El Parlament vivió ayer una controvertida discusión sobre el plan del conseller Boi Ruiz para comercializar los datos sanitarios de los catalanes. El llamado proyecto VISC+ pretende “dar valor” (o sea, desmontando la “neolengua”: privatizar y sacar provecho) de la ingente cantidad de información que genera el sistema de salud. Lo explica muy bien Albano Dante de Cafeambllet aquí, pero lo que sucedió ayer fue que recogiendo las críticas de las entidades en defensa de la salud pública, sindicatos y partidos políticos, la diputada de ICV-EUiA, Marta Ribas, presentó una moción para frenar la puesta en marcha del VISC+ y abrir un proceso de discusión entre todos los actores sociales. Los puntos esenciales de la moción fueron aprobados por todos los grupos políticos. Y pese a la controversia generada, que hoy seguía en Twitter, creo que entre las palabras y las intenciones reales de Marta Ribas Frías y las de Isabel Vallet hay (en relación a este punto) más acuerdos que conflicto.

Explica Jéssica Mouzo Quintans, que aunque el acuerdo alcanzado entre los parlamentarios no obliga a Boi Ruiz a echarse atrás y frenar definitivamente la venta de datos sanitarios, sí logra al menos parar el concurso público que pretendía sacar Salut para dejar en manos de “un socio tecnológico” la gestión de los datos sanitarios por valor de unos 25 millones de euros durante los próximos ocho años. Salut no podrá licitar el servicio hasta que unas jornadas participativas abiertas al público para discutir el proyecto hayan puesto más luz sobre el VISC+. La moción insta al departamento a organizar “un proceso deliberativo” en el que participen científicos, colegios profesionales, especialistas en protección de datos y expertos en bioética, entre otros. Y esperemos que no excluyan a los activistas que hasta ahora han sido mayoría a la hora de denunciar y pronunciarse contra el VISC+.

Marta Ribas declaró que: “El objetivo era parar el proceso. No he podido conseguir que se frene el VISC+ pero al menos hemos parado la licitación y abrimos el debate”. Con todo, la diputada de ICV-EUiA dejó claro que, pese a defender la necesidad de discutir la iniciativa “para acabar con la opacidad con la que se ha gestionado el proyecto”, está totalmente en contra del plan de Boi Ruiz. “Nuestro proyecto sería de estricta gestión pública y no tiene nada que ver con el VISC+. Diferimos de todo el proyecto pero queremos discutirlo en un proceso participativo”, apostilló.

La necesidad de transparencia y participación fue secundada, con más o menos entusiasmo, por otros representantes de grupos. Y diputadas como Carme Pérez, de Ciutadans, habló también de la necesidad de informar a los usuarios catalanes de su derecho a negarse a ceder los datos de su historia clínica. “Hagan el favor de retirar mis datos de este proyecto. Yo no lo autorizo”, fue la exigencia con la que concluyó su intervención Carme Pérez. También Isabel Vallet, diputada de la CUP, se mostró contundente en este aspecto y, además de desautorizar el uso de sus datos sanitarios, animó a organizar una “movilización” ciudadana para negarse a que Salud emplee su historia clínica sin permiso.

Vallet afirmó, por su parte, que “Se haga un proceso participativo o no, estaremos en contra del proyecto. Primero retiren el VISC+ y luego hablamos de la gestión del big data”, dudando de la honestidad del proceso participativo que también se abrió en Lleida para discutir la puesta en marcha del consorcio sanitario que unificará a los centros públicos de la provincia. “El debate en Lleida fue un fracaso, no fue real. A los sindicatos no les dejaron opinar, no les pasaban toda la información, se declinó la participación de los agentes que podían ser molestos, como la Marea Blanca… Estos procesos les sirven al gobierno para avalar su proyecto cuando en realidad han sido una farsa. Por eso creemos que ahora mismo, plantearlo para el VISC+ es un error”, explicó la diputada de la CUP. Con todo, estudiarán la posibilidad de participar en las jornadas “si se demuestra que es un debate real”, aunque dudó de que esto sea posible “cuando ya hay un proyecto sobre la mesa”. La parlamentaria fue tajante: “Conociendo el ánimo mercantil de Boi Ruiz, dudo mucho que estas jornadas sirvan para tirar atrás el VISC+”.

Pero como coinciden en afirmar Marta Ribas Frías e Isabel Vallet, la calidad y validez de las Jornadas dependerá de la movilización de la gente, de su grado de implicación, y de que se entienda (creo yo) que el proyecto VISC+ es sólo un punto más de esta enorme ofensiva neoliberal, depredadora y, por qué no decirlo, neo-fascista, que representa el TTIP/TISA.

Un punto que debe estar presenta en estas Jornadas del Parlament para que la magnitud del robo de intimidad y derechos que supone el VISC+ cobre su pleno sentido.