Veto al Proyecto de Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad.

Intervención en el Senado, Comisión de Economía con competencia legislativa plena.

14-07-2015.

Senyor president, señorías:

Es una vergüenza que no hayamos reformado el Senado, como nos comprometimos a hacerlo a lo largo de esta legislatura.

Esta Ley que hoy van a aprobar es un compendio de las malas prácticas legislativas del gobierno de Mariano Rajoy, porque:

• Proviene de un Real-Decreto Ley, el 1/2015, instrumento excepcional del que ustedes han hecho un uso y abuso en esta legislatura.
• Se tramita en medio de este aquelarre legislativo. Van a aprobar 36 leyes en dos meses.
• Es la octava reforma de la Ley Concursal. Sacan ustedes una media de una reforma cada 5 meses. Ya me dirán qué rigor legislativo tiene esto y qué seguridad jurídica dan estas contínuas modificaciones. La legislación concursal del PP es un caos normativo permanente.
• Una vez más, introducen en una Ley modificaciones de otras Leyes que no guardan ninguna relación entre sí. Modificamos doce Leyes y otros tantos Decretos-Ley.

Lo dicho: con este Proyecto de Ley y su forma de tramitarlo, se superan a sí mismos.

A finales de la legislatura, ustedes se acuerdan de la Ley de Segunda Oportunidad. Y lo hacen mal. Después de 7 años de crisis, se despiertan con esta más que insuficiente Ley. Han ignorado el amplio movimiento social promovido por la Plataforma de Afectados por la Hipotecas (PAH). Tergiversaron la tramitación de la ILP que ésta presentó en defensa de la dación en pago. Por no hablar de las innumerables propuestas lanzadas por los Grupos de la oposición exigiendo, a lo largo de la legislatura, soluciones para el drama social de los desahucios. Ustedes, en su infinita combinación de insensibilidad y soberbia, han dado siempre la misma respuesta: “no”.

De la misma manera que hicieron oídos sordos a las demandas de:

– El Consejo Económico y Social, en 2011.

– El Informe Banco de España, en 2012.

– El Informe de la Defensora del pueblo, en 2013.

– El Banco Central Europeo, en 2013.

– El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en 2014.

– La Recomendación de la UE, en 2014.

Su insensibilidad hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad nos ha llevado a ser uno de los tres países sin Ley de Segunda Oportunidad. Nos acompañan Grecia y Bulgaria.

Muy tarde y muy mal nos presentan este Proyecto de Ley. El porqué de su retraso y de sus insuficientes contenidos nos lo explica muy bien el ministro de Economía, señor de Guindos, en la presentación del Real-Decreto Ley 1/2015, ahora transformado en Proyecto de Ley. Dice el ministro en el Congreso: “Nos estamos recuperando económicamente y como el sistema financiero está saneado y bien provisionado, hoy podemos abordar esta reforma”.

Dicho de otra manera: cuando España sufría una gravísima crisis social, marcada por el paro y la pobreza, sí pudimos sanear, a base de aportar decenas de miles de millones de euros, el sistema financiero; y solo podemos abordar la situación de miles de personas que lo están perdiendo todo cuando la banca está saneada. Esta es una lógica errónea desde un punto de vista económico y tiene efectos socialmente perversos.

Y el ministro de Guindos se pavonea de que en el entretanto se ha protegido a los deudores más vulnerables con el Código de Buenas Prácticas, la Moratoria por Desahucios y la creación de un Fondo Social de viviendas de alquiler. Permítanme algunos datos para desmontar esta falsa propaganda:

• La Moratoria solo ha afectado a un 8% de desahucios desde que entró en vigor.
• En relación al Código de Buenas Prácticas, solo un 0,7% ha podido acogerse a él.
• Un Fondo Social que consta solo de 6.000 viviendas, frente a las más de 500.000 familias en la calle y mediante el cual, por culpa de los criterios tan restrictivos de acceso, solo se han podido formalizar 2.000 contratos de alquiler.
• Las daciones en pago concedidas no alcanza al 0,7% de las familias ejecutadas.

Y se siguen produciendo 146 desahucios cada día. Este es el balance real del gobierno Rajoy.

¿Cuál es la segunda oportunidad que ofrece este Gobierno? Escasa, cargada de condicionantes, costosa, injusta y lesiva para las clases populares y los trabajadores.

Señorías, el objetivo principal de esta Ley, en lo que afecta a los deudores más vulnerables, debería ser poder recuperar el futuro a los ciudadanos y las ciudadanas que lo han perdido todo. Poder recuperar el futuro, señorías. Después de tres años perdidos:

• No proponen ningún plan de vivienda que permita aliviar la situación de tantas familias. Es más, impugnan el de Andalucía, llevándolo al Tribunal Constitucional.
• No eliminan las cláusulas abusivas, solo indican que no se podrán aplicar a los que ingresan un máximo de 7.200 euros. Un dislate.
• El Código de Buenas Prácticas sigue sin ser una obligación normativa.
• Proponen una segunda oportunidad que queda postergada a cinco años más tarde, ya que, si las cosas van bien, le cobrarán los créditos anteriores.
• Proponen un 25% de pago de los créditos concursales ordinarios, cuando el 5% es la media estadística de satisfacción de los créditos ordinarios en los juzgados mercantiles.
• No contempla la dación en pago en la fase judicial.
• No hay ni una referencia al acceso a la vivienda y a evitar su pérdida.
• El dispar planteamiento según seas autónomo o sociedad mercantil.
• Y por último, una cuestión no menor, como es la saturación de nuestros juzgados. Los de lo social están colapsados, sin que ustedes pongan ningún tipo de remedio.

Y esta última referencia me permite abordar otra propuesta de este Proyecto de Ley, que es la eliminación de las tasas judiciales. Que, a pocos meses de las elecciones, retiren el cobro de tasas judiciales –cuestión que en el momento de su aprobación fue criticada por todo el mundo– indica una cierta desvergüenza. A lo largo de estos años de vigencia de la imposición del cobro de las tasas, el gobierno de Mariano Rajoy ha atentado contra un derecho ciudadano básico: la tutela judicial. Hoy las retiran, pero el daño ya está hecho. Un daño evitable y predecible, se lo advertimos todos: grupos políticos, jueces, fiscales, Defensora del Pueblo, entidades ciudadanas, sindicatos… Todo el mundo, pero ustedes no escuchan y cuando no escuchar tiene un impacto negativo en la sociedad y en la calidad de nuestra democracia, esto es imperdonable. No sabemos, y estamos en nuestro derecho a saber, a qué se han destinado los 612 millones de euros ingresados por el pago de las tasas. Lo que sí que sabemos es que no se han destinado a mejorar la justicia gratuita, cuando esta era, según el Gobierno, su finalidad. Las preguntas son: ¿Dónde están estos recursos? ¿A qué se han destinado realmente?

En este Proyecto de Ley se repite la prelación de trato según seas: mejor, si eres sociedad mercantil; peor, si eres autónomo; y mucho peor, si eres un deudor consumidor o usuario. Una vez más, en una reforma de la Ley Concursal, los créditos laborales quedan desprotegidos. Y vuelven a priorizar las exenciones fiscales para la creación de empleo. Ahorrar cuotas empresariales a la Seguridad Social, se ha demostrado claramente que no es un buen instrumento para crear empleo, y se merman los ingresos de la Seguridad Social. Su propuesta va a representar que la caja de la Seguridad Social va a dejar de ingresar 1.500 millones de euros. También su propuesta de dar un cheque de 1.200 euros a las familias monoparenterales con dos hijos es pura propaganda. Ya en la Memoria del Decreto, el Gobierno reconocía que solo va a afectar al 27% de este colectivo. ¿Y al 73% restante, se le va a seguir abandonado a su suerte?

Señorías del Partido Popular: ustedes, o quienes hacen estas leyes que su Grupo apoya tan acríticamente, no saben lo que es un deudor vulnerable, no le conocen, y esta falta de conocimiento y de sensibilidad y de empatía hacia el que sufre les lleva a elaborar leyes como esta. No saben quiénes son, dónde viven, quiénes les avalan. Desconocen por qué no pueden hacer frente a sus deudas, y siempre estoy hablando de deudores de buena fe. Si no, no hubieran presentado un Proyecto de Ley lleno de condicionantes, de obstáculos legales que impiden que realmente esta sea una Ley de Segunda Oportunidad. Y la pregunta es: ¿Si, fruto de una crisis de la que no es responsable, una familia no puede pagar su deuda hipotecaria, su destino es ir a la calle? ¿Quedarse sin techo? Esta es la pregunta que deben responder. Y no se engañen: un deudor vulnerable no puede ni podrá pagar su deuda, aprueben ustedes lo que aprueben. Es por ello que el senador Saura y yo, en representación de ICV, presentamos este veto, porque exigimos una Ley que realmente dé una segunda oportunidad a la gente que lo ha perdido o lo está perdiendo todo. Porque queremos una legislación que salvaguarde el derecho constitucional a una vivienda digna para todos y todas. Es por ello que presentamos este veto y pedimos el voto al mismo.