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Sentencia, manifestación y política

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, aún privando de razones al Partido Popular que pretendía liquidarlo bajo el falso pretexto de que se trataba de una reforma encubierta de la Constitución, al modificar el texto votado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y al fijar una interpretación restrictiva de diversos preceptos, ha sido recibida con indignación por muchos sectores de opinión. Baste con ver la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Barcelona.

Considero ridículo entrar el discutir el número de manifestantes. Baste con decir que es una de las cinco manifestaciones celebradas en Barcelona más importantes de los últimos 30 años. También es ridículo negar que el motivo que unió a tanta gente en la protesta fue el rechazo a la sentencia sobre el Estatut, pretender escamotear el tono soberanista de una gran parte de los asistentes más activos o magnificar algún incidente aislado. La manifestación fue un éxito y estuvo acertado el president Montilla en encabezarla haciendo que fuese presidida por la bandera catalana.

Ahora corresponde a las fuerzas políticas y a las instituciones catalanas y españolas dar cumplida respuesta a la legítima, masiva y cívica indignación ciudadana.

Las fuerzas políticas y las instituciones catalanas deberían acordar de la forma más unitaria posible la disconformidad explícita de la sentencia, unida a un no menos explícito acatamiento de la misma. Deberían acordar también utilizar todos los mecanismos del Estado de derecho para recuperar el potencial de autogobierno contenido en el Estatuto que fue refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Y deberían comprometerse a defender en todos los ámbitos y en todos los momentos los ejes fundamentales del catalanismo político: la defensa de la identidad nacional catalana, del autogobierno de Cataluña y sus instituciones, de la lengua y la cultura catalanas, del derecho civil y la tradición jurídica catalana y de una financiación justa.

Y desde las instituciones españolas debiera emitirse un mensaje inequívoco: el potencial del autogobierno contenido en el Estatut que acordó una delegación del Parlament de Catalunya con las Comisiones constitucionales del Congreso de los Diputados y el Senado, aprobado por mayoría absoluta de las Cortes Generales y refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña tiene perfecta cabida en el marco jurídico y político definido por la Constitución de 1978.

Actuando así conseguiríamos rehacer el pacto estatutario y fortalecer el pacto constitucional, avanzar en una concepción plural e integradora de España y resolver el problema político causado por una desdichada y torpe sentencia, dictada por un Tribunal Constitucional en situación anómala que ha acreditado de forma muy notable su falta de sentido de Estado.

De no actuar así se multiplicarían los riesgos. Los riesgos de desconexión emocional entre Cataluña y España, y también los riesgos de fractura civil en Cataluña. Y la mayoría de los catalanes y la mayoría de los españoles no nos iban a perdonar no haber hecho cuanto está en nuestra mano por evitar esos riesgos, cuando aún estamos a tiempo. Tanto en España como en Cataluña somos mayoría los autonomistas y los federalistas, y por ello estoy convencido de que sabremos sortear un obstáculo que sólo se debe al intento de leer la Constitución de una forma preconstitucional, como lo demuestran los votos particulares de los magistrados elegidos a propuesta del PP.