Publicat al diari digital Público el 28 d’abril de 2014.
Me refiero, evidentemente, a la desafección de una mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya hacia el actual ordenamiento constitucional votado hace casi 4 décadas y sólo por quienes hoy tienen más de 57 años. ¿Existe esa desafección? ¿Es un fenómeno pasajero? ¿Tiene solución con el mantenimiento del actual status-quo? Calibrar y valorar bien las respuestas a estos interrogantes es imprescindible si realmente se quiere dar una salida positiva al actual conflicto de relaciones entre Catalunya y el estado. Hay desafección, no es un fenómeno pasajero y apelar a la legalidad vigente no es la solución. Ignorar la ruptura emocional de una mayoría de los catalanes hacia España es un grave error. Para muchos catalanes España no es su nación, su nación es Catalunya. Así las cosas, a lo máximo que se puede aspirar es a compartir un estado común si se pactan las condiciones de un real acomodo de Catalunya en España.
Con el debate y votación, el pasado 8 de abril, en el Congreso se formalizo el anunciado rechazo a la petición del Parlament de poder realizar una consulta sobre el futuro de Catalunya. Con distintos argumentos PP y PSOE han coincidido en la misma votación; no. El único partido de ámbito estatal que ha dado su apoyo al derecho a decidir ha sido IU. Se podría afirmar que democráticamente el Congreso negaba la posibilidad de pactar la celebración de una consulta legal que el mismo Tribunal Constitucional reconocía como posible. Algunos pueden pensar que asunto votado, problema zanjado. Pues no. El problema sigue estando ahí y se va agravando. No es difícil de entender que para los sectores soberanistas la votación del Congreso se vivió como una imposición de una mayoría parlamentaria española frente a los acuerdos de otra mayoría en el Parlament de Catalunya. Estos son los efectos de la desafección, no sentirse comprometidos en un proyecto común de Estado reglado por el manto de una Constitución. El alejamiento es de tal calibre que ni la invocación a la legalidad vigente ni la apelación a la legitimidad democrática de las decisiones del Congreso, sirven para resolver el conflicto de relaciones presente. ¿Es sostenible en el tiempo la actual situación? No. Urge una solución.
¿Por qué no se autoriza una consulta legal y democrática? Porque no quiere conocerse la respuesta, que no sería otra que de rechazo a la actual situación del autogobierno de Catalunya y seguramente de una mayoría que apuesta por la independencia. ¿La actual Constitución es un escudo real para negar esta petición? No, es un escudo formal. El artículo 2 que proclama la unidad e indivisibilidad de la patria fue una exigencia en el 78 y hoy es más que nada un deseo constitucional. En el estado más plural de Europa, como muy bien recordó, en el debate en el congreso,Joan Herrera, la unidad se forja y se gana periódicamente. ¿Hay alguna constitución que contemple la separación de una de sus partes? Si, los Tratados de la Unión Europea. ¿Puede alguien imaginarse España sin Catalunya? Seguro que muchos ciudadanos y ciudadanas del resto del Estado, no, pero les garantizo que una inmensa mayoría de catalanes y catalanas tampoco se imagina, ni quiere, seguir igual.Como federalista creo que la solución es federal y que aún estamos a tiempo. ¿Federalista? Sí. Parafraseando a Indalecio Prieto cuando afirmaba que era socialista a fuer de liberal, soy federalista a fuer de izquierdista. Cuando uno pretende aportar su granito de arena a la transformación de la sociedad opino que no puede desentenderse de nada ni de nadie. La transformación social de Catalunya, la superación del actual sistema de injusticia e inequidad es una batalla imposible de ganar sin darla al igual en España y en Europa, y en una realidad globalizada, como la actual, también en el escenario internacional. Por otra parte, opino que en una realidad determinada por la globalización los necesarios procesos de agregación, que solo pueden ser viables desde una lógica federalista, forman parte del conflicto histórico. Los de segregación son conflictos corporativos.Una solución federalista exige tener contrapartes en el estado. Hay que abrir un debate con quienes se reclaman parte del federalismo en España para decirles que una solución federalista solo será aceptada en Catalunya si incorpora el derecho a decidir. Dicho de otra manera, la relación está tan deteriorada que para poder convencer de seguir juntos, aunque solo sea funcionalmente y con pocos sentimientos por el medio, esto solo es posible si se reconoce el derecho al divorcio territorial. La relación solo se podrá reconstruir, y no será fácil, desde el reconocimiento a este derecho de separación. E insistiendo en los símiles familiares, una gran mayoría de la sociedad catalana, hoy, ya no acepta la patria potestad del estado. O bien optan por emanciparse (la independencia) o por restablecer una relación de pareja, o sea bilateral, que solo será posible reformando la Constitución.Dialogar y consensuar una agenda común, no solo para abordar el mal llamado problema catalán, sino para abordar el fin del régimen que nace con la transición democrática, el impasse europeo y la apuesta por una salida alternativa a la crisis. El conflicto de relaciones, seguro que tiene raíces históricas, pero es indudable que se ha exacerbado con la crisis de legitimidad y la degradación de nuestro sistema democrático. Se ha radicalizado por los efectos de la crisis y las políticas de austeridad y su acompañamiento autoritario. Es pues necesario definir una agenda común que nos permita impulsar no una segunda transición sino una primera ruptura democrática con el viejo régimen, que nace con la Constitución del 1978.
Publicat al diari digital Público el 28 d’abril de 2014.
Me refiero, evidentemente, a la desafección de una mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya hacia el actual ordenamiento constitucional votado hace casi 4 décadas y sólo por quienes hoy tienen más de 57 años. ¿Existe esa desafección? ¿Es un fenómeno pasajero? ¿Tiene solución con el mantenimiento del actual status-quo? Calibrar y valorar bien las respuestas a estos interrogantes es imprescindible si realmente se quiere dar una salida positiva al actual conflicto de relaciones entre Catalunya y el estado. Hay desafección, no es un fenómeno pasajero y apelar a la legalidad vigente no es la solución. Ignorar la ruptura emocional de una mayoría de los catalanes hacia España es un grave error. Para muchos catalanes España no es su nación, su nación es Catalunya. Así las cosas, a lo máximo que se puede aspirar es a compartir un estado común si se pactan las condiciones de un real acomodo de Catalunya en España. Con el debate y votación, el pasado 8 de abril, en el Congreso se formalizo el anunciado rechazo a la petición del Parlament de poder realizar una consulta sobre el futuro de Catalunya. Con distintos argumentos PP y PSOE han coincidido en la misma votación; no. El único partido de ámbito estatal que ha dado su apoyo al derecho a decidir ha sido IU. Se podría afirmar que democráticamente el Congreso negaba la posibilidad de pactar la celebración de una consulta legal que el mismo Tribunal Constitucional reconocía como posible. Algunos pueden pensar que asunto votado, problema zanjado. Pues no. El problema sigue estando ahí y se va agravando. No es difícil de entender que para los sectores soberanistas la votación del Congreso se vivió como una imposición de una mayoría parlamentaria española frente a los acuerdos de otra mayoría en el Parlament de Catalunya. Estos son los efectos de la desafección, no sentirse comprometidos en un proyecto común de Estado reglado por el manto de una Constitución. El alejamiento es de tal calibre que ni la invocación a la legalidad vigente ni la apelación a la legitimidad democrática de las decisiones del Congreso, sirven para resolver el conflicto de relaciones presente. ¿Es sostenible en el tiempo la actual situación? No. Urge una solución.¿Por qué no se autoriza una consulta legal y democrática? Porque no quiere conocerse la respuesta, que no sería otra que de rechazo a la actual situación del autogobierno de Catalunya y seguramente de una mayoría que apuesta por la independencia. ¿La actual Constitución es un escudo real para negar esta petición? No, es un escudo formal. El artículo 2 que proclama la unidad e indivisibilidad de la patria fue una exigencia en el 78 y hoy es más que nada un deseo constitucional. En el estado más plural de Europa, como muy bien recordó, en el debate en el congreso, Joan Herrera, la unidad se forja y se gana periódicamente. ¿Hay alguna constitución que contemple la separación de una de sus partes? Si, los Tratados de la Unión Europea. ¿Puede alguien imaginarse España sin Catalunya? Seguro que muchos ciudadanos y ciudadanas del resto del Estado, no, pero les garantizo que una inmensa mayoría de catalanes y catalanas tampoco se imagina, ni quiere, seguir igual.Como federalista creo que la solución es federal y que aún estamos a tiempo. ¿Federalista? Sí. Parafraseando a Indalecio Prieto cuando afirmaba que era socialista a fuer de liberal, soy federalista a fuer de izquierdista. Cuando uno pretende aportar su granito de arena a la transformación de la sociedad opino que no puede desentenderse de nada ni de nadie. La transformación social de Catalunya, la superación del actual sistema de injusticia e inequidad es una batalla imposible de ganar sin darla al igual en España y en Europa, y en una realidad globalizada, como la actual, también en el escenario internacional. Por otra parte, opino que en una realidad determinada por la globalización los necesarios procesos de agregación, que solo pueden ser viables desde una lógica federalista, forman parte del conflicto histórico. Los de segregación son conflictos corporativos.Una solución federalista exige tener contrapartes en el estado. Hay que abrir un debate con quienes se reclaman parte del federalismo en España para decirles que una solución federalista solo será aceptada en Catalunya si incorpora el derecho a decidir. Dicho de otra manera, la relación está tan deteriorada que para poder convencer de seguir juntos, aunque solo sea funcionalmente y con pocos sentimientos por el medio, esto solo es posible si se reconoce el derecho al divorcio territorial. La relación solo se podrá reconstruir, y no será fácil, desde el reconocimiento a este derecho de separación. E insistiendo en los símiles familiares, una gran mayoría de la sociedad catalana, hoy, ya no acepta la patria potestad del estado. O bien optan por emanciparse (la independencia) o por restablecer una relación de pareja, o sea bilateral, que solo será posible reformando la Constitución.Dialogar y consensuar una agenda común, no solo para abordar el mal llamado problema catalán, sino para abordar el fin del régimen que nace con la transición democrática, el impasse europeo y la apuesta por una salida alternativa a la crisis. El conflicto de relaciones, seguro que tiene raíces históricas, pero es indudable que se ha exacerbado con la crisis de legitimidad y la degradación de nuestro sistema democrático. Se ha radicalizado por los efectos de la crisis y las políticas de austeridad y su acompañamiento autoritario. Es pues necesario definir una agenda común que nos permita impulsar no una segunda transición sino una primera ruptura democrática con el viejo régimen, que nace con la Constitución del 1978.
Article publicat a La Independent
La setmana passada es va aprovar al Ple del Parlament de Catalunya la llei dels drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, una llei que és un pas endavant, un pas ferm cap al reconeixement dels drets de les persones LGTBI.
Uns drets, d’altra banda, reconeguts a la legislació nacional i estatal, tant l’Estatut de Catalunya i la Constitució ho recullen, però que no s’apliquen amb suficient entusiasme. (No deixa de ser curiós que, en el cas de la C.E., una llei orgànica que s’utilitza sempre que es vol anar al “bé general” es posa en boca de tothom quan cal frenar drets democràtics i no s’aplica de forma quotidiana i contundent pels drets socials reconeguts: dret al treball, a l’habitatge, a la no discriminació… però em centro de nou en la llei).
Aquesta és una llei reivindicada des del moviment LGTBI, impulsada des del govern l’any 2009, que volia recollir les polítiques promogudes en aquest àmbit (polítiques avançades i reconegudes internacionalment) que volia visibilitzar situacions invisibles i actuar de forma clara, anant més enllà de la lluita contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere. No es tracta només de posar mesures pal·liatives i accions positives per acabar amb la discriminació sinó de fer possible sancions a aquelles persones o organitzacions que instessin o que portessin a terme aquesta discriminació i agressions lgtbfòbes. Ara aquesta llei és una realitat. Han calgut alguns anys de reivindicacions, anys de treball i molts esforços personals i col·lectius que, quan s’apliqui la llei, es veuran reconeguts.
La Generalitat va impulsar polítiques clarament compromeses amb l’avenç dels drets LGTBI l’any 2006, polítiques que han patit retallades i passes enrere. Cal recordar, per exemple, que el Govern va decidir deixar de formar part de la ILGA (International Gay & Lesbian Association) l’any 2011 argumentant els pressupostos (60 € de quota l’any) mentre el que feia era tirar marxa enrere el lideratge en polítiques LGTBI a nivell internacional; un lideratge que havia iniciat una xarxa de països (no sempre estats) que prenien Catalunya i les seves polítiques com a model. La llei, redactada, amb procés de participació fet i altament consensuada, va ser guardada i es tornava a posar en dubte la seva necessitat. El moviment LGTBI la va defensar, reclamar, reivindicar i va aconseguir que els grups parlamentaris d’ERC, PSC, IC-V-EUiA i CUP l’avalessin i presentessin com a proposició de llei al Parlament el 9 de maig del 2013.
Han estat, doncs, anys de debat en els que el país ha anat movent fitxa. La mobilització ciutadana ha reclamat un estat propi, la mobilització ciutadana ha reclamat un país avançat i, finalment, el Parlament ha començat a reconèixer la necessitat de polítiques antidiscriminatòries que ens dotin d’instruments i apoderin les persones del col·lectiu LGTBI per combatre aquesta discriminació. Ja hi ha hagut prou agressions, prou morts, prou buylling lgtbfob, prou suïcidis… pel sol fet d’estimar i ser com se sent o com es vol.
Ara Catalunya torna a ser pionera en drets, ara avancem de bracet amb els drets socials i nacionals. Calen encara moltes passes tan fermes com aquesta per ancorar un projecte social que doni respostes a la ciutadania que es mou, aquest és un gran pas que reconeix els drets que algunes lleis han deixat invisibles i alguns governs prefereixen al calaix.
Al meu entendre ni l’huracà Sandy és tan perillós, socialment, com la ignorància de què fan gala alguns dels dirigents polítics que porten les regnes de l’Estat, i del país…
A Europa, inclús als Estats Units, el liberalisme ha donat fruits socials importants. De fet va ser el liberalisme el que va iniciar polítiques de construcció del benestar de forma important. Es basa en la primacia de l’acció individual front la col·lectiva però es van promoure llibertats i drets civils que ara alguns volen negar.
Si bé el neoliberalisme es basa, precisament en la magnificació del liberalisme econòmic i en la llibertat, sense fissuress i sense flexibilitat, de mercat i la no intervenció en la macroeconomia el neocón que vol acabar amb molts dels drets establerts pel liberalisme és una paradoxa i una contradicció que dóna a entendre una certa debacle del sistema.
Les polítiques neoliberals sempre ho han estat en termes macroeconòmics i, com bé sabem, l’economia té ideologia i les retallades de drets socials que hem anat vivint en plena eclosió neoliberal ens poden haver semblat normals. Normals? De fet, el que hem viscut és una deriva del liberalisme econòmic cap a un neoconservadorisme social, és a dir, es renuncia al liberalisme social i polític unint liberalisme econòmic i ideologia conservadora.
A l’estat espanyol això encara ha ant més enllà de la mà de la ignorància que fan gala alguns dels nostres polítics:
Aquella ministra de Cultura que parlava de l’escriptora Sara Mago
Aquell alt càrrec que va dir que “les lleis, com les dones estaven per a violar-les”
Aquella ministra de Treball que va dir “La gente de organismos públicos que están en el paro también son personas”
Aquell ministre que parlava de “pequeños hilillos como de plastilina” en el desastre ecològic de major magnitud dels darrers anys
Aquella alcaldessa que afirmava “el credo político del PP es Grecia, Roma, el cristianismo y Europa”
Aquella ministra de Sanitat que afirmava de forma contundent “No es lo mismo una persona que no está enferma en su consumo de medicamentos que una persona que está enferma”
Aquell ministre d’hisenda que deia “pedir un impuesto a las grandes fortunas es demagogia fiscal”
o, finalment aquell president del Govern del Regne que es mostrava tendre tot dient: “al final, los seres humanos somos, sobre todo, personas, con alma y con sentimientos, y esto es muy bonito”
En el liberalisme sempre prevalia l’estat de dret, ara ni tan sols saben el que és. I són aquests neocons ibèrics (altrament coneguts com a neofranquistes) els que van desmuntant l’Estat del Benestar i retallant tots els drets civils que ens havien estat reconeguts. Costin o no diners, perquè la ideologia té forma, i tant que ella té!
Fa un parell de dies la fundació Jaume Bofill va presentar l’informe “L’estat de l’educació a Catalunya“, dirigit per Miquel Martínez Martín i Bernat Albaigés Blasi. Es conté una anàlisi exhaustiva de com està el món educatiu fent emfasi en les moltes mancances que estan afectant a la qualitat educativa.
Entre d’altres qüestions apunten que les retallades que està patint l’educació estan afectant greument a l’equitat i com això afecta directament en els èxits de l’alumnat. Per exemple, les dades mostren que més escoles, i per tant més escolarització, 0-3 impliquen més èxits en l’ensenyament potobligatori. Igualment passa amb la qualitat de les activitats extraescolars i del temps lliure, fonamentals per l’èxit escolar.
El fet que s’implementi l’horari intensiu també pot ser un element de desigualtat, donat que les famílies amb menys recursos no tenen possibilitat de portar a terme activitats que omplin les hores restants dependrà massa del nivell econòmic i social de les famílies.
Tanmateix s’apunta un problema que es consolida, l’abandonament escolar. Actualment, tot i haver baixat una mica la taxa respecte al 2008, 1 de cada 4 alumnes de secundària abandona prematurament els estudis, això representa un 26% d’abandonaments i afecta directament al futur. Segons l’informe “El mercat de treball està en desequilibri amb el nivell educatiu de la població: el 67% dels llocs de treball requereixen un qualificació baixa o mitjana, mentre que el 41% dels catalans té estudis superiors” i encara s’afegeix una dada inquietant: el 21’9% de joves entre 16 i 24 anys ni estudia ni treballa.
Evidentment aquestes retallades, no cal seguir insistint, afecten directament a la qualitat de l’ensenyament públic però… qui paga la factura? De forma evident les famílies i el futur dels nois i noies directament i de forma immediata també els i les professionals que hi treballen.
Això em porta a expressar en veu alta el que penso sobre l’estratègia reivindicativa dels col·lectius de professionals que són als serveis públics. Més que estratègia podem parlar de tàctiques diferents, cansament, desencís… però crec que cal pensar ja no en allò que diuen “bé superior” sinó en el nostre futur comú i en les conseqüències socials que tenen les diferents accions.
Els i les professionals dels diferents serveis públics porten a terme una reflexió comuna: “La nostra feina és bàsica per a la qualitat dels serveis públics i les retallades no poden retallar els nostres salaris, els nostres drets laborals perquè afecta directament a la qualitat” També s’afegeix la reflexió sobre la necessitat de qualitat en els serveis públics i com afecta això a la ciutadania.
Observo, com a ciutadana, que els diferents àmbits porten a terme protestes similars però no del tot iguals en l’estratègia. Estem parlant de cossos molt diferents: seguretat, educació, sanitat, serveis socials… els i les professionals dels quals pateixen, una darrere l’altra, les retallades: salari, jornada, pressupost per al servei, retallada de drets ciutadans, externalització-privatització de serveis…
En l’àmbit sanitari, fa temps van decidir que, malgrat vagues i protestes el servei sanitari seria d ela mateixa qualitat i, darrerament amb la retallada de drets a persones nouvingudes han expressat, massivament, que digui el que digui la llei i els governs atendran a tothom que ho necessiti, tingui o no papers. Això comporta la simpatia ciutadana a les protestes.
En l’àmbit d el’educació, on la vulnerabilitat i fragilitat també és alta, al meu entendre aquesta simpatia s’està perdent i, crec, que és degut a una estratègia equivocada. Des de la simpatia d’estar sindicada i totalment a favor de les reivindicacions m’explico:
Les retallades afecten directament a la inequitat tant pel que fa a la manca d’oportunitats com a l’adquisició de competències: la Generalitat inverteix 2.200 euros menys per estudiant que el País Basc i això vol dir uns 313 € més per estudiant que les famílies afegim a la nostra despesa. Tenint en compte el moment econòmic actual i l’augment de l aprecarietat i la pobresa aquest no és un tema menor. El col·lectiu de professionals de l’educació pública n’és conscient i, d’entrada, la complicitat entre mares, pares i professorat és àmplia però, al meu entendre, també fràgil i s’està esquerdant.
Apunto alguns temes que van sorgint com a possibilitat o inclús com a accions ja desenvolupades per part del professorat:
“Doncs no anirem de colònies” Les colònies escolars són part del procés educatiu dels infants. Evidentment no són obligatòries i són una despesa important per a les famílies però el fet de no fer-les afecta directament l’educació de l’infant i també la qualitat de l’educació.
“Doncs si ens retallen el salari, treballarem amb més relaxament” El que es posa en dubte, doncs, no és les mancances que pateix l’educació sinó que s’individualitza la reivindicació en el salari. No posar els cinc sentits en la feina afecta a la qualitat del treball i, per tant, directament a la qualitat de l’educació. Moltes famílies estan pensant seriosament, o ja han fet el pas, de passar a l’escola concertada en la que tenen la percepció qu ela qualitat no baixarà perquè els i les professionals no baixaran la qualitat del seu treball.
“Farem un dia de vaga a la setmana” evidentment a banda dels dies perduts per part dels i les alumnes no s’ha ni d’imaginar la quantitat de problemes logístics que això provoca a la família
“Farem horari intensiu” el propi informe recull les desigualtat socials que això provocarà però també cal destacar les molts problemes de les famílies per cobrir la resta d’horari.
Bé, no faré un llistat i no es tracta d’expressar els greuges com a mare sinó la preocupació com a persona sindicada, com a ciutadana amb consciència de classe i reocupada per la qualitat dels serveis públics.
Entenc que les retallades no poden recaure únicament sobre els i le sprofessionals, que són qui garanteixen amb el seu treball la qualitat real però també necessiten reconeixement i recursos. Però tampoc pot recaure exclussivament tot el pes de les retallades econòmiques, de drets i de recursos sobre les famílies que ja patim, a més de tot l’exposat, la retallada en les beques, la pujada de l’IVA i, també, la precarització laboral i la crisi econòmica.
La qualitat dels serveis públics només es mantindrà en la xarxa i l aunió entre ciutadania i professionals. La qualitat i recursos de l’educació, només es podrà mantenir, millorar i aconsseguir amb la lluita comuna i la complicitat entre famílies i escola.
Hi ha qui defensa, encara a hores d’ara, que contra Franco vivíem millor. És una afirmació, com a mínim arriscada donat que molta gent més que viure hi va perdre la vida.
Cal reconèixer un cert matís de certesa en l’afirmació donat que en una democràcia liberal, en la que diuen la línia entre l’esquerra i la dreta és tan fina i les propostes tan semblants no saps on es centra la lluita per les llibertats i els drets.
Ara mateix la situació és preocupant, la regressió en drets socials enorme, les retallades es centren en la nostra vida quotidiana, la reforma laboral ens torna a una situació de precarietat digne de Dickens… la gent es mobilitza però no hi ha prou. La lluita de la classe treballadora està, en part, desorientada per l’excessiva sectorialització, per l’excessiva fragmentació, pels discursos trencats, desorientats, buits… per l’atac frontal que han estat objecte durant anys les propostes governamentals de les esquerres i pel control que la dreta liberal té dels mitjans de comunicació. Nosaltres, la classe treballadora, sabem que lluitem pels nostres drets i llibertats però ens costa definir contra qui o què lluitem.
El poder ha estat recuperat pels de sempre i ells si que saben on és l’enemic i contra què lluiten. Han aconseguit alienar la ciutadania, en part, amb el circ – tot i que ara ens quedem sense pa- i les expressions buides. Han sabut desorientar els partits de l’esquerra socialdemòcrata i menysvalorar la seva obra. Ara l’enemic és al carrer i la nostra una llibertat vigilada i amenaçada.
Els sindicats són els representants de les darreres mobilitzacions en gran part i ara són la diana dels atacs dels poderosos. Catalunya és el país que sap, malgrat els entrebancs, reaccionar sense recursos i per això som a la diana dels poderosos. La sortida ha de ser social i nacional, una nació sense projecte no pot ser estat i una societat sense estat no podrà aspirar a la llibertat.
Des de que les eleccions al Regne d’Espanya van donar la victòria al PP es va desgranant un programa d’actuació ocult que per res hi era al programa electoral. Les actuacions que es van portant a terme, que es van destapant podíem imaginar-les, ensumar-les… inclús s’ensumava la ja típica excusa de “està pitjor del que imaginàvem” però tot i així no deixa de sorprendre’m la manca de línia política del Govern de l’Estat.
Segons quin ministre parla enceta una línia que acaba morint perquè un, o una, altre desmenteix. És així pel que fa a la reforma laboral. Un seguiment, que no cal sigui massa acurat, de les declaracions als mitjans ens posen sobre la taula un desig comú: limitar i fer minvar els drets laborals però alhora diverses línies d’actuació que semblen una estratègia per despistar el personal, sinó són una sèrie de línies despistades en sí mateixes.
El ministre d’economia, el flamant ex-assessor de Lehman-Brothers, diu que impulsaran contractes a temps parcial amb un salari mínim per a joves, els anomenats minijobs, minitreballs. El President del Govern, super-Mariano, diu sottovoce, que la reforma laboral els costarà una vaga general. La ministra de Treball, Fàtima Bañez, desmenteix tots dos: diu que la reforma es farà amb consens i que res de minijobs però si contractes per a joves.
Darrera dels desmentits es fa evident un front comú conservador que vol minvar els drets de treballadores i treballadors. Que sota una aparent política d’austeritat premia i financia els amics banquers i mentrestant la gent empobrint-se i l’atur augmentant… com sinó anés amb ells!