sur de Europa hacia Alemania, cuando se tramó la campaña de descrédito contra Grecia y el más que anuncio de su salida del euro.

Todas estas quiebras de facto y rescates tuvieron lugar sin ninguna transparencia y sólo se dieron a conocer en 2012 “por la filtración del informe confidencial del supervisor financiero alemán , el BaFin, confirmado por otro de Merrill Lynch, que valoraban en 800.000 millones los activos tóxicos del país en 2009.

El informe de Moody’s sobre los bancos alemanes de 6 de junio de 2012 describía el problema de una fuerte descapitalización y riesgo de liquidez de los mismos, pero mantenía su rating porque consideraba, en una coletilla sorprendente, que había “una alta probabilidad de un apoyo externo proveniente de múltiples fuentes, como típicamente es asequible para el sector público bancario alemán”.

Precisamente en ese mismo momento, Bloomberg reflejaba el 12 de junio de 2012 la efectividad de la amenaza de expulsión del euro a Grecia y de la propagación de pánico financiero en beneficio de Alemania con un ilustrativo título: “La fuga de capitales deja a los bancos alemanes inundados de depósitos baratos”. Y precisaba que en un año “los depósitos en Alemana se incrementaron en un 4,4% hasta los 2,17 billones de euros, mientras que los depósitos en España, Grecia e Irlanda se encogieron un 6,5% hasta 1,2 billones de euros en el mismo período, incluyendo el 16% que bajaron en Grecia”. Y precisaba que “sólo en 6 meses el Deutsche Bank ingresó 5.000 millones de euros de depositantes del sur y el Commerzbank 7.000 en el primer trimestre del 2012”.

Pero todavía más importante, destacaba Bloomberg: “También recibieron 20.000 millones de euros los bancos alemanes en el exterior”, especialmente en Suiza y Luxemburgo, como el Commerzbank Internacional SA de Luxemburgo (CISAL).

Los economistas no se han ocupado de aflorar todos estos datos decisivos para hacer un diagnóstico y entender el porqué de una política de austeridad impuesta al sur, que articula un ataque especulativo propiciando pánico financiero para que el gran capital acumulado en el sur fuera deslocalizado “voluntariamente” a los bancos del norte.

Ahora también sabemos que el Deutsche Bank, “estaba horriblemente descapitalizado, debido a la alta exposición que tiene en el Mercado de Derivados” (casino desregulado y privatizado), como alertó Hoeing, vicepresidente de la Federal Deposits Insurance Corporation y exmiembro de la Reserva Federal, el 14 de junio de 2013 .

Con el escándalo LuxLeaks también se ha descubierto que el Deutsche Bank residía en el paraíso fiscal de Luxemburgo; durante todos estos años no habría pagado el impuesto de sociedades, mientras los demás bancos (griegos y españoles, por ejemplo) que competían con él, tenían que soportar esta más que desleal competencia.

En estos momentos el Deutsche Bank se enfrenta a una avalancha de investigaciones criminales y civiles impulsadas por la Fiscalía de EEUU, por su implicación en el cártel que manipuló el Líbor-Euríbor y del Forex (Mercado de Divisas), así como por su participación en las hipotecas basura. Estos días también se enfrenta al riesgo de no superar el primer stress test al que se somete en Estados Unidos. Para hacer frente a todas estas investigaciones tiene previsto nombrar al conocido penalista Steven F. Reich como Consejero General del Deutsche Bank para América.

También el Commerzbank, segundo banco alemán seminacionalizado, se enfrenta a la temida Securities and Commodities Fraud Task Force de Nueva York, que la investiga por presunto lavado de dinero.

Todos estos métodos tan poco ortodoxos de la banca alemana nos confirman que la imposición de austeridad tenía un componente claro de dominación incluso política, y que provocar pánico financiero les servía para rellenar el agujero existente en sus propios bancos, provocado por lo que fue la causa de la crisis financiera mundial: el mercado de derivados, desregulado y privatizado desde el año 2000, en manos de un cártel de trece megabancos, entre ellos el Deutsche Bank.”

Es casi todavía una primicia que el Europarlamento ha decidido posponer la votación programada sobre un aspecto crucial del TTIP: que las grandes empresas puedan demandar a los Estados cuando crean que una modificación de la ley, o legislaciones estatales concretas, perjudican sus negocios. O sea, votar que el bien común se sustituya por la maximización del beneficio. Tampoco se escandalicen demasiado: es lo mismo que en algunos países como España ya sucede ahora (ver eléctricas, autopistas, bancos, etc…) pero por escrito y elevado a rango de ley. Una nueva modificación del art. 135 de la Constitución española, pero en los textos fundamentales de la U.E. O sea, de vergüenza. De tanta vergüenza que el grupo socialista y socialdemócrata del Parlamento se ha dividido, amenazando con ello el resultado de la votación. Y los poderosos no quieren perder. Ni una sola vez. Los intereses en juego son demasiado importantes para perder un sólo partido, aunque queden muchos más por jugar.

El motivo formal por el que el TTIP no haya empezado con buen pie su andadura legal es. Dicen, “demasiadas enmiendas”. La realidad, sin embargo, es que el TTIP se parece demasiado a los tratados-drácula, aquellos trágala del neoliberalismo que no soportan ni luz, ni taquígrafos. Y mucho menos, una ciudadanía consciente de lo que se juega, bien informada y dispuesta a defender sus intereses, que son los de la inmensa mayoría.

Eso decía hoy Soledad Gallego-Díaz:

“Que las cosas no sucedan, no suele ser noticia. Pero en este caso es una noticia, y muy importante, que el presidente del Parlamento Europeo haya decidido que NO se vote hoy, como estaba previsto, la recomendación de la Eurocámara respecto a la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Puede sonar seco, un tema técnico, lejano, pero no lo es. Ese tratado afectará a nuestras vidas y esa votación será una de las más importantes de toda la legislatura europea. ¿Por qué se ha aplazado sin fecha fija? Formalmente, porque el presidente cree que hay demasiadas enmiendas. En realidad, porque hay una gran pelea dentro del grupo socialista y socialdemócrata europeo respecto a uno de los puntos más destacados de ese futuro tratado: si los tribunales nacionales se bastan y sobran para dirimir las disputas entre los Estados, por un lado, y las empresas e inversores, por otro, o si hace falta un nuevo mecanismo o tribunal.

Lo más interesante de este debate es que empieza a atraer un poco la atención de los ciudadanos europeos, algo que debe ser bienvenido, porque se trata de un Tratado realmente importante para nuestro futuro. Y como los ciudadanos empiezan a interesarse, los protagonistas de la negociación empiezan también a dar algunas explicaciones, lo que merece grandes aplausos porque hasta ahora se habían mantenido en un tristísimo silencio. La realidad es que cuánto más se hable de este asunto y de lo que sucede en el Parlamento Europeo, mejor que mejor para todos nosotros.”

Para saber más del TTIP, consultar: http://angelsmcastells.com/?s=TTIP

Y una lectura fundamental: Número especial de cafeambllet sobre el TTIP

Una primera manera de entender la economía se puede ejemplificar hoy en el contenido de las noticias económicas que marcan en rojo el probable impago de Grecia al FMI. La agencia Bloomberg llega incluso a explicar qué sucedería si llegara el caso de falta de pago al FMI. Con el sadismo que siempre supone el frío manejo de los procedimientos pautados por los saqueadores, nos explica qué el impago daría también derecho a otros acreedores de Grecia, incluyendo el fondo de rescate europeo, para declararla en default (quiebra), para poder exigir la devolución inmediata de todos sus préstamos en un proceso conocido la “aceleración”. Pero el proceso desencadena otros efectos en cadena, ya que otros prestamistas podrían entonces seguir su ejemplo….

De hecho, la deuda está vinculada en diversos grados a una red de cláusulas de incumplimiento cruzado y transversal de aceleración, lo que lleva a suponer que desencadenaría demandas para el reembolso de la mayoría, si no de todos los acreedores. La deuda griega cuenta con una variedad de estructuras, con diferentes términos y condiciones y rige principalmente por el derecho griego y el inglés. Las obligaciones incluyen bonos cuyos tenedores votaron no a la reestructuración de la Deuda que se solició en el 2012. Y con estos precedentes, no cabe duda que si Grecia no paga el gran saqueo (continuando el que ya debilita Grecia día a día) se avecina. Y si dejamos sola a Grecia, con encarnizamiento.

La otra manera de entender la economía la encontramos, por ejemplo, en el estudio realizado por la fundación alemana Hans-Böckler vinculada a la confederación sindical alemana DGB, demuestra el brutal deterioro de la situación social y económica en Grecia causada por las medidas impuestas por la “troika” con el análisis de los ingresos en Grecia entre 2008 y 2013.

Sus autores, Tassos Giannitsis, de la Universidad Kapodistrian de Atenas, y Stavros Zografakis, de la Universidad Agrícola de Atenas, examinaron los datos fiscales correspondientes a 260.000 familias y pudieron ver claramente los dramáticos efectos sociales de la “terapia del shock” impuesta por la troika desde 2009.

Algunos resultados de la desigualdad

En comparación con 2008, el ingreso promedio anual cayó de 23.100 euros a 17.900 en 2012, es decir, una caída del 23%, y para el período comprendido entre 2009 y 2013, los ingresos familiares disminuyeron en promedio un 19%. Sin embargo, debido a la reducción en el salario mínimo y la destrucción de los convenios colectivos, muchos trabajadores tenían recortes salariales más altos, como en el caso de las empresas públicas, donde los ingresos cayeron un 25%.

El estudio también muestra que la reducción de los salarios, y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, tenían un impacto más profundo sobre la economía. Por ejemplo, en comparación con 2009, la masa salarial cayó en 25 mil millones de euros en 2013, pero la demanda interna se redujo m´ças del doble, en 53 mil millones de euros.

Políticas de clase

Al analizar división de la población en decilos, es decir, en diez clases de ingresos, desde el más bajo al más alto, los investigadores descubrieron que la reducción de los ingresos antes de impuestos en el primer decilo de las familias más pobres se situó en el 86% entre en 2008 y 2012.

En el segundo y tercer decilo, la reducción fue respectivamente del 51 y del 31%, mientras que para el cuarto decilo la pérdida de ingresos osciló entre el 25 y el 18%, lo cual supone, con respecto al 30 por ciento de las familias más ricas, pérdida de entre el 20 y el 17%. En cifras absolutas, en el año 2012, alrededor de un tercio de las familias de Grecia tuvo un ingreso anual de menos de siete mil euros.

La crueldad de las políticas fiscales regresivas

Según el informe, las políticas fiscales en absoluto corrigen la profundización de las desigualdades. Por el contrario, el impacto real sobre las familias era muy diferente, penalizando una vez más a las de menores ingresos. Desde que comenzó la crisis, los impuestos directos aumentaron en promedio un 53% y los indirectos (por ejemplo, el IVA) del 22%. Sin embargo, el 50% de la población con los ingresos más bajos vio cómo aumentaba la presión fiscal en un 337,7%, mientras que la otra mitad más favorecida sólo tenía que soportar un incremento de un 9%.

Simultáneamente con el saqueo fiscal y robo de los salarios y las pensiones, los gobiernos griegos pre-Syriza hicieron salvajes recortes en el presupuesto del Estado, principalmente a expensas del gasto social. Como señalaron los investigadores, entre 2009 y 2014, el presupuesto del Estado se redujo en un 13,6% en comparación con el Producto Interno Bruto, el cual, a su vez, se redujo en un 25% durante el mismo período. Estos datos indican que los recortes en Grecia eran mucho más altos que los de otros países intervenidos.

Las políticas de empobrecimiento han causado la explosión del desempleo, que pasó de siete a 26% entre 2008 y 2014, y un aumento igualmente insostenible de la precariedad laboral, sin precedentes en Grecia, mientras el número de trabajadores a tiempo parcial creció un 30% entre el 2008 y el 2013.

De l’article del Premi Nobel Joseph Stiglitz que publica l’Ara sobre el TTIP en destaco 5 punts fonamentals que val la pena retenir, treballar i difondre:

1.- Els “acords d’associació” com l’Acord d’Associació Transpacífic (TTIP) han succeit els que es coneixia com “acords de lliure comerç”, uns acords de comerç manipulats, fets a mida per als grans interessos empresarials dels Estats Units i la Unió Europea. El fonamental a retenir és que no són acords entre iguals: a la pràctica, els Estats Units en dicten les condicions. Afortunadament, però, els socis dels Estats Units cada vegada es resisteixen més a signar-ne. En el cas del TTIP, els acords van molt més enllà del comerç; també regulen les inversions i la propietat intel·lectual i imposen canvis fonamentals als marcs jurídics, judicials i reglamentaris dels estats sense la participació ni el control de les institucions democràtiques.

2.- La part més deshonesta d’acords con el TTIP és la relativa a la protecció dels inversors, que ja poc té a veure amb la clàusula clàssica sobre l’expropiació del patrimoni: el veritable propòsit d’aquestes disposicions és impedir que es promulguin normes (en matèria de sanitat, medi ambient, seguretat i finances) per protegir la pròpia economia i la ciutadania de cada Estat. En virtut de les disposicions que imposa el TTIP, les empreses poden demandar els governs i reclamar-los que se les indemnitzi íntegrament per qualsevol reducció dels beneficis futurs esperats derivada de canvis normatius. De fet, ja hi ha exemples concrets i abominables: Philip Morris ha demandat l’Uruguai i Austràlia per haver obligat els fabricants a col·locar etiquetes per advertir dels riscos del tabaquisme als paquets de tabac amb imatges explícites que il·lustren les conseqüències del consum de tabac. Però el cas és que l’etiquetatge funciona: dissuadeix la població de fumar. Per aquest motiu, ara Philip Morris reclama que se l’indemnitzi pels beneficis que ha deixat de percebre.

Així doncs, si en el futur es descobreix que algun altre producte provoca problemes de salut (cal recordar el cas de l’amiant), en lloc d’haver d’afrontar demandes pels costos que ens hagin estat imposats a nosaltres, el fabricant podria demandar el govern per impedir-li que continuï causant la mort a més persones. El mateix podria passar si els nostres governs establissin una reglamentació més estricta per protegir-nos de l’impacte de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

3.- Stiglitz parla de manera preferent del sistema de govern dels Estats Units, però per defensar el bé comú és necessari que els Estats disposin d’un poder judicial imparcial i públic, basat en els principis de la transparència i la possibilitat de recórrer les decisions desfavorables. Tanmateix, ens adverteix Stiglitz, tot això està quedant arraconat als EEUU -o pot ser impossible d’aconseguir en altres països- ja que els nous acords disposen el recurs a un arbitratge privat, mancat de transparència i molt costós, en els que cars advocats de les empreses privades poden tenir molt d’avantatge sobre el cos d’advocats de l’Estat. A més, en l’aplicació del mecanisme que imposa el TTIP, hi abunden els conflictes d’interès, de manera que, per exemple, els àrbitres poden ser jutges en un cas i part en un altre de relacionat.

4.- Aungmenten les desigualtats d’accès a la justícia, ja que els processos són tan cars que, per defensar-se en la causa contra Philip Morris, l’Uruguai ha hagut de demanar ajuda a Michael Bloomberg i a altres nord-americans adinerats i compromesos amb la salut. A més, les grans empreses poden interposar demandes, però altres interessats no. En cas que no es respectin altres compromisos (en matèria laboral o mediambiental, per exemple), els ciutadans, els sindicats i els col·lectius de la societat civil no tenen dret a interposar-ne. En aquest sentit, juristes de gran renom denuncien que el TTIP no respecta els principis bàsics d’igualtat davant la llei.

5.- Augmenta el conflicte entre interessos privats i interès general, no sols pel desequilibri en la defensa sinó perquè, a més, les grans empreses dels països avançats poden constituir filials en estats signants d’acords, invertir al seu país d’origen per mitjà d’aquestes filials i, tot seguit, interposar demandes, cosa que els proporciona una nova via per blocar reglamentacions. D’aquesta manera s’asseguren legislacions favorables als seus interessos i no als de la població cada vegada més empobrida i desposseïda de drets.

Stiglitz acaba preguntant-se si hem de permetre que grans empreses s’aprofitin de disposicions ocultes en suposats acords comercials per dictar com viurem al segle XXI. I Stiglitz mateix es contesta expressant el seu desig de que la ciutadania dels Estats Units, d’Europa i del Pacífic responguin amb un NO rotund.

Los datos sobre empleo y paro del mes de abril destacan por la caída del desempleo hasta 118.923 personas y una subida de la afiliación en 175.495 cotizantes. Rajoy puede presumir que (por segunda vez desde que gobierna) el número de parados es menor
que a comienzos de la legislatura en 89.343 parados registrados menos que en diciembre de 2011, cuando el PP llegó al poder, aunque sigue por debajo el número de cotizantes. En concreto, son 221.626 cotizantes menos.

Por Comunidades Autónomas, baja el desempleo en todas, especialmente en Catalunya (-18.681), Andalucía (-14.425) y Madrid (-12.160). Por sectores, la subida es también generalizada, aunque con protagonismo de la hostelería, por el repunte en contratación que supone la Semana Santa.

Y cuando veo en el desglose el lugar tan destacado de la hostelería, recuerdo el magnífico artículo de Ernest Cañada que leí hace pocos días, y en el que el autor insistía sobre las pésimas condiciones laborales del sector ( y en concreto, de las mujeres que trabajan como camareras). Aquí está su texto, y juzguen ustedes si hay mucho (o algo) de lo que presumir:

Camarera de piso, un trabajo cada vez más precario

Los recortes de plantillas y el recurso a empresas subcontratadas está provocando un grave endurecimiento en las condiciones laborales del servicio de habitaciones en los hoteles.

El trabajo de las camareras de piso es esencial para el funcionamiento de los hoteles. Se trata de un trabajo hecho por mujeres, que se dedican a limpiar las habitaciones de estos establecimientos y en la mayoría de casos también sus áreas comunes, como la recepción, las escaleras, las salas o los baños de uso público. Habitualmente constituyen entre un 20% y un 25% de sus plantillas laborales. Su función es una de las que más tienen en cuenta los clientes, para los que es esencial que las habitaciones estén limpias y ordenadas. Y a pesar de su importancia, son prácticamente invisibles para la mayoría de huéspedes y de la población en general.

El trabajo de las camareras de piso siempre ha sido duro, pero en los últimos años, con la crisis, sus condiciones laborales se han deteriorado mucho. El paro masivo y las reformas laborales han permitido que muchas empresas ajustaran costes por la parte más débil, la del trabajo de estas mujeres.

Tres son los factores que fundamentalmente están provocando que sus condiciones se hayan degradado tanto: el incremento desmesurado de la carga laboral, el empeoramiento de las condiciones contractuales y, finalmente, el impacto que esta forma de organizar el trabajo tiene en su salud, tanto física como psíquica.

Más trabajo, siempre corriendo

Estrella tiene unos cincuenta años y hace 25 que trabaja como camarera de piso en Lloret de Mar, tantos como hace que vino de Andalucía. Explica que cada vez se le hace más difícil acabar las tareas que le asignan: “Yo he llegado a hacer 25 habitaciones. Y cuando tienes habitaciones con 4 camas y tienes que sacar 5 y 6 bolsas de basura de cada habitación, no hay quien acabe. Y esto es un día y otro, y otro”.

Ana Belén también vive en este municipio de la Costa Brava desde hace más de veinte años. Nació en Jaén. Describe así el trabajo que hace: “El horario es de las 8 y media de la mañana a las 4 y media de la tarde. Cada mañana subimos a las plantas y preparamos los carros, repartimos la ropa y nos ponemos a hacer las habitaciones. Yo tengo asignadas 26 habitaciones entre dos plantas. Hay veces que solo con 5 habitaciones de salida ya vas de puto culo. Este es un trabajo en el que no te puedes distraer, como hagas 10 minutos de más en una habitación ya lo arrastras el resto de la jornada. Y hay días que no nos da tiempo ni de cambiarnos la compresa o de ir a mear, porque no tenemos baños para nosotras en cada planta. Siempre tienes que correr “.

Esta percepción de sobrecarga de trabajo es compartida por la gran mayoría de las camareras de piso en todas partes. No solo tienen que hacer mucho trabajo sino que, además, éste se realiza bajo un ritmo muy intenso, para que se puedan entregar las habitaciones libres, o aprovechar el tiempo que los clientes están fuera. Lourdes, vecina de la Barceloneta, donde ha vivido toda la vida, tiene 31 años y lleva 8 trabajando como camarera de piso en diferentes hoteles de Barcelona. Explica que la presión es siempre constante: “Si el de recepción pide más habitaciones, te meten caña ti. Hay días que haces todas las habitaciones libres, porque te las están pidiendo, y luego cuando ves la hora que es aún te quedan por hacer todas las de los clientes que están alojados en el hotel y tienes que ir a mil por hora”. Además, añade, es una tarea que tiene que hacerse bajo la vigilancia constante de las gobernantas.

Muy a menudo la estructura arquitectónica de los hoteles, el mobiliario de las habitaciones o las reformas que se hacen en ellos no facilitan el trabajo de limpieza. Tampoco la reducción de personal que antes las descargaba de algunas tareas que ahora tienen que asumir ellas, tal como explica Lourdes: “En el primer hotel donde empecé a trabajar, en 2006, teníamos mucha ayuda. Estaban los valets que te subían la ropa a tu planta y la ponían en el office, y tú solo tenías que ponerla en los carros. También te controlaban los minibares de las habitaciones. Luego, cuando bajabas la ropa sucia ellos la sacaban y te devolvían el carro vacío. Ahora muchos hoteles han suprimido los valets y todo su trabajo lo tenemos que hacer nosotras”.

Una contratación cada vez más irregular

El colectivo de las camareras se encuentra muy segmentado. Además de las fijas y fijas discontinuas, que tienen cierta estabilidad laboral, hay otras situaciones contractuales que generan una mayor vulnerabilidad y que les obliga asumir cualquier tarea por miedo a ser despedidas o que no las vuelvan a contratar. Así, la contratación eventual y a tiempo parcial está especialmente extendida.

Lourdes cuenta que siempre ha sido eventual: “Me contrataban de año en año”. En uno de los establecimientos estuvo trabajando más de cinco años y pensaba que en un momento u otro la harían fija, pero siempre la despedían y la volvían a contratar poco después. Más adelante la emplearon a tiempo parcial en otro hotel: “El contrato era de 5 horas pero cada día hacía 8 o 9, porque me ponían 18 y 20 habitaciones, ir a la lavandería, mirar el minibar, y todo eso en 5 horas. Era imposible, no podía terminar, y todas esas horas de más no me las pagaban. Era problema mío, me decían. Pero por muy rápido que hiciera las habitaciones era imposible en 5 horas hacer todo este trabajo. Allí estuve un año. Aguanté porque no me tenía otra cosa”.

Lucía es amiga de Lourdes. Se conocen de toda la vida porque son vecinas de la Barceloneta. Explica que ha hecho muchos trabajos pero que en los últimos años ha trabajado como camarera de piso, también eventual. Mientras Lourdes explica que cada día tienen que hacer más horas, Lucía asiente y al final añade: “el problema es que tú tienes un horario, pero en realidad la jornada finaliza cuando terminas tus habitaciones. Y así todos los días, porque es imposible hacer en 6 horas las habitaciones que te ponen. Cada día le estamos regalando a la empresa de 2 a 3 horas. Es muy injusto “.

En los últimos años, además de las contrataciones a tiempo parcial o a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), cada vez son más los hoteles que recurren a la subcontratación de empresas de servicios. Esto hace que las trabajadoras queden bajo un convenio distinto al de la hostelería, sea el de limpieza o uno particular de la empresa de turno, y esto hace que sus salarios sean muy inferiores a pesar de hacer el mismo trabajo.

Iliana llegó de Cuba en 2008. Ahora tiene 34 años. Desde que llegó ha trabajado como camarera de piso en muchos hoteles de Barcelona. Ahora está en el paro porque se le acabó el contrato hace poco, pero dice que ya no puede volver al último hotel donde estuvo porque recientemente “despidieron a todas las trabajadoras del departamento de pisos, incluidas la gobernanta y las supervisoras, y subcontrataron a una empresa externa, y la nueva empresa no se ha querido quedarse con ninguna de las camareras antiguas y ahora les pagan mucho menos”.

La expansión de las subcontratas está haciendo que en las plantillas de los hoteles puedan convivir personal de diferentes empresas, lo que provoca una división creciente entre sus trabajadoras.

Trabajar gracias a las pastillas

Una de las consecuencias de trabajar de esta manera es el cansancio, el dolor constante y la necesidad de medicarse para poder aguantar la jornada laboral, tal como relata Lourdes: “Yo tomo Enantyum cuando me duele mucho la lumbalgia, porque el ibuprofeno ya no me importa. Puedes ser muy fuerte pero este trabajo te acaba pasando factura. Solo tengo 31 años pero muy a menudo me siento como si tuviera más edad, por los dolores que tengo. Salgo del trabajo demacrada”.

Iliana dice que “casi todas las camareras sufrimos dolores de hombro, por todo el peso que tenemos que cargar y por los movimientos que tenemos que hacer cuando hacemos las camas”. Al igual que Lourdes también se medica de forma habitual: “Yo no sé si aún tengo hígado, debo tenerlo destrozado, porque cada día tomo ibuprofeno, aparte de las cremas antiinflamatorias y una faja ortopédica. Si no ya no podría ir a trabajar del daño que me hace”.

Todo esta forma de trabajar hace que el estrés y la ansiedad se conviertan en una constante y sufran insomnio. Iliana explica que es muy normal ver a las camareras llorando. “Cada día ves chicas llorando. Porque no terminan el trabajo, porque les hablan de mala manera, porque las insultan, por la angustia y por la rabia. Por ejemplo es común que te cambien los días de fiesta, y una a lo mejor tiene sus planes o necesita descansar. El contrato que firmas dice que trabajas cinco días y que tienes dos días de descanso, pero yo he llegado a trabajar 21 días seguidos, sin descansar, y eso te hace sentir muy mal”.

Estrella, de Lloret, resume muchos de los problemas de salud que son frecuentes entre las camareras de piso: “A mí me han operado del túnel carpiano, tengo las rodillas muy mal, y una hernia discal, y eso me lo he hecho trabajando. No es de estar en casa en el sofá. Yo ya estoy amargada perdida “.

El trabajo en los hoteles cada vez se está haciendo más precario, y para muchas camareras de pisos ir al trabajo se ha vuelto un infierno cotidiano.

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Hace unas semanas, Susan George estuvo en Barcelona para presentar Los usurpadores, con el subtítulo “Cómo las empresas transnacionales toman el poder”. Susan George preside el Comité de Planificación del Transnational Institute de Amsterdam y es vicepresidenta de ATTAC Francia. La entrevistó Siscu Baiges, y después del gran éxito de las manifestaciones en tantas ciudades del mundo contra el TTIP, recupero algunas de sus respuestas:

Para Susan George, los usurpadores son corporaciones transnacionales, muy grandes, y quienes las ayudan, que son las compañías y las personas que les hacen de lobistas. Confluyen en entidades como la Mesa Redonda Europea de Industriales, que agrupa a la mitad de los presidentes de las mayores empresas industriales y negocian con los estados siempre que quieren. Hay organizaciones similares en todas partes, trabajando para un sector o para varios sectores al mismo tiempo que están tomando poder de forma ilegítima. Son corporaciones que desplazan a personas elegidas democráticamente. O que trabajan tan acopladas que no podemos ver la diferencia entre unas y otras. Corporaciones que dictan a los políticos lo que tienen que hacer.

Por ejemplo, el Pacto por la Competitividad fue preparado y presentado por un alemán y un francés, presidentes de grandes corporaciones, para que lo firmara François Hollande. Y lo hizo. Dos dirigentes de la Mesa Redonda Industrial Europea escribieron este pacto y, además, lo hicieron con el apoyo de técnicos de los gobiernos. Utilizaron la Comisión Europea para hacer aprobar el texto. La Comisión hizo 127 reuniones para preparar el pacto, de las cuales el 93% fueron con empresarios y representantes de los lobbies de todos los sectores afectados. Sólo el 7% de los consultados fueron consumidores, ecologistas, sindicalistas y representantes de la ciudadanía.

El Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP) empezó a prepararse hace veinte años. No hay ningún problema entre las corporaciones europeas y las de los Estados Unidos. Están totalmente de acuerdo en lo que quieren. Como ciudadanos tenemos regulaciones mejores, más protectoras en Europa que en Estados Unidos, salvo en el ámbito de las finanzas. A las corporaciones europeas ya les va bien acabar con las regulaciones actuales.

Por ejemplo, en la mayor parte de Europa no se puede vender comida o semillas modificadas genéticamente. Pero las corporaciones quieren hacerlo, y sin tener que explicitarlo en las etiquetas de los productos. Y también quieren practicar el fracking. O tribunales privados que diriman los litigios con los estados. Este tipo de tribunales ya han dado la razón a grandes corporaciones que han contaminado países como Ecuador. Hay muchos ejemplos. Uno, que aún está por resolver, es el de la empresa de servicios francesa Veolia, que ganó el contrato de eliminación de residuos de Alejandría, y que ha demandado a Egipto porque aprobó un aumento del salario mínimo que considera que la perjudica.

Por este motivo, las corporaciones quieren estos tribunales privados. Pueden tener sentido si estamos hablando de países pequeños, débiles y corruptos, pero en Estados Unidos y Europa no hay ninguna justificación posible.

Aunque el TTIP todavía está en fase de negociación, pretenden terminar las negociaciones este año. En 2016 hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y lo quieren resolver antes. Estamos progresando. Hemos conseguido un millón y medio de firmas en once países europeos contra el Tratado. Intentamos hacer una campaña oficial de recogida de firmas de acuerdo con la Unión Europea, pero se negó. Continuaremos recogiendo firmas hasta octubre. Confiamos en doblar las firmas que la Unión exige en una campaña de este tipo. Además, el 18 de abril se hará un Día Internacional contra el TTIP y la victoria de la lucha contra el TTIP sería que no se apruebe. Que no se pongan en marcha ni los tribunales privados de arbitraje que resuelvan los litigios entre las corporaciones y los estados, ni las comisiones regulatorias que quieren poner en marcha en ámbitos como la alimentación, la salud, la educación, los salarios, leyes laborales, energía, …

Estados Unidos quiere comercializar pollos tratados con productos químicos, lo que los europeos no aceptan. Si se aprueba el Tratado, pueden intentar que se acepte en los años siguientes. Europa ha prohibido 1.200 tratamientos químicos mientras que Estados Unidos sólo ha prohibido 12, desde los años setenta. (…)

La Comisión Europea no es una organización democrática, ni mucho menos. Votamos en Francia y en los Países Bajos contra la Constitución, en 2005, y pusieron el Tratado de Lisboa en su lugar, que era lo mismo. Luchamos para conseguir gobiernos democráticos y el libro va en esta dirección. Los usurpadores tienen mucho dinero. Están muy bien organizados. Tienen acceso a los políticos. Pagan mucho dinero a los lobistas. Tienen mucha presencia en los gobiernos. Tienen mucha más capacidad de influencia que ninguna ONG. Están en todos los comités de expertos europeos, de todos los sectores.

François Hollande, en julio de 2012, hizo muchas promesas pero dio marcha atrás rápidamente. Jean-Claude Juncker ha hecho lo propio y ha renunciado a todas las promesas que hizo durante la campaña electoral europea. Un estudio de un think tank para la Unión Europea ha calculado, en su visión más optimista, que el TTIP provocará un incremento de los ingresos en 540 euros anuales para las familias de cuatro personas y que se crearán 600.000 puestos de trabajo, en 2027. Otro estudio, con un modelo diferente, calcula que, por el contrario, se perderán 600.000 puestos de trabajo, se reducirá mucho el crecimiento y Francia será la más perjudicada. El acuerdo NAFTA, firmado por Canadá, Estados Unidos y México, en 1994, provocó la pérdida de casi 700.000 puestos de trabajo en la industria de los Estados Unidos y los pequeños agricultores mexicanos desaparecieron prácticamente. Siempre hablan de “trabajo y crecimiento”, pero no es verdad.

Ya que la información sobre cuestiones como esta no llega al gran público el papel de los periodistas es esencial. En la lucha en la que estamos metidos, tenemos que utilizar la “estrategia Drácula”, que significa exponer los vampiros a la luz. Si no, perderemos. Una investigadora hizo un estudio durante 17 meses, hasta el pasado mes de febrero, y detectó que ni la CBS, ni la ABC, ni la NBC y otra cadena televisiva nacional, habían hecho ninguna mención del TTIP. Son empresas privadas y no quieren que se discuta esta cuestión.

Ganamos en 1998 la batalla contra el MAI ( Multilateral Agreement on Investment). Cuando conseguimos que apareciera en la primera página del Libération pensé que habíamos ganado. Y fue así. El gobierno tuvo que escucharnos. Francia se salió y el MIA colapsó. Fuimos capaces de crear suficiente conciencia en la gente. Hay esperanza. Hay un puñado de malas noticias pero podemos ganar. Depende de nosotros. Cuando empecé en el activismo pedíamos que Estados Unidos se fuera de la guerra de Vietnam. Era un mensaje sencillo, claro, comprensible. Se podía no estar de acuerdo, pero todo el mundo lo entendía. Explicar el TTIP es mucho más difícil… Y es un combate desigual.

EL GOBIERNO NINGUNEA AL PARLAMENTO SOBRE EL TTIP

Han transcurrido más de tres meses desde que Cayo Lara pidió al Gobierno información sobre la negociación del Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión, el TTIP por sus siglas en inglés, sin que ni La Moncloa ni Exteriores le hayan contestado. La petición del coordinador general de Izquierda Unida (IU) y presidente del grupo parlamentario de Izquierda Plural pretende que los miembros del Parlamento español tengan los mismos derechos que los parlamentarios de otros Estados de la UE en el acceso a los documentos que están negociando la Comisión Europea y la Administración Estadounidense. La fecha que reglamentariamente tenía el Gobierno de Mariano Rajoy para responder expiró el 5 de febrero sin que este país, con portal de transparencia y puertas giratorias, el dirigente de izquierda haya obtenido respuesta.

Lara constató una “evidente asimetría” en la información de los diferentes gobiernos europeos a sus parlamentos sobre la negociación del TTIP. Así, los parlamentarios alemanes del Bundestag tienen acceso a los documentos de las negociaciones relacionados con las ofertas de la CE a la Administración de EEUU. Y otro tanto ocurre con los 435 congresistas y 100 senadores estadounidenses, que además pueden disponer de copias impresas de las propuestas de sus representantes, incluidas las ofertas y demandas de acceso a los respectivos mercados. ¿Por qué los parlamentarios españoles han de ser tratados con inferioridad? Lara preguntó oficialmente al Gobierno si va a facilitar a los parlamentarios españoles los mismos derechos que tienen otros representantes democráticos en sus países o “les va a dejar desinformados hasta el último momento, como parlamentarios de tercera”.

La callada por respuesta al dirigente de IU confirma lo que afirmó Rafael Barret hace un siglo: “Cuánto más grave es el asunto, más lo tapan”. En este caso, el TTIP supondría la definitiva difuminación de la capacidad normativa del Estado para aplicar políticas distintas a los enunciados neoliberales, así como la privatización de la justicia al someter todas las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados. Dicho de otro modo: un gobierno no podría decidir un incremento del salario mínimo en su país si perjudicara a los inversores exteriores, que podrían recurrir la decisión a una instancia superior designada o no elegida democráticamente por los ciudadanos.

Pero el TIPP, caballo de Troya del Estado social y democrático de derecho contra el que se ha movilizado la ciudadanía europea, contiene otros riesgos para gente que vive de su trabajo como la privatización de todos los servicios públicos excluidos de la reducida lista de los que no se pueden privatizar; la pérdida de derechos laborales, ya que EEUU sólo acepta dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la limitación de los derechos de representación de los trabajadores, y, entre otros, una mayor rebaja salarial futura si tenemos en cuenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los sueldos más bajos en México. Se comprende el silencio gubernamental ante la exigencia de información de Lara. Lo único que Rajoy deberá responder es la pregunta del socialista Pedro Sánchez en el pleno del Congreso del miércoles sobre cuánto han bajado los salarios desde que llegó a La Moncloa.

El Parlamento español dispone de un magnífico instrumento como es la Comisión Mixta de relaciones con la UE, a la que el Gobierno debería aportar a petición de Lara todos los documentos de la negociación del Tratado Trasatlántico. Pero si se examinan las reuniones (una al mes) de esta comisión desde septiembre de 2014 en que USA y UE aceleraron la negociación, no se hallará rastro ni mención del TTIP. Las comparecencias del secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, barón de Claret, mano derecha del ministro Margallo, han soslayado una y otra vez la información sobre las negociaciones. Cierto es que los portavoces de los distintos grupos, con la excepción mencionada, tampoco se han esforzado en la exigencia de información y debate.

Luego ya, el Gobierno está apelando al silencio por respuesta para ocultar otras materias como los fallecidos en las cárceles en los cuatro últimos años, un informe que ha solicitado Gaspar Llamazares sin que el Ministerio del Interior se lo haya facilitado, o como la auditoría de los gastos personales del presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, exalcalde del PP de Ciudad Real, designado para el cargo por indicación de la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y principal valedor del proyecto de almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Según las informaciones de la empresa, este político en compañía de su encargado de comunicación, Carlos Dávila, habría incurrido en abusos presupuestarios personales de varios miles de euros. Además habría realizado contrataciones arbitrarias. El responsable jurídico de la empresa pública, Jesús Moreno, calificó de “enriquecimiento injusto” las dietas y gastos de difícil justificación de Gil-Ortega, quien le cesó fulminantemente. La semana pasada el propio Gil-Ortega dejaba el cargo sin que desde noviembre, en que Cayo Lara solicitó la auditoría interna, el Gobierno haya contestado.

fuente: Cuarto Poder

Berta Iglesias, Merche Valls y Javier Lechón, miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda han publicado el siguiente artículo que vale la pena leer, que ayuda a reflexionar, y que se suma a varios trabajos que pueden encontrarse en cafeambllet y en este blog y que hay que difundir para que por lo menos seamos conscientes de lo que nos preparan los grandes lobbies económicos internacionales a espaldas de los trabajadores y activistas por los servicios públicos, un consumo mejor y más racional y defensores el medio ambiente, con el servicial apoyo en el Congreso del PP, PSOE, CIU, UPyD y PNV.

A pesar de la total falta de transparencia y del silencio mediático sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la UE y los EEUU es fácil adivinar qué repercusiones tendrá, si como pretenden sus promotores, el TTIP llega a aprobarse en 2015. Solo por la cantidad de lobbies empresariales que impulsan el acuerdo y porque se está negociando a tus espaldas, deberías estar muy alerta.

Para poder competir con China y aislar a Rusia el TTIP pretende crear la mayor área de libre comercio del mundo eliminando los obstáculos que frenan la actividad comercial entre los EEUU y la UE. Hay que decir que el comercio entre estas dos grandes regiones, que suman más de la tercera parte del comercio mundial, ya es muy fluido y las tasas aduaneras aplicadas a sus productos, bajas.

El TTIP viene avalado por estudios de viabilidad y expectativas de crecimiento altamente cuestionados por distintas organizaciones por su escaso rigor económico y por plantear escenarios muy poco realistas. Según un estudio de la Universidad de Tufts, en caso de aprobarse el TTIP conllevaría pérdidas netas del PIB y, lo más importante, la desaparición de unos 600.000 puestos de trabajo en la UE. El informe “A Brave New Transatlantic Partnership” evidencia que los propios estudios de la Comisión Europea prevén la pérdida de empleos en sectores económicos como la electrónica, la metalúrgica, la comunicación o la ganadería, así como una ínfima tasa de crecimiento del 0,01 % del PIB en los próximos 10 años.

Si analizamos con perspectiva el resultado de otros Tratados de Libre Comercio vigentes en el mundo, no es difícil desmentir las promesas de prosperidad que acompañan siempre a este tipo de acuerdos comerciales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) entre Estados Unidos, Canadá y México de 1994, deparó terribles consecuencias sociales para México. Antes de su entrada en vigor, el NAFTA prometía la creación de 20 millones de empleos. 20 años después, se estima que destruyó un millón de puestos de trabajo. El tratado se negoció durante una gran crisis de la deuda mexicana, algo que ha sucedido en casi todos los procesos de “liberalización” de las economías latinoamericanas. ¿Vemos los paralelismos con el caso europeo?

Los documentos filtrados y la información que se ha hecho pública gracias a la presión ejercida por las organizaciones sociales y algunos partidos políticos evidencian que el TTIP contiene muchos elementos que afectarán muy negativamente a la población de ambos lados del Atlántico. El principal objetivo del TTIP es aumentar las inversiones y el comercio homologando las normativas de ambas regiones en materias como el medio ambiente, el empleo, la protección social o los servicios públicos. En nombre del “libre mercado”, siguiendo los dictados de la ortodoxia neoliberal dominante, el TTIP aumentará los recortes y privatizaciones y rebajará aún más las medidas protectoras europeas hasta los muy laxos niveles estadounidenses.

Bajo eufemismos como “armonización reguladora” se pretende equiparar la legislación laboral europea a la de los EEUU, un país que no ha firmado los principales acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y donde buena parte de las clases populares malviven en un régimen de explotación laboral aún mayor que el que padecemos en Europa. Rebajar los estándares medioambientales exigibles a los productos agrícolas a niveles estadounidenses permitiría la entrada de alimentos transgénicos y de carne hormonada en la UE, el uso de miles de productos químicos hasta ahora vetados o prácticas altamente peligrosas y contaminantes como el fracking.

Como la mayoría de los Tratados de Libre Comercio actuales, el TTIP seguramente vendrá acompañado de un mecanismo de solución de diferencias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Los diferentes gobiernos podrían ser demandados ante un comité de arbitraje privado supranacional y condenados a indemnizar con cifras astronómicas a las empresas que consideren que la legislación perjudica sus intereses presentes o futuros. Es necesario recalcar que solo las empresas podrán demandar a los estados ante estos selectos tribunales de arbitraje y no a la inversa. Este mecanismo de resolución de conflictos es ajeno a cualquier poder judicial democrático y es un auténtico atentado contra la soberanía de los pueblos. No deja de ser paradójico que buena parte de aquellos que se erigen como representantes de la ciudadanía y defensores de la soberanía nacional, como el Partido Popular y Convergència i Unió, quieran vaciar de poder los parlamentos nacionales votando a favor del TTIP y del ISDS.

El blindaje de las inversiones y la “constitucionalización” de los derechos de las empresas por encima de los de la gente no es ninguna fantasía catastrofista. Desgraciadamente, ya sucede con frecuencia en todo el mundo. Sirva de ejemplo el grupo francés Veolia, que denunció a Egipto en junio de 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones por redactar una ley en materia de empleo que elevaba el salario mínimo de 41 a 72€, o la empresa sueca Vattenfall, que ha exigido 4.700 millones de euros de indemnización al Gobierno alemán en un tribunal de arbitraje internacional por haber cerrado dos centrales nucleares después del accidente de Fukushima.

¿Qué impactos sobre la deuda tendría el TTIP entre la UE y EEUU? Si las consecuencias del acuerdo son la eliminación de aranceles, la ampliación del negocio de las empresas transnacionales (que son las que cometen mayor fraude fiscal), la bajada de salarios, el aumento del desempleo, y encima tenemos que pagar indemnizaciones millonarias a empresas, es evidente que los Estados tendrán menos ingresos y que deberán endeudarse para poder pagar los servicios públicos que no hayan privatizado el Tratado. El TTIP comportará más deuda, más dependencia financiera y más poder para la banca.

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones es un proyecto que va más allá del comercio. Es un proyecto geopolítico, ideológico y social que supera el ámbito de la economía. El TTIP y su complemento, el ISDS, son un ataque directo a la democracia actual y futura ya que impedirían legalmente que cualquier gobierno elegido democráticamente tenga las herramientas necesarias para enmendar los daños que los fundamentalistas del libre mercado han causado a la población en países como Grecia o España. Tanto la Deudocracia como el TTIP son huidas hacia adelante de un sistema que ya no se sostiene. La economía de la deuda, el “libre comercio” y el dogma de que en un planeta finito es posible un crecimiento infinito, es lo que nos ha llevado a las múltiples crisis de nuestro modelo actual de civilización y obviamente no serán la solución. El TTIP es una muestra más de que el sistema capitalista es cada vez más incompatible con la democracia y la sostenibilidad de la vida.

Las autoridades políticas y económicas que malgobiernan el mundo siguen ignorando el fin del modelo basado en las exportaciones y del acceso masivo a energías fósiles baratas. No se debe, ni se puede, seguir apostando por un modelo de producción y consumo que dispara las emisiones contaminantes y esquilma el planeta. No podemos tolerar más este sistema económico hípercompetitivo donde el que no corre, muere, y donde la riqueza mundial se acumula en muy pocas manos mientras se condena a la pobreza al resto de la Humanidad. Ante esta situación, en la que no hay marcha atrás y dónde no cabe esperar que los (i)responsables de las crisis nos saquen de ellas, solo hay una salida para la gente: Cuestionar las prácticas políticas y económicas dominantes, así como nuestros propios valores y comportamientos, cooperar y organizarnos para plantar cara a la dictadura de la deuda y a engendros como el TTIP.

El contexto de negociación, los orígenes del TTIP y su nuevo modelo de relaciones laborales

Uno de los argumentos clásicos durante la última etapa a la hora de justificar los recortes de derechos laborales es la necesidad de acabar con los efectos sociales de la crisis y de crear empleo. Nada más lejos de la realidad. El proceso de creación del TTIP (por sus siglas en inglés, correspondientes a Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) es anterior a la crisis y responde, desde el punto de vista económico y laboral, a dos elementos: por un lado, la clásica política de aumentar los beneficios de los grandes capitales a través de incrementar el nivel de explotación de la clase trabajadora, y por otro (y ante el contexto de hundimiento de buena parte de la economía especulativa) la entrada de las multinacionales en sectores de la economía productiva en los que hasta ahora su nivel de participación era reducido, esencialmente los servicios públicos.

La crisis del modelo de producción de la globalización neoliberal se transforma en acción política de la burguesía para conseguir mantener su tasa de beneficios a través de reducir los costes laborales: menos salarios, reducción de las indemnizaciones por extinción del contrato, facilidades para modificar todas las condiciones de trabajo, etc., etc. En una primera fase, esto ha venido de la mano de la destrucción de puestos de trabajo para reducir en buena parte una generación histórica de trabajadores entre los que sectores importantes gozaban de condiciones dignas. En su estrategia, ahora ya no optan por aumentar los niveles de desempleo (del actual 20-25%), sino por transformar el empleo de calidad que queda en empleo precario. Tres puestos de trabajo dignos los querrán transformar en cuatro de precarios, aumentando así sus beneficios y situando el desempleo en niveles del 15% en la próxima década.

El contenido y la significación del TTIP con afectación directa e indirecta sobre las relaciones laborales

Desde el punto de vista de los derechos laborales, podríamos hablar de tres elementos esenciales que definen al TTIP: opacidad, intervención privada en la regulación y privatización del órgano de resolución de controversias.

La propia Comisión Europea define en su web al TTIP de la siguiente forma: “El TTIP tiene por objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles y normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios. Eliminar estas barreras supondrá crecimiento económico, creación de puestos de trabajo y disminución de los precios.”

Una vez visto el contenido, debemos analizar la afectación concreta. En primer lugar, realmente el TTIP no habla de aranceles, sino del conjunto de garantías y controles que intervienen en la exportación e importación de una mercancía; es decir, eliminar controles administrativos y garantías sobre los productos. En segundo lugar, cuando se refiere a la obligación de estándares comunes de los derechos laborales, no se define si hablamos de mínimos o de máximos, pero encontramos una simple referencia al concepto de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y no a los convenios de esta organización internacional. Asimismo, no se establece en los documentos ninguna cláusula de intangibilidad o no regresividad que obligara a mantener unos mínimos derechos. En un contexto en el cual estados de la Unión Europea reducen derechos y con un movimiento sindical mayoritario que no opta por la movilización, nos puede abocar a una pérdida de derechos laborales. Si observamos la media de convenios de la OIT ratificados por el Reino de España, 133, están muy lejos de los 14 de los EE.UU. Esto tendría un claro efecto sobre la normativa interna, en una tendencia a la baja en la aplicación del TTIP, transformando así el mandato de creación de normativa común en pérdida de derechos.

Debemos tener en cuenta que, como ya intentó el primer borrador de Directiva Bolkestein, se facilita la posibilidad de aplicar las normas del país de origen si la empresa no tiene sede donde presta servicios y hace un simple desplazamiento de personal. Esto implicaría que las normativas aplicables no serían las de estados de la Unión Europea sino el derecho laboral de los estados de EE.UU., en la mayor parte de los cuales no hay salario mínimo, derecho a negociación colectiva o derecho de huelga.

No lo abordamos en este artículo porque se trata en otro capítulo, pero uno de los grandes objetivos del TTIP es que los servicios públicos sean totalmente privatizados (TISA es la hoja de ruta), lo que podrían conseguir a través de la Garantía del Mínimo Coste. Debemos recordar que, parcialmente, esto ya se ha incorporado a la normativa de entes locales vigente en Estado español.

Acuerdos de inversión y el ISDS: la privatización y privación de justicia

Hablamos de opacidad por ser secretos buena parte de los documentos del proceso de negociación (como, por ejemplo, la Nota de la Comisión de 26 de mayo de 2014 ya filtrada), si bien hay otros que se han hecho públicos, como la nota informativa de la Comisión Europea de noviembre de 2013, donde se definen nuevas líneas de actuación relativas a acuerdos de inversión: por un lado, “aclarar y mejorar las normas de protección de la inversión”, y por otro “mejorar el funcionamiento del sistema de solución de controversias”. Esto viene a significar que la nueva normativa podrá desarrollar el concepto de “expropiación indirecta”. En la práctica, implicaría que habría que compensar económicamente a un inversor de un sector o actividad en el que se aumentaran los derechos laborales o los impuestos o en el que simplemente se optara por recuperar la titularidad o gestión pública. Estas tres situaciones tendrían la consideración de daño a la inversión que debería ser indemnizado por el Estado.

El nuevo sistema de solución de controversias, el otro gran elemento del TTIP, es el ISDS (Solución de Controversias entre Inversores y Estados). Vendría a ser un tribunal de arbitraje formado por tres juristas privados, haciendo uno de ellos de “juez”. Este organismo está pensado para que las empresas puedan emprender acciones legales contra un Estado si consideran que sus intereses comerciales han sido perjudicados. Indudablemente, esto no solo rompe con cualquier concepción del Estado de Derecho sino que resta soberanía incluso a los aparatos del estado de los Estado-nación. Las resoluciones, laudos, serían no recurribles y ejecutables. Hasta ahora hemos conocido los tribunales públicos que emanan de un aparato del Estado burgués, que, más allá de su naturaleza de clase, de la normativa existente y de la correlación de fuerzas del movimiento obrero, en algunas ocasiones permiten resoluciones progresistas como mecanismo para minorar el conflicto capital-trabajo. Con el ISDS la normativa tiene un origen privado, con la intervención directa de los lobbies, los tribunales no tienen jueces públicos sino juristas privados y no se permite ni el recurso. Además, deberíamos ser conscientes de que aquí las partes son multinacionales y Estados, y los auténticos perjudicados son la clase trabajadora y las naciones sin Estado que ni siquiera pueden comparecer en el procedimiento para defender sus intereses.

Con el ISDS ya no hablamos de golpe de Estado contra los derechos sociales sino contra la propia democracia burguesa; quien legisla y emite resolución son los representantes de la burguesía para garantizar que cuando se municipalice, se nacionalice, se aumenten los impuestos o se conquisten derechos laborales, les haya que compensar económicamente.

Las justificaciones del TTIP

Las justificaciones del TTIP, que encontramos en el informe realizado por el Centre for Economic Policy Research de Londres, son dos ideas muy simples: el incremento del PIB y la creación de empleo.

El incremento del 0,5% del PIB lo sitúan en la eliminación de lo que denominan aranceles a las mercancías, y que fijan entre el 10 y el 20% de su coste. No solo no es correcto el dato de que los aranceles suponen el porcentaje sobre el coste que dicen, sino que por rebajar o eliminar los mismos no se aumenta el PIB (esto último siempre depende de la demanda y no de la desregulación normativa). El incremento del PIB lo sitúan en los sectores del metal (12%) y alimentos procesados (9%) por la eliminación de controles de seguridad y alimentarios. El eliminar garantías y controles y rebajar salarios tiene un efecto de caída de la demanda en los territorios donde se aplica, por lo que el primer efecto es la caída del consumo en los estados de la Unión Europea. El disminuir controles no supone aumentar la demanda sino rebajar costes. Ello a su vez tiene un efecto de destrucción de empleo que provoca esa caída de consumo. Asimismo, la llegada de productos a un coste inferior supone una disminución de la producción interna.

En cuanto a la creación de empleo, en el caso de España la sitúan en 144.000 puestos de trabajo. Pero debemos explicar que la tendencia será a eliminar puestos de trabajo y a transformar empleo de calidad en precario. Todos los tratados llamados “de libre comercio” han tenido efectos en el conjunto del planeta, cuantificando ya los primeros estudios la pérdida de un millón de puestos de trabajo como consecuencia del TTIP (Tufts University). A continuación, en el caso concreto del Estado español explicaremos el porqué.

Los efectos del TTIP en el Estado español

El TTIP puede convertirse en uno de los grandes ataques no ya contra la soberanía de los pueblos (que bajo el capitalismo no existe) sino contra el Estado de Derecho como lo hemos conocido en las últimas décadas. A la vez, y como ya hemos adelantado, el objeto que se persigue es encontrar nuevos mercados para las burguesías internacionales a través de la eliminación de garantías de todo tipo, la degradación de las condiciones laborales y asegurarse la gestión privada de los históricos servicios públicos.

En el terreno de lo concreto, y analizado el carácter periférico de la economía española (construcción, turismo, automóvil y agroalimentaria), encontraremos que algunas zonas que tienen el automóvil y el metal como principales actividades (Barcelona, Valencia, Valladolid, Pontevedra) verán una caída de sus producciones por llegar a los mercados vehículos y productos estadounidenses fabricados con menos derechos laborales. Asimismo, el efecto indirecto será una permanente presión sobre los salarios dignos de los sectores del automóvil y el metal, algo que también podría ocurrir en otros sectores, como la alimentación por la llegada de productos a bajo precio fruto de la falta de derechos laborales y la alteración genética de los mismos. Tan solo debemos observar el efecto de la eliminación de un millón de puestos de trabajo en la agricultura y la alimentación en México en los veinte años de vigencia del NAFTA.

Ahora ya no hablamos de deslocalización de actividades, sino de un proceso de degradación interna de las condiciones laborales por el que las pequeñas y medianas empresas no pueden asumir las caídas de costes, cuestión que provocará la destrucción de empleo. En ese camino, los trabajadores y trabajadoras de las grandes empresas verán degradadas sus condiciones laborales.

No han sido objeto de análisis en este artículo los efectos de las propuestas del documento secreto de 26 de mayo de 2014, pero su desarrollo es un puro expolio y robo de los servicios públicos a manos de las multinacionales. Imponer el mejor precio como criterio principal en la gestión del servicio público es un regalo para las grandes empresas privadas, al tiempo que implicará un proceso sin precedentes de degradación de las condiciones laborales. Únicamente tenemos que ver las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de Telefónica hace veinte años y las de las contratas privadas del sector de la telefonía en la actualidad. También deberíamos ver la calidad de los servicios de ahora y los que teníamos con titularidad pública. Es por eso que quieren garantizar la imposibilidad de remunicipalizaciones y nacionalizaciones.

Más allá de las dificultades para conocer todo lo que se discute entre EE.UU. y la Comisión Europea, el TTIP, CETA y TISA son los mecanismos a través de los cuales nos roban servicios públicos y degradan condiciones laborales como camino para mantener las tasas de beneficios de las multinacionales. Pero, sobre todo, son la nueva táctica y estrategia en que la desposesión se desarrolla a través de mecanismos casi sin posibilidad de participación pública y donde generan un sujeto antagónico con dificultades de identificación.

Ahora ya no hablamos de modelos económicos dentro del capitalismo, hablamos de un modelo único con una única posibilidad de gestión, empobreciendo a las clases trabajadoras y terminando con expresiones de democracias formales. Pensar que hay algún tipo de libertad en el paraguas de la Unión Europea es una utopía reaccionaria y mantenerse en el capitalismo como modelo económico es asumir el sufrimiento social.

Visto en MientrasTanto

[Vidal Aragonés es profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB, y abogado laboralista del Col·lectiu Ronda.]

Un excelente trabajo de Albano Dante Fachín en el núm. 5 de Cafeambllet

PP, PSOE, UPyD y CiU unidos a favor de un tratado negociado en secreto entre la UE y EE.UU.
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Los cuatro partidos apoyaron el tratado de comercio que la Comisión Europea negocia en secreto con EE.UU.· CiU votó en contra de hacer un referéndum sobre el tema con PP, PSOE y UPyD . Artur Mas negó en el Parlamento conocer las negociaciones a pesar de que días antes CiU las habia apoyado en el Congreso · Los medios de comunicación catalanes y españoles han ocultado el pacto que beneficiará a Ferrovial, ACS y al Banco de Santander.

El día que CiU, PP, PSOE y UPyD se unieron para evitar que la ciudadanía pudiera decidir sobre su futuro económico, ningún periódico hizo mención en su portada y la noticia tampoco abrió ningún telediario. Pero los hechos son reales, tuvieron lugar el 6 de mayo de 2014 y ahora os explicaremos las enormes consecuencias que puede tener. Y cuando decimos “enormes” hablamos del mayor ataque a la democracia que se haya vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si piensas que es una exageración, lee este texto hasta el final.

El 25 de junio de 2014 David Fernández abría el melón en el Parlamento y preguntaba a Artur Mas sobre algo llamado “TTIP”, un tratado de comercio que la Comisión Europea negocia con Estados Unidos rodeada de un secretismo denunciado por cientos de organizaciones de todo el mundo. Dirigiéndose a al Presidente, el diputado de la CUP dijo:

- Nos gustaría abrir un debate sobre uno de los aspectos más escondidos, silenciados y amordazados de la coyuntura europea que es el Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés) que anula la democracia (…) Desde esta perspectiva de secuestro y ataque a la soberanía política y económica, nos gustaría saber cuál es el posicionamiento del Presidente y por extensión del Gobierno respecto al futuro tratado.

A lo que Artur Mas respondió:

- Señor Fernández, usted mismo decía que muchas de las cosas que se deben de estar hablando no están al alcance público y le tengo que decir que tampoco están al alcance de este Gobierno …

Pero Artur Mas mentía a David Fernández porque pocas semanas antes, en el Congreso CiU se unía a PP, PSOE y UPyD para defender el TTIP, el tratado de libre comercio entre Europa y EEUU. Consciente de este hecho Fernández replicó:

- Señor Presidente … la respuesta es aún más inquietante que la pregunta …

Efectivamente, es preocupante que Artur Mas diga en el Parlamento que la información sobre el TTIP “no está al alcance” del Gobierno cuando su partido, unos días antes se unió al PP, al PSOE ya UPyD para impedir que se hiciera un referéndum sobre el tema, tal como pedía el grupo de Izquierda Plural (IU, ICV y CHA). Es preocupante que Mas diga que no tiene información cuando días antes, el Congreso de los diputados, el representante de CiU, Jordi Xuclà, defendía el TTIP abiertamente:

- El TTIP es seguramente una de las mejores iniciativas del presidente Obama mirando a Europa. Es un acuerdo ganador-ganador en el fortalecimiento del libre comercio en el mundo libre …

A su vez, en el mismo debate, el diputado de UPyD, Alvaro Anchuelo compartía con Xuclà su entusiasmo por el TTIP:

- Hay importantes sectores en los que España es competitiva y pueden mejorar sus intercambios con el TTIP.

¿A qué sectores se refiere Anchuelo? Al pequeños comercios? Los autónomos? Veámoslo:

- Podrán mejorar sus intercambios empresas de obras públicas, infraestructuras, o transporte aéreo o servicios financieros donde España tiene importantes multinacionales …

El representante del PSOE, Félix Lavilla dejó clara la postura de su partido:

- Nosotros decimos “si” al TTIP. Los socialistas tenemos una posición clara porque beneficia a nuestro país, beneficia a la UE … Este tratado tiene un potenciCaptura de pantalla 2014-11-10 a las 19.31.28al enorme para crear empleo y generar crecimiento en Europa.

Finalmente, la diputada del PP, María Miguelez, lo deja claro:

- El TTIP es una de las cosas más importantes que comercialmente le sucederá en España. Nosotros creemos en la capacidad de las empresas españolas que están construyendo el metro de Lima o la nueva terminal del aeropuerto de Heathrow …

Otra vez la defensa del TTIP tiene como beneficiarias las grandes empresas. El metro de Lima lo construyen dos “empresas españolas”: FCC y ASC, la empresa de Florentino Pérez. La ampliación del aeropuerto de Heathrow la hace Ferrovial, empresa implicada en el escándalo de financiación de CiU en el Palau de la Música. Pero seguimos adelante con la defensa del acuerdo que hace la diputada del PP:

- Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el acuerdo se firme lo antes posible porque creemos que es bueno para España …

Estas alabanzas del TTIP en el Congreso, sin embargo, no son el resultado de que estos partidos quisieran explicar a la población sus beneficios. Estas que hemos leído son las respuestas a una moción presentada por el grupo Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) en la que se pedía, entre otras cosas, que la aprobación del TTIP fuera sometida a referéndum. Ante esta petición CiU, PP, PSOE y UPyD votaron en contra de hacer este referéndum.Captura de pantalla 2014-11-10 a las 19.32.13

La primera pregunta que hay que hacerse ante esto es: ¿cómo es que si el TTIP generará tanta riqueza y empleo, sus defensores llevan las negociaciones en secreto? Y también hay que preguntarse: ¿Cómo es que los partidos que defienden el TTIP no hacen ruedas de prensa explicando a la ciudadanía el proyecto? ¿Cómo es que ningún partido intenta atruibuirse el mérito de su aprobación? Y por último: ¿cómo es que los medios de comunicación no explican casi nada al respecto? Si, según dice el PP “este acuerdo es una de las cosas más importantes que le pasará a España” porque todo el mundo calla y sólo dan explicaciones cuando una moción en contra los obliga a hacerlo?

Julian Assange, fundador de Wikileaks apunta una respuesta: “Los gobiernos tienen pánico que la ciudadanía hable de este tratado”. ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué tanto secretismo? Veamos los detalles de lo que muchos consideran el mayor ataque a la democracia europea desde la Segunda Guerra Mundial.

El TTIP (versión oficial)

Empecemos por el principio. La Comisión Europea explica en su web que el TTIP es “un tratado de comercio que se está negociando con los Estados Unidos (EEUU) con el objetivo de “eliminar los obstáculos comerciales para facilitar la compraventa de bienes y servicios entre la UE y los EEUU”. Para conseguir este objetivo el TTIP propone eliminar la “regulación innecesaria” y las “barreras burocráticas”. Según la Comisión Europea si se eliminan estas “reglas innecesarias” la economía europea podrá crecer 119.000M€ cada año y generar millones de puestos de trabajo.

Antes de continuar con el TTIP, sin embargo, es necesario ver quién es la “Comisión Europea” que hace estas promesas. La Comisión Europea es el equipo de gobierno de la UE y actualmente está integrado por miembros del PP y los socialistas europeos, que después de las elecciones, pactaron para gobernar Europa. Haciendo un paralelismo a nivel local, la Comisión Europea es como un gobierno de España integrado por PP-PSOE. El presidente de la Comisión Europea es Jean Claude Juncker, del PP europeo.

Explico esto porque se tiende a ver la Comisión Europea como un órgano neutro cuando no lo es y porque es importante saber que quien impulsa el TTIP es un gobierno integrado por el PP y los homólogos europeos del PSOE.

Ahora sí, volvamos al TTIP. La Comisión Europa propone “eliminar la regulación innecesaria”. Pero a qué “regulaciones innecesarias” se refiere? Normalmente pone el siguiente ejemplo: “Un coche fabricado en la UE tiene que pasar los controles de seguridad de la UE. Pero aunque la UE haya dado por bueno, el coche tendrá que volver a pasar controles de seguridad en los EE.UU., a pesar de que la normativa de seguridad es similar”, lo que encarece el producto. La propuesta de un mismo procedimiento sirva para EEUU y para la UE tiene mucho sentido. Pero el TTIP va mucho más allá de la seguridad de los coches y se extiende a toda la regulación: alimentos, medio ambiente, productos químicos y todo lo que aprueban los parlamentos toda Europa.

Entonces con el TTIP una prohibición contra el fracking aprobada por el Parlamento de Cataluña podría ser calificada como una “barrera burocrática” y ser abolida? Un salario mínimo podría ser considerado una “regla innecesaria” que podría ser obviada? Los contrarios al TTIP creen que sí y hablan abiertamente de “ataque a la democracia”. Pero hasta qué punto está justificada esta apreciación? Veámoslo.

¿Quién está detrás el nacimiento del TTIP?

La organización Corporate Europe –dedicada al estudio de las interacciones entre empresas y parlamentarios europeos– bautizó el TTIP como “la constitución de las multinacionales”. Si miramos quienes son sus “padres fundadores” esta definición no es descabellada.

Uno de los primeros rastros del TTIP lo encontramos en 1995 en Sevilla cuando se celebró una reunión bajo el título “Diálogos Empresariales Transatlánticos”. La reunión estaba convocada por el Secretario de Comercio estadounidense y el vicepresidente de la Comisión Europea. Entre los invitados a estos “diálogos” estaban los representantes de Goldman Sachs, BP, Ford, Xerox, Phillips, Repsol y el fabricante de armamento Dresser Industries. El objetivo de la reunión era “posibilitar que los líderes empresariales de ambos lados del Atlántico identifiquen las claves sobre el comercio entre Europa y EEUU” y “indicar los pasos que se deberían seguir para reducir el costo de hacer negocios “. Es decir: los empresarios se reunieron para decirle a la UE ya los EE.UU. lo que tenían que hacer en materia comercial.

Desde entonces los “líderes empresariales” no han dejado de presionar a los gobiernos de EEUU y la UE para “indicar los pasos” y luchar contra las “reglas innecesarias”. Después de años y millones de euros invertidos en lobby, en 2011 Barack Obama, Angela Merkel y el entonces presidente de la Comisión Europa, Durao Barroso, crean un ente llamado “Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento”. El objetivo de este grupo es “examinar a fondo las oportunidades” de hacer un tratado de comercio entre EEUU y la UE. Finalmente, en febrero de 2013, este “grupo de alto nivel” recomienda a la UE y EEUU iniciaron las negociaciones del TTIP.

Cómo se negocia el TTIP?

Tanto EEUU como la UE han designado un representante suyo para llevar las negociaciones. El “negociador jefe” en nombre de los EE.UU. es Daniel Mullaney y el de la UE es Ignacio García Bercero. Las negociaciones sobre el TTIP se realizan, como veremos, en decenas de reuniones en ambos lados del Atlántico, pero la parte más visible de estas negociaciones son las “rondas de negociación”. La primera “ronda” tuvo lugar en Washington el 7 de julio de 2013 y hasta el día de hoy se han celebrado 7 rondas, la última el 3 de octubre en Maryland (EE.UU.).

¿Quién participa en estas “Rondas de negociación”?

Una de las primeras reacciones de diversos sectores de la sociedad -tanto en la UE como en EEUU- fue poner el foco en la opacidad con la que se empezaron a llevar a cabo las “negociaciones” y las “rondas”.

En Europa uno de los primeros que pidió información concreta fue Corporate Europe Observatory quien a finales de 2013 pidió a la Comisión Europea la lista de los participantes en las conversaciones preparatorias de las negociaciones del TTIP.

Tras varias negativas la Comisión Europea se vio obligada a dar una lista con las 130 reuniones que habían tenido lugar hasta el momento. Según la información de la propia Comisión Europea, de las 130 encuentros, 119 (un 93%) fueron entre miembros de los gobiernos y grandes multinacionales: Morgan Stanley, General Motors, British Telecom, Met Life, Ford, Nokia o la British Bankers Association , entre otras.

Las negociaciones del TTIP también incluyen varios “grupos asesores”. Según Corporate Europe estos “grupos asesores” están “dominados por la industria”. Un hecho que reconocen los mismos grupos industriales, que se han mostrado satisfechos que los “grupos asesores” hayan adoptado “una perspectiva empresarial” y que “hablen un lenguaje empresarial”. En el otro costa del Atlántico las cosas son similares. Según el observatorio Public Citizen, que lleva 40 años trabajando en el Congreso de EE.UU., el 84% de los “asesores” en las negociaciones del TTIP en EEUU representan a la gran industria, donde encontramos la farmacéutica Abbot, el gigante agroalimentario Cargill o los fondos de inversión Capital Partners.

30 años de opacidad

Cuando Corporate Europe hizo pública la lista donde se veía que los participantes en las negociaciones eran básicamente grandes grupos multinacionales, los negociadores de EEUU se pusieron nerviosos y pidieron explicaciones a la parte europea sobre la “confidencialidad” de las negociaciones. Para tranquilizarlos el negociador europeo, García Bercero, envió una carta a su homólogo norteamericano Daniel Mullany. En la carta, con fecha de 5 de julio de 2014, Bercero informaba a los norteamericanos que “todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante 30 años”. Esto incluye, incluso, a los diputados del Parlamento Europeo ya que, según Bercero, los documentos sobre las negociaciones del TTIP quedarían fuera de la Regla 1049/2001 que estabelix que todos los documentos de las instituciones europeas deben ser públicos. Todos excepto los del TTIP, por que tendremos que esperar 30 años …

¿Pero es bueno para la nuestra economía?

Pero quién puede preocuparse de la opacidad cuando estamos ante un boom económico que generará millones de puestos de trabajo? Según la Comisión Europea (recordemos, gobernada por los homólogos europeos de PP y PSOE) el TTIP generará “unos ingresos extra de 545€ por hogar” en toda Europa y más de un millón de puestos de trabajo, con un incremento anual del PBI de un 0,5%. Estas cifras están contenidas en un estudio realizado por la Comisión Europea que tenía como objetivo “aportar información sobre la conveniencia de abrir las negociaciones sobre el TTIP”.

Pero este informe no convence a todos. Por un lado, y con respecto al hipotético beneficio de 545€ por hogar, el economista Dean Baker, del Centro para la Investigación en Política y Economía, publicaba en el diario The Guardian: “que en realidad no se podía esperar más de 50€ al año por hogar”… Y eso teniendo en cuenta que los beneficios se repartan de manera homogénea: beneficiará el TTIP por igual a un empleado de un McDonalds que a un ejecutivo de la banca de inversión? Baker lo duda.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Manchester y experto en tratados de comercio, Clive George, pone en cuestión estos datos: “En primer lugar, estas previsiones responden al escenario más optimista de los tres que recoge el documento. En segundo lugar se obvia que, de confirmarse, estos resultados tardarán 10 años en ser operativos, según reconoce el mismo informe”. Así, el incremento quedaría “no en un 0,5% sino en un 0,05% anual repartido en 10 años en el mejor de los casos”

Pero si las ganancias esperadas son tan escasos, qué interés tienen los impulsores del TTIP? Según Clive George la ganancia está en la desregulación que permitirá que las empresas privadas se hagan con los servicios públicos europeos. Así lo explica Michael Hudson, de la Universidad de Missouri: “La UE y EEUU se encuentran inmersos en un escenario post-burbuja en el que ya no pueden ganar dinero prestando dinero” y por ello “han elegido convertirse en rentistas neo -feudals con la intención de comprar carreteras para poner peajes”, un ejemplo que se hace extensivo a todo el sistema público europeo, incluyendo “escuelas, cárceles y hospitales”.

En este sentido un artículo del diario británico The Independent advertía que con el TTIP “los servicios públicos están en primera línea de fuego ya que uno de los principales intereses del TTIP es permitir a las empresas de EE.UU. hacerse con los servicios públicos europeos”. Una amenaza bastante real como para que el gobierno escocés, presidido por Alex Salmond, haya exigido al gobierno de Londres que “proteja el sistema público de salud de la amenaza del TTIP” ante la amenaza que “gran compañías sanitarias de EEUU se hagan con el servicio público de salud “.

La propaganda del TTIP

Como hemos visto antes, el TTIP está en fase de negociación y las disputas a su alrededor parecen de carácter estrictamente ideológico. Así, por un lado tenemos una coalición PP-PSOE a la europea que augura un boom económico y por otro, un creciente número de opiniones que advierten de los peligros del TTIP.

Ante este escenario, puede ser útil ver los resultados que han dado otros tratados similares, como por ejemplo el NAFTA, el tratado del libre comercio entre Canadá, EEUU y México, en el que se inspira el TTIP.

Las promesas del NAFTA

El NAFTA se aprobó en 1994 y fue presentado a los habitantes de los países participantes como una “oportunidad histórica”. Veinte años después, sin embargo, la realidad es muy diferente a lo que se prometió.

En un estudio publicado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) con sede en Washington, el impacto del NAFTA en México es indiscutiblemente negativo. El subdirector del CEPR y profesor de economía de la Universidad de Michigan, Mark Weisbrot fue claro: “el tratado fue un terrible error considerando cualquier indicador económico y social”

En EEUU el impacto del NAFTA tampoco es muy alentador. Con motivo del 20 aniversario del NAFTA el influyente diario digital The Huffington Post titualava: “La economía de EEUU ha perdido 700.000 puestos de trabajo a causa del NAFTA”. En este sentido el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribía en The New York Times en 2006 una columna titulada “Promesas incumplidas” donde analizaba el impacto del NAFTA: “Libre comercio no implica crecimiento”. E iba más allá: “El NAFTA no ha cumplido las fervientes expectativas de sus defensores”. Según Noam Chomsky, del Massachusetts Institute of Tecnology “el NAFTA ha profundizado en las desigualdades y ha sido un mecanismo para transferir una enorme cantidad de riqueza desde las clases bajas y medias hacia las cuentas bancarias del 1%”. Según Stiglitz esto obedece a que “el NAFTA ocultaba una serie de nuevos derechos para las empresas, que debilitan la democracia en toda América del Norte”. Si, habéis leído bien: “una serie de nuevos derechos para las empresas, que debilitan la democracia en toda América del Norte”.

Seguir leyendo en el original de cafeambllet….

 

Ya sabíamos lo fundamental, pero conviene tener datos, nombres, fechas, para que no quede ningún resquicio de duda: Este sistema económico, el capitalismo del siglo XXI, es una estafa organizada por y para unos pocos poderosos, y mi usted ni yo tenemos porque aguantarlos ni seguir costeando su despilfarro. Para ello, el periodismo de investigación, sobre todo si lo acompañan nombres tan relevantes como los de Michael Hudson y Mar Cabra, es fundamental. Y para ponernos al día habrá que seguir con atención El Confidencial que a partir de hoy publicará una serie de reportajes elaborados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y un equipo de más de 80 profesionales de 26 países. Su investigación descubre el “ahorro” de miles de millones en impuestos (también en España), en base a 28.000 páginas de documentos confidenciales. El método utilizado por las empresas y fondos defraudadores: firmar acuerdos secretos con Luxemburgo (sí, el mini-país fundador de la UE, en el corazón de Europa) para reducir casi a la nada sus deberes fiscales (aunque naturalmente, su presencia en el Gran Ducado, como sucede en todos los paraísos fiscales, es poco menos que testimonial). Los nombres de las grandes empresas que rehúyen a Montoro (pero sobre todo se niegan a financiar los servicios sociales) son, según El Confidencial, Pepsi, Ikea, FedEx y otras 340 empresas multinacionales. El tipo efectivo que pagan, en plena Unión Europea: menos del 1%.

La documentación que estos medios investigan -entre ellos The Guardian (Reino Unido), Süddeutsche Zeitung y NDR (Alemania), la Canadian Broadcasting Corporation (Canadá), Le Monde (Francia), Asahi Shimbun (Japón), Politiken (Dinamarca) o Folha de S. Paulo (Brasil- consiste en cientos de acuerdos fiscales privados y secretos, conocidos como tax rulings o comfort letters, mediante las cuales Luxemburgo ofrece un tratamiento fiscal favorable a las grandes multinacionales. Han conseguido 548 tax rulings, mientras la Comisión Europea no puede conseguirlas porque el gobierno de Luxemburgo no se las entrega…. ¿No les recuerda algo todo eso los juegos epistolares del PP y el juez Ruz? Y en más de un sentido, porque por lo que parece, también el Gobierno luxemburgués se ha pasado de listo y rapaz (como Bárcenas, Blesa o Granados) y ha superado los límites de saqueo aceptables.

Personalmente, lo que más me divierte es volverme a encontrar con PwC, la consultora-auditora que dirige-asesora los procesos de privatización de nuestra sanidad (incluido el programa VISC+ de la Generalitat de Catalunya). Donde haya algo turbio, allí está la PwC. En este caso, con el sobrenombre de “el mago que hace desaparecer los impuestos”. ¿Cómo lo hace? Fácil para el estándard moral de la PwC: se ofrece a representar en Luxewmburgo a cientos de estas empresas a las que no les apetece nada pagar impuestos y “les diseñaba complejas estrategias financieras que comprenden préstamos de las matrices luxemburguesas a las filiales de otros países y otras estructuras para transferir beneficios de una parte de la empresa a otra con el fin de reducir o suprimir totalmente los ingresos sujetos al pago de impuestos.” Con sus artimañas logró que FedEx sólo tributara por el 0,25% de sus ingresos y dejaba libre de impuestos el 99,75% restante. Al maná escapista acuden las grandes firmas de todos los sectores. Quizás les suenen los nombres de Accenture, Abbott Laboratories, AIG, Amazon, Blackstone, Deutsche Bank, The Coach, H.J. Heinz, JP Morgan Chase, Burberry, Procter & Gamble, Carlyle o la Abu Dhabi Investment Authority.

Por su parte, las autoridades luxemburguesas aseguran, naturalmente, que el sistema de acuerdos fiscales privados del país es irreprochable. Y tendrán que repetirlo muchas veces para dotar de credibilidad a Jean Claude Juncker, el flamante Presidente de la Comisión Europea que fue primer ministro de Luxemburgo durante más de veinte años, precisamente cuando se aprobaron muchas de las ventajas fiscales del país. Sin embargo, lo que son las cosas, desde su nuevo cargo, ha prometido mano dura con estas artimañas. Algo parecido a la conversión sufrida por Arias Cañete, que es tan diferente ahora como Comisario Europeo de lo que fue hace apenas dos minutos. Sería difícil encontrar a dos políticos menos de fiar para la Comisión Europea.

Sigan leyendo en El Confidencial los detalles concretos de cómo son las empresas proponen cuánto quieren pagar, y cómo los asesores fiscales de PwC (y otros) se las ingenian para conseguirlo. “Es la primera vez que vemos el verdadero funcionamiento de Luxemburgo como un paraíso fiscal”, asegura Richard Brooks, exinspector de Hacienda británico y autor del libro El gran robo fiscal, que ha ayudado a ICIJ a revisar algunos de los documentos.

Y concluyo con esta anécdota que me parecce muy ilustrativa: “El mes pasado, en un prestigioso evento en el Metropolitan Club de Nueva York, Pierre Gramegna, el ministro de Finanzas luxemburgués, afirmó de forma tajante, alto y claro, que Luxemburgo no es un paraíso fiscal. La respuesta que recibió del auditorio fue una sonora carcajada. Lo cierto es que más de 170 de las 500 empresas de la lista Fortune tienen una oficina en el país. Se estima que en 2012 las compañías de EEUU transfirieron 95.000 millones de dólares de sus beneficios fuera de su país a Luxemburgo, sobre los que pagaron 1.040 millones, apenas el 1,1%.” Y ya estoy deseando saber cuanto se nos ha esquilmado al fisco de España. Para hacer aquello tan demagógico, ya saben, de compararlo con los recortes en dependencia, pensiones, sanidad, enseñanza…E ir empujando, poco a poco, a que el miedo cambie de lado.

Todos los medios de comunicación están ocupados casi exclusivamente con los casos que cada día nos proporciona la corrupción. Son, en efecto, noticiables tanto las tramas que organizan esos puntuales administradores de lo público, como le gusta reducir el tema al presidente del Gobierno, obviando que esos casos puntuales están en la cúpula, son sus estrechos colaboradores, como los métodos que utilizan los responsables de estos escándalos para solucionar esta lacra y asumir responsabilidades, métodos ligados a nuestra educación católica y que se reducen a confesar el pecado y pedir disculpas, tras lo cual se recibe la absolución de la sociedad.

Mientras estamos entretenidos en esto, ellos no se están quietos, van tres pasos por delante.

Entre Estados Unidos y la Unión Europea se está negociando el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) que en castellano se diría Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Este tratado va a cambiar el sistema tal y como lo conocemos y, desde luego, va a transformar nuestras vidas en tanto restringe de forma irreversible nuestra capacidad de decisión en temas que nos afectan, y que se resumen en ¿podemos decidir en qué mundo queremos vivir? Hasta ahora nos decían que con nuestro voto podíamos influir. Si se cierra este tratado, que se hará de forma colectiva, se firmará cómo UE y los diferentes Estados no podrán introducir enmiendas, se acabó el cuento.

En primer lugar sorprende que se lleven las negociaciones a espaldas de los ciudadanos. Los documentos que se van filtrando llevan el membrete de “secreto” y los señores que están decidiendo nuestro futuro no tienen la menor intención de informarnos de las enormes ventajas que este tratado nos va a aportar. Se está hurtando el debate imprescindible en una sociedad democrática porque lo que es bueno es bueno y no estaría bien que la ignorancia del pueblo pusiera palitos en las ruedas de la máquina que manejan nuestros benefactores.

Aparte de este punto que nos lleva de nuevo al despotismo, donde el pueblo pasa a ser el objeto pasivo de las decisiones de los ilustrados, son varias las críticas que suscita este tratado, para algunos, abominable, impresentable, peligrosísimo.

Una vez firmado, las reglas que rigen en cuanto al control de los gobiernos a las grandes corporaciones serán homogéneas a ambos lados del Atlántico, es decir, que regirán las mismas normas de control o descontrol en EEUU que en la UE. Así, las grandes multinacionales que se dedican, por ejemplo, al tema de la sanidad, la educación, o cualquier otro servicio público, podrán exigir al Gobierno español que deje de proteger con los Presupuestos estos servicios porque esa decisión iría contra sus legítimos intereses lucrativos y podrían exigir indemnizaciones millonarias por competencia desleal. Es decir, el Estado deja de dar prioridad a aquellas cuestiones de organización social que priman el interés general, el bienestar de la ciudadanía, para poner en el mismo platillo la calidad de vida de sus ciudadanos y los intereses económicos de las grandes corporaciones.

Un sistema de arbitraje privado

Una cosa alucinante es que, en caso de conflicto, para evitar que la Justicia de los diferentes estados fallara a favor de su Administración correspondiente, no fuera del todo objetiva, estas cosas ya no las decidirán los tribunales nacionales ni internacionales, sino un sistema de arbitraje privado formado por estos tecnócratas apolíticos que ya conocemos. ¿Quién nombrará a estos señores árbitros? No hay que ser muy listo para deducirlo, pero la influencia de los grandes grupos de presión, eso que llaman lobbies, que tienen la pasta de todo el planeta, será importante. Resumiendo, los Estados no podrán frenar las ansias expansionistas de las grandes multinacionales aunque vayan contra los intereses de los ciudadanos o choquen frontalmente con la legislación vigente que pasará a ser de un orden inferior. El reciente caso de Coca-Cola, cerrando la fábrica más importante de Europa, ubicada en Madrid, con unos beneficios espectaculares, ante el silencio de los medios de comunicación porque dependen de los pagos que esta empresa les hace en publicidad, es un ejemplo de lo que nos espera. De momento, los tribunales están fallando a favor de los trabajadores, pero tras la firma de este tratado no podrán intervenir.

Esa es otra, estos tratados incluyen restricciones de los derechos de los trabajadores, como no podía ser de otra manera.

Con respecto a los artículos que consumimos, ancha será la manga que los controle. Este tema con el que los ecologistas se ponen tan pesados advirtiéndonos sobre el comercio de los alimentos transgénicos, del control de la alimentación del ganado, la cosa de las hormonas y todo eso, actualmente regulado por la UE, quedará suprimido. Ya no serán los productos los que tengan que demostrar su inocuidad antes de salir al mercado, superando los mecanismos que establecen nuestros controles sanitarios, sino que deberá ser el Estado el que defina su incuestionable peligrosidad para los ciudadanos, cosa harto compleja por lo sencillo que es generar controversia con científicos a sueldo de las empresas. Recordemos que todavía quedan científicos que niegan, por ejemplo, el cambio climático.

Por cierto, un tema que entra en estas cuestiones es el de las compañías energéticas. Como sabemos, en EEUU el fracking se desenvuelve sin problemas, en la UE está por decidir qué se hace. ¿Quién ganará esta partida? ¿Prohibirá EEUU el fracking por imposición de la UE o será la UE la que ceda? A mí no me cabe duda del resultado final.

Del tema ecológico, conservación de la naturaleza, etcétera, mejor no hablar, pero habrá que hacerlo algún día. ¿Serían tan amables de contárnoslo?

¿Cuáles son las bondades del tratado? Las de siempre: creación de empleo y desarrollo de la economía.

En cuanto a la primera cuestión, los diferentes tratados de libre comercio que ya operan en función de esta ventaja no sólo no han conseguido ese propósito sino que han destruido empleo tras su entrada en vigor y, además, ¡oh sorpresa!, el que se crea es precario, como consecuencia de la abolición de los derechos colectivos. Este tratado podría tener ventajas si se cumplieran las reglas del mercado libre, si este mercado fuera ideal, pero la historia ha demostrado que los países han marcado sus tramos de desarrollo, precisamente, cuando han tenido leyes proteccionistas que defendían a los ciudadanos del expolio y el apetito desenfrenado del mercado exterior, trabajando a favor de sus intereses y no de los de las grandes corporaciones. Véase los casos recientes de Bolivia o Ecuador.

Con respecto al desarrollo de la economía, este factor no lo discute nadie, pero los beneficios de esta economía neoliberal llegan cada vez en menor medida a los ciudadanos, la sociedad es cada vez más desigual, más asimétrica, la concentración de capital es cada vez mayor y serán las grandes multinacionales las principales beneficiarias de esta política internacional. Si no, ¿para qué lo plantearían? Llevan años negociando este tratado y ya somos lo suficientemente adultos para saber el tipo de altruismo que les mueve. Han condenado al hambre a la mayoría del planeta para satisfacer su voracidad lucrativa y expansionista.

De momento dicen que PP, PSOE, CIU y UPyD están de acuerdo en firmar este TTIP. Si no es así, que se manifiesten sin necesidad de que tengamos que recurrir a la ouija, porque será un tema muy importante a la hora de decidir a quién se vota.

Estamos a tiempo de pararlo, si es que no nos conviene, exigiendo que se nos informe sobre el contenido exacto de estas negociaciones y sus consecuencias. Pido disculpas de antemano por si en algún aspecto lo que comento no es exacto, pero me gustaría que las autoridades competentes nos contaran qué es eso de lo que hablan a puerta cerrada exigiendo que actúen en secreto a los negociadores que hemos votado y, supuestamente, nos representan, para que podamos hablar con más propiedad. De momento lo hago por boca de terceros, expertos en la materia. Para evitar desinformación e imprecisiones, pongan las cartas sobre la mesa antes de cerrarlo y, desde luego, permitan el debate ciudadano para someterlo a referéndum. Es importante, y no sólo para los que viven de la puerta giratoria. Al otro lado somos más.

Visto en InfoLibre

ANA TUDELA FLORES cuenta de sí misma que nació en un coche a 500 metros del Hospital de La Paz (Madrid) en un país al que le quedaba algún año para ser democrático. Se licenció en Periodismo sin haber pagado una matrícula gracias a que España quería universitarios y ahora estudia Economía por la UNED al ritmo que permiten las nuevas tasas. En su vida profesional ha descubierto que se puede hacer periodismo trabajando para el Opus Dei, cuando La Gaceta de los Negocios era un diario de información; para los neoliberales, desde El Economista, y para un supuesto trotskista que fundó Público y lo cerró, mandando a sus trabajadores al Fogasa, una vez que escribir con la izquierda ya no ayudaba a sus intereses económicos. Ha sido jefa de contenidos de la edición española de Forbes. Entre sus trabajos de investigación se incluye el que llevó a la Justicia a desmantelar la cúpula de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Ahora acaba de publicar el libro “Crisis S.A.: El saqueo neoliberal” en la colección A Fondo, que Pascual Serrano dirige en la editorial Akal.

En su presentación, destaca Serrano que “la sospecha al inicio de la crisis de que estábamovs ante un saqueo ya se ha convertido en certeza absoluta” y esta idea se extiende por el cañamazo sobre el que el escritor y periodista construye un texto breve, crudo y esencial que también forma parte del libro.

Aquella sospecha al inicio de la crisis de que estábamos ante un saqueo en lugar de una crisis ya se ha convertido en una certeza absoluta. Mientras nos despedían del trabajo, o disminuían o congelaban los sueldos, el precio de las acciones de las 35 empresas más poderosas de la Bolsa española conseguían que subiera un 30 por 100 en cuatro meses. Mientras los bancos ejecutan un desahucio cada 15 minutos, los siete grandes españoles que cotizan en Bolsa (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Popular, Sabadell y Bankinter) superaban un 34 por 100 su cotización en diez meses.

Quieren convencernos de que como los pensionistas cobraban 600 euros al mes después de trabajar toda la vida, nuestros niños utilizaban libros del colegio y no tenían que comprarlos y el médico nos atendía aunque no tuviésemos dinero, vivíamos por encima de nuestras posibilidades y hemos terminado reventando la caja del Estado.

Pero cuando uno empieza a rascar en lo que está sucediendo descubre que el dinero con el que el Estado social financiaba las medicinas de un anciano de Cuenca o mantenía el colegio de un niño de Móstoles es el aval de las grandes constructoras que construyen la ampliación del canal de Panamá o se destina a ayudar a la banca (107.913 millones de euros procedentes de recursos públicos se han empleado o comprometido en la reestructuración del sector financiero entre inyecciones de capital, avales y líneas de crédito, según el Tribunal de Cuentas).

Y luego está Europa, ese bálsamo de Fierabrás que nos presentaron para resolver todos nuestros problemas, y que se nos ha convertido en un calvario gracias a unos tratados, acuerdos y leyes que nos parecían tan lejanas cuando se firmaban pero que ahora definen cada hora de nuestra vida.

Para entender qué ha pasado, dónde está el dinero, quién se lo ha llevado, y lo que es peor, quiénes se lo quieren seguir llevando, en la colección A Fondo hemos pensado en este libro, Crisis S.A.: El saqueo neoliberal.

Ana Tudela Flores es una periodista especializada en economía. Ha pasado por El Economista, Público o la edición española de Forbes. Ella explica mediante lo que denomina «trasvases» lo que han hecho estos trileros con nuestro dinero, nuestros servicios públicos, nuestros sueldos y nuestras prestaciones sociales. Así entenderemos cómo hemos pasado de un panorama en que nuestros jubilados eran los más humildes de la sociedad a otro en el que gracias a sus escuálidas pensiones viven muchas familias, o nos explicará por qué miles de familias españolas buscan comida en los contenedores de basura mientras los millonarios logran pagar menos impuestos y el dinero público se reserva para banqueros y constructores.

Lo más grave que el lector comprobará en este libro es que, si no reaccionamos, todavía nos pueden quitar más porque han descubierto que nuestras enfermedades, nuestros hijos y nuestra hambre también pueden ser un negocio para algunos.

Bienvenidos a la refundación del capitalismo.

Una nueva información relevante que nos permite entender este perverso sistema y poner en cuestión, con fundamento, esta democracia profiláctica que nos quieren obligar a aceptar como buena. Las personas insumisas, rebeldes e indignadas, las buenas personas desposeídas, engañanas y hartas de desigualdades, no podemos quedar impasibles.  Tenemos que ayudarnos  con mucho cafeambllet  para construir una sociedad donde no nos puedan colar  caballos de Troya ni se oculte lo importante; para que el poder (que ya teme a la gente) tenga miedo a que la prensa informe de lo que pone realmente en precario nuestras vidas; y para que Albano y Marta puedan seguir difundiendo videos como el que sigue, pedagógicos e imprescindibles, entra en

 

Organizaciones contra el TTIP:

· Campanya No al TTIP

· ATTAC España

· Amigos de la Tierra

· Manifiesto No al TTIP

· Firmantes del manifiesto No al TTIP 

 

Artículos sobre el TTIP:

· TTIP y CETA: tratados de comercio devastadores para el empleo y la economía (eldiario.es)

· 50 preguntas y respuestas sobre el Tratado de Libre Comercio (Alberto Garzón y Desiderios Cansino)

· Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales (Diagonal)

· 7 preguntas sobre el TTIP cuya respuesta deberías conocer (eldiario.es)

· El riesgo de incluir un mecanismo de solución de controversias inversores-estados en las negociaciones de un Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (Amigos de la Tierra)

· Tractat de lliure comerç entre EUA i UE [CAT] (Vicenç Navarro)

 

Y en este blog:

http://angelsmcastells.com/2014/08/31/para-saber-mas-del-ttip-y-combatirlo-mejor/

http://angelsmcastells.com/2014/06/22/el-ttip-y-sus-maniobras-en-la-oscuridad/

http://angelsmcastells.com/2014/06/01/derechos-de-los-pueblos-frente-al-poder-corporativo-noalttip/

http://angelsmcastells.com/2014/05/05/httpangelsmcastells-com20140505analisis-desde-la-sanidad-de-la-asociacion-transatlantica-para-el-comercio-y-la-inversion-ttip/

http://angelsmcastells.com/2014/10/20/wikileaks-sigue-desvelando-secretos-del-tipp-y-el-poder-de-la-industria-farmaceutica/

http://angelsmcastells.com/2014/10/01/tres-dones-opinen-sobre-el-projecte-visc-a-cafeambllet/

http://angelsmcastells.com/2014/09/18/en-el-lado-oscuro-de-la-globalizacion/

Comunicado de Prensa - Actualizado sobre el Acuerdo secreto Trans-Pacific Partnership (TPP) - Capítulo IP (segunda publicación)

El pasado jueves 16 de octubre de 2014 WikiLeaks publicó una segunda versión actualizada del TPP referida al Capítulo de Derechos de Propiedad Intelectual.. El TPP es el acuerdo económico y comercial más importante del mundo que, si entra en vigor, abarcará más del 40 por ciento del PIB mundial. El Capítulo IP cubre temas de productos farmacéuticos, registros de patentes y derechos de autor incluidos los derechos digitales. Los expertos dicen que afectará a la libertad de información, las libertades civiles y el acceso a los medicamentos a nivel mundial. El comunicado de WikiLeaks se produce antes de la reunión de jefes negociadores en Canberra el 19 de octubre de 2014, que irá seguida de una reunión  decisiva al máximo nivel en Sydney los días 25-27 de octubre.

A pesar de los efectos de amplio alcance sobre la población mundial, el TPP está siendo negociado en total secreto por 12 países. Pocas personas, incluso dentro de los gobiernos de los países que negocian, tienen acceso al texto completo del proyecto de acuerdo. La  gente a la  que va a afectar, no tiene ninguno en absoluto. Las grandes corporaciones, sin embargo, son capaces de acceder a partes del texto, lo que genera poderosos grupos de presión para lograr cambios a su  favor  que reducen, a su vez, la fuerza de los países miembros en desarrollo. El público, en general, se supone que no tiene nada que decir.

Julian Assange, editor en jefe de WikiLeaks, afirma que “el secretismo selectivo que rodea las negociaciones del TPP, permite que unas pocas megacorporaciones estén “dentro” excluyendo al resto, lo cual revela un miedo clamoroso al  escrutinio público. Con la publicación de este texto será posible que la gente  participe en cuestiones que tendrán un impacto fundamental en sus vidas”.

El documento de 77 páginas y 30.000 palabras es un borrador de trabajo de las negociaciones en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, con fecha 16 de mayo de 2014, e incluye las notas del negociador y todas las posiciones de los países entre corchetes. Aunque se han celebrado un par de rondas de conversaciones después de este texto, poco ha cambiado; parece evidente que las negociaciones se han estancado y que las cuestiones que el documento  plantea se pondrán sobre la mesa de negociación este mismo mes en Australia.

La última vez que el público tuvo acceso al proyecto de Capítulo texto TPP IP fue en noviembre de 2013, cuando WikiLeaks publicó el texto del 30 de agosto 2013. Desde entonces, algunas áreas controvertidas y dañinas han tenido pocos cambios; cuestiones relacionadas con los derechos digitales se han movido poco. Sin embargo, hay adiciones significativas en  industria,  en favor de las áreas de los productos farmacéuticos y patentes. Estas adiciones pueden afectar el acceso a medicamentos importantes como los que combaten el cáncer. También se debilitan los requisitos necesarios para patentar genes de plantas, lo cual  tendrá un gran impacto sobre los pequeños agricultores, aumentando el poder de las grandes corporaciones agrícolas como Monsanto.

Sin embargo, otras áreas objeto de controversia se han alterado: así, las patentes sobre métodos quirúrgicos se han suprimido del texto. Grupos de  médicos dijeron que era de vital importancia participar en los avances y procedimientos sin temor a una demanda al proporcionar la mejor atención a sus pacientes. Se incrementa la oposición para eliminar la disposición propuesta por los EE.UU. y Japón que consiste en exigir patente para nuevos medicamentos que sólo han sido ligeramente alterados a partir de un uno patentado con anterioridad (evergreening), una técnica que la industria farmacéutica utiliza para prolongar el monopolio del mercado.

El nuevo lanzamiento de WikiLeaks del texto TPP IP 05 2014 también tiene adendas inéditas, entre ellas una nueva propuesta para un diferente trato de los países en desarrollo, con diferentes períodos de transición para que el texto entre en vigor. Si bien esta propuesta puede considerarse  un intento de aliviar la dura cargaque el Tratado supone para estos países, las fuentes diplomáticas opinan que se trata de  una táctica dilatoria. Las propuestas,más negativas  del acuerdo  tendrían que entrar en vigor en esos países cuando  los gobiernos que las firmaron podrían haber cambiado.

A pesar de que los Estados Unidos querían conseguir una resolución sobre el TPP el año pasado, este texto  demuestra que todavía hay una enorme oposición y desacuerdo en todo el texto. En este momento crítico las negociaciones se han estancado, y los países en desarrollo están ofreciendo su mayor resistencia. A pesar de los enormes esfuerzos de cabildeo, y las muchas propuestas favorables a las grandes compañías farmacéuticas, éstas todavía no están consiguiendo todo lo que desean, ya sea. Julian Assange dijo que el estancamiento del capítulo IP del TPP demuestra que sólo puede perjudicar a la gente, y que un acuerdo comercial como el TTIP es demasiado perjudicial para ser puesto en vigor. El TPP debe detenerse ahora.

Se explica muy bien (e indigna mejor) la complejidad del TTIP en:

 

 

 

Las tiritas no curan la pobreza from Coordinadora de ONGD Euskadi on Vimeo.

“Las tiritas no curan la pobreza”, un excelente video de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, analiza diversas causas generadoras de pobreza y desigualdad. Entre ellas, la responsabilidad de algunas empresas transnacionales al controlar algunos sectores clave como la energía y el agua; o el papel de instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que con sus decisiones perjudican a los países más empobrecidos. También pone sobre la mesa el expolio de sus recursos naturales al que estos países más pobres se han visto sometidos por parte de los países del Norte más enriquecidos, precisamente aquellos a quienes tienen que devolver la deuda externa ilegítima. Las políticas neoliberales son las responsables de que una pequeña parte de la población pueda mantenerse en la opulencia mientras otra gran parte vive en situaciones de pobreza y exclusión. Vivimos en un sistema injusto que se nutre de la opresión de las mujeres y del empobrecimiento de los países del Sur.

Este es el segundo vídeo de la campaña ¿Quién es quién?, que tiene como fin explicar a la ciudadanía, de una manera sencilla y pedagógica, las principales consecuencias del sistema neoliberal y patriarcal tanto a nivel global como local, identificando a sus principales responsables y proponiendo alternativas que nos lleven a un sistema más solidario y justo para todas las personas.

Insisto en lo importante que es seguir y conocer cada una de las oscuras maniobras del TIPP, el pacto de las élites para la siguiente oleada de desposesión que se avecina. Hay que saberlo todo, entender que es una amenaza muy real, y oponerse con argumentos y convicción para impedir que lleven a término sus fines. Hay que leer todas las reflexiones que inciden y descubren las distintas facetas del nuevo expolio global, y darnos cuenta de hasta qué punto nuestra sanidad pública (con otros determinantes claves de nuestra convivencia, cultura, investigación) está sobre la mesa de cambio de los grandes mercaderes de nuestra SALUD y nuestra vida. Cuanta más oscuridad quieren para sus trapicheos, más conviene que se conozcan sus mercadeos contra la inmensa mayoría de la población. Por tanto, toca hoy difundir hoy un texto básico y muy pedagógico de Agnes Rousseaux, publicado originalmente en CETRI, y que ha sido traducido del francés para Rebelión por Susana Merino

TISA, negociaciones comerciales secretas para acelerar el proceso de privatizaciones y desregulaciones

Se trata de un gran acuerdo comercial del que nadie habla, negociado en la mayor opacidad. Cincuenta países, incluyendo a los más fervientes defensores de la liberalización están discutiendo actualmente la apertura del “mercado de servicios” a la competencia internacional. Educación, salud, transportes, telecomunicaciones, servicios financieros… Todo se está exponiendo en la mesa de negociaciones. Sin que los ciudadanos ni los parlamentarios digan una palabra. Los negociadores –sometidos a las fuertes presiones de los lobbies– se reunieron recientemente en Ginebra en el 7° encuentro de intercambios internacionales, que podría amenazar seriamente a los servicios públicos y a las tentativas de regulación del sector financiero.

Este nuevo embate podría terminar con los servicios públicos, el agua, la educación o la salud, el fin de todo propósito de regular los mercados financieros o de proteger los datos de la ciudadanía. En síntesis un escollo jamás visto en el ejercicio de la democracia y el funcionamiento de las políticas públicas. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) dentro del Trade in Services Agreement (TISA) se está negociado entre 50 países (1) incluidos los de la UE. Fue lanzado por los EE.UU. y propuesto a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) bautizado como el grupo “Verdaderos buenos amigos (de los servicios)” (Really Goods Friends).

“Calmar la frustración de las empresas”

Estas negociaciones se desarrollan fuera del marco de la OMC con los países que son más partidarios de la liberalización de los servicios, contrariados por el impasse de las negociaciones de Doha iniciadas en 2001 (2). Esos países representan más de las dos terceras partes del comercio mundial en servicios. Numerosos sectores se hallan incluidos: educación, transportes, correos y telecomunicaciones, servicios de auditoría y contabilidad, ingeniería y logística, salud, seguros, nuevas tecnologías y transferencia de datos, investigación, bancos y servicios financieros… El objetivo es abrir más aún a la competencia del sector de los servicios públicos e impedir toda intervención pública.

“Estas negociaciones son la oportunidad más prometedora de las últimas dos décadas para promover el comercio de servicios a escala internacional”, se entusiasma el lobby de la industria de los servicios en los EE.UU. La Coalición Internacional de las Industrias de Servicios (GSC) que integra el Medef es aun más explicita: este acuerdo se ha concebido “para apaciguar la frustración de las empresas, ocasionada por el impasse de Doha en materia de servicios” declara (3)

Prohibir toda intervención de los Estados

”Se trata de una tentativa de ampliar secretamente los aspectos más nefastos del infame acuerdo AGCS que generó, en el pasado, protestas mundiales”, responde Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Según esta organización, que reúne a los sindicatos del sector y representa a 20 millones de trabajadores, el ACS limitaría la capacidad de los gobiernos de legislar en algunos sectores como la seguridad de los trabajadores, el ambiente o la protección de los consumidores “El AVS se inscribe en una inquietante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión, fundado en poderes jurídicamente obligatorios que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben toda intervención estatal en un amplio abanico de sectores indirectamente vinculados al comercio”, menciona la organización internacional en un detallado informe.

Varios aspectos del acuerdo han sido duramente criticados por las organizaciones sindicales y no gubernamentales. En primer lugar todo sector que no se halle explícitamente excluido, protegido por cada país, podría estar incluido en el acuerdo. Con todos los peligros que eso implica. Estos acuerdos abrirían ampliamente la puerta a un flujo de empresas privadas en el sector educativo europeo, alerta la federación internacional de sindicatos de maestros. Una cláusula de estatu quo fijaría los actuales niveles de liberalización de cada país volviendo imposible la remunicipalización de los servicios de agua corriente, por ejemplo, o complicaría el restablecimiento de monopolios públicos en sectores actualmente abiertos a la competencia (4). Otro principio, la “cláusula con efecto cliquet (sic) que inmovilizaría toda liberalización futura de un determinado servicio. Una parte del seguro de desempleo, ¿estaría privatizada, como en el Reino Unido? Las jubilaciones, ¿estarían desmanteladas en beneficio de los fondos de pensión? ¡Imposible retroceder! Un atentado a las libertades democráticas fundamentales, denuncia la federación sindical internacional que ve en este futuro acuerdo una manera de volver permanente e irreversible un sistema de privatizaciones para todas las generaciones futuras”. Y los gobiernos absolutamente maniatados por las decisiones de sus predecesores: he aquí porque sería un grave atentado al funcionamiento democrático.

Bloquear las privatizaciones

Otro problema es que el acuerdo podría imponer a las autoridades públicas una “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios de los servicios públicos y privados, denuncia el ISP. Es decir, que todo aporte financiero a los servicios públicos debería hacerse extensivo al sector privado “Si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones, en nombre de “la libre competencia y no falseada”, explica la organización Stop TISA. De modo que una universidad estadounidense podría instalarse en Suiza solicitando una financiación similar a la de las demás universidades públicas con cargo a los contribuyentes”. Un estado que subvencionase la construcción de un hospital público, ¿deberá financiar también una clínica privada en su cercanía? Estas y otra críticas incluidas en un documento de la Comisión Europea que sintetiza la consulta realizada a los “decididores y a las ONG”.

Las negociaciones comenzaron en febrero de 2012 y deberían concluir en 2015. Los negociadores de los países participantes se reúnen regularmente en Ginebra, bajo la conducción de los EE.UU. y Australia (5). En junio de 2013 un lapidario comunicado anunció que “los miembros de la OMC que están analizando nuevos planteos dirigidos al progreso de la liberalización del comercio de servicios están satisfechos de los progresos de las discusiones sobre el comercio de servicios (TISA)”. E invitan a incorporarse a otros países, miembros de la OMC que comparten estos mismos objetivos. China apoyada por la UE ha solicitado ya participar en estas negociaciones. Sus divergencias con los EE.UU. en torno a otros acuerdos comerciales no le han permitido aun ser admitida en la mesa de las discusiones..

Negociaciones secretas

Los participantes estimaron en noviembre de 2013 que el acuerdo se hallaba ya suficientemente “maduro” y lanzaron la etapa de “comercialización de ofertas iniciales” en la que cada país debe precisar cuáles son los sectores que desea incluir en el acuerdo y las modalidades que propone en cuanto a “apertura” a la competencia internacional de esos sectores, según un marco predeterminado por el acuerdo. A principios de 2014, la mayor parte de los países han intercambiado sus propuestas, actual base de las discusiones en curso. Algunos como Suiza y Noruega las han hecho públicas (6) mientras que otros países se hallan poco inclinados a que las conozcan sus ciudadanos.

No se sabe sin embargo gran cosa del contenido de las negociaciones ni de los términos generales del acuerdo, ya que se desarrollan dentro del “mayor secreto y al margen de los derechos democráticos”, subraya Rosa Pavanelli. En febrero de 2013, la Comisión Europea solicitó al Consejo, representante de los Estados miembros, dar libre paso alas discusiones. La apertura de las negociaciones fue inmediatamente validada por el Parlamento Europeo en julio de 2013 por 536 votos a favor y 111 en contra (7), con los votos franceses del PS y del UMP. Frente de Izquierda y ecologistas votaron en contra. En su resolución el Parlamento lamenta sin embargo que el Consejo haya adoptado una decisión sin tener en cuenta la opinión de los diputados. Y observa que: “el mandato de negociación de la UE fue propuesto por la Comisión y adoptado por el Consejo sin haber sido analizado el impacto”. Algo que no ha impedido ser votada por una amplia mayoría…¡Cuando están en juego los intereses económicos, la democracia se vuelve facultativa!

Los lobbies industriales han sido consultados, pero los ciudadanos no

Wikileaks acaba de aclarar un poco la opacidad que reina en estas negociaciones, divulgando el anexo del acuerdo relacionado con los servicios financieros. De acuerdo con ese documento, especialmente redactado por los EE.UU. y Europa, las propuestas han sido clasificadas como confidenciales durante “cinco años a partir de la entrada en vigor del ACS o si no se ha llegado a ningún acuerdo cinco años después del cierre de las negociaciones”, el documento establece que su divulgación no está autorizada y que el texto debe ser “guardado en una construcción, una habitación o un contenedor cerrado y asegurado”.

Es evidente que los lobbies de la industria y los servicios tienen mucho más acceso a las informaciones que los ciudadanos y sus representantes: la Global Service Coalition ha enviado sus delegados a Ginebra con ocasión de las negociaciones de abril de 2014. Y se felicita en un comunicado de haber podido confirmar su apoyo sin reticencias al proceso y haber compartido sus puntos de vista con los negociadores.

Un acuerdo con muchas expectativas para las empresas

Lo menos que puede decirse es que las multinacionales de los países involucrados se hallan muy motivadas por las expectativas del acuerdo: “Las caídas del TISA podrían ser enormes para las empresas del sector servicios, explica la Cámara de Comercio de los EE.UU., está convencido de que las actuales negociaciones son “una oportunidad única para demoler los obstáculos al comercio internacional”. “Este palpitante nuevo acuerdo tiene el potencial de inflar el crecimiento económico y la creación de empleos en los EE.UU. y en el exterior”, señala la Cámara de Comercio. Un acuerdo tan “palpitante” que podría duplicar las exportaciones de servicios de los EE.UU. con una ganancia de 869.000 millones de dólares y 3 millones de empleos (8). Pero esta es la teoría. ¡Se esperan siempre centenares de miles de empleos que la apertura a la competencia posibilitaría a diferentes sectores de la Unión Europea!

¿Qué es lo reclaman las empresas y sus representantes? Los países que firmen el acuerdo deberán en primer término eliminar las regulaciones consideradas barreras comerciales “Si reconocemos la necesidad de algunas regulaciones (para la seguridad nacional, la protección de los datos…) deberían establecerse límites y parámetros para su aplicación”, afirma el lobby estadounidense de las industrias de servicios. Su bestia negra: la distorsión de la competencia entre el sector público y privado. “La competencia desleal por parte de las empresas subvencionadas o mantenidas por el Estado, de las empresas públicas o controladas por los Estados constituyen un obstáculo cada vez más importante para la provisión de los servicios por parte de las empresas estadounidenses en muchos mercados”. Se trata de proteger al sector privado “contra los comportamientos anticompetitivos de las empresas publicas”, alega igualmente la Cámara de Comercio de los EE.UU.

El lobby estadounidense del sector desea abolir toda preferencia nacional, obligaciones de localización o las cuotas de empleados locales. Y liberalizar mucho más los sectores de los medios y de la diversión “Ningún país debería estar autorizado a introducir nuevas restricciones o excepciones que deroguen o debiliten los compromisos existentes del AGCS”, sugiere (9). Los representantes de las empresas solicitan que el acuerdo incluya un mecanismo de regulación de los diferendos. Es decir, el establecimiento de tribunales de arbitraje privados para solucionar los litigios, en el marco de una jurisdicción extranacional, donde los intereses privados son ley (10). Suiza, en la última ronda de negociaciones, ha redactado una propuesta en tal sentido.

Congeladas las regulaciones financieras

El acuerdo también incluye los servicios financieros. Y podría provocar importantes consecuencias sobre el sector. A pesar de la crisis bancaria, los promotores del TISA tratar de eliminar aún más las reglamentaciones de los mercados mundiales de servicios financieros”, analiza Wikileaks. El anexo referente a los servicios financieros permanece aún en secreto “es una propuesta que solo puede gustar a los banqueros”, denuncia el abogado Lori Wallach de la ONG estadounidense Public Citizen: el principio del statu quo mencionado en este anexo impediría, por ejemplo, establecer nuevas reglamentaciones financieras, consideradas necesarias por los gobiernos, dado que constituirían restricciones a las empresas involucradas. Resultado: el acuerdo congelaría las regulaciones financieras en el estado actual, algo totalmente insuficiente para prevenir nuevas crisis bancarias, estima el abogado. De donde se deduce el riesgo de inestabilidad financiera en los años futuros.

También se ve en este anexo la firme voluntad de los EE.UU. de lograr la liberalización de los flujos de datos. Es decir, permitir sin trabas el intercambio de datos personales y financieros entre países. Una amenaza para las libertades fundamentales, porque muchos de los países que participan en estas negociaciones, en lo referente a protección de datos, son mucho menos exigentes que Europa. El lobby internacional de servicios desea lograr una disposición que obligue a las autoridades públicas a justificar todas las medidas que podrían restringir la transferencia de datos entre países (11).

¿Un acuerdo extensivo a todo el planeta?

“Lo que resulta terriblemente inquietante, es que el ACS está siendo negociado fuera del marco comercial multilateral por los países más inclinados a la liberalización, que no esconden su voluntad de arrastrar en este acuerdo, una vez concluido, al resto del mundo”, explica Rosa Pavanelli. Los negociadores tratan de que este acuerdo sea compatible con el marco de la OMC. O en el idioma de la Comisión europea: “Velar porque la estructura del acuerdo permita una futura multilateralización”. Un modo de permitir a los 50 países signatarios presionar sobre los demás miembros de la OMC para que acepten estas reglas (12). Como para debilitar la posición de los BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– excluidos, por el momento, de las negociaciones o de países africanos completamente ignorados.

Se ha formado un comité “Stop TISA” y se ha lanzado un pedido. Una carta firmada por 340 organizaciones no gubernamentales en la que expresan su oposición a estas negociaciones y se envió en 2013 a los ministros de Comercio. En vista de los desafíos democráticos, económicos y políticos, así como la opacidad de estas negociaciones, las movilizaciones podrían aumentar en los meses próximos.

Notas

1) Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados-Unidos, Hong Kong, Islandia, Israël, Japon, Liechtenstein, Mexico, Noruega, Nueva-Zélanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perú, Suiza, Taïwan, Turquia, más los 28 paises de la Union Europea.
2) “El TISA se está negociando fuera del marco de la OMC sobre la base del artículo V del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS) Sobre esa base diferentes países pueden bajo ciertas condiciones ampliar entre ellos la liberalización del comercio de servicios, más allá de lo que establece la OMC, sin que esta liberalización preferencial sea sometida a la cláusula de nación más favorecida del AGCS”, Fuente: Secretaría de Estado de Economía, Suiza.
3) Correo del Comisario Europeo de Comercio, 10 de setiembre de 2013
4) «It was agreed that commitments on national treatment would in principle be applied on a horizontal basis to all services sectors and modes of supply, i.e. the understanding on national treatment would be closer to the GATT model. Exemptions to this horizontal application would have to be listed in the countries’ national schedule of commitments. Participants in the negotiations might also agree that commitments would in principle reflect actual practice (the « standstill clause ») and that future elimination of discriminatory measures would be automatically locked in (the so-called « ratchet clause ») unless an exemption were listed. » Memo de la Comisión europea Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in services, 15 de febrero de 2013
5) Ver la cronología de las negociaciones en los sitios de los ministerios suizo y australiano.
6) Ver la oferta de Suiza publicada en el sitio del ministerio de Economía (SECO) el de Noruega y el de Islandia.
7) Ver el texto votado y el detalle de la votación. El Consejo había otorgado mandato a la comisión europea en marzo de 2013 para negociar en nombre de la UE.
8) “Eliminating barriers to trade in services could boost U.S. services exports by as much as $860 billion—up from 2012’s record $632 billion—to as much as $1.4 trillion, according to the Peterson Institute. Such a dramatic increase could create as many as three million American jobs. »
9) Fuente: Comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados-Unidos.
10) Ver sobre este tema nuestro artículo sobre las negociaciones del Acuerdo Comercial Transatlántico TAFTA/ttip
11) « However, the agreement should include a commitment that when an act, policy or practice of a relevant authority seeks to restrain cross-border data transfers or processing, that authority must demonstrate that the restriction is not an unnecessary restraint of trade or investment in light of alternative means by which to achieve the objective of protecting the identity of the customer, security of the data or the performance of prudential oversight. », Comentarios de la Coalición de industrias de servicios (CSI) por pedido de la Oficina de Representantes comerciales sobre el acuerdo TISA, 26 de febrero de 2013
12) Especialmente los 129 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que han asumido compromisos en función del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios ( AGCS),

Fuente: http://www.cetri.be/spip.php?article3616&lang=fr

La mafia financiera internacional contra Argentina… Y cobtra todos nosotros

Un artículo imprescindible de Jorge Fonseca, Profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Científico de ATTAC.

La situación que se respira en estos momentos en Argentina (se palpa en todas las conversaciones de bares y lugares públicos, incluso en las paradas de taxis o autobuses) es de fuerte incertidumbre de lo que ocurrirá si en unas horas no se da con una salida al chantaje planteado por Griesa (“campaña contra Argentina” dijo el The New York Times), que empujaría a Argentina al default técnico de su deuda externa (suspensión de pagos, “técnica” porque no sería Argentina quien la declare).

El juez estadounidense que lleva el caso falló a favor de un fondo “buitre” obligando a Argentina a pagarle a éste inmediatamente 1.300 millones de dólares por unos bonos de deuda que ese fondo compró a 40 millones, pues pagó un pequeño porcentaje del valor nominal de los mismos, que sin embargo es el que ahora Argentina debe pagar con elevados intereses. Es decir: pagar más de 3.000% del valor por el que los compraron los “buitres”. Cuando Argentina renegoció su deuda en 2005 y 2010 obteniendo importantes quitas de parte de los acreedores del 92,4% de su deuda, los especuladores compraron bonos a precio de saldo con la intención de conseguir por vía judicial lo que ahora les da el juez Griesa: beneficios escandalosos, aprovechando que los acreedores imponen que las disputas judiciales sobre deuda se resuelvan en EEUU. El fondo NML Capital, que ha conseguido este fallo favorable, es uno de esos fondos especulativos. Su principal accionista, Paul Singer, es un extremista republicano vinculado al Tea Party que trabaja en apoyo de Israel, país que hoy practica terrorismo de Estado y el genocidio en Gaza asesinando masivamente niños palestinos. Singer trabaja particularmente en contra de la paz en medio Oriente, financiando las campañas que rechazan cualquier acuerdo de paz, en definitiva, a favor de la guerra.

El problema de Argentina es que si acata el fallo del juez Griesa, tendrá que pagar unos 15.000 millones más a otros tenedores de bonos del 7,6% que no entraron en la reestructuración de la deuda. Más grave aún: una cláusula de dicha reestructuración, establece que si Argentina paga más a los bonistas que no entraron en el canje de bonos que a los que sí aceptaron bonos nuevos con quita, entonces estos tienen derecho a reclamar el mismo trato, lo que significa que podrían exigir lo mismo que se le pague a los fondos buitres. Es decir se anularía la quita concedida y Argentina tendría que pagar el 100% de su deuda reestructurada con intereses usurarios, lo que supone una cantidad que oscila entre 150.000 y 500.000 millones de dólares (la diversidad de circunstancias de los distintos tipos de bonos afectados hace muy difícil un cálculo preciso). Esto sería la bancarrota absoluta de Argentina. Por esta razón el gobierno argentino, con acertado criterio, en ningún caso pagará a los fondos buitres. Tiene claro que es preferible declarar un nuevo impago que obligue a reestructurar toda la deuda (incluyendo la que tienen los buitres).

Por otra parte la situación de Argentina hoy, con los problemas propios de un país periférico sometido a las condiciones del orden neoliberal que destruye el trabajo de los pueblos para favorecer a la oligarquía financiera internacional, es muy distinta a la de 2001 cuando se vio forzada a suspender el pago de la deuda. Hoy ha reducido significativamente su endeudamiento y el grueso de la deuda pública es interna, y en pesos argentinos (sólo un 8% del PIB es con acreedores extranjeros). Por esta misma razón en este momento los bancos privados argentinos, con el apoyo del JP Morgan, estarían negociando la compra de los bonos en manos de los fondos buitres para evitar un impago total de deuda por parte de Argentina que les perjudicaría particularmente pues sus bonos de nueva deuda se devaluarían inmediatamente. Pero el tiempo se agota.

Los pueblos y gobiernos de América Latina han expresado su apoyo a Argentina y los de Europa deberían hacerlo también, pues si este chantaje de terrorismo financiero tiene éxito, las próximas presas serán Grecia, Portugal y cualquier país (mañana podría ser España) que consiga una reducción de la deuda externa. Deudas externas que son ilegítimas, pues no fueron contraídas por sus pueblos, pues tanto en Argentina, como en Grecia o España la elevada deuda es el resultado de la conversión en deuda pública de la deuda privada de los monopolios y amigos de gobiernos dictatoriales (como la de Argentina se multiplicó durante la dictadura de Videla) o autoritarios formalmente parlamentarios como los que hoy asolan España y el sur de Europa. Como dice el Premio Nobel Stiglitz: el fallo de Griesa es una bomba de EEUU sobre el sistema económico global.