La revista El Siglo en el seu número d’aquesta setmana em publica l’article que trobareu transcrit a continuació:

Algo se ha roto

“Un país devastado”. Así titulaba recientemente Joaquín Estefanía un artículo sobre el paro en España y las propuestas del Gobierno para la reactivación económica, y añadía que “de las 72 reformas anunciadas no hay ninguna que tenga efectos directos e inmediatos sobre el crecimiento económico, la mortandad de empresas y la creación de puestos de trabajo”. El país está devastado mientras el panorama para salir de la crisis que el Gobierno nos ofrece es desolador.

Los 6,2 millones de parados son algo más que el peor dato de la historia. Son 6,2 millones de dramas, de historias con nombres y apellidos, de personas a quienes se ha de proporcionar una esperanza, sin ceder al derrotismo ni a la impotencia. Y hay que hacerlo con urgencia porque si algo no hay en estos momentos es tiempo para la paciencia.

Y paciencia es lo que pide Rajoy para estos 6,2 millones de parados. Artur Mas, a los 900.000 catalanes en esta situación, no les ofrece mucho más. Más bien al contrario, Artur Mas preside un Gobierno sin iniciativa económica ni política más allá de iniciar los fastos del tricentenario de 1714 con un año y medio de antelación, y de preparar las estructuras de un Estado propio sobre el que la ciudadanía no ha tenido la oportunidad de pronunciarse.

En España y en Cataluña, los gobiernos han tirado la toalla. Y de las declaraciones de sus dirigentes se trasluce más interés por su agenda ideológica y partidista que por defender los más básicos derechos de los ciudadanos. La desidia gubernamental en España y en Cataluña ha hecho olvidar a quienes tienen la responsabilidad de ofrecer soluciones, que los habitantes de un país, sea éste independiente, centralista, autonómico, federal o como quiera que se organice, son antes que nada, ciudadanos. Y que los derechos de ciudadanía son los primeros que hay que proteger. Pero la evidencia camina en sentido contrario. Se restringen derechos individuales en aras de planteamientos ideológicos o futuribles independentistas que ni siquiera se atisban.

Que la crisis no se vio venir es una evidencia. Que los gobiernos de izquierdas que gobernaban al inicio de la crisis pudieron hacer más, también. La ciudadanía nos lo ha recordado de manera recurrente en cuantas elecciones se han sucedido de 2008 hasta hoy. Pero llegados a este punto, mirar al pasado, echar las culpas a otro, eludir las propias responsabilidades, al margen de simplista e injusto, es totalmente improductivo y hasta obsceno. Porque lo que falta en este momento es capacidad de liderar un auténtico cambio de rumbo en las políticas económicas y sociales. Y excluir del debate las agendas partidistas para salvaguardar un bien superior, que no es otro que el retorno a un nivel de crecimiento que reduzca drásticamente el drama del paro.

Pero sobre todo lo que hace falta es conectar a los gobernantes a la realidad. O, dicho de otro modo, si los actuales gobernantes desconocen o ignoran la realidad, si hablan para que no se les entienda o si no se dirigen a los ciudadanos que peor lo están pasando, que vengan otros que sí lo hagan. Si prefieren pelearse entre ellos a buscar juntos las mejores soluciones a los problemas que afectan a tantos, que otros les sustituyan.

Hace pocos días, en un artículo que publiqué en El Periódico de Catalunya avisaba: “Hemos de retornar al principio de realidad”. Lo decía en relación a la actual deriva política del Gobierno de Artur Mas, pero lo mismo sirve para Mariano Rajoy. Atender al principio de realidad es la primera obligación de un político.

Algo se ha roto y, de seguir así, bastantes más cosas se van a romper. Si no somos capaces de establecer los consensos básicos para salir de este socavón, habremos perdido la oportunidad histórica de demostrar que la política democrática, por imperfecta que sea, es todavía la mejor opción para tratar los problemas, para regir la vida en sociedad.

Es necesario y urgente recomponer el vínculo entre gobiernos, partidos políticos, agentes sociales, medios de comunicación, asociaciones y ciudadanos. Sólo así podremos arreglar lo que está roto, evitar que el tejido social se siga rompiendo y honrar el mandato por el que los políticos son elegidos, que no es otro que defender los intereses y derechos de los ciudadanos y ciudadanas.