Pleno del Senado, 14 de octubre de 2015

Senyor president,

Señorías,

Señora senadora de Coalición Canaria: de los cuatro puntos que usted ha presentado, dos son comunes al conjunto de Comunidades Autónomas; son problemas que atraviesan todo el Estado. Usted, en su moción, nos habla de paro juvenil y de larga duración, de desprotección social, y ya que son un problema del conjunto de los territorios, del conjunto de España, creo que no hubiera estado mal que en su moción apuntara una propuesta para toda España, porque usted está pidiendo el voto a los senadores de Cataluña, de Euskadi, de Extremadura, de Andalucía, es decir, del conjunto del territorio, y en aquello que nos es común. Insisto, creo que no hubiera estado mal una referencia y una propuesta de solución para todos. Es verdad que en los dos últimos puntos, el tercero y el cuarto, usted ya señala elementos particulares, singulares de su Comunidad Autónoma: Canarias es una región ultraperiférica que tiene comprometido un Plan Integral de Empleo que no se cumple.

Dicho esto, mi Grupo va a dar apoyo a su moción. En este Pleno, con la presentación de la misma, realizaremos el segundo debate sobre la situación del empleo en España. Mi Grupo y yo vamos a reiterar que las políticas de empleo del Gobierno del Partido Popular son un fracaso. No se puede llamar recuperación a una recuperación económica que convive con más de 5 millones de parados o con un 50% de paro juvenil. No se puede llamar recuperación económica a aquella que convive con una desprotección social que afecta a 2.300.000 trabajadores. Con estas cifras, la conclusión lógica es que las políticas sociales y de empleo del Gobierno han sido un fracaso. Esta realidad quiere decir que la política global de este Gobierno ha sido un completo fracaso.

Cuando se escucha a los portavoces del Partido Popular, parece que todo lo hayan hecho bien. En el turno en contra que ha realizado anteriormente el senador Fernández, del PP, parece que todo está bien y que todo lo hacen bien; pero, señorías, hay lo que hay: más del 20% de parados y más del 50% de paro juvenil. Suerte que lo han hecho bien, porque, si lo llegan a hacer mal, no sé dónde estaríamos. Por decoro, les pido dos cosas: una, que no me hablen de la herencia, porque estamos al final de su legislatura; no estamos al final de la legislatura de Rodríguez Zapatero, sino de la suya. Por decoro, les pido una segunda cuestión: este sainete de que cuando hay paro es culpa de la Comunidad Autónoma y cuando hay empleo es gracias al Gobierno del Estado, no se lo cree nadie. Estamos frente a unas políticas que han fracasado porque ustedes no han sabido entender, en primer lugar, que la globalización económica traía consigo un ajuste. En el momento en que la economía se globaliza, quiere decir que millones y millones de nuevos trabajadores se incorporan al mercado de trabajo global, y esto nos afecta; porque ustedes no han sabido entender que la crisis financiera de 2008, que era una crisis financiera norteamericana, se ha transformado gracias a sus políticas y a las políticas de la Unión Europea en una crisis europea y de la deuda pública; porque ustedes no han sabido entender, porque en parte son responsables, la burbuja inmobiliaria; del fracaso del modelo productivo español; y por lo que afecta a Canarias, porque ustedes nunca han sabido entender que una región ultraperiférica exige y necesita instrumentos propios que le permitan no solo superar un modelo productivo caduco, un modelo productivo que da lo que da de sí y que es frágil y muy vulnerable frente a cualquier recesión, sino que exige avanzar hacia una economía de calidad que, para el Partido Popular y para el Gobierno del PP, vistos los presupuestos año tras año, o no existe o no saben de qué hablamos. Sus decisiones han comportado que los ajustes de esta crisis los hayan pagado los trabajadores, los están pagando aún los trabajadores; sus decisiones han comportado que España hoy sea más desigual, que haya una transferencia real y continua, según la contabilidad nacional, de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Ayer, la senadora del PP, señora Peris, decía: “bueno, pero esto ya pasaba antes”. ¿Y qué? El problema es que ustedes no evitan que siga pasando. Esta situación de transferencia de rentas del trabajo al capital, que quiere decir mayor desigualdad, que quiere decir que hay ricos más ricos y pobres más pobres, ustedes no han sido capaces de evitarla, sino que con sus políticas fiscales la han incrementado.

Ustedes, en definitiva, han cometido dos graves errores: que los sacrificios de la crisis los pagaran solo los trabajadores, las capas medias y las clases populares y, en segundo lugar, que no habiendo aprendido nada, ninguna lección de esta crisis, seguimos instalados en un modelo productivo de muy corto alcance, el modelo del turismo, de la construcción, sectores de bajo valor añadido, y no ha habido ninguna apuesta para identificar qué es aquello que nos hacía tan frágiles económicamente y aquello que nos diferencia en cómo ha impactado esta crisis global, esta crisis hoy en día también profundamente europea, en un país o en otro país. Total, hemos avanzado, estamos consolidando la sociedad de la precariedad, una sociedad sin futuro, una sociedad sin esperanza, especialmente para los sectores más jóvenes, y una sociedad, en definitiva, más injusta. Es por ello, y repitiendo que nos hubiera gustado, a mi Grupo parlamentario, una referencia al problema que es común, que es de todos, a unas políticas agresivas que nos afectan a todos, damos apoyo a la singularidad, a la especificidad, y a algo tan particular como es la Comunidad Autónoma de Canarias, su condición de territorio ultraperiférico, y que exige no solo el cumplimiento de los compromisos, como ese Plan Integral de Empleo de Canarias, sino también tener en cuenta sus necesidades.

Con esto termino, señora presidenta. Vamos a votar a favor de su moción y le pido al resto de senadores y senadoras que la apoyen.

Pleno del Senado, 13 de octubre de 2015

Senyor president,

Señorías,

Mi Grupo va a votar a favor de la moción presentada por el senador Varela. Es cierto lo que él afirma sobre que esta moción es la impugnación de las políticas de empleo de este Gobierno. Compartimos la impugnación y compartimos las propuestas; pero, señorías del Partido Socialista, luego hay que cumplir. Yo llevo más de once años aquí; el papel lo aguanta todo, pero luego hay que cumplir, y más si gobiernan.

Señorías del PP, su Gobierno ha conseguido transformar una recesión económica en una recesión social. Hay que ver los indicadores del último trimestre de 2011 y los del segundo trimestre de 2015, y todos están peor desde que ustedes llegaron al Gobierno: hay más parados de larga duración, ha bajado la tasa de cobertura, ha disminuido el número de asalariados y ha disminuido el número de horas totales trabajadas. Es decir, todos los indicadores están peor. Y no me comparen un mes con otro mes. Al final de una legislatura, señorías del PP, lo que hay que hacer es ver qué cifras había a finales de 2011 y cuáles hay en estos momentos. Ha crecido la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

Señorías, la crisis nos hizo más pobres, pero sus políticas nos han hecho más desiguales. Al final de esta legislatura, yo les convido a pensar cómo puede ser que en medio de esta crisis tan devastadora haya gente que se haya enriquecido. ¿Cómo puede ser que en medio de esta crisis, que tantos costes sociales y laborales ha tenido, se puedan transferir rentas del trabajo hacia las rentas del capital? Pregúntenselo, interróguense. ¿Qué habrán hecho ustedes para que se produzca esto, no solo que disminuyan las rentas del trabajo sino la transferencia de rentas del trabajo hacia las rentas del capital? Esa es su responsabilidad. ¿Cómo puede ser, con las cifras actuales de pobreza, de exclusión social, de pobreza infantil, de desempleo sin ningún tipo de prestación, cómo puede ser que ustedes no dieran una prioridad presupuestaria para cubrir estas situaciones? Porque, ¿es cierto o no que hemos perdido 15 puntos en cobertura de desempleo? Es cierto, y esto es responsabilidad de este Gobierno. Ustedes optaron por descargar los costes de la crisis sobre las clases trabajadoras, las capas medias y las capas populares. Se les avisó de lo que iba a suceder. Hubo reñidos debates en las Cortes, huelgas generales, movilizaciones, mareas de todo tipo, donde se les decía algo tan sencillo como que los sacrificios hay que pagarlos entre todos, pero que los que más tienen más deben aportar. Los datos de la contabilidad nacional dicen todo lo contrario: aquí la crisis la pagaron los de siempre, los trabajadores y las trabajadoras, y unos pocos se han favorecido de esta crisis, y esto ha sido gracias a sus políticas, entre otras, las laborales.

Lo sucedido no son daños colaterales, no son efectos no deseados pero inevitables de sus políticas. Son el resultado buscado de las políticas de devaluación interna que el gobierno Rajoy impulsó. Esta es su responsabilidad. Ustedes han construido un presente laboral de precariedad, ustedes han instalado a la sociedad española en la sociedad de la precariedad, y la precariedad es síntoma de falta de esperanza, de incerteza y de inseguridad. Antes, muy ufano, el portavoz del Grupo Popular en presupuestos se preguntaba si se puede transformar la realidad con ilusión; no solo, son necesarias ilusión y propuestas.

Señorías, un sistema económico que genera un paro de más del 20% y que tiene un paro juvenil de más del 50%, es un fracaso. Las políticas sociales de este Gobierno y después de cuatro años, donde el paro sigue instalado en un 22% y el paro juvenil en el 50%, son el indicador más claro del fracaso de este Gobierno. Ustedes han fracasado, y esto lo dicen los datos y lo dice la realidad.

Hay otra cuestión que también se les acaba. Ustedes han querido tener la habilidad –que no la cree nadie y por eso en todos los estudios de opinión, desde Mariano Rajoy hasta el último ministro, salen achicharrados–, han querido decir: “no, no, nosotros vamos a crear paro para poder generar empleo, nosotros vamos a recortar los servicios públicos, el Estado del Bienestar, para poder garantizar su sostenibilidad”. Esto no se lo cree nadie. Ustedes han optado por la devaluación interna, esa fue su apuesta al inicio de esta legislatura, y esta devaluación interna ha tenido unos costes sociales y laborales determinados, que es lo que ustedes buscaban. Todo esto no sirve para la sostenibilidad del régimen de la sociedad del bienestar; esto ha sido el conflicto entre una estrategia política al servicio de unas minorías frente a unas mayorías que se han rebelado y que les están indicando y les están diciendo que el 20 de diciembre, para poder transformar la realidad, lo primero que hay que hacer es echarles.

Pregunta oral. Pleno del Senado, 29-09-2015.

Gràcies, senyor President.

Señora ministra,

Recientemente, la Comisión Europea les ha criticado por la falta de políticas y recursos destinados a posibilitar el retorno al mercado laboral de los parados de larga duración.

Señora Báñez, le estoy hablando de más de 2 millones 300 mil personas. Son muchísimas personas a las que ustedes ignoran, el 65% del total de parados que hay en España.

Entre el primer trimestre de 2012 y el segundo de 2015, los parados de larga duración han aumentado casi un 50%, el 48’57%. Bajo su Gobierno, gracias a su gestión, señora ministra de Empleo, los parados de larga duración se han incrementado en 753.900. El paro de larga duración femenino es superior al masculino.

De estas 2 millones trescientas mil personas, solo el 23% percibe algún tipo de prestación.

Le hablo de personas, a las que han abandonado y que precipitan a la pobreza y la exclusión social. ¿Piensa tomar alguna medida para afrontar este grave problema social?

Señora ministra, basta ya de discursos. Haga propuestas, y tiene una oportunidad: los Presupuestos Generales del Estado para 2016. No recorte de nuevo la partida de prestaciones en un 21’7%. Recorte que, si le sumamos el del año pasado, resulta de casi 10.000 millones en dos años.

Y no me diga que recortan esta partida por la disminución del paro y la creación de empleo. No me lo diga, porque no es verdad. Ustedes recortan las prestaciones por desempleo por dos motivos: por una mentira y por una posición de desprecio hacia el sufrimiento social.

La mentira: sus previsiones de paro para 2016 es del 19’7%, una caída del 10’45%. El recorte del gasto de prestaciones respecto a la caída del desempleo es dos veces mayor. Dos veces, señora Báñez.

El desprecio: el gasto cae, no porque los parados encuentren empleo, sino porque aumenta el paro de larga duración y con ello, se agotan las prestaciones de los que más lo necesitan.

Ustedes han endurecido el acceso, la cuantía y el periodo de las prestaciones por desempleo.

Las políticas activas no son eficaces. El Plan de Empleo Juvenil, en fase aún muy incipiente a pesar del tiempo transcurrido. Han endurecido el acceso al Plan Prepara, y el Plan de Activación del Empleo tiene unos resultados muy por debajo de los cálculos que realizaron. Somos de los países que menos gasta por parado en políticas activas. ¿Cómo se atreve a rebajar en 66 millones de euros el Plan Prepara en los presupuestos para 2016?

Son los adalides de las bonificaciones. Instrumento que se ha demostrado que no sirve para crear empleo, y menos para combatir el paro de larga duración.

Señora Báñez, ustedes han abandonado a los parados de larga duración, el colectivo más vulnerable entre los millones de parados que hay en España. Este abandono explica cuál es la sensibilidad social de este Gobierno: ninguna, nula. Se lo repito: un gobierno sin alma social, es un gobierno sin alma.

Veto a la sección 19 PGE-2016.

Senyor president,

Señorías,

Al final de esta legislatura, la verdad es que no me voy a entretener mucho en un debate de cifras o estadísticas. Realizaré un balance de legislatura de las políticas de empleo del gobierno Rajoy, que se reiteran en el enfoque de los presupuestos de 2016.

Señorías, lo primero que quiero recordar es la injusta decisión que toma este Gobierno sobre quiénes tienen que pagar los costes de la crisis. La posición de Rajoy es clara: la clase trabajadora, las capas populares y las capas medias. Estos son los que han pagado los costes de esta crisis y la siguen pagando, por voluntad expresa de este Gobierno. Se inicia la devaluación interna, cuyo principal instrumento es la Reforma Laboral. Sus efectos sobre el mercado de trabajo han sido demoledores: facilitar y abaratar el despido, devaluación salarial, pérdida de derechos laborales, incremento de la siniestralidad laboral y pérdida de la capacidad negociadora de los sindicatos. Sindicatos sometidos, en los primeros años del mandato Rajoy, a un repugnante linchamiento.

Rajoy, con su Reforma Laboral, rompe los precarios equilibrios entre empresarios y trabajadores, a favor de los primeros. No se acuerdan.

Una reforma laboral complementada con otras medidas legislativas que no solo empobrecen al mundo del trabajo, sino que apuestan por un modelo de empleo precario. Con este Gobierno han emergido nuevas figuras ligadas a la pobreza: la pobreza energética o la pobreza laboral. Es decir, el 12% de personas que, a pesar de contar como empleadas, no perciben los salarios mínimos que les permitan salir de la pobreza.

Una segunda decisión de este Gobierno son los recortes en los principales instrumentos públicos que garantizan la igualdad de oportunidades.

¿Qué han conseguido con ello? Que España sea el país de la UE que más ha crecido en cuanto a las desigualdades de renta y en el que más se ha deteriorado la igualdad de oportunidades.

Con sus decisiones, ustedes, han generado una desigualdad económica que adopta tres dimensiones: la exclusión social, las diferencias de renta y riqueza, y la desigualdad de oportunidades. Desigualdades que golpean con especial intensidad a mujeres y jóvenes.

Una tercera decisión de este Gobierno es seguir apostando por un modelo productivo de baja calidad, que genera empleo de baja calidad. Ustedes, señorías del PP, no han sacado ninguna lección de esta crisis. Siguen apostando por un modelo obsoleto, que nos hace muy vulnerables y que niega el futuro de la economía, que es la apuesta por una economía de calidad, por la economía de alto valor añadido, por la economía del conocimiento. Esta cambio de modelo no solo es responsabilidad de un ministerio, y sí de todo un Gobierno, que invierta en I+D+I, en educación, en formación, en medio ambiente. De un Gobierno que se planteara una reforma pendiente, y cada vez más urgente, que es la reforma empresarial. Lamentablemente, se inicia la recuperación sin cambiar el patrón de crecimiento, por lo que la precariedad vuelve a ser la tónica del mercado laboral.

Cuando empleo y economía crecen más o menos al mismo ritmo, solo se explica porque la productividad apenas crece. Y la mejora de la productividad es uno de los principales retos de nuestra economía.

Señorías del PP, ustedes siguen creyendo que la mejor política social es la creación de empleo. La creación de empleo precario y mal pagado. ¿Ésta es su ambición? No han entendido que la mejor política social es la implementación de una serie de políticas que, en primer lugar, protejan a los más desfavorecidos, que redistribuyan los costes y beneficios y que garanticen la igualdad de oportunidades.

Lo que les acabo de exponer se refleja en la realidad del mercado laboral y en su propuesta presupuestaria.

Frente a una realidad laboral de incremento del trabajo en precario, de pérdida constante de empleo fijo y a jornada completa, de crecimiento del paro de larga duración, de reducción de la población activa y de un paro que sigue por encima del 20%, el Gobierno, un año más, recorta en las partidas destinadas a las prestaciones para los desempleados, un 16’7%. Los incrementos en las partidas de políticas activas van destinados básicamente a las agencias de calificación.

Señorías del PP, el senador Saura y yo jamás aceptaremos que sean los márgenes de beneficio de las élites económicas lo que delimite los márgenes de actuación de la política.

Paro. Paro de larga duración. Devaluación salarial. Exilio del capital humano. Exclusión social y pobreza. Falta de cualificación. Caída demográfica. ¿De qué recuperación nos están hablando? ¿De qué se vanaglorian? ¿Éste es el milagro?

Intervención en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales con competencia legislativa plena.

Senado, 29 de julio de 2015.

Senyora presidenta, señorías:

Todo lo que voy a exponer son las razones por las cuales el senador Saura y yo, en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, presentamos este veto al Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social.

Vamos a debatir y ustedes, senadoras y senadores del PP, van a aprobar un Proyecto de Ley en medio de esta irresponsable y disparatada mascarada legislativa que nos han impuesto: tramitar 37 proyectos de Ley en dos meses.

Hoy damos un paso más en la degradación del trabajo legislativo.

Un trabajo legislativo de pésima calidad.

Que dificulta la plena participación de los Grupos y lo que ellos expresan de pluralidad.

Una tramitación opaca, que impide el seguimiento ciudadano del debate y aprobación de leyes que les van a afectar.

Que degrada aún más al Senado, ya que trabajar así imposibilita que ni tan siquiera seamos una real Cámara de segunda lectura, de enfriamiento legislativo.

Y, señorías: puestos a reformar, reformemos el Senado, tal como nos comprometimos a hacer.

Entrando ya en el contenido del Proyecto de Ley, quisiera en primer lugar afirmar que:

• Las políticas sociales de este Gobierno se han centrado en los recortes. Cuando España, producto de la crisis, se ha vuelto más pobre, cuando se ha generado mayor desamparo social, ustedes han recortado todas y cada una de las partidas presupuestarias destinadas al amparo social; todas y cada una.
• Cuando España se empobrecía, sus políticas la han hecho más desigual, al cargar en las espaldas de las clases populares los costes de la crisis.

Hago estas afirmaciones para salir al paso de las cínicas afirmaciones tanto del Preámbulo de este Proyecto de Ley como de las palabras del ministro Alonso en el Congreso en la presentación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social. Todos los grupos reconocemos el trabajo, el compromiso de las asociaciones y entidades que conforman el Tercer Sector por su trabajo con las personas más vulnerables; estamos legislando para más de 30.000 entidades sociales, cuya actividad supone un 2% del PIB y genera más de 600.000 empleos.

Pero, señorías, el problema son ustedes, este Gobierno de derechas, sus políticas de fomento de la desigualdad, generadoras de pobreza. El problema son sus recortes en prestaciones sociales, que realizan cuando más faltan hacían estos recursos.

Hacía falta una Ley del Tercer Sector que definiera un marco regulatorio del mismo, pero no es este Proyecto de Ley, claramente insuficiente. Para legislar, antes hay que conocer la realidad. Permítanme que les dé unos datos de un estudio de la Fundación La Caixa, en colaboración con ESADE y Price Waterhouse Coopers, de abril de 2014, titulado “La reacción del tercer sector al entorno de crisis”. Dice el estudio:

• Las aportaciones han caído un 27% en apenas tres años. Han recortado en primer lugar las Administraciones públicas, todas, un 17% las CCAA y entidades locales y un 4% el Estado. Un 18% las empresas y un 24% las Cajas de Ahorro. En comparación, las aportaciones individuales solo han caído un 8%.
• Estas caídas de ingresos han comportado que entre un 20% y un 30% hayan cesado en su actividad o desaparecido.
• Mientras, las personas en riesgo de exclusión social se incrementan.

En resumen: el Tercer Sector debe afrontar una realidad de resolver mayores necesidades sociales con menos recursos. Por lo que es incomprensible que esta Ley no aborde cuestiones capitales para el Tercer Sector como son las necesarias legislaciones sobre el IVA, Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Subvenciones, Ley de Impuesto sobre Sociedades ni la legislación sobre incentivos fiscales y mecenazgo o la legislación de utilidad pública.

Señorías, estas entidades pueden soportar la cofinanciación de proyectos, deben pagar impuestos de sociedades; a ello me refería al hablar de cuestiones fundamentales para la supervivencia y el buen trabajo de las entidades sociales que la Ley no aborda.

¿Por qué el Proyecto de Ley excluye a las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de reinserción? No lo entiendo; no entiendo que solo asociaciones y fundaciones sean admitidas como organizaciones susceptibles de formar parte del Tercer Sector.

Y dos cuestiones más, para nosotros muy lacerantes: la territorialización del 0’7% del IRPF y la representación y participación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

Nos oponemos al intento de este Proyecto de Ley de consolidar el control por parte del Estado de las subvenciones del 0’7% del IRPF. Volvemos a exigir que las contribuciones que realizan los contribuyentes de Catalunya las gestione en su totalidad la Generalitat de Catalunya. Y lo reivindicamos no solo porque encontremos injusto que de unas aportaciones anuales de 54’4 millones de euros solo se reviertan 30’8 millones, que lo es, sino porque corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de protección social. Al igual que las sentencias del Tribunal Constitucional, reclamamos la territorialización de los fondos procedentes del 0’7% del IRPF.

Como tampoco entiendo que se impida la participación de otros actores diferentes a la Plataforma del Tercer Sector participar en la “Comisión del Diálogo Civil”, a pesar de que esta Plataforma no representa a la totalidad del sector en España.

Señorías del PP, lo fundamental en las políticas del Tercer Sector no es su articulación a nivel estatal; no, no lo es. ¿Y saben por qué? En el caso catalán, por el artículo 166, que dice con toda claridad que corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de servicios sociales. ¿Con quién se articula preferentemente el Tercer Sector? Pues con las Administraciones que ejercen la titularidad en materia social: CCAA y entidades locales, que, por otra parte, son sus ámbitos naturales de implantación y actuación.

La pregunta es si las más de 6.800 entidades que trabajan en Catalunya, que representan un volumen económico del 2’8% del PIB catalán, con más de 102.000 personas contratadas, 300.000 voluntarios, y que atienden a más de 2.100.000 personas, se van a quedar fuera de la Comisión del Diálogo Civil por no formar parte de la Plataforma del Tercer Sector. Es ilógico, vulnera la realidad y solo puede explicarse por su actitud territorial tan nefasta y conflictiva.

Por toda esta serie de razones, pido su voto al veto que presento en representación de Iniciativa per Catalunya Verds. Este Gobierno no solo recorta, es que además no legisla bien.

Intervención en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales con competencia legislativa plena.

Senado, 29 de julio de 2015

Senyor president, señorías:

A continuación expondré los argumentos que justifican este veto que presentamos el senador Saura y yo en representación de Iniciativa per Catalunya Verds.

Antes permítanme que denuncie, y lo voy a hacer en todas las tramitaciones de los Proyectos de Ley, este carrusel legislativo veraniego que nos han impuesto. Este sin sentido trabajo legislativo de tramitar 36 Proyectos de Ley en dos meses. Y lo voy a reiterar una vez más: así no se trabaja, así no se garantiza rigor en el trabajo legislativo, que, junto al control de Gobierno, es el principal encargo de toda Cámara parlamentaria. Este ritmo ahoga a la oposición y no permite que la pluralidad que representamos se exprese en condiciones. Tramitar así impide cualquier diálogo, ya que su afán principal es aprobar leyes, en una ilógica carrera de apuntarse trámites legislativos. Hemos aprobado tantas leyes; su utilidad, su calidad, ninguna y pésima.

Señorías, en todo Proyecto de Ley del gobierno de Mariano Rajoy que tenga una disposición que apele al artículo 149.1.1. de la Constitución española es sinónimo de recentralización, de invasión competencial. No lo duden: para todos aquellos que creemos en el Estado compuesto, es motivo suficiente para presentar un veto por invasión competencial. Y en este Proyecto de Ley, es evidente que se produce esta invasión.

El senador Saura y yo rechazamos el objetivo de esta Ley, que es crear un modelo común de voluntariado para toda España. Lo rechazamos:

• Porque es ignorar las realidades, las idiosincrasias presentes en cada territorio.
• Por el desarrollo, de forma autónoma, de un entramado propio de cada realidad.
• Porque invade el marco competencial de las CCAA. El de Catalunya, contemplado en el artículo 166.2. del Estatut. Un marco competencial catalán que ha tenido su desarrollo desde hace muchos años: 1991, Institut Català del Voluntariat, y 1996, Carta del Voluntariat de Catalunya.
• Y porque, señorías, desde el momento en que el Gobierno le da a este Proyecto de Ley consideración de carácter básico, se invaden competencias.

No es difícil entender que el voluntariado, al hay que reconocer el extraordinario papel que juega en la cohesión social de este país con su esfuerzo solidario y compromiso cívico, surge y se motiva de sus realidades concretas, por lo que no puede haber un modelo común. Tampoco es difícil entender que los redactores de la Constitución dieran a las CCAA la competencia exclusiva, por aplicación lógica del principio de subsidiariedad, por lo que no entiendo este Proyecto de Ley.

A lo mejor hubiera sido más conveniente actualizar mediante una reforma la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, no conflictiva competencialmente. La Ley del 1996 circunscribía, en lo que afecta al Estado, a dos marcos: actividades de carácter supra-autonómico y al voluntariado en el ámbito de las competencias exclusivas del Estado. Una Ley que no contemplaba la apelación al artículo 149.1.1. de la Constitución, cuestión nada menor.

Señorías, el senador Saura y yo nos negamos a aceptar la lógica de que el Estado define las políticas y las CCAA las gestionan. Este no es el espíritu ni la letra de la Constitución. El texto constitucional nos otorga autogobierno político y queremos ejercerlo.

Otra cuestión que nos preocupa es que, a diferencia del texto de la Ley del Voluntariado de 1996, en esta desaparece la afirmación de que la actividad del voluntariado no podrá sustituir en ningún caso trabajo retribuido. La preocupación se incrementa si uno lee la Memoria de Análisis de Impacto de la Ley. ¿Qué dice la Memoria? Que un millón de voluntarios equivaldría al trabajo de 100.000 asalariados a tiempo completo, y significaría un ahorro en los presupuestos públicos de 2.500 millones de euros.

Señorías, lo afirma con claridad el Consejo Económico y Social en el dictamen de este Proyecto de Ley:

• El voluntariado no puede suplir el ejercicio de las funciones que el Estado tiene encomendadas en el ámbito de las políticas públicas.
• Debe prevalecer el principio de no sustitución de funciones o servicios públicos, no solo respecto a los que la Administración está obligada a prestar por Ley, sino respecto a cualquier función o servicio público que corresponda al Estado en cumplimiento de los cometidos que tiene constitucionalmente atribuidos.
• Debe procurarse un equilibrio entre impulsar el voluntariado y evitar su instrumentalización, priorizando la puesta en marcha de unas políticas públicas que deben ser adecuadas y suficientes, garantizando el conjunto de respuestas a las necesidades sociales.
• El mensaje del CES es claro: sí al voluntariado, no a la sustitución de responsabilidades que corresponden en exclusiva a las Administraciones públicas. Unas Administraciones que hoy han hecho dejación de sus responsabilidades sociales frente al incremento de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad que han motivado las políticas de Mariano Rajoy.

Reconocer el trabajo altruista del voluntariado en España, de este 17% de la población comprometida en la lucha por una sociedad mejor, no va a suplir la responsabilidad de los poderes públicos.

Y ya un último argumento: la Disposición Final Quinta, la que afirma que esta Ley no puede suponer incremento del gasto. Señorías, si esta Ley no va a representar ningún incremento de gasto, no la aprueben; ya se aprobará cuando lo pueda representar.

Estas son las razones del veto del senador Saura y mío para el que pido su voto.

Intervención en el Pleno del Senado, 9 de julio de 2015

Senyor president, señorías:

Es una vergüenza que no discutamos un Proyecto de Ley ordenador y reformador del Senado y demos cumplimiento así al compromiso de la Cámara de reformar el Senado en esta legislatura.

El senador Saura y yo hemos presentado las enmiendas de la 49 a la 69.

No haré una justificación detallada enmienda por enmienda, sólo señalaré las que considero más sintomáticas y las agruparé en su defensa. Pero quiero antes hacer una serie de reflexiones sobre el Proyecto de Ley en sí.

• Esta es una Ley trabajada con las CCAA y los agentes sociales. No es una de tantas leyes polémicas o conflictivas y goza de un relativo nivel de acuerdo.
• Es una Ley necesaria. Es oportuno actualizar la Ley anterior.
• Pero considero que su tramitación en las Cortes no es la adecuada. Estamos discutiendo un Proyecto de Ley muy importante, que afecta a derechos fundamentales. Hablamos de una Ley de las llamadas “garantistas”. Discutimos sobre derechos y deberes de trabajadores y empresarios. De hacer cumplir las leyes que regulan el mercado de trabajo y la Seguridad Social y sus prestaciones. En definitiva, una Ley que hubiera requerido más tiempo y más sosiego. En el Congreso se debatió en Comisión con competencia legislativa plena; en el Senado, por procedimiento de urgencia, en medio de este caos legislativo que nos han impuesto. Seguramente, su tramitación hubiera justificado un veto que tuviera una única afirmación. Así no se tramita una Ley tan importante.
• Todas sus señorías saben que la Inspección de Trabajo es un cuerpo con doble dependencia, orgánica y funcional, entre la Administración General del Estado y las CCAA que, como Catalunya, tienen competencia en materia de ejecución de la legislación laboral. Es cierto que este Proyecto de Ley no invade ámbitos competenciales, como también es cierto que los puntos de conexión entre ambos marcos competenciales, estatal y autonómico, no están bien configurados.

El senador Saura y yo hemos presentado una serie de enmiendas, con 4 grandes objetivos.

Primer objetivo: establecer de forma clara y expresa cuál es la función fundamental de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de manera que ninguna otra función pueda repercutir negativamente en la eficacia de su función principal, que es la siguiente: “La función de vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social del Derecho deberá llevarse a cabo con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras relativos a las condiciones de trabajo, a la prevención de riesgos laborales, a la seguridad social y la protección social, a la formación profesional para el empleo y la protección por desempleo y a la igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, tal como mandatan los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo.

Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores de trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar de forma alguna la autoridad e imparcialidad que la Inspección precisa en sus relaciones con las empresas y los trabajadores”.

Todo ello viene al caso porque este Gobierno ha reorientado gran parte de sus prioridades a la lucha antifraude. ¿Es la lucha antifraude la principal prioridad de la Inspección de Trabajo? No. Los datos de la evasión fiscal son claros: un 80-81% la realizan las grandes fortunas y corporaciones. El 12-13%, autónomos y profesionales. Y el 7-8%, los trabajadores. Con estos datos, sorprende que este Gobierno dedique tan poco esfuerzo de la Agencia Tributaria a la persecución del fraude fiscal cometido por las grandes fortunas y corporaciones y esté tan obsesionado por el fraude de los trabajadores. Todo delito hay que perseguirlo, pero sabiendo en cada momento cuáles son las prioridades reales.

Señorías, los principales problemas del mercado de trabajo en España son: abuso de la contratación temporal, horas extras no declaradas, utilización fraudulenta del contrato temporal, incumplimiento reiterado de las condiciones de trabajo, siniestralidad, etcétera. La principal función hoy de la Inspección de Trabajo debe ser todo lo que acompaña a la precariedad laboral en España. Precariedad es la principal definición del mercado laboral, junto con paro y pobreza laboral. Es por esto que el senador Saura y yo insistimos en que la garantía de la eficacia de la función pública inspectora depende no sólo de que el sistema se dote de los medios necesarios –quiero recordar que en España hay 1 inspector de trabajo por cada 25.000 trabajadores y en Francia hay 1 por cada 15.000–, sino también de que, desde la Ley, se delimite de forma clara su función esencial. Enmienda 49.

Un segundo objetivo es el de garantizar que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social tenga los medios humanos, técnicos y materiales suficientes para realizar con eficacia sus funciones. En una disposición adicional nueva, proponemos que sea obligación permanente de las Administraciones garantizar esa suficiencia de recursos.

Un tercer objetivo es transformar el organismo estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en una Agencia. Creemos que, como entidad pública de conformidad con el Capítulo III, del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, permitiría dotar al sistema de la Inspección del necesario grado de autonomía en la gestión y reforzaría la independencia de la función pública inspectora. Enmiendas 51 a 56.

Y un cuarto objetivo es que, ya que concurren dos Administraciones en la Inspección de Trabajo y como consecuencia de la lógica movilidad y en ejercicio del derecho del traslado, se pueden producir vacantes no contempladas en el momento de cuantificar la oferta pública de empleo. Con nuestra enmienda 50 proponemos garantizar las dotaciones oportunas.

En este Proyecto de Ley se reitera, al igual que en otros, que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer un incremento del gasto público. La pregunta, señorías, es cómo vamos a garantizar entonces el despliegue de la Ley que actualiza los cometidos y funciones del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ya lo dije en el debate de las leyes de Protección de la Infancia y la Adolescencia: no hagan demagogia, no practiquen el electoralismo zafio, no rebajen impuestos y dediquen sus ingresos, por ejemplo, al despliegue de esta Ley.

Por estas razones, les pido el voto a las enmiendas que presentamos el senador Saura y yo en representación de Iniciativa per Catalunya Verds.

INTERPELACIÓN SOBRE EL BALANCE QUE REALIZA EL GOBIERNO DE SUS POLÍTICAS DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Pleno del Senado, 10 de febrero de 2015

Gràcies, senyor president.

Señor presidente, permítame que inicie mi intervención recordando al Pleno del Senado su compromiso de realizar en esta legislatura la reforma de la Cámara. Este es el último año de legislatura y sería una irresponsabilidad no abordar tal reforma, porque no tendría ningún tipo de justificación no reformar una Cámara sobre la que todas y todos tenemos plena conciencia que hay que modificar sus funciones y que hoy está en entredicho ante la opinión pública. Lo iré recordando todas las veces que intervenga ante el Plenario.

Señora ministra, ustedes son responsables principales de la gestión de las políticas que nos debían haber sacado de la crisis. A lo largo de esta legislatura, han ido tomando las decisiones que creían oportunas para sacar a España de la recesión y crear empleo. Las más importantes de ellas, sin ningún tipo de acuerdo ni voluntad de consenso y, en este sentido, los diferentes grupos les hemos ido alertando también de los riesgos y costes de sus políticas laborales.

Con los datos de 2014, ¿cuál es el escenario de presente y de futuro del mercado laboral y del modelo laboral que ustedes impulsan? Permítame antes que le diga que los datos que utilizaré son los de la EPA, solo las medias anuales y comparándolos con los datos de 2007, 2008, 2011 (inicio de la legislatura), 2013 y 2014.

El leve crecimiento del PIB en 2014 ha venido acompañado de un aumento del 1,2% en media anual de empleo; hay más personas ocupadas que en 2013, pero menos que en 2011. En lo que llevamos de la legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy, la legislatura de la reforma laboral y de la devaluación salarial, se han destruido más de 1 millón de empleos. Hay más personas ocupadas que en 2013, pero menos que en 2011; y se lo digo porque, con ese ritmo de creación de empleo, no llegaríamos a alcanzar las cuotas de empleo del 2007 hasta el año 2030. En el 2014, el paro disminuyó en 440.700 personas respecto a 2013. La población activa, esto sí, cayó entre 2013 y 2014 en 235.525 personas; es decir, que el 53% de la reducción del desempleo se explica porque la gente deja de buscar trabajo. El aumento real del empleo creado es de 205.000 empleos.

La distribución sectorial de estos incrementos de empleo siembra duda sobre la calidad de la recuperación de la actividad económica y la sostenibilidad económica de esos puestos de trabajo. La historia se repite: se crean empleos de baja calidad en sectores de escaso valor añadido. La precariedad laboral ha sido la apuesta de este Gobierno. El 80% de las nuevas personas asalariadas tiene una contratación precaria. El contrato indefinido está estancado. Se siguen destruyendo los puestos de trabajo de más calidad, trabajo a tiempo completo con contratos indefinidos y de mejores condiciones salariales. En comparación con 2011, el número de trabajadoras y trabajadores con jornada completa ha caído en 1,3 millones de personas, mientras el número de trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial aumentó en casi más de un cuarto de millón. Todo indica que, más que aumentar el empleo asalariado, se reparten las horas de trabajo. Trabajan más personas, sí, 205.000 más que en 2013; pero trabajan menos horas, con salarios más bajos y con menos derechos.

Ustedes, en su insensatez, se jactan de que el empleo crece por encima del PIB. Cuando esto pasa, solo hay dos explicaciones: que los empleos que se crean producen poco, son de baja productividad y, por lo tanto, de escasa calidad productiva y, segunda explicación, que las personas ocupadas aumentan en realidad mucho más que el empleo. Dicho de otra forma: más que crear empleo neto, se reparten las horas de trabajo y los salarios; donde antes trabajaba una persona, ahora trabajan varias.

Sus políticas están provocando un cambio profundo en la estructura del empleo. Si en 2008 el empleo a tiempo parcial era del 12%, en 2014 supera el 17%. Lamentablemente, una vez más las mujeres pagan el precio más alto, un 27%. Una de cada cuatro trabaja a tiempo parcial. Le quiero recordar que el paro femenino también supera al masculino, en más de un cuarto de millón de personas.Estos son los efectos de su reforma laboral y de sus políticas de incentivos: aumento de la precariedad en las relaciones laborales, con un peso inaceptable de contratación temporal y un incremento continuado del contrato a tiempo parcial no voluntario –y digo no voluntario porque usted sabrá por la EPA que un 60% de las personas entrevistadas desearía trabajar más horas. También quiero recordarle que la jornada media de los contratos a tiempo parcial es de 17 horas semanales.

Ustedes decretaron en 2014 el final de la crisis. Según su Gobierno, en 2014 se encarrilaba la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo. Nuestra tasa de paro duplica la media europea y multiplica por cinco la de Alemania. España es hoy el país de la Unión Europea con mayor número de personas en paro en cifras absolutas, a pesar de las diferencias de tamaños en términos de población. La población activa cayó en 2014 en 235.525 personas, lo mencionaba antes. Llevamos acumulada una caída de población activa de casi medio millón de personas desde el 2011. Dos son las principales explicaciones: la emigración, ya sea de nuestra gente joven o por el retorno de las y los emigrantes, y la desesperanza, el desánimo de tantos y tantas en poder encontrar trabajo. 2014 es el final de la crisis y 2015, al ser año electoral, es un año triunfal. Pues miren ustedes cómo lo empiezan: mes de enero, casi 80 000 personas más en paro y 200.000 menos afiliadas a la Seguridad Social. El 91% de los contratos registrados en enero fueron de carácter temporal. Eso sí, según el ministro de Economía, señor de Guindos, la ciudadanía española ya no tiene miedo a perder el empleo. Otro ministro que ni conoce la realidad ni sabe de los datos de la EPA y desconoce las encuestas del CIS, que indican todas ellas que la principal preocupación de la población es el paro.

Recuperación económica e incremento del PIB un 2,5% en 2015. Es posible, pero nuestra sociedad está en crisis; España sufre una profunda crisis social, no solo por el altísimo nivel de paro, sino también por sus características. Más de la mitad de nuestra gente joven, en paro; personas en paro de larga duración, de más de un año buscando trabajo, casi un millón; en paro de muy larga duración, más de dos años, 2.400.000; tasa de cobertura de desempleo, 58,85%, 15 puntos menos que en el 2008 y 7 puntos menos que en el 2012. Las partidas de presupuestos destinadas a las políticas activas de empleo, recortadas al extremo. Más de millón y medio de hogares en los que todos sus miembros están en paro o no perciben ningún tipo de ingreso. La pobreza es hoy uno de los más graves problemas que sufre España. Aparecen nuevos tipos de pobreza, como la laboral, la de la gente con empleo que no percibe el salario suficiente para vivir. Su respuesta a este deterioro social ha sido recortar en prestaciones de desempleo y endurecer las condiciones para acceder a las mismas. Cada vez son menos las personas que las cobran, y cada vez son más bajas. En 2015, un 6% más que en 2014 y un 10% menos que en 2013.

El salario medio se ha recortado un 7,5% desde 2009. El salario mínimo interprofesional sigue congelado, por decisión suya. Unos recortes salariales que no solo afectan a la justicia social, sino también a la economía, ya que no se relanza el consumo interno, elemento básico para la recuperación. Hoy, en España, una de cada tres personas cobra 645 euros brutos por 14 pagas, un salario absolutamente insuficiente para mantener la mínima dignidad de vida. Aún no han entendido que la salida de la crisis y la recesión solo será duradera y viable si se asienta en una mejora sostenible de la demanda interna, que necesariamente debe basarse en la mejora del poder adquisitivo de las rentas laborales y de las pensiones públicas.

Esa realidad sociolaboral incide, como no podía ser de otro modo, en la Seguridad Social y sus cuentas: afiliaciones en enero de 2008, 19.161.851; enero de 2015, 16.575.312, una caída de más de 2,5 millones respecto a 2008, casi 400.000 menos que en 2012, y es cierto que hay un diferencial en positivo de 400.000 respecto a enero de 2014. Con su reforma de las pensiones, hacen imposible el mantenimiento del poder adquisitivo, porque el problema no es congelar o subir un 0,25; el compromiso del Pacto de Toledo y de nuestra Constitución es garantizar el poder adquisitivo de estas pensiones, y con su reforma no lo garantizan. Seguramente, los principales factores que ponen en riesgo el actual modelo son el alto paro, las bajas cotizaciones y la caída demográfica, temas todos ellos ignorados en la acción de su Gobierno. Desde que gobiernan, han reducido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social por debajo de los 42.000 millones de euros; en 2011 era de casi 67.000 millones de euros.

Señora Báñez: esta realidad que le describo no es fruto de la casualidad, ni son daños colaterales, ni situaciones coyunturales; son efectos directos y permanentes de sus políticas. Se les había advertido que su apuesta por la devaluación interna, fielmente reflejada en la reforma laboral, traería como consecuencias paro, exclusión y pobreza. Una pobreza que se intensifica con los recortes de los servicios públicos y con el encarecimiento de los servicios básicos. El peso del ajuste de la economía descansa, por voluntad de este Gobierno, en unos nuevos puestos de trabajos inestables y escasamente retribuidos. Ustedes han aprovechado la crisis para cambiar el modelo laboral, y al cambiar el modelo laboral están modificando también el modelo de sociedad.

Permítame, señora ministra, que la emplace a un debate: pasar del concepto estadístico de empleo al concepto político. Cuando una sociedad reivindica empleo, las respuestas no pueden ser estadísticas tuneadas; se reivindica un trabajo que permita vivir con dignidad a esas personas. Usted, su Gobierno, no solo no lo han podido garantizar, sino que han apostado por un modelo de economía de baja calidad, con un empleo de mala calidad. Una de las lecciones de esta crisis es la necesidad de apostar, de invertir en un cambio de modelo productivo. Era y es necesaria una política económica que impulse el crecimiento económico de mayor calidad productiva. ¿Ha crecido algo el empleo? Sí, pero en turismo, comercio, hostelería, actividades administrativas; es decir, en sectores de baja calidad. Por debajo, permanece estancada la industria; la economía española necesita empleo industrial y servicios de alto valor añadido. Todo ello es imposible con un Gobierno que ha renunciado a impulsar una política industrial y que ha desmantelado la I+D+I. La apuesta hubiera sido sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor, sin industria, con empleo inestable y salarios bajos. No han querido hacerlo. Su objetivo era la devaluación interna y la transición rapidísima hacia un modelo laboral precarizado. Señora ministra, lo ha conseguido. Usted no ha fracasado, usted ha triunfado. Usted ha conseguido la devaluación interna y avanzar rapidísimamente hacia un modelo laboral caracterizado por la precarización. Lo que no vamos a permitirle es que intente vender estas políticas al servicio y en beneficio de unos pocos como un éxito para la mayoría. Para mí y para mi Grupo, sus políticas y sus consecuencias son un grave y gran fracaso social. Mi Grupo Parlamentario ni ha permanecido ni permanecerá pasivo frente a la precarización del mercado de trabajo, que representa también la precarización de la sociedad. Nuestro modelo de sociedad es diferente al suyo: es inclusivo y basado en derechos y deberes; el suyo, en beneficios.

Con esta interpelación, impugno sus políticas laborales y expreso el rechazo al modelo laboral que quieren imponer. Con los argumentos que anteriormente le he expuesto, me reafirmo en que este, su Gobierno, señora Báñez, es un gobierno sin alma social; es decir, un Gobierno sin alma.

Los datos del mercado de trabajo de este mes de agosto, después de un mes de estar en vigor la reforma laboral en forma de decreto-ley, nos dan la razón a los que nos opusimos a esta reforma y confirman, que ni va servir para crear empleo ni para disminuir la temporalidad. 

Todo lo contrario. Se han registrado 61.083 parados más. Solo el 6’6% de los contratos firmados el pasado mes de agosto fueron indefinidos. Para encontrar un cifra más baja habría que remontarse al 1998. El contrato de “fomento a la contratación indefinida” o mejor dicho contrato fijo con despido más barato, contrato que según el PSOE iba a resolver la dualidad de nuestro mercado de trabajo, se está convirtiendo en una figura contractual residual. Solo el 8’63% de los contratos indefinidos respondían a esta categoría. 

Por otra parte, desde la aprobación del decreto, los despidos objetivos individuales, los más baratos, se han incrementado un 20% y diferentes analistas alertan de que muchas empresas están a la espera de la aprobación definitiva de la ley de reforma laboral para presentar nuevos eres.
Los efectos de esta reforma son y van a ser devastadores. Con ella, El PSOE solo habrá conseguido abaratar el despido, reducir costes laborales y hacer más vulnerable el empleo fijo. 

Motivos suficientes para una huelga general.