Ser antimonárquico, que no siempre es sinónimo de republicano, siempre es agradecido entre sectores de la izquierda. Por ello, por lo barato que es, me he cuidado mucho en criticar a nuestra monarquía sin que hubiera motivo, más allá del simple hecho de vivir bajo un régimen monárquico. Pero lo que estamos leyendo estos días en la prensa sobre los negocios del yerno de rey, es más que preocupante.
Preocupa, en primer lugar, el que formar parte de la familia real sea un factor de acceso a subvenciones y ayudas públicas y más si se realizan sin cumplir ningún tipo de normativa legal.

Preocupa, en segundo lugar, que aporten una rentabilidad empresarial participando en empresas y negocios privados. Rentabilidad por la que son recompensados.
Y preocupa, en tercer lugar, que aquellos que reciben ingresos del presupuesto de la casa Real no estén sometidos a un régimen de incompatibilidades, como lo están otros servidores públicos.

El escándalo Urdangarín es un buen pretexto para delimitar las funciones privadas de los miembros de la familia real. Es necesario modificar el Real Decreto que regula a la familia del Rey para establecer un régimen de incompatibilidades sobre ingresos privados y públicos, participación en negocios y empresas, así como que ninguna persona condenada por delito pueda formar parte de la familia real.

No ayuda nada al buen crédito de nuestra monarquía, ni la opacidad sobre sus cuentas públicas, ni el silencio sobre este escándalo que afecta al yerno del Rey.