Quienes, basándose en datos puntuales, celebran la recuperación que se supone que estamos disfrutando, se olvidan generalmente de examinar a quién está favoreciendo este proceso. Porque si hay un dato alarmante para el conjunto de los ciudadanos de este país es el que nos ha ofrecido el último informa de la OCDE, que revela que España es, con mucha diferencia, el país en que está aumentando más la desigualdad. ¿Qué efectos va a tener para los ciudadanos españoles este aumento de la desigualdad? El primero es el de la escasez y degradación de las oportunidades de trabajo. El informe de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el paro en el mundo nos dice que el número de parados en el mundo es de 202 millones, con un aumento de cinco millones sobre el año anterior, y que si las condiciones actuales persisten, la cifra crecerá y llegará a ser de más de 215 millones en el año 2018.

A lo cual hay que añadir unos 23 millones que han abandonado el mercado de trabajo formal, como consecuencia del desánimo que engendra el paro de larga duración, que lleva a que muchos queden sin ayudas del gobierno; estos “trabajadores perdidos”, que se caen de las estadísticas, alimentan la ilusión de que el paro disminuye. Además de las cifras de ocupación, debemos tomar en cuenta cómo han cambiado, para empeorar, las condiciones del trabajo. La propia OIT calcula que un 48 por ciento de los que trabajan lo hacen en puestos “vulnerables”, con el riesgo de no tener ni unos ingresos asegurados ni acceso a la seguridad social. Todo esto ha ido aumentando con el auge del “trabajo flexible”, que se da cada vez más en las empresas que contratan un gran número de trabajadores, como los almacenes, los supermercados o los negocios de comida rápida, donde abundan los contratos de diez, de ocho e incluso de cero horas.

En Estados Unidos calculan que cerca de la mitad de los trabajadores en negocios de comida rápida necesitan ayudas sociales para sobrevivir

Una investigación realizada por el departamento de sociología de la Universidad de Cambridge en dos grandes empresas de supermercados, una británica y otra de Estados Unidos, llega a la conclusión de que esta situación “causa ansiedad, estrés y depresión en los trabajadores, como consecuencia de la inseguridad a que se ven sometidos”. En Estados Unidos calculan que cerca de la mitad de los trabajadores en negocios de comida rápida necesitan ayudas sociales para sobrevivir. Los contratos de cero horas, que no garantizan un mínimo de paga y obligan a los trabajadores a estar disponibles para cuando se les necesite, se destinan sobre todo a mujeres, jóvenes y mayores; pero el gobierno británico se propone forzar a los parados a aceptarlos, cuando se los ofrezcan, si no quieren perder los subsidios de paro por tres meses o más.

Como dijo no hace mucho José Vicente González, el presidente de la patronal valenciana, “no hay empleo ni salarios basura (…), todos los empleos son buenos, porque no estamos en una situación para ponernos exquisitos”. Vamos a ver un ejemplo de estos “buenos trabajos” que el avance del “trabajo flexible” está produciendo entre nosotros. Uso en este caso un ejemplo español, analizado hace un tiempo por La Lamentable, como es el de Telepizza, donde hay sueldos de 250 € a 350 € al mes, pero que hace ahora contratos de 24 horas mensuales, con un salario de 125 €, esto es a 5 € la hora. Su plantilla está integrada mayoritariamente por menores de 25 años, muchos estudiantes, y cada vez más padres y madres de familia en situación precaria, y con miedo a perder el empleo. ¿Son estos los cientos de miles de puestos de trabajo que se nos prometen para el futuro? Lo peor es que el paro se está convirtiendo en una situación permanente para muchos.

Perder el trabajo, algo que puede suceder fácilmente en las actuales condiciones de indefensión social, puede significar el inicio de un largo calvario, ya que el paro a largo plazo tiende a perpetuarse, porque los que buscan trabajadores discriminan a este tipo de parados. Esto está creando una clase especial de parados casi permanentes, que son sobre todo los que pierden su ocupación a partir de los 45 años, que se ven obligados a caer en la economía sumergida, realizando faenas ocasionales, sin ninguna garantía de estabilidad. En febrero de este año la Cruz Roja de Catalunya publicó un estudio sobre el impacto de la crisis en las personas de más de 45 años, que muestra la vulnerabilidad de un grupo en que figura un gran número de hombres y mujeres que no habían trabajado anteriormente como asalariados y que se ven ahora obligados, por el aumento de cargas familiares –por ejemplo, por la tardía emancipación de los hijos, o por el retorno de los que ya se habían emancipado- a buscar un trabajo en condiciones difíciles. A los que hay que añadir a quienes han perdido su trabajo y se ven obligados a buscar otro con urgencia para asegurarse una pensión de jubilación, que podría verse afectada por los cambios en la exigencia de años trabajados y cotizados. Entre las conclusiones de la encuesta figuran estos datos: sólo el 16’4 por ciento de las personas encuestadas está trabajando, de los que más de la mitad lo hacen con contrato a tiempo parcial; el 67 por ciento de los contratos tiene una duración inferior a un año; más de la mitad de quienes trabajan lo hacen por ingresos mensuales inferiores al salario mínimo interprofesional. Lo cual, concluye el estudio, demuestra que tener un trabajo no garantiza tener unos ingresos económicos suficientes como para salir de la exclusión. Entran a formar parte del grupo, cada vez más amplio, de los trabajadores pobres.

Evolución del número de parados en España

El otro gran foco de exclusión es el de los jóvenes, con tasas de paro muy superiores a las de los adultos, con el problema añadido de que cuánto más tarden en incorporarse al mercado de trabajo, más probable es que hayan de contentarse con un lugar de baja calificación y poco sueldo. A lo cual se añade el problema del encarecimiento de su formación, que está creando situaciones en que comienzan a generalizarse las noticias de estudiantes universitarios que pasan hambre. Estoy hablando de un panorama global, a partir de los análisis de la OIT, que se refieren a un mundo en que la tasa de paro media es del 6 por ciento y la de los jóvenes del 13 por ciento. Pero estas perspectivas habrán de acomodarse al caso de España, donde estas tasas son del 25 y del 55 por ciento. Para ilustrar la diferencia citaré un informe que afirma que en España hay 110 parados por cada oferta de trabajo que se presenta, en contraste con la media europea que es de unos 12 por cada oferta. Resulta escandalosa la forma en que se han manipulado en España los últimos datos sobre ocupación, con el fin de presentarlos como signos de un cambio positivo de tendencia. Para desengañarnos de estas fantasías los informes de la comisión europea insisten en que el paro se va a mantener en un 24% en 2015.

Un informe confidencial de Natixis, un banco corporativo y de inversión francés, publicado en un boletín de 3 de abril de este año, asegura que la recuperación de los niveles de empleo en España puede tardar 25 años. Y a las cifras del paro hay que añadirles, además, las que nos indican que cuatro millones de estos parados no tienen en la actualidad prestación alguna para ayudarles a sobrevivir. Pero es que, además, no hay que interpretar una posible recuperación del empleo como un retorno a la situación de antes de la crisis. No hay que dejarse engañar por este juego tramposo de cifras, que nos oculta la realidad de las condiciones de trabajo. Lo más importante del caso es que las reglas del juego han cambiado y que las nuevas reglas están aquí para mantenerse. En este terreno no hay recuperación prevista. Hay que contar, por ejemplo, con la devaluación del trabajo especializado. Creíamos que la tecnología iba a reemplazar el trabajo de los obreros menos preparados y a aumentar la demanda de los especializados y no es así, sino que una buena parte del trabajo desplazado lo es en actividades especializadas, no en las manuales, donde los bajos salarios hacen menos rentable la introducción de tecnología. Entre los empleados en los supermercados se puede encontrar ya a licenciados universitarios que trabajan por sueldos de miseria. Si no cambia por completo el contexto político hay que prever que persistirá la progresiva destrucción de la capacidad negociadora de los sindicatos y, con ella, la degradación de las condiciones de trabajo (eso que ahora se llama la “flexibilización”) y la continuidad de los sueldos bajos. Si se consigue, como pretenden algunos empresarios, flexibilizar el trabajo hasta reducirlo todo a contratos de pocas horas, o de cero horas, se puede llegar a una situación que superaría a la de la propia esclavitud, puesto que en este nuevo sistema el empresario se ahorra incluso la necesidad de alimentar al trabajador.

La combinación de falta de trabajo y descenso de los salarios -el Banco de España reconoció que de 2010 a 2012 hubo un descenso acumulado del 5 por ciento- está llevando a una extensión de la pobreza. Un informe de la Fundación Foessa calcula, a partir de los datos de 2013, que un 60’7 % de los parados hace más de un año que buscan trabajo, que hay un 10’5 % de hogares en que todos los activos están en el paro y que tenemos unas tasas de pobreza que se estiman entre 21’6 y el 28%, según los indicadores que usemos para calcularlas. Tampoco me parece que haya que esforzarse para demostrar que se ha producido una caída general de los servicios sociales que los gobiernos nos proporcionan en terrenos como la salud, la enseñanza o las pensiones, y que de alguna manera contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso se pretende justificar con el déficit, pero John Pilger sostiene que eso del déficit es “un término cínico y engañoso para designar los enormes pagos del estado a bancos tramposos”, que ahora se pretende que compensen los ciudadanos corrientes. Eso se dijo para Gran Bretaña pero vale para España, donde los gobiernos se han endeudado para cubrir las pérdidas de bancos y cajas de ahorro, y siguen con la misma voluntad de rescatar los fracasos de las grandes empresas, como el de las autopistas radiales de Madrid -que se nos está ocultando cuántos miles de millones nos van a costar- o la indemnización milmillonaria que habrá que pagar a la ACS de Florentino Pérez por el fiasco de la operación Castor, sin olvidar las nuevas ayudas a los bancos, como los 40.000 millones de monetización de activos fiscales diferidos. Que hay recuperación puede ser cierto; pero lo que no se nos aclara es quién se está recuperando, y a costa de quién.

Visto en lalamentable.org