Para poder decidir, primero hemos de acordar

MIQUEL ICETA
ECONOMIA DIGITAL, 1.04.16

La sentencia del Tribunal Constitucional que alteró el texto estatutario que había sido votado en referéndum por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, tras haber sido aprobado por más de 2/3 de los miembros del Parlament de Cataluña y negociado en las Cortes Generales que lo aprobaron por mayoría absoluta, fue la gota que colmó el vaso de la incomodidad de amplios sectores de la sociedad catalana con respecto de la relación de Cataluña con el resto de España.

Más de dos millones de ciudadanos votaron por la independencia en el simulacro de consulta del 9 de noviembre de 2014 y casi un 48% de los votantes depositaron el 27 de septiembre de 2015 su confianza en partidos que se proponían alcanzar la independencia en 18 meses.

Las razones de la incomodidad catalana no se refieren sólo a la mencionada sentencia, sino que se producen también a causa de la falta de un reconocimiento real del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España, de la percepción de un maltrato económico, fiscal e inversor, de políticas recentralizadoras que erosionan el autogobierno y de la ausencia de mecanismos eficaces de participación de las Comunidades Autónomas en el gobierno del Estado.

Esa incomodidad ha llevado a muchos catalanes a abrazar la causa de la independencia que, para los socialistas, no es una solución ni deseable ni viable. La independencia crea más problemas de los que pretende resolver y no puede alcanzarse de forma unilateral ni aún menos de forma ilegal.

Para resolver el problema de fondo proponemos que en esta legislatura se acuerde una reforma constitucional federal que debería ser sometida a referéndum de todos los españoles y que puede resumirse en ocho puntos:

1. La definición de España como Estado federal.

2. El reconocimiento de la realidad nacional catalana (personalmente sostengo que España es una nación que integra naciones, nacionalidades y regiones, y que el Estado integra Comunidades nacionales, forales y autónomas).

3. La definición precisa de las competencias del Estado y de las pautas sobre su ejercicio, y la atribución de todas las demás competencias a las Comunidades Autónomas.

4. El reconocimiento de una asimetría competencial que atienda a los hechos diferenciales y los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos vigentes.

5. La consideración de los temas lingüísticos y culturales como competencia estricta de las Comunidades con lengua propia.

6. La constitucionalización de los principios de solidaridad y ordinalidad que han de informar la financiación de las Comunidades Autónomas.

7. La descentralización efectiva del Poder Judicial.

8. La transformación del actual Senado en una verdadera Cámara territorial (personalmente defiendo un Consejo Federal integrado por representantes de los Gobiernos autónomos).

Estoy convencido de que una mayoría de catalanes y con ellos una mayoría de españoles darían su apoyo a una renovación del pacto constitucional de 1978 que contuviera los elementos antes mencionados.

A veces me preguntan qué pasaría si los catalanes de forma mayoritaria rechazaran esta reforma. No creo que eso vaya a suceder pero, en ese caso, desde la democracia y la legalidad habría que acordar una fórmula para que los catalanes pudiesen ser consultados; pues para poder decidir, primero hemos de ser capaces de acordar.

Para acordar el contenido y alcance de esta consulta, la ley de la claridad canadiense aporta elementos muy relevantes que deberían ser tenidos en cuenta.

Como dice la Sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración de soberanía aprobada por el Parlament: “La Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico.

Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito”.

Diálogo, negociación y pacto. Esa es la tarea en la que todos debemos empeñarnos.