Intervención en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales con competencia legislativa plena.

Senado, 29 de julio de 2015

Senyor president, señorías:

A continuación expondré los argumentos que justifican este veto que presentamos el senador Saura y yo en representación de Iniciativa per Catalunya Verds.

Antes permítanme que denuncie, y lo voy a hacer en todas las tramitaciones de los Proyectos de Ley, este carrusel legislativo veraniego que nos han impuesto. Este sin sentido trabajo legislativo de tramitar 36 Proyectos de Ley en dos meses. Y lo voy a reiterar una vez más: así no se trabaja, así no se garantiza rigor en el trabajo legislativo, que, junto al control de Gobierno, es el principal encargo de toda Cámara parlamentaria. Este ritmo ahoga a la oposición y no permite que la pluralidad que representamos se exprese en condiciones. Tramitar así impide cualquier diálogo, ya que su afán principal es aprobar leyes, en una ilógica carrera de apuntarse trámites legislativos. Hemos aprobado tantas leyes; su utilidad, su calidad, ninguna y pésima.

Señorías, en todo Proyecto de Ley del gobierno de Mariano Rajoy que tenga una disposición que apele al artículo 149.1.1. de la Constitución española es sinónimo de recentralización, de invasión competencial. No lo duden: para todos aquellos que creemos en el Estado compuesto, es motivo suficiente para presentar un veto por invasión competencial. Y en este Proyecto de Ley, es evidente que se produce esta invasión.

El senador Saura y yo rechazamos el objetivo de esta Ley, que es crear un modelo común de voluntariado para toda España. Lo rechazamos:

• Porque es ignorar las realidades, las idiosincrasias presentes en cada territorio.
• Por el desarrollo, de forma autónoma, de un entramado propio de cada realidad.
• Porque invade el marco competencial de las CCAA. El de Catalunya, contemplado en el artículo 166.2. del Estatut. Un marco competencial catalán que ha tenido su desarrollo desde hace muchos años: 1991, Institut Català del Voluntariat, y 1996, Carta del Voluntariat de Catalunya.
• Y porque, señorías, desde el momento en que el Gobierno le da a este Proyecto de Ley consideración de carácter básico, se invaden competencias.

No es difícil entender que el voluntariado, al hay que reconocer el extraordinario papel que juega en la cohesión social de este país con su esfuerzo solidario y compromiso cívico, surge y se motiva de sus realidades concretas, por lo que no puede haber un modelo común. Tampoco es difícil entender que los redactores de la Constitución dieran a las CCAA la competencia exclusiva, por aplicación lógica del principio de subsidiariedad, por lo que no entiendo este Proyecto de Ley.

A lo mejor hubiera sido más conveniente actualizar mediante una reforma la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, no conflictiva competencialmente. La Ley del 1996 circunscribía, en lo que afecta al Estado, a dos marcos: actividades de carácter supra-autonómico y al voluntariado en el ámbito de las competencias exclusivas del Estado. Una Ley que no contemplaba la apelación al artículo 149.1.1. de la Constitución, cuestión nada menor.

Señorías, el senador Saura y yo nos negamos a aceptar la lógica de que el Estado define las políticas y las CCAA las gestionan. Este no es el espíritu ni la letra de la Constitución. El texto constitucional nos otorga autogobierno político y queremos ejercerlo.

Otra cuestión que nos preocupa es que, a diferencia del texto de la Ley del Voluntariado de 1996, en esta desaparece la afirmación de que la actividad del voluntariado no podrá sustituir en ningún caso trabajo retribuido. La preocupación se incrementa si uno lee la Memoria de Análisis de Impacto de la Ley. ¿Qué dice la Memoria? Que un millón de voluntarios equivaldría al trabajo de 100.000 asalariados a tiempo completo, y significaría un ahorro en los presupuestos públicos de 2.500 millones de euros.

Señorías, lo afirma con claridad el Consejo Económico y Social en el dictamen de este Proyecto de Ley:

• El voluntariado no puede suplir el ejercicio de las funciones que el Estado tiene encomendadas en el ámbito de las políticas públicas.
• Debe prevalecer el principio de no sustitución de funciones o servicios públicos, no solo respecto a los que la Administración está obligada a prestar por Ley, sino respecto a cualquier función o servicio público que corresponda al Estado en cumplimiento de los cometidos que tiene constitucionalmente atribuidos.
• Debe procurarse un equilibrio entre impulsar el voluntariado y evitar su instrumentalización, priorizando la puesta en marcha de unas políticas públicas que deben ser adecuadas y suficientes, garantizando el conjunto de respuestas a las necesidades sociales.
• El mensaje del CES es claro: sí al voluntariado, no a la sustitución de responsabilidades que corresponden en exclusiva a las Administraciones públicas. Unas Administraciones que hoy han hecho dejación de sus responsabilidades sociales frente al incremento de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad que han motivado las políticas de Mariano Rajoy.

Reconocer el trabajo altruista del voluntariado en España, de este 17% de la población comprometida en la lucha por una sociedad mejor, no va a suplir la responsabilidad de los poderes públicos.

Y ya un último argumento: la Disposición Final Quinta, la que afirma que esta Ley no puede suponer incremento del gasto. Señorías, si esta Ley no va a representar ningún incremento de gasto, no la aprueben; ya se aprobará cuando lo pueda representar.

Estas son las razones del veto del senador Saura y mío para el que pido su voto.