Senyor president,
Señorías,

Iniciamos el festival legislativo de este pleno con la tramitación conjunta de estos dos proyectos de ley. Luego vendrán 5 leyes más. El delirio legislativo llega a tal extremo, señorías del PP,  que ustedes hoy van a aprobar en el proyecto de ley del procedimiento administrativo común el artículo 132.1 que dice literalmente: “Anualmente las AAPP harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente” hay que tener cuajo para que ustedes propongan un Plan Normativo después de la experiencia legislativa de este mandato. Y el Senado sigue sin reformarse.

En la defensa de estos vetos que presentamos el senador Saura y yo en representación de ICV, quisiera en primer lugar referirme a la intervención que hizo el ministro Montoro en la presentación en el Congreso de estos dos proyectos de ley. Lo que me maravilla del ministro de Hacienda es su empeño para intentar transformar los defectos virtudes. En su intervención en el Congreso lo borda. Solo él es capaz de defender lo indefendible, las políticas del gobierno de Rajoy respecto a la administración pública y en concreto la administración general del estado. Cuando Montoro afirma que el objetivo de su gestión ha sido la de dotar a la ciudadanía de unos servicios públicos modernos y eficientes propios de una sociedad moderna, miente. Las únicas políticas de este gobierno en el ámbito de la administración pública han sido:

• Los recortes.
• Degradación de los servicios públicos.
• Y la invasión competencial.

No recuerdan que en esta legislatura se destruyeron 400.000 puestos de trabajo públicos. Los recortes salariales. La degradación de los servicios públicos no solo por los recortes presupuestarios sino también por la congelación de las tasas de reposición. No se acuerdan de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y su impacto negativo en el ámbito local. De las continuas invasiones competenciales, justificadas con el objetivo de la eficiencia, y que desgraciadamente se repiten en estos proyectos de ley. Luego me referiré a ello.

El ministro de Hacienda y Administraciones públicas, llevado por el entusiasmo, llega a decir en el Congreso, leo: “No se entienden las críticas que siguen afirmando que no hemos hecho nada en el ámbito de la administración pública. -Atentos que a hora viene lo bueno-. Que se lo pregunten a quienes están trabajando en la función pública” Que se lo pregunten, dice. Miren, señorías, gracias a este gobierno se han levantado toda una serie de mareas integradas por empleados públicos que no solo defienden sus salarios y condiciones laborales sino también la defensa de los servicios públicos. Rajoy lo ha hecho tan mal que hasta ha conseguido que un colectivo tan singular como el de los jueces se le subleve.

Otra novedad es que en la presentación de estas leyes hace referencia a la deuda pública y la justifica en que se generó para garantizar el estado de bienestar y las pensiones. En este mandato la deuda ha aumentado unos 30 puntos del PIB, 300.000 millones de euros aproximadamente. Según el gobierno se ha reducido el déficit y se han incrementado los ingresos. Es evidente que se han producido grandes recortes en el gasto social. ¿Cómo se explica esta elevada deuda? No en la defensa de las prestaciones y servicios públicos sino en el elevadísimo costo del rescate bancario, que si bien no imputa en el déficit pero sí en la deuda.

Entrando ya en los contenidos concretos de ambos proyectos de ley, quiero empezar por una cuestión muy grave y una agresión muy reiterada a lo largo de esta legislatura; la invasión competencial, el progresivo proceso de recentralización que está  llevando a cabo este gobierno con la legislación sectorial que va aprobando.

Yo soy de los pesimistas respecto a la superación de los conflictos territoriales presentes, el más grave con Catalunya. Lo soy por varias razones.

• Por el exacerbado nacionalismo del que hace gala el PP.
• Estamos frente a un choque de trenes entre nacionalismos.
• Porque el anti-catalanismo da votos, lo mismo que el anti-españolismo en Catalunya.
• Pero sobre todo por el proceso de renacionalización que está sufriendo la Unión Europea. La reversibilidad de la eurozona tal como amenazó el ministro de finanzas alemán al gobierno griego o los anuncios de la posibilidad de poner fin a la zona Schenguen realizados por Merkel o Hollande, indican la debilidad de la unión Europea. Una Unión, señorías, que es para España un atajo, un espacio para superar contradicciones históricas que somos incapaces nosotros solos de resolver.

Aun siendo pesimista valoro como un inmenso desastre que el PP, en unas circunstancias tan delicadas, no solo es incapaz de proponer nada en positivo sino que se haya dedicado ley tras ley a recentralizar. En estas también.

Siguen haciendo una lectura abusiva del artículo 149.1 de la Constitución. Se sirven de los artículos 103 y 105 que no les da apoyo ninguno. Dejan a las CCAA sin capacidad ninguna para desplegar su capacidad de desarrollo legislativo al detallar exhaustivamente, por ejemplo en la regulación de los órganos colegiados. Implementan un modelo concreto de administración electrónica. Establecen con carácter de norma básica un conjunto de trámites de obligado cumplimiento. También con el proyecto de ley del régimen jurídico del sector público invaden competencias. En su título segundo se entrometen en ámbitos de organización administrativa e institucional de las CCAA, lo que impide a las mismas la adopción de medidas que en el ámbito de sus competencias les corresponde para defender sus intereses y sus propias políticas organizativas.

Otras cuestiones que justifican nuestro veto es la desproporción que se plantea entre los objetivos de funcionalidad y respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos, o la igualación entre ciudadanos y empresas. Otra cuestión que nos preocupa es lo relacionado con la tramitación electrónica. Creemos que este debe ser el futuro, pero vemos en el proyecto de ley una serie de obligaciones que casan mal con los derechos de los ciudadanos. Tramitación electrónica obligatoria que será una sobrecarga para los pequeños ayuntamientos siempre escasos de recursos.

Termino mi intervención señalando que estos dos proyectos de ley no son la respuesta a la demanda ciudadana de una administración más ágil y eficiente, tecnológicamente más avanzada, permeable a las necesidades y demandas sociales y también más transparente y cercana. Por todo ello presentamos estos vetos a los que pedimos su apoyo.