Intervención en el Pleno del senado, 20 de noviembre de 2013.
        
Gràcies, señor president.

Señorías, el senador Saura y yo presentamos este veto por dos razones fundamentales: la primera es por constatar que desde la fecha en que se presenta la primera propuesta de este proyecto de ley, a día de hoy todo lo que la ley quiere corregir ha empeorado. Las actuaciones del Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy van en un sentido totalmente contrario a lo anunciado en este proyecto de ley. Y la segunda razón es por las insuficiencias propias de esta ley que nos propone el Partido Popular. Como no podía ser de otra manera, conocida y padecida la cultura política del PP, esta ley es una respuesta parcial y limitada a una amplia reivindicación de la ciudadanía, que quiere una política mejor y al servicio de los intereses de la mayoría.

Señorías, la crisis económica ha profundizado la crisis política que vive España, pero no la ha creado ni la va a solucionar. Hago esta afirmación frente a aquellos que creen que cuando se solucione la crisis económica todo va a volver a la normalidad. Esto no va a ser así. Este pensamiento conservador es erróneo. Cuando se resuelvan los problemas económicos, seguirán los políticos.
La corrupción tampoco es la causa de esta crisis política; la agrava, sino el efecto de un sistema político basado en la convergencia entre el dinero y el poder político espoleado por la especulación.

Señorías, la falta de propuestas para una salida justa de la crisis económica; los sacrificios que soporta la mayoría por culpa de los intereses de unos pocos; la impunidad de la que gozan los principales responsables de la crisis, especialmente los banqueros; la paradoja de que se puedan rescatar entidades financieras y no las personas y la acumulación de los casos de corrupción, están colocando a la democracia española en un callejón sin salida. Corrupción y desigualdad son el caldo de cultivo, no lo olviden, perfecto para el populismo y el autoritarismo.

Señorías, el régimen que sale de la transición está agotado. La pregunta es si es posible afrontar con garantías los problemas del Estado, y las reformas y cambios que exige la solución de esos problemas en esa situación. Yo creo que no. Es imprescindible sentar las bases que permitan abrir un nuevo proceso constituyente para ir resolviendo los defectos y las insuficiencias de nuestro sistema democrático y hacerlo con una mirada en el siglo XXI. Seguramente la primera ley a modificar debería ser la ley electoral, reforma legislativa ausente en las propuestas de los dos grandes partidos, PP y PSOE, que hasta el momento han articulado el escenario político y la misma alternancia.
Tenemos un grave problema de credibilidad. Los políticos somos mayoritariamente percibidos más como una élite extractiva que como servidores públicos. España adolece de un grave problema de cultura democrática. Seguramente el problema viene de lejos. Los vicios de la restauración, la misma dictadura, pero tampoco con la democracia hemos dado pasos significativos en avanzar en una cultura política inspirada en el principio weberiano que en política, el principio de responsabilidad es un principio ético.

La historia de la política española es la historia de una clase política, mejor dicho, de una casta asentada desde siempre sobre el Estado, una casta que ha utilizado las instituciones para su provecho exclusivo, llegando a la corrupción más desvergonzada, una casta que ha carecido siempre de un proyecto de España inclusivo. Hemos llegado al extremo de que se ve la corrupción como algo consustancial de nuestro sistema político. Es verdad que corruptos son pocos, pero es más verdad que son demasiados los que no afrontan estos casos con firmeza y decisión, porque, señorías, tantas veces y muchos escándalos no importa si es delito o no, o si este ha prescrito, o que infringir la ley de incompatibilidades no sea una cuestión penal, son comportamientos políticos inadmisibles, que inhabilitan a quienes los hacen y también a quienes lo justifican. Una casta que se autoprotege genera siempre desconfianza entre la ciudadanía. Qué mejor ejemplo de autoprotección que 45 diputados de la Comunidad Valenciana del Partido Popular pidan un indulto para un exalcalde condenado por corrupción. Así, señorías, funcionan las castas.

El 23 de marzo de 2012 el Gobierno aprobó el texto inicial de este proyecto de ley. En su defensa, la vicepresidenta del Gobierno afirmaba: es urgente e inaplazable restablecer la salud institucional de nuestro país. ¿Qué ha pasado en estos casi veinte meses? Se multiplican los escándalos, los últimos por las privatizaciones amañadas de la sanidad en la comunidad de Madrid. Aún no ha llegado el momento o el día que alguien se explique sobre el caso Gürtel, el caso Millet, o pongan ustedes nombre al caso que quieran. En un ejercicio de transparencia del PP se elige a un presidente del Tribunal Constitucional que se olvida decir que es militante del PP. La ocupación de las instituciones y su manipulación, valga como ejemplo Radiotelevisión Española. El control del Poder Judicial. Y los procesos de recentralización, tanto en el debate del proyecto de la LOMCE como en el de la unidad de mercado−  volveremos a hablar de ese proceso de recentralización−, y nunca nadie encuentra el momento para dimitir. En este país nunca nadie dimite, ha pasado lo que ha pasado y no conocemos de ninguna dimisión. Y como paradigma de transparencia, de buen hacer y de buen Gobierno, la gestión torticera del Partido Popular con las dos ILP admitidas a trámite en esta legislatura, especialmente la presentada para frenar los desahucios. Señorías, si el único instrumento real de participación ciudadana en el impulso legislativo, la iniciativa legislativa popular, sufre este tipo de manipulación, ¿qué márgenes reales de participación social garantizamos? La respuesta es ninguna. Y con un presidente del Gobierno instalado en un singular discurso político; silencios, y cuando habla es por televisión de plasma. Uso y abuso de frases vacías como -las cosas son como son; no es el momento; sentido común; hay que hablar de lo que preocupa a los españoles; y hago lo que toca. Señorías, si las cosas son como son, la política está en crisis. Preocupa a los españoles, es el momento, hay que hacerlo por sentido común y esto es lo que toca.

Para abordar realmente el reto de la transparencia y del buen Gobierno hagamos también un balance de nuestra actividad parlamentaria en estos dos primeros años de legislatura: 35 reales decretos, de los 46 proyectos de ley debatidos en el Senado, 27 lo han sido por el procedimiento de urgencia, descuento los 4 de lectura única. Y lo que es peor, no hemos reformado el Senado. Esta cámara, fuertemente cuestionada, no encuentra el momento para realizar una reforma a fondo que le dé sentido, credibilidad y utilidad para los ciudadanos y ciudadanas. Yo, como muchos de ustedes, creo en la democracia representativa, como creo también que hay que avanzar en la democracia participativa. La ciudadanía nos reclama tanto la reforma y mejora de nuestra democracia representativa como abrir espacios a la real participación de los ciudadanos. Convocar a los ciudadanos a votar cada 4 años ya no es suficiente. La gente quiere participar, la gente quiere ser protagonista.

La democracia representativa garantiza fundamentalmente 3 cosas: la primera es la conformación de una voluntad popular mediante el sufragio universal. La segunda es la capacidad de la representación política que consiste en ser garantía de deliberación. ¿Realmente garantizamos la deliberación? ¿Lo permite el uso abusivo de su mayoría absoluta? ¿Prevalece el diálogo, el consenso? Yo creo que no. Y la tercera es que garantiza el control político de los representantes y la rendición de cuentas de estos. La respuesta a si garantiza el control de los representantes también es negativa.

Esta afirmación me permite pasar a argumentar la segunda razón de nuestro veto: la insuficiencia de la ley de transparencia, rendición de cuentas y buen Gobierno. La señora Sáenz de Santamaría afirmaba que la transparencia es un valor. Nuestra propuesta es que este valor sea un derecho. Y es por ello que proponemos que este proyecto de ley tenga consideración de ley orgánica. El Gobierno ha renunciado a regular su anclaje en el artículo 20 de la Constitución y, por tanto, a su desarrollo a través de una ley orgánica. La no aceptación del derecho de acceso a la información como derecho fundamental exigirá una cuidadosa revisión de la vigente ley orgánica de protección de datos, de lo contrario, corremos el peligro en el acceso a documentos de que los datos personales presentes en ellos se vean después sometidos a impedimentos de tratamiento y divulgación.

Señorías, este proyecto de ley ni siquiera cumple con los estándares mínimos que marca el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos. Realiza una definición de la información insuficiente, limitada y restrictiva. Se excluye toda la información que no sea administrativa. Su propuesta deja en manos de terceras personas el acceso o no a la información en poder de las autoridades públicas, si estas fueran el autor de esta información. También la publicación proactiva de las administraciones públicas es claramente insuficiente. Tampoco se incorpora la obligatoriedad de que las entidades públicas publiquen su patrimonio. Se nos plantean exclusiones inaceptables, incumpliendo lo que marca con meridiana claridad el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando afirma que para dar efecto al derecho de acceso a la información, los Estados partes deberían proceder activamente a la incorporación al dominio público de la información del Gobierno que sea de interés público, y el comité define al Gobierno como todos los poderes del Estado. Se regula el silencio administrativo cuando debería establecerse el silencio positivo para los casos de solicitudes de información. Voy terminando, para el senador Saura y para mí los únicos límites para el acceso de los ciudadanos a la información deberían ser los que marca la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Secretos Oficiales.

Si con estas 2 razones yo creo que habría más que suficiente para votar el veto, creo que también justificaría el veto la aprobación de la enmienda número 269 del Partido Popular. En ella se propone excluir a los cargos de las entidades locales de menos de 50 000 habitantes de la responsabilidad pública. Esta propuesta es un retroceso respecto a los objetivos de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Hagan, señorías, un simple balance. Recuerden ustedes cuántos municipios de menos de 50 000 habitantes han estado envueltos en escándalos donde posiblemente pudiera haber blanqueo de capitales. Hagan ustedes un balance y verán que esta es una propuesta disparatada que aborta la intencionalidad de la Ley 10/2010.

Señorías, frente a un problema tan grave como es la falta de legitimidad de la política y de los políticos, zarandeados por múltiples escándalos y en medio de una grave crisis institucional, este proyecto de ley, sinceramente, para nosotros es una respuesta tardía, corta y limitada.

Desde 2012, aproximadamente un 30% de los españoles ven en la política y en los políticos un problema, no una solución. En primer lugar, debemos reaccionar con un cambio profundo de la manera de entender, hacer y estar en la política. Y, en segundo lugar, con leyes más exigentes. Es preciso −y en esto queremos insistir− un cambio en la cultura política del país, en la cultura política de los partidos. Y eso no se resuelve solo con leyes, sino con buenas prácticas.

Para no robar, no es necesario el Código penal. Existe un Código penal porque hay gente que roba. Para ser transparente, honesto y coherente no hacen falta leyes. Las aprobamos porque hay gente y partidos que no son transparentes, honestos ni coherentes.

Lamentablemente, tanto por sus prácticas como por las insuficiencias de este proyecto de ley, podemos afirmar el senador Saura y yo que transparencia y Partido Popular es un oxímoron.

Por ello, pido el voto a este veto.
Gracias por su atención.