¡Así no! Esa es la enseña que los sindicatos hemos tomado ante la huelga general del 29 de setiembre. Y me parece que a juicio y tenor de la realidad es un lema que cataliza muy bien lo que ha pasado en el Estado Español los últimos años.

De crecer a ritmos superiores a Europa a crear una versión moderna y a la española de Robin Hood: quitar a los pobres para dar a los ricos. Y así no vamos a salir de la crisis. No generaremos empleo, no creceremos económicamente y remataremos nuestro Estado de bienestar. Pero la pregunta es: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Es indudable que durante los últimos años, antes de iniciarse la actual crisis económica, se produjo riqueza y empleo. Ahora bien, los sectores como la construcción y los servicios asociados, que generaron estos beneficios, no han capitalizado la economía ni reinvertido la riqueza generada. No se ha aprovechado para mejorar la calidad del empleo y prevenir el futuro con inversiones productivas.

Por un lado, el modelo de crecimiento que ha sostenido durante este tiempo la economía ha generado empleo de baja calidad con altos índices de temporalidad, salarios bajos, y altamente expuesta a los cambios de la dinámica económica. Por otra parte, no se ha aprovechado la generación de riqueza para invertir en sectores capaces de consolidar una economía fuerte, estable y de futuro.

En los países europeos con una industria más sólida, no están aumentando tanto sus tasas de desempleo. De hecho son los países con una estructura menos industrial como Irlanda y España, que han centrado su crecimiento en el ladrillo y el turismo de baja calidad,  los que están sufriendo un grave deterioro de sus mercados laborales. Esto demuestra lo que la UGT de Catalunya reclama desde hace años. Que alcanzar un modelo productivo basado en la industria productiva de medio y alto valor añadido, donde el empleo es más estable (los trabajadores y trabajadoras son más productivos, están más especializados y han recibido más formación de sus empresas, con lo que las empresas tienen menos interés en sustituirlos) es la única receta para combatir los efectos nocivos de una crisis sobre las personas.

Es decir, nuestro país no ha hecho los deberes en lo que hace referencia a cambiar su modelo económico,  que le hubiese permitido competir en un mercado global, con mayores garantías de éxito.

Ahora, inmersos en plena crisis, y intentando buscar remedios a la situación, el Gobierno del Estado ha puesto en marcha una serie de medidas. Entre ellas están las orientadas a reducir el déficit público (sacralizado el techo del 3% por el ECOFIN), tal y como le han recomendado “los mercados”. Y en este punto, en lugar de proponer medidas que incrementaran la capacidad recaudatoria de las Administraciones Públicas, decidieron que la reducción del déficit se hiciera a costa de las rentas de las personas trabajadoras y pensionistas: la reducción de un 5% de media los salarios de las personas que trabajan en el sector público, la congelación de las pensiones, la reducción de la inversión pública estatal, la supresión de la retroactividad del pago de las prestaciones por dependencia… Todas estas actuaciones implicaban un importante recorte social, pero además, eran las teloneras de una segunda fase de ajuste muy demandada por los poderosos y liberales, la de las reformas estructurales, concretamente, la de la reforma laboral.

Y esta llegó el pasado 17 de junio, con la publicación en el BOE del Real-Decreto-Ley 10/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, una reforma muy inspirada por los dictados de la patronal y donde finalmente proponen una serie de medidas que no hacen más que recortar los derechos y condiciones laborales de las personas trabajadoras, sin que en ningún momento den una salida de la crisis económica ni se dé un cambio del modelo productivo.

Con más de cuatro millones y medio de personas desempleadas en todo el Estado, es una prioridad para todos el crear empleo, pero esta reforma no parece el instrumento más adecuado para hacerlo. Incluso el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, lo admite: “La reforma laboral ni crea puestos de trabajo ni soluciona la crisis”.

Carta blanca al empresario, que tendrá más posibilidades para despedir y que pagará menos de indemnización, que romperá la negociación colectiva para posibilitar que el empresario tome decisiones unilaterales sobre las condiciones de trabajo y para aplicar cláusulas de inaplicación salarial. Y si con ello no tenían suficiente para contentar a los mismos, han abierto la posibilidad a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro para la búsqueda de trabajo de las personas desempleadas y han abierto el campo de actuación de las Empresas de trabajo temporal en los sectores de riesgo y en el sector público.

Esta es una reforma lesiva para los derechos de las personas trabajadoras, que entiende que la competitividad en nuestro país sólo se puede hacer a partir de una ocupación precaria y de salarios bajos. Y es que, contrariamente a lo que nos pretenden vender, esta reforma no va a reducir la dualidad y temporalidad de nuestro mercado de trabajo, ya que sólo apuesta por abaratar y facilitar el despido y para debilitar los derechos que hemos adquirido las personas trabajadoras. Muchas veces yo me pregunto: si el problema se encuentra el la entrada en el mercado de trabajo, ¿por qué actuamos sólo en la salida, facilitando el despido?

Los motivos para la huelga general

El motivo principal que nos lleva a la huelga es plantar cara:

Nos oponemos a la reforma laboral planteada por el Gobierno y nos negamos rotundamente a la fragmentación de nuestro Estado de bienestar. No podemos dar nuestro brazo a torcer, nuestros derechos sociales no han de ser jamás recortados.

Es indigno que el Gobierno haya planteado una reforma laboral de ese calado y con el único objetivo de recortar condiciones laborales y no de dar salida a los problemas reales que acarrea esta crisis económica, ni de buscar alternativas que nos lleven al tan deseado, necesario y esperado cambio de modelo productivo. Han priorizado pues, el tener contentos a aquellos que hace tiempo que piden reformas, por encima de las necesidades reales de este país. Igual que con el déficit, han vuelto a ganar los poderosos, aquellos que seguro no verán recortados ni sus salarios, ni sus indemnizaciones, ni sus pensiones.

Con la reforma, el Ejecutivo pretende fomentar y flexibilizar el empleo, así como reducir la dualidad del mercado laboral español, que actualmente carga con la tasa de temporalidad más elevada de toda la Unión Europea (25%), pero la dualidad no es algo que pueda hacerse desaparecer cambiando los modelos contractuales, sino que es necesario creer en la reactivación laboral de nuestro país, que debería venir dada por un nuevo modelo productivo generador de trabajo de calidad.

Porque nos han engañado:

Hasta ahora nos quedaba la esperanza y el optimismo para intentar creer que, al final, la reforma serviría para crear empleo y de más calidad; pero con el texto en la mano, no hay lugar para las dudas: la reforma laboral no está pensada para generar nuevos empleos, sino que determina el tipo de ocupación que tendremos a partir de ahora: precaria y además:

• Nos aleja del cambio de patrón de crecimiento.
• Es una reforma que no sirve para crear empleo.
• No va a reducir la dualidad en el mercado de trabajo.
• La reforma abarata y facilita el despido.
• Privatiza el desempleo.
• Se abre la vía de la contratación de las empresas de trabajo temporal en sectores de riesgo.
• Rompe la negociación colectiva y aumenta el poder de dirección empresarial para modificar las condiciones de trabajo y para descolgarse de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos sectoriales.

La Reforma no es una reforma, es un recorte de los derechos en toda regla. No se han atrevido a llamarlo “contrato único”, pero la verdad que ésa es la primera mentira, puesto que desde el punto de vista de costes empresariales, se ha creado el contrato único y ¿cómo? Pues generalizando los contratos de fomento a la contratación indefinida y equiparando la indemnización de este contrato con la de los contratos temporales. El efecto de esta equiparación es claro: la contratación indefinida ordinaria es la clara perjudicada por la reforma y, en pocos años, el contrato indefinido está predestinado a la extinción.

En el 2015 costará lo mismos despedir a una persona trabajadora con contrato temporal (12 días por año trabajado) que despedir a alguien con contrato indefinido y por causas económicas (20 días menos 8 que paga el FOGASA = 12 días) y casi bien lo mismo que la extinción por causas económicas de un contrato bonificado (33 días – 8 FOGASA = 25 días por año trabajado).

Entonces, si rebajamos los despidos y flexibilizamos las relaciones laborales, ¿quién nos garantiza que se crearan nuevos puestos de trabajo y de más calidad? No hay datos empíricos que lo demuestren.

Si seguimos, podríamos decir que no se han atrevido a quitar la tutela judicial, pero igual que con el contrato único, nos la han colado: cualquier pérdida (hasta la previsión de posibles pérdidas) es suficiente para despedir a alguien. La mayoría de sectores de actividad sacan sus beneficios en momentos de punta de producción o de consumo, por ejemplo, el comercio y la alimentación en Navidad, el turismo en verano, etc.; por lo tanto, el resto del año no hay beneficios, y si hay, siempre se pueden maquillar, así pues, ya no hace falta la tutela judicial.

Dinero público para pagar las malas prácticas empresariales: el Gobierno cifra en 123 millones de euros el coste que les supondrá pagar los 8 días del FOGASA y después, el Fondo de capitalización sacado del modelo austriaco no es mucho mejor. No podemos ir adaptando fórmulas de otros países. Debemos inventar las nuestras propias, que se adapten a nuestra realidad de mercado de trabajo.

¿Por qué nadie dice que la indemnización en Austria se ha reducido un 35%, comparando las indemnizaciones actuales con las de antes de la reforma? Este fondo producirá una fragmentación de los derechos y las garantías laborales.

Porque atenta contra la negociación colectiva:

Llevar la flexibilidad salarial y horaria al ámbito de la empresa es un misil contra los convenios colectivos, es una especie de “barra libre” para el empresario. Las personas trabajadoras y su representación se encontrarán con el chantaje continuo: o bajamos salarios o despedimos; o hacemos horarios a la carta de la empresa o despedimos.

Además, la posibilidad de aplicar el descuelgue salarial ya no surgirá de la negociación colectiva, sino que se traslada a la arbitrariedad de los empresarios.

Mucho hablar del famoso modelo alemán, pero solamente plantean la reducción de jornada sin situar de manera clara la formación. Para el Gobierno, el modelo alemán, en los ERE’s de reducción y suspensión, sólo son bonificaciones para los empresarios en las cotizaciones a la Seguridad Social del 80% si hay formación o reducción de jornada.

Con la reforma, los servicios públicos de empleo renuncian a una de sus funciones y dejan la intermediación del mercado laboral en manos de las empresas con ánimo de lucro. La privatización de la intermediación laboral pone en peligro la garantía de una intermediación pública, gratuita y universal.

Por todos estos motivos decimos: “¡Así, no!”, puesto que no se puede renunciar a cualquier precio a todo lo conseguido en años de lucha.

Y el 30 de septiembre: ¿Qué?

Es evidente que desde el movimiento sindical esperamos que la huelga general del 29 de septiembre sirva para evitar la puesta en marcha de una reforma laboral tan regresiva para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y para la ciudadanía en general. Quiero dejar muy claro que esta es una huelga incardinada en el llamamiento a la movilización europea, que ha hecho la Confederación Europea de Sindicatos (CES) de la que la UGT es fundadora. Esta crisis ha llevado a Europa a la peor situación desde 1930 con 23 millones de parados en el continente.

Me parece relevante denunciar la nocturnidad y alevosía con que se ha aprobado la peor reforma laboral de la historia: a finales de julio en una comisión especial. Ahora va al Senado para ser ratificada y debe volver al Congreso. Este es nuestro tiempo. Tiempo en que los trabajadores y trabajadoras debemos demostrar que no nos resignamos. Este es nuestro peor enemigo: la resignación. Porque con las anteriores huelgas, paramos reformas laborales. Y el día después cuando el señor Zapatero y sus cooperadores necesarios como Duran i Lleida, vean que la CEOE y sus amigos del FMI y el BM son muchos menos que los millones y millones de trabajadores y trabajadoras que saldremos a la calle, no nos podrán ignorar. Deberán dar marcha atrás.  Porque ellos son nuestros representantes y nosotros sus representados. Que les quede claro. Gobernar viene del griego ‘Guvernare’, pilotar un barco. Y en ese barco estamos todos los ciudadanos y ciudadanas. No sólo Díaz Ferrán, Trichet y Strauss-Kahn.

Pero aún hay quien quiere ir más allá.

Aprovechando la situación de crisis, aparecen ya las voces que hablan de la necesidad de adelgazar nuestro Estado de bienestar, y de recortar aún más los gastos del estado en políticas sociales, educativas, sanitarias, etc.  ¿Está nuestro Estado de bienestar en crisis?  En el futuro, ¿no es posible sostenerlo tal y como lo conocemos?

Hay quien dice que es necesario adaptar nuestro Estado de bienestar al siglo XXI. Yo soy de los que pienso que, en todo caso, habrá que conseguir que el siglo XXI se adapte a nuestro Estado de bienestar, y no al revés. Me explico.

Nuestro modelo de Estado de bienestar está basado en una economía social de mercado que, últimamente, parecía haber perdido sus bases fundacionales y que, con la crisis y las reacciones de los gobiernos para hacer frente a la misma, de nuevo ha puesto de manifiesto quienes son los que ejercen el poder real sobre la economía, y en consecuencia,  también sobre la cobertura de nuestro Estado de bienestar.

Desde hace años, parecía que habíamos consensuado un modelo económico y social para nuestro país, en el que se conjugan el mercado libre con la intervención del Estado para controlarlo, y las políticas sociales y redistributivas que garantizan cohesión social y ofrecen protección (en un sentido amplio) a la ciudadanía: educación, salud, empleo digno, vivienda, pensiones, prestaciones, servicios sociales, etc.

Con mayor o menor éxito (si miramos aspectos concretos), hemos conseguido dotarnos de unas reglas del juego y de los recursos necesarios para garantizar prosperidad económica y un cierto Estado de bienestar, por cierto, significativamente mejorable.

Ahora, cuando llega la crisis y los recursos públicos disminuyen, unos apuestan por mercantilizar la seguridad social, otros por introducir elementos en el sistema que recorten el gasto, y otros por aumentar los recursos económicos del sistema. La UGT de Catalunya apuesta indudablemente por esta última vía. Si el problema para mantener el Estado de bienestar social son los recursos públicos disponibles, analicemos qué debemos hacer para incrementarlos, y propongamos mejoras en la gestión y eficiencia de servicios públicos que permitan un mayor rendimiento.

Yo apuesto por hacer reformas. Sí, es necesario. Reformas que en cualquier caso deben ir encaminadas a reforzar el Estado de bienestar, y no a ponerlo en riesgo reduciendo cada vez más los recursos públicos. ¿Por qué está en duda que el sistema de pensiones español sea viable? Los mismos que lo ponen en duda, son aquellos que reclaman bonificaciones y recortes en la cuota que pagan a la seguridad social, es decir, proponen hacerlo viable pero pagando menos. Contradictorio, ¿no? Si el volumen económico que suponen las pensiones estuviese controlado por las entidades financieras, os aseguro que no pedirían rebajar las aportaciones que se hacen.  En este sentido, tampoco acertaron aquellos que pronosticaron que en los años 1995, 2000 o 2003, el sistema de pensiones quebraría. De momento, aún y con la crisis, la seguridad social sigue con superávit.

Necesitamos afrontar el siglo XXI garantizando al máximo posible la protección a las personas. Es el Estado quien debe garantizar la educación, salud, vivienda, trabajo, prestaciones y bienestar. Para ello es imprescindible ahondar en la forma con la cuál redistribuimos la riqueza, y en la forma con la que el estado obtiene sus ingresos.

Hay que impulsar políticas que generen empleo cualificado y estable, políticas activas de empleo para favorecer el empleo juvenil, femenino y de parados de larga duración; políticas que fortalezcan los salarios de manera que aumenten las cotizaciones; políticas que generen una mayor igualdad entre los salarios y los beneficios; políticas dirigidas a proteger la dependencia y a las familias, en definitiva, políticas que aumentarían los recursos económicos del sistema y garantizarían su sostenibilidad futura.

Los ingresos que nuestro modelo genera son insuficientes para poder alcanzar el nivel de gasto que requiere un buen Estado de bienestar: la presión fiscal española está a la cola de los países europeos situándose alrededor del 32% del PIB frente al 48% de Dinamarca o Suecia. A más presión fiscal, más capacidad de gasto en protección social. Nunca podremos acercarnos a los niveles de gasto social y de inversión pública que efectúan los países nórdicos, si no realizamos un verdadero esfuerzo fiscal.

Necesitamos pues una reforma fiscal, pero esta vez no para lo que viene siendo habitual: reducir los ingresos del Estado. Vale la pena recordar que, entre otras medidas, en las últimas reformas fiscales se eliminó el impuesto de patrimonio y se redujo el impuesto de sociedades en 5 puntos. O en Catalunya, se ha reducido el impuesto de sucesiones y donaciones de forma que ahora casi nadie lo tributa. Por cierto que con esta reducción, la Generalitat ha perdido casi los mismos ingresos que había conseguido incrementar para el año 2009 a través del nuevo sistema de financiación.

Hay que armonizar el sistema impositivo en los estados miembros de la UE, y entre comunidades autónomas en España, evitando el “dumping” fiscal, y la creación de territorios muy beneficiosos para la implantación de empresas, frente a otros que no lo son por tener una mayor fiscalidad.

Hay que luchar contra el enorme fraude fiscal existente en nuestro país. Según la agencia tributaria, en las cuentas del 2009 (ingresos 2008), menos del 4% de los contribuyentes declararon ingresos superiores a 60.000 euros anuales en el IRPF ¿Es este un valor que se ajusta a la realidad? Yo sinceramente creo que no.

Por otro lado, se estima que la economía sumergida en España equivale al 23% del PIB, mientras que por ejemplo en Alemania, es el 6%. Es decir, en España, uno de cada cuatro euros no tributa. Perdemos unos 70.000 millones de euros. Eso sí, los asalariados y asalariadas no se escapan de pagar ni un solo euro.

Artículo publicado en La Factoría

En la política fiscal, debemos también afrontar la  reforma del IRPF, pero con el objetivo de aumentar los ingresos públicos a través de la equidad, incrementando el número de tramos y  ajustando el esfuerzo fiscal a cada tramo según la renta disponible. Es éste el impuesto que con mayor acento actúa como distribuidor de la riqueza del país, y no los impuestos indirectos que pagamos todos por igual.

Para que todas estas reformas se puedan conseguir, hace falta tanto una clara demanda social, como que los gobiernos tomen un compromiso firme. La UGT de Catalunya lucha y seguirá luchando para que el Estado de bienestar no sea recortado con la excusa de que el sistema no es sostenible, propugnada siempre por los mismos. Es sostenible. Sólo hay que tomar las decisiones acertadas para garantizar su futuro.