Intervención en el Pleno del Senado, 27 de marzo de 2014.

Gràcies, senyor president.

Señorías, presento en nombre del senador Saura y mío, y en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, este veto. Veto a un proyecto de ley que muy bien podría llamarse proyecto de ley para la privatización de un servicio de interés económico esencial y estratégico para la internacionalización de nuestras empresas. Con esta ley se completa el proceso iniciado con el Real Decreto Ley de julio de 2012 que sentaba las bases para la privatización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), que es quien tiene en la actualidad encomendada la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización.

Un primer argumento que el senador Saura y yo vamos a defender es que vetaremos cualquier proyecto de ley que no contemple en qué situación van a quedar los trabajadores y trabajadoras afectadas. En el caso del Cesce estamos hablando de centenares de personas, de 1.600 trabajadores y trabajadoras.
En la presentación de este proyecto de ley en el Congreso, el ministro De Guindos lo justificaba con los siguientes argumentos: contribuir a la mejora de la competitividad y a una mayor eficacia en las políticas de internacionalización; el excelente comportamiento del sector exportador español; garantizar condiciones de financiación que hagan competitivas a nuestras empresas en el nuevo contexto económico global; la entrada de capital privado en Cesce, que permitirá más flexibilidad para ajustar sus medios, posibilitando una mejora de la gestión; afirmó también que no tiene demasiado sentido que el Estado controle la mayoría del capital de una compañía como Cesce, cuya cifra de negocio, en más de un 80%, proviene de su actividad aseguradora privada; y por último remató que la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización se rige por una ley de 1970.

Excepto en la necesidad de actualizar una ley de 1970, discrepamos con el resto de argumentos del Gobierno. El Gobierno del PP, y el ministro De Guindos en particular, están instalados en una idea fija, que es otorgar al mercado y a la gestión privada unas virtudes originales que no son ciertas. La historia de esta crisis indica todo lo contrario. Entonces, la pregunta es, ¿por qué privatizar una compañía bien gestionada, eficaz en su acción de apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, que genera beneficios y que es sólida financieramente? ¿Por qué, señorías, privatizar una empresa que tiene riesgos en cartera por cuenta del Estado a 31 de diciembre del 2012 de 17 170 millones de euros, con más de ciento treinta mil clientes y presente en Europa y Latinoamérica? La única respuesta posible es que es por puro ideologismo, en primer lugar. Otra motivación segura es para conseguir ingresos. Se calcula que esta privatización reportaría entre 160 y 200 millones de euros. Y como muy bien aconseja la doctrina neoliberal para así privatizar beneficios, una manera elegante de decir que vamos a entregar a manos privadas un chollo como es el de Cesce.

Este Gobierno, lamentablemente, lo único que hace público son las pérdidas. El último ejemplo es el rescate de las autopistas, que va a representar, en definitiva, más deuda pública.
Señorías, la pregunta es que si la exportación va tan bien, algún papel habrá jugado en positivo el actual Cesce, de mayoría pública, en el incremento de estas exportaciones. Hasta el momento, que se sepa, su función de cobertura de riesgos se ha realizado, y satisfactoriamente, para las empresas. Insisto por ello en que no tiene ningún sentido su privatización. Y si en algo hay que mejorar su gestión, hágase, pero manteniendo su carácter público. Después haré referencia a cuestiones que hay que mejorar y modificar sobre los criterios a tener en cuenta en la cobertura de riesgos a cargo del estado de la internacionalización.

Con todo, lo más chocante de este proceso de privatización es la respuesta que han dado los grandes operadores privados de seguros. Les leeré el comentario del señor Juan Saborido, director general ejecutivo de Coface para España y Portugal. Dice la nota de prensa del señor Saborido: “que defiende como fundamental que se mantenga el control y el enfoque público de la cobertura de riesgos de la internacionalización”. Afirma también que, “sin duda, esta parte de actividad debe progresar y avanzar para dar cada día mejores soluciones a las empresas, pero ese objetivo no se puede conseguir haciendo un totum revolutum –evidentemente se refiere a la ley−, que solo complicará y dificultará la gestión de esos intereses”.

El señor Saborido cree, y lo comparto, que los seguros por cuenta del Estado deben mantener su carácter y gestión pública, lo que evitaría, nos alerta, entrar en conflictos de intereses y enrevesados planteamientos. Además, garantizaría una mejor defensa de los intereses de los exportadores españoles.
También nos recuerda que los criterios de gestión deben venir inspirados y guiados por los intereses y la política económica y exterior españolas. Más claro el agua. Se podría justificar este veto con solo plantear cuáles son las opiniones del señor Saborido, un alto ejecutivo de una compañía privada de seguros.

Insisto, señorías, ¿por qué privatizar una empresa pública que juega un papel estratégico para nuestra economía y que va bien? ¿Por qué privatizar el principal instrumento financiero de que dispone el Estado para defender sus estrategias e intereses en la economía global? ¿Ustedes creen, señorías, que el nuevo agente gestor privado va a separar de forma estricta las actividades que realice por cuenta propia y por cuenta del Estado por mucho que se recoja en el proyecto de ley? Formalmente sí, en la realidad no porque es imposible.

¿Qué es lo que realmente va mal en la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización y que este proyecto de ley ni contempla?
Señorías, las agencias de crédito a la exportación, como la Cesce, son las entidades gestoras de los instrumentos de apoyo financiero a la exportación por cuenta de los Estados. Su misión es apoyar transacciones con riesgo en el ámbito de la exportación que el sector privado no respaldaría o no lo haría a un precio asequible. Esta es su razón de ser. El problema es que, como consecuencia de la crisis financiera iniciada en 2008, esas agencias se convirtieron en la única alternativa para muchas empresas para financiarse a menor coste al mantenerse estables las primas de estas agencias. Con la crisis se incrementó su papel otorgando créditos asegurados con garantía soberana pero sin una política de evaluación de riesgos más estricta, de tal manera que en caso de impagos, el recurso a fondos públicos acabaría socializando el riesgo privado. Ni criterios de valoración más estrictos, ni mayor transparencia, ni controles efectivos, situación toda ella, que explica que pueda aprobarse por la Cesce la escandalosa operación financiera a cuenta del Estado en favor de Sacyr en lo que afecta a la ampliación del canal de Panamá por valor de 316 000 000 de euros.

Señorías, ¿saben ustedes cuáles son los principales destinos del seguro por cuenta del Estado en 2012? Se lo voy a comentar, son datos extraídos de la página web de la Cesce. Un 12% Arabia Saudí, principal exportador de petróleo del mundo; un 6% Estados Unidos, primera potencia mundial; un 10% nuestra vecina Portugal. Estamos hablando ya de un 30% del volumen total. Y del 46% CESCE no da información.
Señorías, yo puedo entender que se habiliten o se fortalezcan los instrumentos públicos necesarios para facilitar el crédito a nuestras empresas, y más en estos momentos de acceso difícil y caro al crédito privado, pero una cosa es la cobertura de riesgos y otra el acceso a la financiación. Con este proyecto de ley que amplía los factores considerados de riesgo de una manera  inconcreta e indefinida lo único  se va a conseguir es la financiación a riesgo cero de nuestras multinacionales. El papel de la Cesce no puede ser el de asumir los riesgos rechazados por el sector privado sin más, sino en adoptar una política de asunción de riesgos y precios más acorde con los objetivos de sostenibilidad. Opacidad, falta de control y participación democrática son cuestiones que este proyecto de ley ni considera. Pese a que estamos discutiendo sobre fondos públicos no se establece ningún mecanismo de información ni de control. Pese a afectar a los Presupuestos Generales del Estado no se contempla la información ni el control de las Cortes Generales. Tampoco se establece ningún medio de participación ni de consulta con las poblaciones afectadas por los proyectos asegurados, los cuales son usualmente proyectos de alto riesgo socio-ambiental.

La Cesce es acusada desde hace años por las oneges como un opaco mecanismo generador de un mayor endeudamiento para países empobrecidos y de impactos sociales y ambientales severos. Señorías, a 31 de diciembre de 2012 la deuda comercial, generada mediante la Cesce, de países terceros con España, ascendía a casi 3 300 millones de euros, un 20,75% del total. Esta deuda afecta particularmente a países empobrecidos, los cuales acaban asegurando el riesgo de las inversiones. Esta realidad viene siendo denunciada por las oneges dedicadas a la cooperación internacional. Ni se les ha hecho caso en el pasado ni este proyecto de ley hace referencia alguna al principio de respeto y coherencia con los criterios de la acción exterior de la Unión Europea. La regulación de la Unión sobre las agencias de crédito a la exportación es muy clara. La UE establece que los Estados miembros deben cumplir con los principios generales de la  Unión Europea en el ámbito de la acción exterior tales como consolidar la democracia, el respeto de los derechos humanos, la coherencia de políticas de desarrollo y la lucha contra el cambio climático cuando establecen o implementan sus sistemas nacionales de créditos y seguros a la exportación. Ya me dirán ustedes que tienen que ver estos criterios con que cubramos riesgos en un país como Arabia Saudí.

Esta situación ¿mejorará o empeorará con la privatización del CESCE y con una nueva ley que no establece de forma meridiana estos límites recogidos en el artículo 21 del Tratado de Lisboa? La respuesta es sencilla: todo irá a peor.
Con todo, el peor ataque a la cooperación internacional se produce en la disposición adicional séptima. Con las modificaciones que proponen del Fondo para la Promoción al Desarrollo, FONPRODE, redefinen el principal instrumento financiero de las políticas de cooperación. Asestan con esta modificación, junto con los recortes que en cada presupuesto han ido realizando a la Ayuda Oficial al Desarrollo, un golpe definitivo a la política española de cooperación para el desarrollo, así como a la coherencia de políticas con los principios y criterios del desarrollo. El Gobierno reorienta estos fondos hacia la parte reembolsable. Otorga a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), dependiente del Ministerio de Economía, el papel identificador, gestor y experto independiente, con lo que difícilmente estos fondos serán orientados a las políticas de cooperación y con los requisitos que estas exigen.

El ministro García−Margallo pierde el control y la gestión del FONPRODE en favor del Ministerio de Economía. No creo que le preocupe demasiado, visto su desinterés por las políticas de cooperación. Lo que más me sorprende es que de vez en cuando apele a la necesidad de impulsar la cooperación internacional. La última vez que lo oí fue a raíz de los sucesos en Melilla. En definitiva, puro cinismo.

Y –con esto termino, señorías− como ya es habitual, todo proyecto de ley que presenta este Gobierno incorpora su chapuza legislativa. El Grupo Popular ha introducido una nueva disposición adicional, que es una transacción sobre una enmienda que ya presentó, sobre el régimen patrimonial de las zonas francas. Ya me explicarán ustedes qué tiene que ver la cobertura de los riesgos por parte del Estado a la internacionalización de la economía con el patrimonio de las zonas francas. Nada. Una vez más, hacen uso y abuso, introduciendo cambios y modificaciones de leyes en proyectos de ley que nada tienen que ver. En definitiva, intentan corregir otra chapuza, la reforma local, que dejaba al paro la presencia y la participación municipal en los consorcios de las zonas francas. Con esta chapuza intentan resolverlo.

Por todas estas razones el senador Saura y yo pedimos el voto positivo a este veto.
Muchas gracias.