HORA DE EMPEZAR LA CUENTA ATRÁS
EL SIGLO, 11.02.13

Hace unos días, a la pregunta del periodista Jordi Évole a un residente español en Finlandia, sobre cómo se financia con impuestos la red de servicios públicos, éste respondía: “no es que paguemos más, es que aquí pagamos todos”.

Esta afirmación, expresada con total naturalidad, contrasta con la realidad en nuestro país, donde una de las iniciativas del actual gobierno del PP ha sido ofrecer una amnistía fiscal a los defraudadores. España es un país en el que la ingeniería financiera, la opacidad, el fraude y la evasión fiscal están a la orden del día. Necesitamos para empezar, como decía ese español en Finlandia, que paguemos todos.

La enorme crisis financiera ha destapado un panorama social devastador. España tiene hoy centenares de miles de pisos vacíos, testigos mudos de la burbuja inmobiliaria, bancos y cajas atrapados por haber jugado a ser promotores inmobiliarios, y familias desahuciadas. Con el paro desbocado y con toda una generación de jóvenes condenada, hoy el clima social está dominado por la desesperanza, la indignación y el miedo. Y la política, lejos de ser la solución a los males que aquejan a nuestra sociedad, se ha convertido en uno de sus principales problemas.

Nada escapa a este acelerado proceso de desprestigio y desgaste. España se va resquebrajando, como una pared a la que le hace falta algo más que una capa de pintura. Todo está en cuestión: la monarquía, el poder judicial, y evidentemente los partidos políticos, hoy día en el centro del huracán por los numerosos casos de corrupción y por la clara percepción ciudadana de su impotencia frente a la crisis. Con datos como los ofrecidos por recientes encuestas, donde un 95 % de los ciudadanos desconfían de partidos e instituciones. Lo decía Carme Chacón recientemente en un certero artículo, “nos jugamos sencillamente un sistema, la democracia, que sólo puede sobrevivir con la confianza de los ciudadanos”.

En mi opinión, y como político en activo, creo que hay solución. Hay un camino. Pero este camino, ni está exento de dificultades, ni va a estar siempre ahí. Se acaba el tiempo de las palabras y empieza la cuenta atrás de las acciones, de los compromisos, los pactos y las decisiones. Convendría que éstas fueran consensuadas por todos, pero si esto no fuera posible, y cabe dudarlo viendo cómo actúa el partido del gobierno ante el caso Bárcenas que presuntamente le afecta de lleno y a la cabeza, le corresponde al Partido Socialista liderar una alternativa radicalmente democrática.

Los partidos, actores claves de nuestra democracia, han de dejar de ser un intermediario, para ser un verdadero instrumento al servicio de la ciudadanía, no un fin en sí mismos. Es perentoria su reforma, tanto en su dinámica interna, como en su manera de relacionarse con los verdaderos destinatarios de la gestión pública. Y para ello, como decía también recientemente Joan Ridao, “se precisan políticos comprometidos, honestos y sin patentes de corso”.

No podemos admitir como sociedad que un país como España, según la ONG Transparency International, en el índice que mide la percepción de la corrupción, ocupe el 13º lugar en la clasificación de Estados corruptos en la UE y el 30º del mundo. Y la corrupción hay que atacarla de raíz. Convendría poner en práctica medidas para transformar nuestro Estado y el estado de nuestra democracia. Propuestas que han sido objeto de debate público desde hace ya mucho tiempo. Es hora de pasar a la acción. Sin voluntad exhaustiva, es necesaria la reforma de la Ley Electoral, la reforma de la Ley de partidos, la reforma urgente de la justicia, la aprobación de una ley de transparencia y acceso a la información, la revisión del sistema de financiación de los partidos y del papel del Tribunal de Cuentas.

Como propone Laia Bonet, necesitamos “un nuevo contrato de servicio público, una propuesta que permita recuperar la confianza perdida en las instituciones, los partidos y los representantes públicos. Un contrato que incorpore compromisos de transparencia económica personal y colectiva, compromisos de calidad en el ejercicio de la alta función asignada a quienes representan a todos, y compromisos de ejemplaridad en la actividad política y pública. Y, muy especialmente, mecanismos de control y sanción efectivos que acaben con la sensación generalizada de impunidad”.

Antes de que sea demasiado tarde, España necesita una urgente regeneración democrática, que se centre en la transformación del Estado y en su modernización.