Veto al Proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (procedente del RDL 4/2014, de 7 de marzo).
Ple del Senat, 10 de setembre de 2014.

Senyor President.
Señorías.

El senador Joan Saura y yo mismo presentamos este veto, en representación de ICV, por dos razones fundamentales.

La primera es porque con el redactado que nos llega del Congreso los créditos laborales quedan desprotegidos. En segundo lugar consideramos que no pueden tener, por ley, el mismo trato los acreedores financieros sometidos a supervisión y los no sometidos a la misma. Luego me extenderé en su explicación.

Antes quisiera dejar claro que el objetivo  de intentar dar solución a un problema real como es la situación de riesgo de determinadas empresas que, a pesar de tener un proyecto empresarial sólido, solvente, con producto y mercado, se ven abocadas al cierre como consecuencia de sus deudas, es un objetivo que compartimos. Eliminar rigideces de la actual ley concursal, priorizar la viabilidad de la empresa y salvar sus puestos de trabajo, son bien seguro objetivos que todos los miembros de esta cámara compartimos y más en estos momentos de crisis y elevado paro. Tampoco, el senador Saura y yo, tenemos ningún reparo en reconocer que este proyecto de ley propone medidas positivas en la regulación del comportamiento de determinadas entidades financieras que anteponen el cobro de sus deudas o créditos a la viabilidad de las empresas con proyectos empresariales de futuro. Todo esto lo compartimos y apoyamos. En una realidad de elevadísimo paro y de continuados cierres empresariales, sobretodo pymes y autónomos, toda medida que ayude a coadyuvar esta situación bienvenida sea. El señor Caldera recordaba en el Congreso de Diputados que el número de empresas en concurso ha pasado de 6.000 en 2010 a 9.600 en 2013.

La realidad es que las empresas españolas soportan aún un alto nivel de endeudamiento. La ligera reactivación económica es frágil y será gradual, lenta, demasiado lenta para las necesidades de nuestra sociedad y empresas. El desapalancamiento de las entidades no financieras se ha reducido en casi 20 puntos, pero insisto, sigue siendo altísimo, de un 110%. Por lo que cualquier iniciativa legislativa que permita la supervivencia de empresas viables pero con cargas financieras excesivas tendrá siempre nuestro apoyo.

¿Entonces por qué el veto? Lo anunciaba al inicio de mi intervención.

El primer motivo de este veto es que este proyecto de ley no protege a los trabajadores y sus derechos. Señorías, solo la insensibilidad social de este gobierno puede explicar que en una situación de crisis laboral y social tan aguda como la que sufre España, la protección del sector de nuestra economía más vulnerable, la clase trabajadora, y que con mayor intensidad está pagando los costes de una crisis que no provocó, no sea objeto de especial atención y protección por parte de los poderes públicos. En su coherencia neoliberal, que no les discuto, siguen anteponiendo los intereses privados por encima de los intereses de la clase trabajadora. Solo desde está lógica se entiende que ustedes no acepten la enmienda 67 que presentamos el senador Saura y yo, que propone que los créditos laborales, las deudas con los trabajadores tengan la misma protección que los créditos de derecho público. La misma. Entendemos que es necesario se asegure un mecanismo procesal que cumpla con la necesidad de atender de forma efectiva el pago de las  deudas laborales a cargo al patrimonio empresarial, sin perjuicio de asegurar cuando sea posible la propia continuidad de la empresa.

Señorías, con este proyecto de ley la protección de las deudas laborales empeora respecto al mismo Real Decreto-Ley 4/2014. Si ustedes se leen el punto 23 que modifica la Disposición adicional cuarta de la ley concursal de este proyecto de ley verán que el gobierno excluye de la consideración de acreedores de pasivos financieros los acreedores por créditos laborales. En cambio sí que considera acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén sometidos o no a supervisión financiera. Luego haré referencia a esta homologación de los fondos-buitre con entidades financieras supervisadas.

Señorías, la experiencia indica que la no preferencia de los créditos laborales comporta que transcurridos el plazo de 3 meses que la ley permite entre que se despacha la ejecución por el juzgado de lo social, se notifica el auto al ejecutado y este presenta comunicación de preconcurso, con la posibilidad de suspender la ejecución. Insisto, en este plazo de 3 meses se produce una indefensión total de los trabajadores que tienen créditos pendientes, que ni tan siquiera pueden acudir al Fondo de garantía Salarial a percibir estas deudas. ¿Y qué pasa cuando ya ha transcurrido el plazo de los 3 meses de la situación de preconcurso? Pues que en el mejor de los casos Hacienda y Seguridad Social ya han ejecutado sus deudas, porque estas sí que están protegidas, pero las ejecuciones laborales ya no encuentran bienes para embargar. Resultado; los trabajadores no cobran, debiendo asumir el Fondo de Garantía Salarial, con los límites que establece la ley, el pago de estas cantidades. Dicho de otra manera, lo que no pagan las empresas por la vía de la ejecución lo debe pagar el Fondo de Garantía Salarial.

Reitero, esto es lo que pasa realmente y para el senador Saura y para mí esto es injusto. Y lo peor es que el gobierno no solo conoce esta realidad sino que legisla empeorando más la situación, y siempre es la de los trabajadores.

Señorías del Partido Popular, ya sé que a ustedes les molesta que les acusen de insensibilidad social, pero lamentablemente este proyecto de ley es otra muestra de la misma. La crisis, sus efectos, los procesos de devaluación interna, de recapitalización para salir de la misma, se ha realizado y se sigue realizando sacrificando los derechos, las condiciones de trabajo y los salarios de la clase trabajadora. Esta afirmación no la hago por ideologismo, es la constatación de la realidad. Ustedes han creído desde el minuto uno de su gobierno que la crisis iba a tener unos costes sociales inevitables, que las políticas de austeridad primaban por encima de la protección de los sectores más castigados por la crisis, y que había que eliminar cualquier traba al empresariado para conseguir relanzar la economía. Se inspiran y no es la primera vez que se lo digo en un pensamiento económico y social, viejo y fracasado. Este pensamiento inspira, lamentablemente, este proyecto de ley.

El segundo argumento que justifica el veto es las facilidades que da este proyecto de ley a los llamados “fondos buitres”. No es ningún secreto que estos fondos están invirtiendo en nuestras empresas. Muchas empresas españolas, viables, están a precio de ganga. Están tomando posiciones en empresas con deudas para hacerse con esos créditos financieros. La normativa que hoy van a aprobar favorece su estrategia.

Señorías, la literatura económica califica este tipo de fondos como fondos buitre por que el buitre es un ave carroñera. Se alimenta con los despojos de animales muertos o moribundos. ¿Ustedes creen que estos fondos están para garantizar la viabilidad de las empresas o comprometidos con la economía de nuestro país? ¿Consideran que son el instrumento adecuado para la capitalización de las empresas? Les ruego que no sean ridículos, que analicen su comportamiento en los mercados y en las empresas y verán que es un grave error homologarlos a las entidades financieras bajo supervisión, como propone el proyecto de ley.

Termino la defensa de este veto que presentamos el senador Saura y yo reiterando una vez más, señorías, que van a aprobar una nueva medida legislativa que da la espalda a los intereses de los trabajadores y trabajadoras de este país. Les reitero la oferta que ya realicé al portavoz del PP que tramita este proyecto de ley, acepten la enmienda 67, que pide el mismo trato para las deudas con los trabajadores que el que contempla para las deudas públicas y retiro el veto y voto afirmativamente este proyecto de ley. El principal objetivo del senador Saura y mío es que los créditos laborales tengan la misma protección que los créditos públicos. De no ser así pondré el veto a votación y pediré el voto del resto de los grupos parlamentarios de la cámara, Y mucho me temo que es lo que al final va a ocurrir.